El respaldo de la Unión Sindical Obrera (USO) a la aspiración presidencial de Roy Barreras no cayó bien en todos los sectores del progresismo. El Partido Comunista Colombiano (PCC) marcó distancia y cuestionó la decisión del sindicato petrolero calificándolo como un desacierto político.Advirtió que podría fragmentar el bloque que se ha venido articulando alrededor de la consulta en la que resultó ganador Iván Cepeda en octubre de 2025.El choque también tiene un componente de fondo: la discusión sobre el rumbo energético del país. Mientras la USO decidió jugársela por Barreras, el Partido Comunista insistió en que el eje del debate debe ser el papel de Ecopetrol en la transición energética y la necesidad de acelerar el paso hacia fuentes limpias, descartando el fracking como alternativa viable. En ese marco, cuestionó que sectores asociados a la política tradicional puedan encarnar los cambios estructurales que, según esa colectividad, requiere el país.El pronunciamiento incluyó además un llamado a reforzar la unidad del Pacto Histórico y a evitar discursos que profundicen las divisiones en la izquierda.
La senadora y presidenta de la Unión Patriótica, Aída Avella, cuestionó la indagación preliminar abierta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la Unión Patriótica y el Partido Comunista, luego de que ambas colectividades se retiraran de la consulta presidencial del Pacto Histórico.“A mí me parece que prácticamente ahí no tienen ninguna razón. Y yo creo que el Consejo de Estado hoy nos está dando la razón”, afirmó Avella, al reiterar que el retiro de la consulta está amparado por la Constitución. La senadora hizo referencia al artículo 40, señalando que “Nosotros podemos hacer alianzas y podemos hacer alianzas en base al artículo 40 de la Constitución. Y a mí me duele, porque estuve en la Constitución del 91”.Avella recordó que la Constitución establece la posibilidad de crear movimientos y partidos sin restricciones injustificadas. “¿Cómo es posible que en el artículo 40 donde se dice que podemos crear movimientos, partidos, lo que se quiera, sin limitación alguna en el parágrafo 3 del artículo 40 de la Constitución? Y entonces a mí me aterra que hay algunos magistrados o desmagistrados que nos dicen sí, pero es que la Ley 500 no sé cuántas dice tal cosa”, cuestionó.La congresista también criticó que el CNE invoque normas inferiores para justificar la apertura de la indagación. “Cuando hay un choque entre una ley y la Constitución, el artículo 40 de la Constitución es muy claro. Prima lo que dice la Constitución Nacional, porque la Constitución es norma de normas. ¿Esto no lo entienden algunos magistrados?”, expresó.Finalmente, la presidenta de la UP señaló: “Yo no puedo entender realmente cómo en las altas cortes a veces se cometen unas cosas que van contra el Estado de derecho, pero además contra la propia Constitución”. Según Avella, es necesario que las altas cortes actúen con mayor claridad respecto a las garantías que la Constitución otorga a los partidos y movimientos políticos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió en la mañana de este martes un auto el 24 de noviembre de 2025 en el que avoca conocimiento, abre indagación preliminar y ordena pruebas en contra de los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano, por haber renunciado a la consulta presidencial del Pacto Histórico del pasado domingo 26 de octubre de 2025.Según la denuncia presentada, se pide que estos ambos partidos reintegren una parte proporcional de los gastos electorales en los que incurrió la Organización Electoral para la realización de dicha consulta. El proceso se inicia por una queja presentada el 24 de octubre de 2025 por el ciudadano Samuel Ortiz, quien solicitó la apertura de indagación y la aplicación del procedimiento contemplado en el artículo 7° de la Ley 1475 de 2011 (Ley de Partidos y Movimientos Políticos).El documento señala que el escrito aportado por el ciudadano incluye la renuncia del 22 de octubre de 2025, presentada por los representantes legales de la Unión Patriótica y del Partido Comunista Colombiano. En dicho escrito, según se describe en el Auto, las colectividades explican que su retiro obedecía a la falta de “claridad y garantías jurídicas” de la consulta y a la inconformidad con la posible calificación de la misma como interpartidista.El magistrado ponente, Álvaro Hernán Prada, verificó de oficio el acuerdo de voluntades del 26 de septiembre de 2025 y el acta de inscripción expedida por la Registraduría, documentos que también forman parte de las pruebas incorporadas.El Auto ordena practicar pruebas adicionales, entre ellas requerir al Fondo de Financiación Política y Campañas Electorales una certificación sobre anticipos otorgados a los partidos investigados, y a la Registraduría Delegada en lo Electoral, los informes de los gastos asumidos por la Organización Electoral en la consulta del 26 de octubre.Asimismo, se concede un plazo de tres días a los partidos Unión Patriótica y Comunista Colombiano para que entreguen una versión libre por escrito sobre los hechos relacionados con el reintegro que podría corresponderles conforme al artículo 7° de la Ley 1475.
