Al momento de conocer el sentido del fallo sobre Luis Alfonso Hoyos, en el que el juzgado ocho penal del circuito lo declaró inocente, su abogado Pedro Aguilar señaló que “es una decisión que recoge un poco de justicia, así sea tardía, pero justicia”.“Ese reconocimiento judicial es muy importante, dado que lo dejan una situación de inocencia total, porque eran seis cargos los que había dicho la Fiscalía y, como dijo el juez, no se pudo probar ninguno. Por lo tanto, este fallo es la antesala a la decisión final que se emitirá el 21 de marzo”, precisó.Sobre emprender acciones legales contra el Estado por lo que califican como “un montaje”, en contra de Hoyos y de la campaña ‘Zuluaga Presidente’, el abogado sostuvo que se están estudiando todas las posibilidades, pero no se darán a conocer hasta que sea efectivo el fallo definitivo y se conozcan las acciones que tomará la Fiscalía.Vea aquí: Perdono a quienes hicieron el montaje, que los juzgue su conciencia: Luis Alfonso Hoyos "Por ahora no, porque todo esto es un proceso, primero fue la decisión de primera instancia que fue la declaración de inocencia, eso queda en firme el 21 de marzo, después no sabemos qué actitud va a asumir la Fiscalía, si va a interponer recurso o no; entonces cuando todo esto se lleve a cabo, miramos qué vamos a hacer”, precisó.Aguilar insistió en que su defendido solo está a la espera del levantamiento de la orden de captura y la circular azul para regresar al país.“Claro, con el sentido de fallo de no responsabilidad tienen que levantarse todas las medidas que existían. Después de eso se van a iniciar los trámites para que el retorno al país sea lo más pronto posible. Es obvio que él quiere regresar al país, Luis Alfonso no se fue porque quiso, sino porque las circunstancias lo obligaron”, puntualizó.
El exdirigente camionero Pedro Aguilar, procesado por su participación en el llamado ‘cartel de la chatarrización’, goza del beneficio de casa por cárcel. El reo es señalado de intentar robar cerca de 600.000 millones de pesos. Vea también: Juez que dio casa por cárcel a Emilio Tapia justifica su decisión en las normasLa medida fue otorgada por el juzgado décimo de la ciudad de Cali, que lo condenó por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento público y ocultamiento de documento público. Escuche este informe:
Gracias a un preacuerdo que le otorgó la Fiscalía a José Edilberto Parada Barbosa, el juez 35 Penal del Circuito lo condenó a 66,66 meses de prisión (5 años, 5 meses), al pago de una multa de 202 salarios mínimos legales mensuales vigentes y a 46 meses de inhabilidad para ejercer funciones públicas. El hombre es culpable de los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir y simulación de investidura o cargo.La condena se deriva de lo ocurrido los días 15 y 21 de marzo de 2018, cuando Parada Barbosa se presentó́ ante los juzgados 45 y 77 de garantías en Bogotá, haciéndose pasar por fiscal en las audiencias públicas, en las cuales se logró́ de manera irregular la libertad de Pedro Antonio Aguilar, representante del gremio camionero, dentro del caso conocido como el ‘cartel de la chatarrización’.Vea aquí: Cuatro años de casa por cárcel a abogada que pidió libertad de Pedro Aguilar Uno de los puntos importantes es que la juez le negó a Parada la posibilidad de la libertad condicional, así como el sustitutivo de la prisión domiciliaria, por lo que deberá cumplir la pena en establecimiento carcelario.
El juez 31 de control de garantías de Cali impuso medida de aseguramiento a cuatro familiares del exlider camionero Pedro Aguilar, dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por el cartel de la chatarrización de vehículos de carga.El servidor judicial envió a la cárcel a María Alejandra Aguilar, hija de Aguilar; su yerno Felipe Lloreda y a su hermano, Luis Eduardo Aguilar.En contra de la exesposa de Aguilar, Liliana Duque, madre de María Alejandra Aguilar, el juez le dio casa por cárcel, debido a su delicado estado de salud.La Fiscalía les imputó cargos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito que podrían darles condenas de entre 10 y 30 años de prisión.Según las investigaciones de la Fiscalía especializada, las cuatro personas están, presuntamente, vinculadas directamente con una compleja red ilegal para la adquisición de bienes y la conformación de empresas de papel.Le puede interesar: El momento en que atentan contra juez que pidió más controles en caso Pedro Aguilar Incluso, las investigaciones muestran que, al parecer, Pedro Aguilar se habría quedado con una millonaria suma de dinero derivada de los cobros ilegales al Estado por la supuesta chatarrización de 12.500 camiones de carga, vehículos que, según las evidencias, nunca fueron destruidos.
