BLU Radio conoció el auto de 13 páginas mediante el cual la Procuraduría archivó la investigación que adelantaba contra el general en retiro Nicacio Martínez por falsos positivos.Desde octubre de 2019, la Procuraduría llamó a declarar a 12 generales comandantes de división y brigada, y al unísono, estos oficiales negaron que hayan sido presionados a propiciar bajas en combate durante las reuniones llevadas a cabo en Tolemaida y Cúcuta el 18, 19 y 26 de enero de 2019, donde el entonces comandante del Ejército general Nicacio Martínez socializó el “Plan Bicentenario Héroes de la Libertad”.Luego de escuchar los testimonios, los investigadores analizaron y concluyeron que en estas reuniones nunca se impartieron instrucciones diferentes a las de redoblar esfuerzos con un 60 y 70 por ciento de probabilidades en labores de inteligencia para identificar grupos o estructuras delincuenciales, priorizando la vida de las personas dentro de la normatividad vigente de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.Igualmente, la Procuraduría escuchó a tres exmagistrados de la Comisión de Excelencia Militar para revisar la normatividad vigente en las fuerzas armadas de acuerdo con el derecho internacional humanitario, quienes concluyeron que el general Nicacio Martínez no dio instrucciones relacionadas con bajas en combate o ejecuciones extrajudiciales, como lo informó en su momento el New York Times.
La Procuraduría archivó el proceso disciplinario contra general Nicacio Martínez por presuntas irregularidades en directrices operacionales.Hace dos años, cuando Fernando Carrillo era el procurador, el Ministerio Público abrió indagación preliminar contra el general Nicacio Martínez para determinar la existencia de supuestas irregularidades denunciadas por el diario norteamericano The New York Times.El medio estadounidense denunció, en su momento, la presunta implementación de una política al interior del Ejercito Nacional, que podría ser similar a la que desencadenó los llamados ‘falsos positivos’.A finales del 2019, el presidente Iván Duque relevó del general Nicacio Martínez Espinel por “motivos familiares” como comandante del Ejército en medio de una crítica situación de seguridad en el país.El proceso disciplinario contra el oficial no pasó de la indagación preliminar, que se inició en mayo de 2019, puesto que las pruebas y las certificaciones allegadas no demostraron que hubo presión o exigencia a los altos mandos para obtener resultados militares.La Procuraduría señala que, al contrario, las “declaraciones (de varios generales) dieron fe de que Martínez Espinel fue enfático en exigir respeto por las normas del Derecho Internacional Humanitario, del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y la doctrina militar”.Por lo tanto, “el entonces comandante del Ejército Nacional no incurrió en irregularidad que pueda configurar falta disciplinaria, y por lo tanto ordenó la terminación del proceso”, agregó el ente de control.
BLU radio conoció en primicia que la Fiscalía citó a entrevista al general Luis Fernando Navarro, comandante de las Fuerzas Militares.La diligencia de entrevista no es una vinculación directa al proceso, sino que es un llamado a que colabore con la justicia brindando información que pueda conocer sobre el proceso. Por ejemplo, los métodos de interceptación, cómo se utilizan y qué sabe de los hechos denunciados en medios de comunicación.Vea aquí: Fiscalía investiga nuevas denuncias sobre espionaje en el Ejército Esta sería la segunda decisión que toma la Fiscalía en una semana en medio del proceso que lleva la delegada ante la Corte Suprema de Justicia en contra del general Nicacio Martínez, quien comandó el Ejército hasta diciembre de 2019, por el caso del supuesto espionaje masivo en la institución.Algo importante para destacar es que el general Nicacio Martínez dijo en entrevista con el diario El Tiempo que sus decisiones las socializaba con el general Navarro, pues era su superior.La Fiscalía investiga las supuestas 130 perfilaciones a periodistas, políticos y a un alto funcionario del Estado, presuntas irregularidades en interceptaciones en una unidad militar en Facatativá y supuestos equipos tácticos que se habrían entregado a militares que los usaron indebidamente.De igual manera, la Fiscalía citó a entrevista como testigos a periodistas víctimas de seguimientos, a directores de medios y a otros uniformados.