El partido Unión Patriótica y el Partido Comunista enviaron una carta al Consejo Nacional Electoral (CNE), a la Registraduría y a la Procuraduría en la que anuncian que renuncian a la inscripción de candidatos presidenciales para la consulta del 26 de octubre que realizará el Pacto Histórico.La decisión se toma porque, si se interpreta que la consulta del domingo es interpartidista, el candidato ganador podría quedar inhabilitado para participar en la consulta del Frente Amplio en marzo de 2026.“Pese a la literalidad y finalidad del acuerdo —que habilita una consulta partidista del Movimiento Político Pacto Histórico al amparo de una medida cautelar— preocupa que el CNE le haya otorgado un tratamiento distinto, calificándola como consulta interpartidista. En este sentido, los partidos firmantes aclaramos que NO SUSCRIBIMOS, como colectividades, ningún acuerdo de consulta interpartidista, por cuanto no presentamos candidaturas ni manifestamos una voluntad en ese sentido”, señala el documento firmado por los representantes legales de la UP y el Partido Comunista.Tras esta decisión, se entendería que el aval para la consulta de los dos precandidatos, Carolina Corcho e Iván Cepeda, quedaría otorgado únicamente por el Polo Democrático.“Estas renuncias se presentan para preservar el carácter partidista de la consulta, con miras a garantizar la decisión política que habilita que la opción ganadora pueda medirse en una consulta del Frente Amplio en marzo de 2026. Solicitamos que, con esta comunicación, se respete nuestra voluntad como partidos y, como mínimo, se garantice el contenido plasmado en el acuerdo de consulta radicado”, se lee en la carta enviada a la Registraduría y al CNE.Esta es la carta completa que enviaron los partidos políticos:
El fallo del Tribunal Superior de Bogotá que tumbó la medida cautelar que daba vida jurídica a la consulta del Pacto Histórico ha generado un profundo remezón político. La decisión deja en entredicho la posibilidad de que la coalición de izquierda realice la votación interna prevista para el 26 de octubre, en la que Daniel Quintero, Iván Cepeda y Carolina Corcho buscaban medirse como precandidatos.Sin embargo, uno de los protagonistas del proceso, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, asegura que la consulta “tiene más vidas que un gato” y que, pese al revés judicial, el movimiento no renunciará a su propósito de unidad. En entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, el aspirante presidencial explicó que existen alternativas legales para mantener la convocatoria.Plan B: el Polo Democrático, la UP y el Partido ComunistaTras la caída de la tutela que amparaba al Pacto Histórico como figura jurídica, los precandidatos evalúan inscribirse bajo las personerías de los partidos que integrarán la futura coalición. “Nos metemos todos en uno de los tres partidos: el Polo, la Unión Patriótica o el Comunista. Ejemplo, hacemos la consulta por el Polo y mantenemos el mismo nombre: Pacto Histórico”, explicó Quintero.La alternativa se apoya en una figura de coaval político, lo que permitiría que los tres precandidatos sean respaldados por las colectividades que en noviembre formalizarán su fusión. Según el exmandatario, la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de aplazar la personería del Pacto hasta el 9 de noviembre es una maniobra para obstaculizar la consulta.Un fallo con impacto políticoLa sentencia del Tribunal Superior de Bogotá revoca la medida que ordenaba a la Registraduría Nacional inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico, lo que deja en el limbo la consulta. En consecuencia, la organización política vuelve a un punto de partida incierto.El presidente Gustavo Petro calificó la decisión como un golpe político de la derecha, mientras que desde sectores del Pacto reconocen tensiones internas. Para Quintero, el trasfondo del fallo “no es jurídico, sino político” y responde a intereses que buscan frenar el crecimiento de su candidatura.“Nos piden lo imposible. Exigen a Colombia Humana reunir 90 mil afiliados para validar la fusión. Eso es como pedirnos construir un estadio para poder ejercer un derecho”, reclamó el precandidato.Entre la política y los procesos judicialesAdemás del debate sobre la consulta, Quintero enfrenta un proceso judicial por presuntos delitos de peculado y prevaricato durante su gestión en Medellín. La Fiscalía General de la Nación lo acusó por irregularidades en el contrato del proyecto Aguas Vivas, que habría pasado de costar 2.700 millones a 48.000 millones de pesos.El exalcalde rechaza las acusaciones y asegura que se trata de un “montaje” con fines políticos:“No es por corrupción, es por terminar un contrato que inició Fico. Nos acusan de haber hecho mal al terminarlo, cuando lo ilegal era mantenerlo. Esto es un intento de sacarnos de la carrera presidencial”. El proceso, que también involucra a exfuncionarios de su administración, ha sido interpretado por Quintero como una estrategia para afectar su aspiración dentro del Pacto Histórico.