Policía desarticuló una organización familiar liderada por el hoy detenido Pedro Antonio Aguilar y quien fuera el director nacional de la Asociación Colombiana de Camioneros, según la investigación de las autoridades, Aguilar obtuvo subsidios estatales para la desintegración vehicular y lavó más de 10 mil millones de pesos.Vea también Juez envió a la cárcel a falso fiscal y abogada del caso Pedro Aguilar Dentro de los detenidos se encuentran Liliana Duque, compañer sentimental de Aguilar, el hermano y la hija mayor del exlíder camionero.La Fiscalía inicio el proceso de extinción del derecho del dominio a 85 bienes avaluados en 50 mil millones de pesos pertenecientes a la organización familiar liderada por Pedro Antonio Aguilar.El pasado 21 de marzo Pedro Aguilar quedó en libertad por la ayudad de un fiscal falso, quien solicito en la audiencia de sustitución de medida la libertad a Aguilar. Pasado los días fue recapturado por un grupo especial de la Sijin en la ciudad de Cali.
El magistrado Gabriel Lara, coordinador del centro de servicios judiciales de Paloquemao, fue objeto de un atentado contra su vida. El funcionario había exigido mayores controles en dicha sede judicial. Este es el momento del atentado.
El magistrado Gabriel Lara Garzón se salvó de un atentado con arma de fuego perpetrado por un sicario en inmediaciones del complejo judicial de Paloquemao. El funcionario había exigido mayores controles en las instalaciones tras la bochornosa fuga de Pedro Aguilar, que logró colar un falso funcionario de la Fiscalía para engañar a la justicia.“Salimos a compartir con compañeros y amigos. Estuvimos alrededor de dos horas jugando, salimos a desayunar. Apenas nos estábamos despidiendo, un hombre se me acercó por la espalda y después de decirme unas palabras me disparó en dos oportunidades. Pero alcancé a reaccionar”, declaró.Vea también: Atentan contra juez que pidió más controles después de la fuga de Pedro Aguilar“[El sicario] estaba encima de mí, como a menos de un metro. Me agarró por el brazo o por el cuello”, contó.“Esto es con usted, sapo hijuep…”, le dijo el sicario antes de proceder a dispararle.“Fue totalmente sorpresivo, llevo una vida totalmente tranquila”, relató Lara a BLU Radio.“Es preocupante para la seguridad personal, para la de la familia, el hecho de que por hacer las cosas bien pueda salir afectado en su integridad personal”, expresó.Sobre la impopularidad de su propuesta al interior del complejo judicial de Paloquemao, el magistrado Lara dijo: “puede haber algunos que están en desacuerdo, así como fiscales que tampoco están a favor de esa medida”.“En términos generales el trabajo es de garantizar que todo se haga con transparencia, que no haya corrupción”, agregó.También le puede interesar: Juez envió a la cárcel a falso fiscal y abogada del caso Pedro Aguilar
Paulo Enrique Muñoz López, el abogado que habría contratado al falso fiscal que logró que el exlíder camionero Pedro Aguilar estuviera libre por más de dos semanas, fue enviado a la cárcel La Modelo por la juez 26 Penal Municipal de Garantías. La juez consideró que Muñoz López era un peligro para la sociedad y que podría obstruir la investigación. Cabe señalar que el jurista fue capturado el pasado domingo en un hotel de Cali. Los delitos que se le imputaron son simulación de investidura o cargo en calidad de determinador, fraude procesal y concierto para delinquir, estos dos últimos en concurso homogéneo sucesivo, pues de acuerdo con la Fiscalía, se trató de una conducta repetitiva dadas las tres audiencias en las que se presentó el falso fiscal. Vea además: Capturan a Paulo Enrique Muñoz, abogado de Pedro Aguilar Para la Fiscalía es claro que fue Muñoz López quien consiguió, adoctrinó y llevó hasta las instalaciones de Paloquemao