En medio de un debate de control político en la Plenaria del Senado, el fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró ante los congresistas de todas las bancadas que ya están avanzando las investigaciones por las denuncias conocidas de chuzadas y perfilamientos.El fin de semana fue denunciado nuevamente el uso irregular de recursos y equipos de inteligencia que terminaron escuchando a miembros de la prensa, líderes de organizaciones sociales y personas cercanas al presidente Iván Duque.“No vamos a aceptar, ni a permitir que se utilicen instituciones del Estado para vulnerar los derechos de los colombianos. Ni tampoco podemos permitir que se hayan creado mecanismos como perfilamientos a personas cercanas al presidente de la República porque es un asunto de seguridad nacional”, señaló el fiscalEl jefe del ente acusador aseguró que la Fiscalía tiene la lupa en nuevos posibles casos de corrupción de funcionarios públicos, en el medio de la pandemia, de los que entregará, en los próximos días, un informe sobre las investigaciones.En medio del debate de control político en el Senado, el procurador Fernando Carrillo señaló que ya se están adelantando las investigaciones para establecer quiénes fueron los militares involucrados en las chuzadas y perfilamientos.“En relación con lo que ahora se ha denominado eufemísticamente los perfilamientos, recaudamos pruebas en el comando del Ejército y recibimos las declaraciones de dos generales. Es decir, vamos avanzando con pasos firmes en esa dirección, como todos ustedes lo reclaman, aquí el país lo que necesita es saber la verdad”, señaló el procurador.
Las decisiones de la Fiscalía tras el más reciente escándalo de espionaje desde el Ejército confirman que lo que algunos hombres de inteligencia venían haciendo con el “perfilamiento” de periodistas, políticos y asesores cercanos al presidente Iván Duque, tiene las características de una “empresa criminal”, hablando en términos penales.Primero, hay que aclarar que el llamado a interrogatorio al general Nicacio Martínez, excomandante del Ejército por violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, está relacionado con el escándalo de interceptación ilegal de llamadas, chats de Whatsapp y Telegram revelado en enero pasado, tras un allanamiento de la Corte Suprema en dos batallones de la institución. Sobre el caso más reciente, el del “perfilamiento”, la Fiscalía busca de manera urgente quién dio las órdenes para hacerlo y quién o quiénes eran los receptores de los “insumos” de dichas actuaciones de inteligencia y contrainteligencia abiertamente ilegales.Este caso se complica para los militares porque además de ser un atentado a la libertad de prensa, demuestra que hubo espionaje a ciudadanos estadounidenses y porque además, los responsables irrumpieron ilícitamente en la Casa de Nariño, al hacerle seguimientos al exsecretario general de la Presidencia de Colombia, Jorge Mario Eastman, el hombre que le hablaba al oído al presidente Iván Duque.La Fiscalía considera esto como un hecho de la mayor gravedad, que pone en riesgo “la institucionalidad, la seguridad nacional y el Estado de Derecho” y por eso escuchará muy rápidamente a decenas de militares que tienen conocimiento de estos hechos.Siguen quedando muchas preguntas: ¿Por qué la magistrada de la Corte Suprema Cristina Lombana no ha compulsado copias de lo encontrado en los allanamientos de diciembre pasado a la Fiscalía?¿Por qué decidió ir a una diligencia judicial de semejante calibre acompañada solamente de la Procuraduría y no pidió apoyo del CTI?Vea aquí: Llaman a interrogatorio a general (r) Nicacio Martínez por chuzadas ilegales del Ejército¿Existe una “guerra de poderes” en el Ejército entre la cúpula anterior y la gente de Nicacio Martínez, como sugieren varias fuentes en la institución?En Colombia, el poder militar está subordinado al poder civil, por eso es fundamental saber quiénes eran los beneficiarios de la información ilegal de inteligencia obtenida por un grupo de uniformados y también es muy importante determinar las responsabilidades políticas en torno a este escándalo.Escuche la opinión y el análisis de Ricardo Ospina en Mañanas BLU:
Este lunes, la Fiscalía decidió llamar a interrogatorio al general (r) Nicacio Martínez por el escándalo de chuzadas que sacude por estos días al Ejército.La Fiscalía señaló que desde el 16 enero de 2020, con la información entregada por los medios de comunicación escritos, “la delegada ante la Corte Suprema de Justicia de la Fiscalía General de la Nación abrió indagación por los delitos de violación ilícita de comunicaciones y utilización ilícita de equipos transmisores o receptores, entre otros delitos”.Lea también: “No me temblará la mano”: ministro de Defensa sobre escándalo en el EjércitoAgregó que será citado a interrogatorio el general en retiro Nicacio de Jesús Martínez Espinel, quien era comandante del Ejército Nacional de Colombia al momento de los hechos materia de indagación. El objetivo de la Fiscalía es escuchar y verificar el conocimiento de Martínez de estos hechos.La Fiscalía dice que está a la espera de los resultados de análisis forenses realizados a equipos incautados en una sede del Ejército Nacional, en diciembre de 2019, durante una diligencia ordenada por la Corte Suprema de Justicia y en la que no se solicitó el acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación. Agrega que el escándalo revelado por Semana daría cuenta de otros actos ilícitos.