En medio del complejo panorama de violencia que registran varias regiones de Colombia y de Antioquia por cuenta de la violencia, la política también se está registrando en la ciudad de Medellín.Le puede interesar: Esto, por las denuncias que recientemente se conocieron por parte del Pacto Histórico en la capital antioqueña, donde aseguran que, vía correo electrónico, personas no identificadas amenazaron con atentar contra la vida de siete integrantes del Partido Comunista.Además de exigirles abandonar el departamento en un plazo de 24 horas, en el mensaje que ha generado inquietud en la colectividad, los violentos advirtieron que “explotarán la oficina de reuniones y perseguirán a cada una de las personas mencionadas hasta asesinarlas”, acusándolas de ser colaboradores de las Farc y sus milicias.Alberto García, vocero del Partido Comunista en la ciudad, indicó que, tras alertar a la fuerza pública sobre estos planes, fueron asesorados para denunciar formalmente ante las autoridades judiciales lo que viene ocurriendo."Ya sí nos acompañaron irremediablemente que había que denunciar, entonces nos fuimos a la Fiscalía y se colocó el denuncio y hasta ahí vamos, esperando a ver qué, porque de todas maneras son herramientas que tenemos que dar nosotros a las autoridades para que actúen", destacó.Por su parte, Manuel García, diputado antioqueño del Pacto Histórico, destacó que este tipo de hechos siguen polarizando y estigmatizando el debate político en una región que atraviesa momentos complejos en asuntos como la seguridad."Son muy graves porque hace que las ciudadanías se polaricen cada vez más y los que estamos al otro lado pues comencemos a ser ya blanco no de ataques mediáticos o de discursos o en redes sociales, sino ya ataques contra la vida", manifestó García.Desde el Partido Comunista también exigieron a las autoridades locales las garantías necesarias para el ejercicio propio de sus labores y derechos políticos como integrantes de la bancada de oposición tanto en el Concejo de Medellín como en la Asamblea de Antioquia.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) acusó este martes al Gobierno de Nicolás Maduro de ejecutar una "política de terror" en los sectores populares de la nación caribeña, tras las protestas suscitadas contra el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio, que otorgan la victoria al presidente Nicolás Maduro.A través de una nota de prensa, el secretario general del PCV, Oscar Figuera, indicó que esta "política de terror" es alimentada con "operaciones psicológicas y de propaganda", que tienen como objetivo -dijo- "no solamente neutralizar las protestas populares sino imponer una peligrosa matriz de opinión en la que defender la soberanía popular es lo mismo que ser fascista"."Defender la Constitución y el Estado de derecho no es fascismo", sostuvo Figuera, al tiempo que rechazó el despliegue policial y militar en sectores populares "con claras violaciones a los derechos humanos y al debido proceso".>>> Lea también: Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, jura lealtad a Nicolás Maduro"Además de este despliegue de violencia, está la campaña de delaciones y 'sapeo' que promueven voceros del alto Gobierno para que se incriminen a vecinos y a compañeros de trabajo en supuestos delitos conspirativos", añadió.La ONG Foro Penal indicó el lunes que, al menos, 91 adolescentes han sido detenidos en Venezuela en la última semana en el contexto de las protestas contra el resultado oficial ofrecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que proclamó como ganador a Maduro, cuestionado por la oposición y parte de la comunidad internacional.La organización aseguró en X que estos arrestos han sido verificados hasta el lunes y forman parte del total de 1.010 personas capturadas por manifestarse, en casi todas las regiones del país.Mientras, el CNE no ha publicado las actas que certifican la victoria de Maduro, como indica la normativa legal, el principal bloque antichavista divulgó "el 83,5 %" de estos papeles, que muestran, según la oposición, que su abanderado, Edmundo González Urrutia, ganó por amplio margen, lo que desató protestas en el país que dejan, al menos, 13 muertos y más de 2.000 detenidos.
