TransMilenio S.A. declaró desierta la Licitación Pública No. 08 de 2025, destinada a escoger al nuevo operador del TransMiCable de Ciudad Bolívar, decisión que abre un nuevo capítulo en la contratación del sistema de cable aéreo y obliga a reiniciar el proceso bajo las mismas condiciones técnicas y financieras.
La determinación se tomó pese a que, en la fecha de cierre, se recibieron tres propuestas de las firmas postuladas: la Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, Cablemovil S.A.S. y la Estructura Plural Cable Ciudad Bolívar.
Según informó la entidad, la deserción del proceso se dio por una inconsistencia en el pliego de condiciones, específicamente relacionada con la hora límite para la recepción y apertura de las ofertas. Debido a este error procedimental, TransMilenio afirmó que se vio en la obligación de suspender la licitación para salvaguardar los principios de objetividad y transparencia que rigen la contratación pública. La situación fue advertida durante la evaluación de las propuestas y obligó a detener la adjudicación prevista para finales de este año.
La decisión también responde al Pacto de Cumplimiento aprobado por el Juzgado 47 Administrativo de Bogotá, mediante el cual TransMilenio se comprometió a garantizar un proceso de selección objetivo para definir el operador que reemplazará a la Operadora Distrital de Transporte, actual encargada de la operación del sistema. El pacto había sido respaldado por el juez como una medida para asegurar la continuidad y correcta administración del TransMiCable, que conecta sectores de alta vulnerabilidad en Ciudad Bolívar con el resto de la ciudad.2
TransMilenio aclaró que, una vez quede en firme la resolución, convocará un nuevo proceso de licitación con las mismas condiciones técnicas y contractuales, asegurando así que el sistema cuente con un operador bajo un contrato robusto y alineado con los estándares establecidos para la operación del cable. La entidad recalcó que la convocatoria se realizará “en estricto cumplimiento de los principios de transparencia, igualdad y responsabilidad”, señalando que el objetivo es evitar cualquier cuestionamiento sobre la legalidad del proceso.
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