BLU Radio conoció por medio de fuentes en el Gobierno que se cayó el nombramiento del general Nicacio Martínez como agregado militar ante la OTAN. Vea también: A debate de control político MinDefensa y MinInterior por nuevo escándalo de chuzadas Martínez, que ejerció la comandancia de las Fuerzas Militares, se encuentra en el centro del escándalo por seguimientos ilegales del Ejército, revelado por la revista Semana, que este viernes generó una purga en la institución castrense con el retiro del servicio activo de 11 oficiales. El alto oficial, que fue cuestionado durante su comandancia en el Ejército, habia sido postulado para cumplir este cargo como agregado internacional, al parecer para reemplazar al general Ricardo Gómez, exsegundo comandante del Ejército.Escuche este informe en Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire:
En la investigación que desde enero lleva una Fiscalía Delegada ante la Corte, en contra del general Nicacio Martínez, por supuestas interceptaciones ilegales, entraron de oficio los nuevos elementos publicados por la revista Semana.El 20 de enero, el entonces fiscal (e) Fabio Espitia le pidió a la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrir una investigación contra el general Nicacio Martínez, quien se desempeñó como comandante del Ejército hasta diciembre pasado, por las denuncias publicadas por la revista Semana sobre interceptaciones ilegales en algunos batallones del Ejército.Decisión que se desprende de un allanamiento que hizo la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia al mando de la magistrada Cristina Lombana, en una unidad militar en Facatativá.La noticia el día es que los nuevos elementos publicados por Semana sobre los 130 perfiles que la inteligencia y contrainteligencia militar habría elaborado, como parte de un espionaje masivo, entraron de oficio a esa investigación para fortalecerla y que pronto se tomen decisiones.Algunas de las decisiones serán llamar a llamar a militares para que den explicaciones a los investigadores.Le puede intersar: No existe prueba que vincule a Nicacio Martínez: Jaime Granados sobre seguimientosEl fiscal Francisco Barbosa ordenó a la Fiscalía Delegada ante la Corte que lleva la investigación que priorice el caso, esto por tratarse de una eventual violación a los derechos humanos.La investigación matriz sobre espionaje en el EjércitoDesde enero hay tres líneas de investigación abiertas sobre interceptaciones ilegales en el Ejército Nacional.La primera tiene que ver con el allanamiento que hizo el pasado 18 de diciembre la Corte Suprema de Justicia, con acompañamiento de la Procuraduría, a la unidad militar de Facatativá. La orden se dio por una información que llegó al alto tribunal sobre una supuesta relación entre el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez y las actividades ilegales del hacker Andrés Fernando Sepúlveda, especialmente, las chuzadas de Andrómeda.En esa oportunidad, los investigadores se llevaron memorias y otros elementos, donde encontraron lo que sería el segundo episodio, ya que no tenía nada que ver con la investigación que adelanta la Corte. Esta segunda línea deberá ser trasladada a la Fiscalía, que es la entidad competente para investigarla. El segundo episodio es, precisamente, lo que encuentran en esos elementos incautados al Ejército, y lo que revela la revista Semana: fotos y conversaciones de WhatsApp que demostraban seguimientos a periodistas, líderes políticos y a la propia magistrada que ordenó el allanamiento, entre otros. El tercer punto es el de los equipos tácticos de interceptación que, al parecer, el general Nicacio Martínez, entonces comandante del Ejército, ordenó entregarlos a dos coroneles, uno activo y otro retirado, y que habrían servido para las interceptaciones ilegales.En este tercer punto entra algo diferente, que es la herramienta 'hombre invisible', la cual permitía a los uniformados acceder a cualquier computador, a llamadas y conversaciones de WhatsApp y Telegram Web.
Siguen las reacciones por el escándalo que tiene en el ojo del huracán al Ejército Nacional, luego que se conocieran las carpetas secretas que manejaba inteligencia militar para espiar a periodistas, políticos, defensores de derechos humanos, entre otros.Frente a esta situación, la ONU aseguró que “la inteligencia debe usarse para proteger y no para vulnerar”.Asimismo, la ONU expresó su “profunda preocupación por estas denuncias públicas que señalan la existencia de agresiones frente a la labor de defensores de derechos humanos, entre otros”, además, reiteró en una recomendación de hace 11 años, cuando la alta comisionada le pidió al Estado “tomar medidas específicas para que los sistemas de inteligencia respeten los derechos humanos”.Vea aquí: Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensaPor último, la oficina en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos reconoce las medidas adoptadas por el Gobierno con la salida de 11 oficiales del Ejército, pero reiteró la urgencia de tomar acciones para prevenir y garantizar la no repetición de estos seguimientos ilegales.