al falso fiscal, en tres ocasiones, logrando inducir al error a los jueces para que instalaran audiencias falsas y, finalmente, otorgar la libertad a Pedro Aguilar. “Es una empresa criminal liderada por usted, porque usted fraguó todo esto, se encargó de conseguir a una persona, entrenarla, traerla e introducirla usted mismo a las audiencias para inducir al error varias veces a varios funcionarios judiciales”, señaló el fiscal del caso este lunes. La Fiscalía señaló, además, que la abogada Diana Zárate, quien está en prisión por estos mismos hechos mientras avanza el proceso en su contra, era necesaria para recrear “un escenario nuevo para que la juez no pudiera saber lo que en realidad estaban fraguando”. De acuerdo con el ente acusador, la mujer llegó a la audiencia en la que se otorgó la libertad irregular con un poder firmado por Aguilar como parte de ese plan criminal. Según la Fiscalía, desde mediados del 2017 los dos abogados, Diana Zárate y Paulo Enrique Muñoz, conocían del proceso de chatarrización en contra de Aguilar. Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, en una de las tres audiencias a las que asistió el falso fiscal se presentó un documento firmado por un funcionario del Inpec que no existe y en el que se daba cuenta de las presuntas afecciones médicas de Pedro Aguilar para lograr su libertad bajo el argumento de que en la cárcel La Modelo de Bogotá no podían practicársele los tratamientos que requiere.
Paulo Enrique Muñoz López, el abogado que habría contratado al falso fiscal que logró que el exlíder camionero Pedro Aguilar estuviera libre por 17 días no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.“Señora juez debo manifestarlo con mucho respeto que no acepto los cargos de forma categórica”, manifestó ante la juez 26 con función de control de garantías durante la audiencia que se desarrolló en el Complejo Judicial de Paloquemao.Los delitos que se le imputaron son simulación de investidura o cargo en calidad de determinador, fraude procesal y concierto para delinquir, estos dos últimos en concurso homogéneo sucesivo, pues de acuerdo con la Fiscalía, se trató de una conducta repetitiva dadas las tres audiencias en las que se presentó el falso fiscal.Para la Fiscalía es claro que fue Muñoz López quien consiguió, adoctrinó y llevó hasta las instalaciones de Paloquemao al falso fiscal, en tres ocasiones, logrando inducir al error a los jueces para que instalaran audiencias falsas y, finalmente, otorgar la libertad a Pedro Aguilar.“Es una empresa criminal liderada por usted, porque usted fraguó todo esto, se encargó de conseguir a una persona, entrenarla, traerla e introducirla usted mismo a las audiencias para inducir al error varias veces a varios funcionarios judiciales”, señaló el fiscal del caso.La Fiscalía señaló, además, que la abogada Diana Zárate, quien está en prisión por estos mismos hechos mientras avanza el proceso en su contra, era necesaria para recrear “un escenario nuevo para que la juez no pudiera saber lo que en realidad estaban fraguando”.De acuerdo con el ente acusador, la mujer llegó a la audiencia en la que se otorgó la libertad irregular con un poder firmado por Aguilar como parte de ese plan criminal.Según la Fiscalía, desde mediados del 2017 los dos abogados, Diana Zárate y Paulo Enrique Muñoz, conocían del proceso de chatarrización en contra de Aguilar.Asimismo, de acuerdo con las investigaciones, en una de las tres audiencias a las que asistió el falso fiscal se presentó un documento firmado por un funcionario del Inpec que no existe y en el que se daba cuenta de las presuntas afecciones médicas de Pedro Aguilar para lograr su libertad bajo el argumento de que en la cárcel La Modelo de Bogotá no podían practicársele los tratamientos que requiere.
