El presidente Gustavo Petro rindió su testimonio en la Casa de Nariño sobre el caso de los ‘Petrovideos’ que generaron polémica durante la campaña presidencial, por las largas conversaciones que quedaron registradas en las que varios partidarios del primer mandatario buscaban caminos para afectar otras campañas. Entre esas la de Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo y Alejandro Gaviria.Blu Radio conoció detalles de la diligencia que duró tres horas, en donde el presidente dijo que nunca se autorizó, de parte de la campaña, que se grabaran las reuniones y que tampoco nadie dio su aprobación.Asimismo, mencionó que la Corte Suprema de Justicia declaró la violación de la intimidad y privacidad de todos los que aparecen en los llamados ‘Petrovideos’ y la nulidad total de esas grabaciones como eventuales pruebas.Lea también: Presidente Petro declaró como testigo por escándalo de 'petrovideos' en PalacioEn varias de esas reuniones participó el candidato presidencial; su esposa, Verónica Alcocer. También Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosvelt Rodríguez y Eduardo Ávila. La mayoría luego con cargos de mucha importancia en el Gobierno.Por otra parte, el presidente les dijo a los funcionarios del CTI que no tenía “ninguna duda de que la grabación y filtración fue orquestada porque el ascenso en las encuestas señalaba que era inminente el triunfo suyo y del Pacto Histórico, y que todo obedeció al desespero de la oposición y el establecimiento para evitar una rotación democrática y legítima en el ejerció del poder”.Tras culminar este encuentro de cerca de tres horas, el presidente Petro pidió por medio de su cuenta de X que todas las personas que tengan conocimiento de los hechos acudan al ente investigador a dar toda la información pertinente.El presidente de la República declaró de manera presencial ante un fiscal, un investigador y un delegado de la Procuraduría. El eje central de esta diligencia fue cuándo, cómo y durante cuánto tiempo la campaña Petro Presidente 2022 estuvo interceptada. Cabe mencionar que en el año 2022 Alfonso Prada, quien fue jefe de debate durante la campaña, aseguró que acudiría a las autoridades a hacer la respectiva denuncia.Esta investigación estuvo abierta durante la administración del exfiscal Francisco Barbosa, pero solo hasta ahora el presidente Gustavo Petro es llamado a declarar para que cuente todo lo que sabe sobre esas grabaciones ilegales de las cuales fue víctima.Sobre esto, el presidente Petro señaló que, desde junio de 2022, cuando se filtraron y divulgaron las imágenes, no se investigó el suceso pese a la gravedad que implicaba que una campaña política fuera interceptada. Por último, el presidente Petro dijo que esas acciones “tenían la intención de derrumbar un gobierno legítimo”.
El hombre asesinado en la mañana de este jueves 9 de marzo en el barrio La Esperanza, calle 63 con avenida Caracas, en Bogotá, fue identificado como Javier Marín Arboleda, alias 'J9', un narcotraficante que en 2011 fue extraditado a los Estados Unidos.A este hombre lo acusaron, puntualmente el abogado Abelardo de la Espriella, en una columna titulada “Petro el indecente”, de haberle dado plata a Gustavo Petro en el escándalo de los petrovideos, el de las famosas bolsas negras llenas de plata.En una entrevista en 2018 para Noticias Uno, alias ‘J9’ dijo que temía por su vida y denunció a Abelardo de la Espriella por calumnia, injuria y falsa denuncia. En esa misma entrevista, dijo que su vida corría peligro por la relación que, decía él, “supuestamente” tenía con el ‘Loco Barrera’ y su organización.Pero no solo tenía relación con el ahora presidente Petro, sino que también con el expresidente Juan Manuel Santos. 'J9', supuestamente, también estaría relacionado con la entrega de 12 millones de dólares de la mafia al Gobierno de Santos.Javier Marín tenía antecedentes por extorsión, estafa y omisión de agente retenedor, fue extraditado en 2011 por nexos con el narcotráfico y por estar relacionado con el ‘Loco Barrera’.Le puede interesar:Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
Este jueves en la mañana se registró un nuevo hecho de sicariato en Bogotá. Según confirmaron las autoridades, el asesinato ocurrió en el sector de La Esperanza, localidad de Barrios Unidos, exactamente en la calle 63 con 14.Allí, un sicario a pie acabó, con un disparo en la cabeza, con la vida de un hombre de 52 años, que posteriormente fue identificado como alias 'J9', según informó la Policía Metropolitana de Bogotá.Según el informe policial, el asesino vestía de negro, se acercó a la víctima y le disparó sin mediar palabra. El cuerpo del hombre quedó, bocabajo, tendido en el piso.¿Quién era alias J9?Javier Marín Arboleda, alias J9, era un narcotraficante que en 2011 fue extraditado a los Estados Unidos.A este hombre, el abogado Abelardo de la Espriella, en una columna titulada “Petro el indecente”, lo acusó de darle plata a Gustavo Petro en el escándalo de los petrovideos, el de las famosas bolsas negras llenas de plata.En una entrevista en 2018 para Noticias Uno, alias ‘J9’ dijo que temía por su vida y denunció a Albelardo de la Espriella por calumnia, injuria y falsa denuncia. En esa misma entrevista, dijo que su vida corría peligro por la relación que decía él “supuestamente” tenía con el ‘Loco Barrera’ y su organización.Javier Marín, tenía antecedentes por extorsión, estafa y omisión de agente retenedor, como le menciono fue extraditado en 2011 por nexos con el narcotráfico y por estar relacionado con el ‘Loco Barrera’.
Más de un mes después del escándalo de los ‘petrovideos’, que salpicó la campaña del hoy presidente electo, Gustavo Petro, por las grabaciones y videos donde se hablaba de estrategia política, el Consejo Nacional Electoral abrió este martes indagación preliminar al Pacto Histórico, que avaló dicha candidatura.A través de un auto con fecha del 25 de julio de 2022, el CNE citó además a declarar al presidente del Senado, Roy Barreras, la actual congresista Clara López y el exsenador Temístocles Ortega, protagonistas de los polémicos videos. Además, llamó a ampliar la declaración al denunciante, Pablo Bustos, director de la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas, y a Luis Bernardo Medina Pabón, quien también presentó una queja.Por otro lado, la autoridad electoral decretó pruebas como los videos del caso, que son solicitados a los medios de comunicación y al Pacto Histórico, así como las declaraciones de todos y cada uno de los intervinientes en las reuniones.En dichos videos aparecían miembros de la campaña del Pacto Histórico trazando estrategias que fueron cuestionadas por varios sectores, pues en las conversaciones los integrantes de comités estratégicos y de comunicaciones hablaban de bodegas, de desprestigiar a contrincantes y hasta “correr la línea ética”.También había temas que fueron considerados irregulares en materia de financiación, como aportes de no reportados.Le puede interesar. Escuche el podcast Historias detrás de la historia:
Juan Carlos Montes, el hombre que apareció entregándole dinero en efectivo a Gustavo Petro en bolsas de basura, tendrá que responder por el delito de contratación sin el cumplimiento de requisitos legales, por la asignación de las obras cuando fue subdirector técnico del IDRD durante la alcaldía de Petro.El contrato que se investigó es el 3817 de 2015, por medio del cual se asignaron 19.000 millones de pesos para la construcción del parque El Porvenir, en Bosa. La participación de Montes se habría dado en la etapa precontractual, favoreciendo a un contratista específico para que realizara las obras y también el proceso de interventoría que costó más de $1,160 millones de pesos.De acuerdo con la versión del fiscal del caso, Montes acudió a un convenio interadministrativo que le permitió evadir los procesos licitatorios y proceder con la contratación directa con el contratista que previamente habían asignado, con aparentes intenciones corruptas. Las obras en mención tuvieron además un año de plazo para su ejecución, pero se recibieron a satisfacción 4 años después, es decir, hubo 3 años de retraso.Juan Carlos Montes en este momento es prófugo de la justicia, pues está desde hace muchos años fuera del país y actualmente existe una circular roja de Interpol para capturarlo.Le puede interesar:En su última aparición, en 2018 y aparentemente desde Suiza, Juan Carlos Montes intentó explicar el escándalo que se conoció como los 'Petrovideos' que le grabó a Gustavo Petro en 2005 (según estableció la Corte Suprema) entregándole fajos de billetes en efectivo en bolsas de basura para apoyarlo en su campaña al senado de la República.En ese entonces, Montes explicó que a él le gustaba grabar en video este tipo de entregas para dejar unas secuencias, o unas “actas de vida”, y porque en su momento había notado cierta “displicencia” de Petro con algunas personas.Escuche el podcast “Al Pelo con Tata” y descubra los colores de moda que pueden sentarle bien a su cabello:
“La política es dinámica” puede ser una frase de cajón, pero es algo que se comprueba cada día con las acciones de los políticos. Este es el caso de Roy Barreras y Alejandro Gaviria, que después de una polémica ‘pelea’ electoral aparecieron juntos en una foto, acompañados del libro ‘El arte de amar’.La imagen la publicó Barreras en su cuenta de Twitter y generó un sinfín de comentarios, pues los usuarios en las redes cuestionaron que durante la campaña electoral se atacaron y ahora pareciera haber una reconciliación.Y es que, es de recordar, que en la recta final de la campaña presidencial se revelaron los denominados ‘petrovideos’, en los que aparece Roy Barreras diseñando una estrategia para dividir a la Coalición Centro Esperanza, principalmente, a Alejandro Gaviria y Sergio Fajardo.“Pensemos tácticamente si hay que dividir el centro. Si eso sirve de algo, de una coger al abandonado Fajardo y traerlo. O más bien, nos vamos de frente contra Alejandro Gaviria. Decidan qué hacer. Nosotros estamos listos para ir a la batalla. (…) Tenemos que irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y no puede ser Petro el que lo ataque. Él no lo puede tratar mal, pero yo sí lo puedo tratar mal”, dice Barreras en uno de los videos.Posteriormente, frente a estos ‘petrovideos’, el exrector de la universidad de Los Andes se pronunció y señaló que, aunque “le dolieron muchos de los ataques y calumnias”, no se quedaría “rumiando rencores y coleccionando agravios”.
La esposa del candidato presidencial Rodolfo Hernández, Socorro Oliveros, denunció ante la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía a Gustavo Petro y a Roy Barreras, gerente de la campaña del Pacto Histórico, por el escándalo de los "Petrovideos". Según Oliveros, las grabaciones dejaron al descubierto dos presuntos delitos: violación de topes o límites de gastos de campaña y fraude procesal. Según la esposa de Hernández, quien es gerente de campaña de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, las conversaciones que sostuvieron los integrantes del Pacto Histórico en dichos videos darían cuenta de aportes de empresas y empresarios que no estarían dentro de los reportados ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Socorro Oliveros hizo referencia, entre otros, a apartes donde se menciona al empresario Christian Davies y a la empresa Supergiros. Vea también: "Hay miedos infundados", astrólogo dice quién ganará la Presidencia en segunda vuelta“Estas denuncias se basan en los videos publicados esta semana por los medios de comunicación. En estos se aprecian conversaciones que dan cuenta sobre aportes realizados por empresas y empresarios a la campaña de Gustavo Petro que no aparecen en los registros de aportes a la campaña entregados al Consejo Nacional Electoral”, escribió Socorro Oliveros.Hernández, por su parte, mediante sus redes sociales aseguró que se contra él existe una campaña desprestigio, aseguró que sacará 13 millones de votos en segunda vuelta y expresó su preocupación por la polarización. Así reportó este hecho Noticias Caracol.
La más reciente encuesta Invamer, realizada para BLU Radio, Noticias Caracol y El Espectador , prevé unos resultados muy apretados en segunda vuelta, teniendo en cuenta que, a los dos candidatos, Gustavo Petro (47.2) y Rodolfo Hernández (48.2 %), los separa un punto porcentual.Martín Orozco, director de la firma encuestadora, habló en El Radar sobre el reciente resultado que muestra un cerrado duelo de cara a las urnas el próximo domingo 19 de junio“Habrá que ver ese voto en blanco si logra Rodolfo Hernández recuperarlo nuevamente y subir”, indicó Orozco.De acuerdo con Orozco, la diferencia podría estar a favor de uno y otro candidato, teniendo en cuenta el margen de error de la encuesta, que indicó un empate técnico entre el candidato del Pacto Histórico y el de la Liga de Gobernantes contra la Corrupción.El tema de los ‘Petrovideos’ le pueden pasar factura al candidato del Pacto Histórico, las imágenes que se dieron a conocer en los últimos días podrían afectar a Petro.“El votante de Gustavo Petro es bastante firme, quizás los escándalos lo perjudiquen en votos nuevos”, indicó Orozco.
Continúa la polémica por los llamados 'Petrovideos' que fueron conocidos esta semana en el país en los que se observó toda la estrategia del Pacto Histórico de cara a las elecciones del 2022.En las últimas horas surgió un fuerte enfrentamiento entre Armando Benedetti y el electo representante a la Cámara por el departamento de Atlántico, Agmeth Escaf. En uno de los videos se escuchó al senador hablando del representante."Lo que quiero que entiendas es que Agmeth le está chupando la rueda en este caso a María Antonia porque iría con Petro. Él va solo y solo saca 1.500 votos. Con Petro que puede llegar a 15 mil o 30 mil", expresó Benedetti"No te confíes", respondió Verónica Escocer."Claro que sí, lánzalo solo para que veas. Madre si llega a 2.000 votos", agregó el congresista Armando Benedetti.Frente a lo dicho por hoy senador, el representante electo por el Atlántico, Agmeth Escaf, se pronunció al respecto y señalo lo siguiente en su cuenta de Twitter."El senador Benedetti, da por perdida la curul en el Atlántico en las pasadas elecciones. Dijo que sacaría como mucho 1.500 votos si me lanzaba solo y que con Petro a duras penas sacaría 15.000. Evidentemente no atinó", dijo el también actor y presentador de televisión."Sacamos 165 mil votos sin apoyo de clanes políticos y sin plata. Muchos más de los 70 mil que sacó él cuando se lanzó la última vez. Y muchos más que los votos que sacó la lista del Pacto para Senado", añadió Escaf.A lo que el senador Benedetti respondió en sus redes sociales. "Amigo @agmethescaf a lo que me refería es que tú solo como candidato sacabas 1.500 votos, pero de la mano del Pacto Histórico asegurabas la curul. Y así fue. Saludos".La Fiscalía anunció una investigación por los denominados ‘Petrovideos’ , en los que Roy Barreras, integrante de la campaña del Pacto Histórico, habló sobre una estrategia para atacar a miembros de la Coalición Centro Esperanza y sobre unas visitas al pabellón de extraditables de La Picota.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
Roy Barreras, senador del Pacto Histórico, anunció desde su cuenta de Twitter que guardará silencio por lo que resta de la contienda electoral para no afectar la campaña del candidato a la presidencia, Gustavo Petro.Lo anterior ante el reciente escándalo por cuenta de los denominados 'Petrovideos' que fueron publicados esta semana, en los que se observa la estrategia que planteó el Pacto de cara a las elecciones presidenciales, y en los que Barreras aparece como actor principal."A los medios de comunicación que amablemente me han ofrecido sus espacios, gracias. Pero me aislo totalmente estos últimos días de campaña para no seguir siendo usado como flanco de ataque contra @petrogustavo, un hombre bueno y transparente que gobernará a Colombia para bien”, expresó el congresista en esta red social.En varios de los videos que se han conocido, se vio al senador Barreras refiriéndose a la estrategia del Pacto Histórico de atacar y desacreditar a los excandidatos Alejandro Gaviria, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez, para ganar la contienda electoral.Por el contenido de esos videos, algunos sectores interpusieron denuncias buscando sanciones contra esta colectividad, con miras a los comicios del próximo domingo 19 de junio.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca el impacto de los ‘Petrovideos’ en la campaña del Pacto Histórico:
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.