El abogado Jaime Granados, apoderado del general Nicacio Martínez, quien fue el comandante del Ejército hasta el pasado mes de diciembre, aseguró a través de un comunicado que no existe prueba alguna que vincule o pueda llegar a hacerlo al alto oficial con los espionajes ilegales que se hicieron desde la inteligencia del Ejército.Asimismo, aclaró que tras la publicación de Semana titulada ‘Chuzadas sin cuartel’ se iniciaron investigaciones penales, disciplinarias y administrativas que, hasta el momento, “ninguna parece obrar prueba de chuzada y no se han pedido siquiera explicaciones al general Nicacio de Jesús Martínez”.Granados señala que las supuestas inteceptaciones y violaciones al derecho de la intimidad “parecen existir solo en las publicaciones de Semana”, porque no se evidencia que lo corroboren.Agrega que ninguno de los soldados que tuvo relación con lo narrado por la revista señaló algún tipo de responsabilidad del general Martínez.Vea aquí: Semana pide explicaciones sobre escándalo de militares retirados por MinDefensaPor último, el abogado del cuestionado general advierte que la utilización de fotos o el nombre del alto oficial solo “pretenden deslegitimar un Ejército que a diario protege, a costa de la propia vida de sus efectivos”.
Una avioneta se estrelló contra un motociclista en la vía Panamericana que conecta Cartago con Ansermanuevo, en el Valle del Cauca. Tanto el piloto de la avioneta como el conductor de la motocicleta resultaron lesionados en el incidente.Autoridades locales, incluyendo la Policía, la Defensa Civil y los Bomberos, se encuentran en el lugar del accidente para brindar asistencia y esclarecer las circunstancias que llevaron a esta colisión. Se espera que se realice una investigación exhaustiva para determinar las causas exactas del accidente.En desarrollo...
Estudiantes del colegio El Pilar sede E de Bucaramanga llevan más de un mes y medio sin recibir raciones preparadas del Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a un problema de infraestructura en la escuela. Un hecho que fue denunciado por los padres de familia.En ese sentido, los padres de familia del colegio explicaron que no han recibido almuerzos del programa PAE hace más de 50 días debido a un problema que hay en la tubería de gas natural de la cocina, el cual no ha sido arreglado por la empresa que suministra el servicio, algo que no entienden.“Ese es el inconveniente, nos dijeron que era un problema en una tubería de gas, pero ya después de dos meses no es justo con nuestros hijos que nos les den el almuerzo en el colegio”, dijo una de las madres de la familia.“Situación preocupante e inaceptable viven decenas de niños estudiantes del Colegio El Pilar Sede E y beneficiarios del programa PAE, quienes desde hace más de un mes y medio no reciben su almuerzo”, dijo el concejal de Bucaramanga Diego Lozada en su cuenta de X.Por su parte la secretaria de Educación de Bucaramanga Martha Cecilia Guarín explicó que los menores han recibido raciones del PAE industrializadas, pero sobre las raciones de almuerzos preparados en el sitio la empresa de gas propano no ha autorizado la utilización de la tubería por, posiblemente, representar un alto riesgo.“El municipio sí está garantizando el PAE, todos los días se entregan raciones industrializadas a los estudiantes. Hacer uso del gas, sin contar con previa autorización de Vanti, es poner en riesgo la seguridad de la comunidad educativa”, dijo la secretaria de educación.“Sería bueno saber en qué estado se encuentra la gestión y conocer cómo usted expone, por qué Vanti niega la operación ahora y no antes. De ser un tema de gestión administrativa, agradecemos Secretaría adelantar lo pertinente, pues la comunidad no puede afectarse, menos a los niños”, agregó el concejal Lozada.
La Fiscalía ecuatoriana informó este domingo del rescate de los cuerpos de los ocho ocupantes del helicóptero militar accidentado el pasado viernes en la Amazonía de Ecuador.En su cuenta de la red social X, la Fiscalía indicó que, junto con la Policía, proceden con el levantamiento de los ocho cuerpos en el sector de Tiwino, y avanzó que serán trasladados a la morgue, en la provincia de Pastaza, para la práctica de las respectivas autopsias.Mueren ocho personas en accidente aéreo de helicóptero militar en EcuadorEntre las víctimas mortales hay cinco militares y tres civiles, funcionarios de la Secretaría de Gestión de Riesgos (SGR) del Gobierno ecuatoriano que llevaban ayuda humanitaria a sectores de la mencionada provincia, afectados por inundaciones ante la crecida de los ríos.Las víctimas fueron identificadas como el mayor Andrés Sierra, que pilotaba la aeronave; el teniente Jaime Cordones, que ejercía de copiloto; el sargento Leonardo Gutiérrez, que tenía la función de ingeniero de vuelo, y los cabos Cristian Morales y Édgar Montesdeoca, que eran mecánicos.Además de la tripulación viajaban también en el helicóptero Katya Aragón, Diego Ima y Erik Reyes para cumplir las actividades de la SGR.Las condiciones climáticas que se presentaron desde viernes habían impedido el rescate de los cuerpos.El helicóptero, un Mi-171E de matrícula AAE-485, se accidentó a las 9:36 en el sector de Tiwino, y sus restos no pudieron ser ubicados hasta casi cinco horas después.El helicóptero, en el que según el secretario de la Administración, Arturo Félix, estaba en buen estado, y solía usarlo el jefe de Estado, Daniel Noboa, cumplía la ruta Shell-Tiwino-Tababoro y para su ubicación se implementó un operativo de búsqueda donde participaron dos helicópteros livianos.El Ejército ecuatoriano dispuso la conformación inmediata de la junta investigadora de accidentes para determinar las causas de este accidente.
Ante las denuncias recibidas por parte de la comunidad, la Procuraduría General de la Nación realizó una revisión a las obras que lleva a cabo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en el sector de Caraegato, en Sucre, en donde pese a que los trabajos de recuperación de la margen izquierda del dique del río Cauca avanzan en un 48 %, el tramo realizado presenta problemas de permeabilidad.Con la llegada del fenómeno de La Niña aumentó la tensión en la comunidad de este sector, que viene de una ruptura que inundó y dañó cultivos de los campesinos, quienes temen que esta emergencia vuelva a suceder en esta temporada invernal.De acuerdo con el informe presentado por la Procuraduría, en la revisión se percató que 150 metros, aproximadamente, carece de geocontenedores, lo representa un riesgo inminente frente a la posibilidad de inundación, debido a que el río Cauca registra creciente, producto de las recientes lluvías.Ante esta grave situación, el Ministerio Público pidió acciones inmediatas que refuercen el sitio afectado, intensificando los frentes de trabajo y la maquinaria necesaria para el control de las filtraciones.En días anteriores, la gobernadora de Sucre, Lucy García, demostró su preocupación por los retrasos en las obras, y responsabilizó a la UNGRD sobre lo que pase con la comunidad, pues este sector tiene probabilidad de inundaciones si no es atendido de manera oportuna."La construcción del jarillón, por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, es crucial para evitar inundaciones en los municipios de la Mojana debido al desbordamiento del río Cauca. Es preocupante que los trabajos hayan disminuido debido a problemas financieros de la empresa contratista, cuando ya se había alcanzado un positivo avance del 48 %", señaló la mandataria departamental.Hasta el momento, la zozobra continúa mientras que desde el Gobierno nacional se analizan las diferentes medidas que pueden mitigar las consecuencias en esta temporada invernal, que está iniciando.
En un puesto de control instalado por la policía en la vía Neiva – Yaguará fueron incautados 800 kilos de marihuana provenientes del Cauca, que eran transportados en un vehículo particular tipo camioneta cuatro puertas y que tenía como destino la ciudad de Bogotá.El comandante de Policía Huila, coronel William Javier Lara, confirmó que el conductor capturado en el operativo habría intentado huir del lugar al observar la presencia de los uniformados.“Se logró la incautación de 800 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta, el alucinógeno avaluado en 800 millones de pesos iba a ser llevado hacia el centro del país, el conductor del vehículo fue capturado y tendrá que responder por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes” dijo el coronel Lara.De acuerdo con las autoridades, al realizar la inspección al automotor, los policías hallaron cerca de 200 paquetes prensados en plástico de color negro en la parte trasera del vehículo, donde habían camuflado el cargamento de marihuana.Según el oficial de la institución, en lo corrido del 2024 van diez toneladas de marihuana incautadas en operativos en los diferentes corredores viales del departamento arrebatándole a las bandas criminales alrededor de 10.000 millones de pesos.