Fue capturado Paulo Enrique Muñoz, abogado de Pedro Aguilar, quien había participado en una primera audiencia el 15 de marzo, donde también participó el falso fiscal Edilberto Parada.Vea también Juez envió a la cárcel a falso fiscal y abogada del caso Pedro AguilarEn esa oportunidad el juzgado 45 de garantías les negó la solicitud de la sustitución de la medida de aseguramiento y el líder de los camioneros tuvo que continuar tras las rejas en la cárcel la Modelo en Bogotá.Por ese primer episodio, fuentes de la fiscalía confirmaron que capturaron en cali al abogado Paulo Enrique Muñoz, pues habría participado en el complot para que Aguilar burlara la justicia.Cabe resaltar que en un segundo intento, esta vez el 21 de marzo, se realizó la audiencia en la que Aguilar logró fugarse, esta vez con la abogada Diana Milena Zárate que ya fue enviada a prisión.Momento de la captura de Paulo Enrique Muñoz
Entre el 18 de enero y el 24 de octubre, nueve personas resultaron lesionadas por pólvora en Medellín. De acuerdo con el balance entregado por las autoridades, dos de las víctimas son menores de edad y siete adultos. Además, ocho de los afectados eran manipuladores de estos elementos y uno se encontraba como observador.Los casos se registraron en las comunas Popular, con dos; Belén, con dos; Manrique, Buenos Aires y Laureles, con uno cada una. También se reportaron lesiones en los corregimientos de San Cristóbal y San Antonio de Prado.Ante las estadísticas incluso antes del periodo de vigilancia intensificada, la secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, reiteró las recomendaciones para evitar que aumenten las emergencias durante las celebraciones de fin de año."Queremos que las celebraciones de Navidad y fin de año de 2026 sean espacios de encuentro familiar, alegría y tranquilidad, sin poner en riesgo la vida ni la salud de las personas. El uso de pólvora puede ocasionar daños graves e irreversibles. Entre las consecuencias más graves se encuentran amputaciones de dedos, pérdida de la audición por lesiones en el tímpano y quemaduras en la piel que implican procesos de recuperación largos y dolorosos, además de posibles secuelas permanentes. Por eso, el llamado es a celebrar sin pólvora y proteger la vida y la salud de todos", señaló López Delgado.La Secretaría de Salud Distrital recordó que durante la temporada de vigilancia intensificada anterior se reportaron 82 personas quemadas en la ciudad, de las cuales 29 eran menores de edad. Una de las cifras que más preocupa a las autoridades es que el 43,9 % de los lesionados no estaba manipulando pólvora, sino que resultó afectado mientras observaba su uso.Como parte de las medidas de prevención, la Secretaría de Seguridad y Convivencia dispondrá de más de 270 gestores para adelantar controles operativos y jornadas pedagógicas en eventos navideños de alta afluencia.Finalmente, la Administración Distrital señaló que, según sondeos digitales, nueve de cada diez ciudadanos prefieren celebrar sin pólvora e invitó a participar en las actividades del Festival de Navidad sin poner en riesgo la vida.
Una persecución policial terminó convirtiéndose en una de las escenas más curiosas de los últimos días en Estados Unidos. Dos cerditos que se habían escapado de sus dueños pusieron a correr a varios uniformados por las calles de Beaufort, en Carolina del Sur, mientras una ciudadana grababa los intentos de los agentes por atraparlos.El curioso episodio ocurrió a comienzos de noviembre y fue compartido en las redes sociales del Departamento de Policía de Beaufort, que decidió tomarse la situación con humor y presentar a los animales como dos pequeños fugitivos.En las imágenes se observa cómo los cerditos corren por las calles y cambian de dirección constantemente, mientras los policías intentan cerrarles el paso y evitar que continúen escapando.Así fue la persecución policial de los dos cerdosSegún informarn los medios estadounidenses, los uniformados fueron alertados sobre la presencia de los animales sueltos y acudieron al lugar para intentar recuperarlos.Sin embargo, la tarea resultó más complicada de lo esperado, pues los cerditos demostraron ser bastante rápidos y consiguieron esquivar a los agentes en repetidas ocasiones, provocando una persecución que se extendió durante varios minutos.En uno de los momentos más llamativos del video, un policía intenta interceptar a uno de los animales, pero este cambia repentinamente de dirección y obliga al uniformado a reaccionar para continuar siguiéndolo.La Policía bromeó con los supuestos delitos de los cerdosDespués de recuperar a los animales, el Departamento de Policía publicó un mensaje en tono humorístico en el que identificó a los pequeños fugitivos como 'Bacon Bits', expresión en inglés que hace referencia a pequeños trozos de tocineta.La institución incluso elaboró una descripción ficticia de los hechos, señalando que los cerditos eran sospechosos de huir y chillar, en referencia a los sonidos que emitían mientras escapaban de los policías.En su publicación, las autoridades también agradecieron a los agentes Poulin y Barbery por participar en la particular persecución, así como a la ciudadana que consiguió grabar el momento.Finalmente, los dos cerditos fueron capturados sin sufrir lesiones y entregados nuevamente a su propietario. Tampoco se reportaron personas heridas durante el procedimiento.La Policía aprovechó el desenlace para hacer otro juego de palabras en inglés, asegurando "no ham (jamón) was done", una expresión que imita la frase 'no harm was done', utilizada para indicar que nadie había resultado lastimado.Así terminó una de las intervenciones policiales más particulares de la semana, que dejó a los dos animales de regreso en casa y a los uniformados como protagonistas de un inesperado video.