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió este martes que los nuevos integrantes que conformen la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) sean autónomos e independientes de los "bloques políticos hegemónicos" del país."Demandamos un CNE que tenga autonomía e independencia del Gobierno y de cualquier otro partido político, un CNE que establezca credibilidad en nuestra población", señaló el presidente de la formación comunista, Perfecto Abreu, citado en nota de prensa.Abreu indicó que es necesario un nuevo ente electoral que tenga credibilidad para la población, y que no estimule la "abstención de la ciudadanía"."El PCV demanda que la nueva integración de este organismo se constituya con personas que den confianza en su gestión a la población, que sean de integridad ético-moral proba", añadió.El pasado 15 de junio, el entonces presidente del CNE, Pedro Calzadilla, y la mayoría de autoridades electorales cercanas al chavismo anunciaron su renuncia "en aras de contribuir con este noble objetivo" de que Venezuela "termine de enrumbarse hacia la prosperidad económica y la estabilidad social".A esto se sumaron, en días posteriores, los rectores críticos con el Gobierno Enrique Márquez y Roberto Picón, todos con dos años en sus cargos, los cuales debían ocupar durante un septenio.El Parlamento venezolano aceptó la inédita renuncia, con lo que abrió el proceso para la designación de las nuevas autoridades.
El papa Francisco recibió al presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la primera audiencia celebrada en el Vaticano entre ambos y en la que conversaron durante 40 minutos, según fuentes vaticanas.Díaz-Canel, acompañado de su esposa, Lis Cuesta Peraza, llegó a las 9.50 hora local (7.50 GMT), cuando comenzó su primera reunión como mandatario con el pontífice en el despacho adyacente al aula Pablo VI, donde se celebran los grandes actos en el Vaticano, y durante la cual ambos dirigentes se intercambiaron regalos.Francisco le entregó una obra de arte de bronce que representa una paloma portando una rama de olivo, con la inscripción "Sed mensajeros de la paz", además del Mensaje para la Paz de este año, el documento sobre la fraternidad humana y el libro sobre la Statio Orbis del 27 de marzo de 2020, editado por la LEV.Por su parte, Díaz-Canel le regaló al papa una escultura en plata, bronce y madera, titulada "El Lector", y dos volúmenes de poetas cubanos.Tras el encuentro, el presidente cubano se ha reunido en la Secretaría de Estado con el cardenal Pietro Parolin, de cuya reunión y temas tratados, entre los que figura la petición de liberación de presos, informará posteriormente el Vaticano.Díaz-Canel y su esposa fueron recibidos por el responsable de la Prefectura de la Casa Pontificia, que se encarga del protocolo, monseñor Leonardo Sapienza, mientras a pocos metros del Vaticano una decena de manifestantes cubanos afincados en Italia protestaron en contra del recibimiento del papa al presidente cubano.Envueltos en la bandera de Cuba y al ritmo de la música del país los opositores al régimen comunista gritaron consignas en contra de la represión política, del exilio forzado y la legitimación del Vaticano del gobierno de Díaz-Canel.El dirigente se convierte así en el tercer mandatario cubano que viaja al Vaticano desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959, puesto que sus predecesores, Fidel Castro y su hermano Raúl, lo hicieron, respectivamente, en 1996 y 2015.La reunión se produce pocos días después del regreso al Vaticano del papa después de nueve días ingresado en el hospital por una operación debido a una hernia abdominal.Con Raúl Castro, el papa Francisco conversó durante una hora también en esta sala del Aula Pablo VI.Este será el cuarto contacto entre ambos: el primero fue en marzo de 2013, cuando el mandatario cubano, entonces como Primer Vicepresidente de los Consejos de Estado y de Ministros, asistió a su entronización como papa; en septiembre de 2015, en ocasión de la visita de Francisco a Cuba, y en febrero de 2016, durante el encuentro entre el Sumo Pontífice y el Patriarca de Moscú, Cirilo, en La Habana.El mandatario llegó este lunes a Roma y la delegación cubana está integrada, además, por el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, varios viceministros de esa cartera, y la viceministra primera del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Ana Teresita González Fraga, entre otros directivos.Aunque se desconocen los asuntos que se trataron en este encuentro, un tema que tienen pendiente ambas partes es el de los detenidos y condenados en las mayores protestas antigubernamentales de Cuba en décadas, en su mayor parte pacíficas y espontáneas.El cardenal Beniamino Stella, que visitó Cuba en febrero pasado para conmemorar los 25 años de la visita de Juan Pablo II, explicó entonces que había transmitido el mensaje de Francisco de la liberación de estos presos.Le puede interesar:
La policía de Brasil detuvo a un hombre por colocar un explosivo en un camión de combustible cerca del aeropuerto de Brasilia para generar "caos" y provocar "la intervención de las Fuerzas Armadas" a una semana de la asunción de Lula, informó este domingo la prensa local.El hombre, identificado como George Washington de Oliveira Sousa, seguidor del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, fue detenido el sábado acusado de terrorismo, tras el hallazgo del explosivo en la capital, donde el 1 de enero se realizará la toma de poder del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.El conductor del camión encontró el sábado por la mañana el artefacto, que no llegó a explotar.Según las declaraciones ante la Policía Civil publicadas en medios locales, Oliveira Sousa confesó que la bomba era parte de un plan para "iniciar el caos" e "impedir la instauración del comunismo en Brasil".Según precisó, el plan fue diseñado junto a otros bolsonaristas que se manifestaron frente al cuartel general del Ejército en Brasilia.La idea era colocar al menos dos explosivos en lugares estratégicos, con el objetivo de llevar a la "declaración del estado de sitio en el país" y, de allí, "provocar la intervención de las Fuerzas Armadas", dijo Oliveira Sousa a la policía, según Folha de S. Paulo.Seguidores del presidente bloquearon carreteras y se manifestaron frente a cuarteles en el país, luego de que Lula se impusiera en el balotaje del 30 de octubre (50,9% a 49,1%).Meses después, aún hay campamentos frente a algunas sedes del ejército. En el apartamento donde estaba Oliveira Sousa, empleado en una estación de servicio en Pará (norte), la Policía halló un arsenal de armas, varias irregulares.Oliveira Sousa se dijo "inspirado por las palabras del presidente Bolsonaro" para adquirir las armas, de un valor estimado en 160.000 reales (unos USD 31.068), detalla Folha de S. Paulo.Bolsonaro ha repetido que "un pueblo armado jamás será esclavizado". Según las declaraciones, el detenido pensaba distribuir las armas entre personas que acampan frente al cuartel, agrega el diario.Lula, de 77 años, presidente de Brasil entre 2003 y 2010, asumirá el poder por tercera vez, con un gran acto en la capital. En tanto, Bolsonaro, que ha limitado sus apariciones públicas tras la derrota, no ha confirmado que le traspasará la banda presidencial.En la víspera de Navidad, paseó con su moto por primera vez después del balotaje y conversó con seguidores. Este domingo, publicó un video en redes sociales en el que desea "Feliz Navidad" en imágenes de un discurso.Le puede interesar
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.