Un nuevo hecho de inseguridad causa conmoción en el departamento de Bolívar. El subintendente Fabio Enrique Castillo Cobos, adscrito a la Unidad de Investigación Criminal de la Policía en el municipio de El Carmen de Bolívar, fue asesinado cuando sujetos armados intentaban despojarlo de sus pertenencias.De acuerdo con el reporte oficial, el uniformado, que se encontraba en su día de descanso, viajaba a la altura del puente de Gambote, en jurisdicción del municipio de Arjona, cuando tuvo que descender de su vehículo por una falla mecánica. Fue allí cuando los sujetos se le acercaron para ofrecerle ayuda; sin embargo, minutos después habrían mostrado sus verdaderas intenciones: robarle.En el lugar se habría presentado un intercambio de disparos entre el subintendente y los delincuentes, que lamentablemente terminó con la vida del uniformado."Gracias a la reacción de las unidades policiales, varias personas fueron interceptadas cuando presuntamente intentaban huir del lugar. Entre ellas se encontrarían dos presuntos delincuentes señalados de participar directamente en estos hechos, cuya presunta responsabilidad deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes", detalló la Policía de Bolívar en un comunicado.El subintendente Castillo, de 37 años y con 18 años de servicio en la Policía, deja cuatro hijos menores de edad."La Policía Nacional expresa su solidaridad y sus más sentidas condolencias a sus seres queridos, a quienes acompaña en este momento de profundo dolor. Ningún acto de violencia puede arrebatar el valor de una vida ni borrar la memoria de quienes han dedicado parte de su existencia al servicio de los colombianos", señaló la institución policial.
La Fiscalía General de la Nación continuará con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por sus presuntos vínculos con estructuras paramilitares, durante y después de su paso por la Gobernación de Antioquia.Esto, luego de que la Sala Plena de la Corte Constitucional se declarara inhibida para resolver el conflicto de competencias entre el ente acusador y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. La decisión quedó consignada en el Auto 1539 de 2026, con ponencia de la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera. La Corte determinó que no se cumplían los presupuestos normativo y objetivo necesarios para pronunciarse de fondo sobre este conflicto de jurisdicciones.Es importante precisar que esta determinación se produjo después de que la ponencia inicial del magistrado Jorge Enrique Ibáñez no obtuviera las mayorías necesarias en la Sala Plena. Por esa razón, se sometió a consideración la propuesta de inhibición presentada por la presidenta Meneses, que finalmente fue aprobada con una votación de siete contra dos.Los magistrados Jorge Enrique Ibáñez Najar y Carlos Camargo Assis salvaron su voto, mientras que Juan Carlos Cortés González lo aclaró.Con esta determinación, la Corte no resolvió de fondo cuál de las dos autoridades debía asumir el expediente, sino que se declaró inhibida para estudiar el conflicto. Por ahora, la Fiscalía continuará adelantando las actuaciones dentro de la investigación.Pero esto no significa que la Corte Constitucional no se pueda enfrentar de nuevo a un escenario para debatir otro conflicto de competencias.La controversia comenzó el pasado 19 de agosto, cuando la Comisión de Investigación y Acusación reclamó formalmente el expediente. Su argumento es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado hasta 2003, cuando Uribe ya era presidente de la República y estaría cobijado por el fuero presidencial.Por su parte, la Fiscalía sostiene que debe conservar la competencia porque los hechos centrales de la investigación se remontan a 1995 y 1997, cuando el expresidente se desempeñaba como gobernador de Antioquia. El expediente está relacionado con las masacres de La Granja y El Aro, en Ituango, Antioquia, donde fueron asesinadas cuatro y 15 personas, respectivamente. También incluye el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998.Cabe recordar que Uribe rindió indagatoria ante la Fiscalía el pasado 4 de septiembre, diligencia en la que rechazó los señalamientos y negó cualquier vínculo con estructuras paramilitares.Así las cosas, la investigación seguirá en manos de la Fiscalía, mientras la decisión de la Corte se limitó a declararse inhibida para resolver el conflicto de competencias, sin pronunciarse sobre la responsabilidad penal del expresidente.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este lunes, 9 de noviembre de 2026:Carlos Meisel, senador del Centro Democrático, aseguró que su partido coincide con el Gobierno en la necesidad de realizar un ajuste fiscal, aunque mantiene diferencias sobre la forma de conseguir los recursos. Señaló que respaldan discutir el IVA para compras realizadas en plataformas internacionales y para vehículos híbridos y eléctricos, mientras proponen profundizar los recortes del Estado, reducir cerca de 130 entidades y estudiar una reorganización que deje alrededor de siete ministerios.Milton Olaya, alcalde de Santa Rosa del Sur, Bolívar, informó que el ataque contra el cantón militar dejó tres muertos y alrededor de 50 personas atendidas, de las cuales 17 presentaban heridas de mayor gravedad. Expresó preocupación porque, según las explicaciones que había recibido previamente de las autoridades, la instalación contaba con sistemas antidrones, por lo que pidió establecer mediante la investigación qué ocurrió y por qué fallaron las medidas de protección.Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, negó haber participado en el saqueo de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o en una supuesta compra de congresistas durante el Gobierno Petro. Tras recuperar su libertad, aseguró que demostrará durante el juicio que tenía una relación distante con Olmedo López y sostuvo que, aunque en esa administración encontró funcionarios que considera responsables de graves actuaciones, también trabajó con personas que calificó positivamente.Gustavo Leite, senador del Partido Colorado en Paraguay, respaldó la destitución del expresidente Santiago Peña y afirmó que su propia colectividad debe asumir la responsabilidad política por haberlo llevado al poder. Señaló que impulsará una comisión bicameral para investigar quién autorizó el traslado de recursos públicos hacia Ueno Bank y sostuvo que, pese a la gravedad del escándalo, la crisis está concentrada en una entidad que representa cerca del 8 % del sistema financiero paraguayo.Nelson Castañeda, presidente de Campetrol, aseguró que Colombia necesita mantener abiertas varias alternativas para garantizar el abastecimiento de gas y recuperar su soberanía energética. Señaló que el país ya importa más de 400 millones de pies cúbicos diarios y advirtió que el gas importado puede costar entre tres y cuatro veces más que el nacional; mencionó como opciones el proyecto Sirius, nuevas regasificadoras, el gas proveniente de Venezuela y el desarrollo de recursos no convencionales.Olguín Mayorga, líder social y defensor de derechos humanos, informó que habitantes del Catatumbo confirmaron tres bombardeos contra campamentos de las disidencias, aunque advirtió que todavía no había acceso a las zonas para establecer sus resultados. Aseguró que la confrontación de los últimos 22 meses ha dejado más de 210 civiles muertos y cerca de 140.000 desplazados, y respaldó la continuidad de las operaciones de la fuerza pública como parte de una estrategia para recuperar el control territorial.José Manuel Vidal, periodista y experto vaticanista, destacó el componente social, político y económico de los mensajes del papa León XIV durante su gira por Uruguay, Argentina y Perú. Explicó que el pontífice está retomando principios de la doctrina social de la Iglesia como la defensa de la dignidad humana y el servicio de los gobernantes a sus ciudadanos, y señaló que su paso por Perú tendrá una carga especialmente personal por los años que vivió y desarrolló allí su labor pastoral.Héctor Chaparro, representante a la Cámara del Partido Liberal, aseguró que las bancadas que participaron en la reunión con el Gobierno reconocen la necesidad de enfrentar la crisis fiscal, pero mantienen reparos frente al aumento del IVA a productos básicos y del sector agropecuario, los cambios en renta y los parafiscales. Consideró que debe estudiarse la eliminación de la exención de IVA para paquetes importados de menos de 200 dólares, al señalar que actualmente existe una diferencia tributaria frente al comercio físico y la producción nacional.Escuche el programa completo aquí:
