Como una de las promesas de Gobierno planteadas por Andrés Julián Rendón al inicio de su periodo, la Administración Departamental recientemente entregó un balance donde aseguró que logró recortar 235.000 millones de pesos en funcionamiento implementando un plan de austeridad.Esto consistió, según el gobernador, en llevar a cabo acciones como no ocupar la totalidad de los cargos directivos de libre nombramiento y remoción que venían de la estructura del gobierno anterior, reducir los contratos directos bajo la modalidad de prestación de servicios, así como viajes al exterior, planes de celular, publicidad, entre otros. Rendón manifestó que durante 2024 se ejecutaron en total 806.376 millones de pesos."Esto no ha sido fácil de hacer, porque este tipo de medidas de la autoridad le fastidian mucho a algunos políticos y algunos líderes sindicales, pero es una promesa nuestra de campaña y hemos buscado honrarla a pie juntillas", manifestó el mandatario.Los recursos ahorrados, producto de este plan de austeridad, expresaron desde la Administración Departamental, se seguirán invirtiendo en programas y proyectos de infraestructura física como la vía al mar Gonzalo Mejía Trujillo; vivienda; gestión, atención y prevención de desastres y en programas para la disminución del hambre como Arrullos Antioquia, el de alimentación escolar y los Beneficios Económicos Periódicos: pensiones vitalicias para personas mayores en pobreza extrema y en condición de discapacidad.
El Gobierno nacional anunció un plan de austeridad y recorte del gasto que implicará ahorros para las cuentas de la nación por más de 600.000 millones de pesos.El plan de austeridad es obligatorio para todas las entidades que hacen parte del Gobierno central como ministerios, departamentos administrativos, agencias, entre otros."Como se viene trabajando hace rato, el Gobierno tiene que ser más eficiente en el gasto y más austero. Y aquí la austeridad se debe reflejar en términos de reducir los costos de viaje, reducir costos de publicaciones, y otros tipos de costos en los cuales efectivamente solo gaste en lo absolutamente necesario e indispensable. No nos vamos a concentrar, como lo hicieron otros gobiernos, a pensar en reducir el café y el papel higiénico. Ese no es nuestro problema", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.Bonilla explicó que un punto importante será el gasto en arrendamientos. Varias entidades están 'gitanas' en Bogotá luego de que salieran del Centro Administrativo Nacional (CAN) y no se construyera un nuevo edificio como estaba en los planes. Bonilla dice que ahora hay que asegurarse de que los arriendos que hoy tienen que pagar esas entidades sean a precios de mercado y que avance el proyecto de construcción de la empresa inmobiliaria nacional Virgilio Barco.¿Por qué hay un decreto de austeridad en Colombia?Desde el Gobierno de Juan Manuel Santos, hace ya más de cinco años, los presidentes firman un plan de austeridad anual.Lo hacen porque año a año el Congreso introduce en la ley de presupuestos un artículo que obliga al Gobierno a adoptar medidas de recorte y medidas que eviten los gastos suntuosos. La idea es que cada año el mecanismo sea más estricto.Por ejemplo, después de la pandemia del COVID-19 el decreto empezó a incluir la obligación de hacer eventos virtuales o en sedes propias en lugar de acudir a un mayor gasto en logística.Este es el segundo plan de austeridad con la firma del presidente Gustavo Petro y el primero bajo la supervisión del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla.
Durante su visita a Neiva, el contralor General de la República, en funciones, Carlos Mario Zuluaga, se refirió al análisis que ha venido haciendo en ente de control sobre el comportamiento de la regla fiscal y alertó por la evolución de los indicadores de la deuda pública.Anticipó los resultados del estudio donde se indica que en los últimos 20 años se incrementaron las finanzas públicas del Gobierno Nacional Central.”En los últimos 20 años, el Gobierno Nacional multiplicó su deuda en 7.82 veces, pero el mayor crecimiento de la deuda del país se presentó en los últimos 3 años, a partir del año 2020 precisamente después del COVID. Esta deuda, la estamos contando hoy aquí a los colombianos porque estamos en un momento en que se está revisando la devaluación, la inflación, el endeudamiento y la capacidad de inversión que puede tener el Gobierno".Reitero que la pandemia disparó el ritmo de endeudamiento del País y nos colocó por ejemplo a analizar varios factores que explicaron y tiene que ver uno con el ajuste del déficit fiscal que realizó el gobierno nacional de 77 billones que equivale al 5.3% del PIB y también a una depreciación del peso y una aceleración de la inflación. Ante este panorama durante su intervención hizo además un llamado a la austeridad y para que se controlen los gastos del Estado, que ha tenido un comportamiento acelerado y donde la deuda se ha triplicado.Entonces esto es importante y es un llamado para que haya más austeridad, para que los gastos del Estado se pueden controlar porque la deuda de alguna manera ha tenido un comportamiento no ahora sino en los últimos 20 años bastante Acelerado, puntualizó Zuluaga.Le puede interesar:
En una comunicación interna firmada por el general Ruddy Arias, jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas, el Ejército les pidió a los comandantes de brigadas, divisiones y batallones, ahorrar en el consumo de las baterías de los radios."Prever austeridad consumo de baterías referencia BD1207 (...) ante carencia de existencias", dice el texto.Y en esa medida, les piden usar los equipos disponibles en unidades de esfuerzo especial así como establecer otros medios de comunicación alternativos.En Blu Radio consultamos al Ejército y desde allí confirmaron que el documento, fechado el 2 de enero de 2023, es verídico.Explicaron además que esta decisión se dio porque no se alcanzó a hacer el respectivo contrato para la adquisición de las baterías antes del cierre de 2023.Esto, detallan, fue una consecuencia del aumento considerable del costo insumos que se importan para fabricar dichos equipos y por ello decidieron esperar la estabilización y hacer la contratación este 2023.Sobre los riesgos para las operaciones o afectaciones para transmitir las instrucciones en medio del cese al fuego bilateral, el Ejército aseveró que tienen la cantidad suficiente para distribuir mientras llegan las nuevas unidades.
Evaluar recortes a los contratos de vigilancia y seguridad, una montaña de requisitos antes de poder contratar a alguien por prestación de servicios y medidas mucho más estrictas en materia de publicidad estatal son las apuestas del Gobierno de Gustavo Petro en materia del plan de austeridad para el 2023.Atentos contratistas: no será tan fácil renovarEl Ministerio de Hacienda está evaluando la firma de un decreto que contiene el primer plan de austeridad del nuevo gobierno, que debería firmar el presidente Gustavo Petro en las siguientes semanas.Uno de los temas más importantes es que habrá mayores requisitos a la hora de contratar a alguien a través de una orden de prestación de servicios, es decir, como contratista. Según el documento, “la necesidad de estos contratos deberá justificarse detalladamente, caso a caso, en los documentos precontractuales, entre otros, con las cifras de procesos, el numero de proyectos, la gesti6n mensual, razones de la complejidad del servicio a contratar y el tiempo durante el cual se requerirá ese apoyo, que en ningún caso tendrá vocación de permanencia”Esto impone más requisitos a la hora de hacer el papeleo de las firmas pero, además, hay otro requisito clave. Las entidades no podrán justificar un contrato de este tipo en que necesitan más personal si en sus plantas hay cargos vacantes por más de seis meses. Dicho de otro modo, deben acelerar el nombramiento de personas como funcionarios de planta.A esto hay que sumarle la orden presidencial de recortar los contratos de prestación y otros rubros de gasto en un 30 % en el año 2023.¿Menos vigilantes?Otra de las medidas clave tiene que ver con los contratos de vigilancia y seguridad privada. Este decreto incluye una medida que el Gobierno anterior no tenía en el radar y es evaluar recortes en esta área.“Las entidades evaluarán la viabilidad de implementar dispositivos tecnológicos como cámaras, alarmas u otros dispositivos, con el fin de reducir el gasto con este tipo de contratos”, indica el artículo 13 del borrador.Actualmente, las entidades no contratan directamente a los vigilantes sino que lanzan contratos de vigilancia y seguridad privada y son esos contratistas quienes vinculan a las personas que cuidan los edificios.Con el cambio, podría existir un incentivo a que esas empresas ofrezcan más servicios basados en la tecnología y menos en el número de personas.Las medidas que continúanEl grueso del paquete de austeridad se mantiene prácticamente inalterado frente a lo que se hacía en el gobierno de Iván Duque.Por ejemplo, la publicidad debe pasar primero por el Departamento Administrativo de la Presidencia para que se apruebe el contrato se pide a las entidades no gastar en regalos o artículos de mercadeo (como agendas, pocillos, entre otros), se pide desmontar el pago de celulares corporativos y se busca que todo el mundo compre tiquetes aéreos en clase económica a menos que sea un viaje de más de ocho horas.Escuche el podcast Emprender, fallar y triunfar:
El senador Gustavo Bolívar les salió al paso a las críticas que han surgido por la compra, para la Casa de Nariño, residencia del presidente de la República, Gustavo Petro, de objetos como un televisor de 85 pulgadas, con un costo de $27.4 millones, también una cubierta en vitrocerámica de 7 millones de pesos, una plancha vertical de $754.400 y un sartén antideslizante que costó $399.900, entre otros electrodomésticos.Para el senador del Pacto Histórico, este tipo de compras no obedecen a peticiones del presidente Petro, sino a que “algún funcionario se quiso lucir”.El trino de Bolívar trata de dar explicación a las compras que se hicieron a través de la empresa Polyflex, que señaló que este año completaron una década contratando con el Estado.Lo llamativo del caso es que algunos de los elementos comprados se encuentran en un valor mucho menor en el mercado, por ejemplo, el sartén es vendido en almacenes de cadena a $77.000, el que compraron cuesta $399.900.En otra la orden de compra 96479, que tiene el mismo objetivo y las mismas fechas de la anterior y en la que se invirtieron casi $80 millones. Allí aparecen compras como Duvets de tela de 300 hilos que cuestan $1.900.000 cada uno, se compraron 8; se compraron 16 fundones decorativos y cada uno a $500.000 pesos; juego de cama de tela de 500 hilos que fueron pagos a $2.110.000 cada uno, además de dos plumones (cobijas) en pluma de ganso a $4.079.000 cada uno.Directivas de la empresa Polyflex señalaron que no son una 'fachada' y que en la pequeña sede ubicada en la localidad de Suba, en el norte de Bogotá , solo trabajan dos personas encargadas de todo el tema legal para la contratación, pero que la sede principal y la fábrica funciona en el municipio de Dosquebradas, Risaralda.La firma indicó también que nació en 1995 como una fábrica de colchones, pero que han venido "creciendo su línea de negocios" con cientos de productos, hasta el punto de que hoy manejan también en su catálogo otros insumos de ferretería, menaje y lencería, entre otros.
Blu Radio conoció la directiva que firmó el presidente Gustavo Petro con varias medidas para buscar la austeridad en el gasto en el Gobierno. Dentro de la estrategia se cuentan: no entregar contratos de prestación de servicios a quienes ya tienen otros contratos, limitaciones en vacaciones, viáticos y vehículos oficiales, ente otros. Además, se prohíbe la indemnización de vacaciones. “Los Jefes de Talento Humano se encargarán de la planeación de los periodos de disfrute de vacaciones de todo el personal de planta desde el inicio de cada anualidad, y propenderán por el cumplimiento del plan anual de vacaciones”, cita el documento conocido de manera exclusiva por Blu Radio. Sobre los viáticos, cada entidad tendrá que justificar por qué no se usan medios virtuales y se ordena que los viajes se planeen trimestralmente; además, se tendrán que aprovechar los viajes para hacer las visitas en las zona para no repetir desplazamientos.Termina feria de vehículos oficialesOtro tema polémico del plan del Gobierno es el de los vehículos. Solo podrá asignarse vehículos oficiales a funcionarios del nivel directivo y excepcionalmente, con previa justificación, a funcionarios del nivel asesor.En cuanto a publicidad, se prohíbe el uso de recursos públicos, o de créditos multilaterales o recursos de proyectos de inversión, para eventos de publicidad o publicaciones de tipo promocional.Para arrendamientos, se debe verificar si hay sedes de otras entidades que puedan servir, antes que destinar recursos del erario para ello. Para disminuir los gastos, se avanzará en los planes de acción para la implementación del trabajo remoto, conforme a las directrices del Ministerio del Trabajo.En temas de servicios públicos se buscará la instalación de grifos ahorradores, bombillos ahorradores y temporizadores, paneles solares, entre otros recursos que permitan un uso adecuado de los recursos.Conozca la directiva de austeridad del Gobierno de Gustavo Petro: Le puede interesar: Noticias del día en Colombia
Al menos diez personas fallecieron y dieciséis más resultaron heridas este jueves durante una riña en el penal de El Castillo en Mazatlán, en el estado de Sinaloa (noroeste de México), lo que generó un fuerte despliegue de fuerzas federales en la zona, según confirmaron las autoridades locales.Entre los fallecidos hay nueve reclusos y un menor de edad que estaba de visita, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa -en un mensaje en X-. La institución agregó que los dieciséis lesionados también son personas privadas de la libertad. "El resto de la población penitenciaria se encuentra bien", aseguró el comunicado.La riña fue controlada tras la intervención de un grupo interinstitucional y será la Fiscalía de Sinaloa la encargada de esclarecer los hechos, añadió la Secretaría.Finalmente, el mensaje señaló que las instalaciones permanecerán resguardadas por las autoridades sin acceso temporal de visitas.Los hechos ocurrieron en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude) en la localidad de El Castillo, al sur de Mazatlán, uno de los principales centros turísticos del Pacífico mexicano.De acuerdo con los primeros reportes, se escucharon disparos dentro de la prisión, y posteriormente se restringió el acceso al recinto mientras las fuerzas de seguridad intervenían para controlar la situación.Al menos ocho ambulancias ingresaron al centro penitenciario, según informes de la prensa local. En el exterior del penal, las familias de personas privadas de la libertad exigían información sobre sus seres queridos, mientras las visitas permanecían suspendidas, según los reportes.El motín ocurre en un estado sacudido por una prolongada crisis de violencia. Sinaloa vive desde septiembre de 2024 una escalada de hechos violentos ligada a la disputa entre Los Chapitos y Los Mayos, facciones del Cartel de Sinaloa enfrentadas tras la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada.Aunque la disputa comenzó en Culiacán, con el paso de los meses se extendió a municipios del sur del estado, como Mazatlán, donde las autoridades han reportado homicidios, desapariciones, ataques armados y decomisos de armas y explosivos.Esa ola de violencia ha persistido pese a los sucesivos operativos policiales y al refuerzo de tropas federales en la región, con recientes nuevos despliegues hacia Culiacán y Mazatlán.
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó 30 medidas de cumplimiento inmediato para corregir situaciones que afectan la calidad, oportunidad y seguridad de la atención en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. De estas, 23 fueron dirigidas a la institución hospitalaria y 7 a la Gobernación del Archipiélago.La decisión se tomó, luego de las visitas de inspección y seguimiento realizadas por la Supersalud, en las que se identificaron reiterados incumplimientos relacionados con la prestación de servicios, seguridad del paciente, pagos de servicios médicos especializados, disponibilidad de medicamentos e insumos, infraestructura, capacidad resolutiva y gestión administrativa y financiera.La Superintendencia ordenó al hospital fortalecer la prestación de los servicios de salud mediante la vinculación de un director científico de tiempo completo, la normalización de los pagos por servicios médicos especializados y el fortalecimiento de áreas críticas como urgencias, hospitalización, UCI, salud mental, unidad renal, cirugía, laboratorio clínico y banco de sangre.Además, deberá reducir los represamientos en estudios diagnósticos, gestionar las listas de espera quirúrgicas, garantizar la disponibilidad de medicamentos e insumos, mejorar la infraestructura y la dotación de sus sedes y corregir los retrasos en los pagos al talento humano.La Secretaría Departamental de Salud deberá fortalecer el seguimiento al hospital para verificar que los servicios reportados correspondan a los que realmente están disponibles para los usuarios. También tendrá que hacer control al mantenimiento de la infraestructura y la dotación hospitalaria, garantizar que existan las condiciones necesarias para la prestación de los servicios y contar con el personal idóneo para adelantar los procesos administrativos sancionatorios que correspondan.Además, deberá consolidar y revisar los recursos asignados al hospital en el año 2023, evaluar los proyectos financiados, actualizar los planes de acción a financiar con recursos 2024, 2025 y 2026 y establecer los mecanismos permanentes de monitoreo que permitan asegurar la correcta inversión de estos recursos, la transparencia en su manejo y la adopción de medidas oportunas ante cualquier irregularidad identificada.La Superintendencia ha activado un plan de seguimiento permanente y continuo para verificar el cumplimiento de estas órdenes y seguir con el análisis de la situación de la prestación de los servicios en el hospital de San Andrés, con el fin de establecer si hay lugar a medidas adicionales.
Una persona resultó herida este jueves en el barrio de Marble Hill, en Nueva York, en un incidente en el que estarían involucrados agentes del ICE, informó la Policía de Nueva York (NYPD).La New York Immigration Coalition (NYIC), una organización de defensa de los inmigrantes, afirmó en un comunicado que el disparo fue efectuado por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).El suceso ocurrió alrededor de las 16:00 hora local (20:00), señaló la NYPD a través de X. La persona herida fue trasladada a un hospital cercano, donde se encontraba consciente y recibía atención médica, agregó la institución.La Policía de Nueva York señaló que no estuvo involucrada en el incidente ni se encontraba en la escena en el momento del tiroteo.La NYIC reclamó una investigación inmediata y la publicación de las imágenes de las cámaras corporales de los agentes.El presidente y director ejecutivo de la NYIC, Murad Awawdeh, pidió que se depuren responsabilidades si se determina que los agentes utilizaron una fuerza excesiva y reclamó mayor transparencia sobre el incidente.Marble Hill es un barrio pequeño situado en el extremo norte de Manhattan, aunque el NYPD lo identificó en su comunicado como parte del Bronx.Nueva York es una ciudad "santuario" para los inmigrantes, por lo que las autoridades locales limitan su cooperación con las agencias federales de inmigración, aunque estas pueden realizar sus propias operaciones en la ciudad.
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) confirmó oficialmente la presencia del fenómeno de El Niño en Colombia, un evento climático que podría prolongarse hasta el final del primer semestre de 2027 y que representa riesgos para el abastecimiento de agua, la generación de energía y la ocurrencia de incendios forestales.Andrés Herkrath, director general del Ideam, explicó que se cumplieron las condiciones técnicas para declarar oficialmente el fenómeno, cuya intensidad se encuentra entre fuerte y muy fuerte. Según las proyecciones presentadas, existe una probabilidad del 83 % de que se mantenga al menos hasta marzo de 2027.Ante este escenario, el Gobierno nacional ordenó la articulación de las entidades responsables de la gestión del riesgo, con el objetivo de que los planes de contingencia estén formulados y activados a más tardar el 30 de noviembre.La instrucción se enmarca en la Directiva Presidencial 03 y la Ley 1523 de 2012. Entre las medidas previstas se encuentran la actualización de los planes municipales y departamentales de respuesta, la identificación de fuentes alternas de agua y el fortalecimiento de las capacidades de los organismos de emergencia.“Los alcaldes deben reunir su consejo municipal de gestión del riesgo, actualizar la estrategia de respuesta y los planes de contingencia, asegurar fuentes alternas de agua y tener vigentes los convenios con los bomberos (...). Los gobernadores deben convocar su consejo departamental, acompañar a los municipios con menos capacidad y saber con qué equipos y personal cuenta el departamento”, explicó Herkrath al detallar las responsabilidades de las autoridades locales.La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) deberá coordinar las capacidades de respuesta en los territorios y consolidar información para hacer seguimiento a las acciones de las distintas entidades. También se contempla el uso de herramientas satelitales para fortalecer el monitoreo de los incendios forestales.Por su parte, el Ministerio de Ambiente deberá acompañar a los territorios en la protección de las fuentes hídricas y los ecosistemas estratégicos. Los ministerios de Minas y Energía, Agricultura, Vivienda y Salud, con el apoyo de las carteras de Defensa, Transporte e Interior, tendrán responsabilidades relacionadas con el abastecimiento de agua y energía, la producción de alimentos, la salud y la movilidad.“Las empresas de acueducto y energía, bajo la vigilancia de las Superservicios, deben activar y reportar sus planes de emergencia conforme al Decreto 2157 de 2017”, aseguró el director general del Ideam.Uno de los principales desafíos será mantener la seguridad energética del país, debido a la dependencia de la generación hidroeléctrica de los niveles de agua en los embalses.En su declaración, Herkrath indicó que el Gobierno puso en marcha un plan de choque para adoptar medidas preventivas frente al riesgo de afectaciones en el sistema eléctrico. La estrategia contempla cuatro líneas de acción: promover el ahorro de energía, garantizar la disponibilidad de gas y otros combustibles, fortalecer el despacho de las plantas térmicas y aprovechar al máximo la capacidad de generación existente.“La meta no es explicar el apagón, es evitarlo. El Ideam sigue monitoreando y entregando la información al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo”, afirmó el director del instituto.El Gobierno también hizo un llamado a la ciudadanía para utilizar de manera eficiente el agua y la energía, evitar las quemas y fogatas, y reportar oportunamente los incendios forestales.Mientras el Ideam mantiene el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas, las autoridades deberán avanzar en la preparación de sus territorios para reducir los riesgos asociados a El Niño durante los próximos meses.¿Habrá lluvias durante el fenómeno de El Niño?Aunque Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, el fenómeno de El Niño no significa que las precipitaciones desaparezcan por completo. El pronóstico del Ideam apunta a lluvias por debajo de los niveles esperados, principalmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.“Octubre y diciembre son la segunda temporada de lluvias y lloverá por debajo de lo esperado, sobre todo en las regiones Andina, Pacífica y Caribe, siendo diciembre el mes de mayor déficit”, advirtió el director del Ideam.Herkrath también señaló que la preparación debe contemplar otros riesgos asociados a las condiciones climáticas de la temporada, como las crecientes súbitas, los deslizamientos y las inundaciones.“Prepararse solo para la sequía e ignorar crecientes, deslizamientos e inundaciones de esta temporada sería un error”, sostuvo.El panorama también genera preocupación por el aumento de las temperaturas, la reducción de la disponibilidad de agua y la propagación de incendios forestales.
Tras una labor de inteligencia y después de recibir información de una fuente humana, autoridades lograron la captura de dos personas, quienes tenían en su poder más de 83 kilogramos de material explosivo que iban a ser utilizados en un atentado terrorista en la capital de Nariño.Durante la inspección al automotor en el que se desplazaban estos hombres, el cual, según el alcalde de Pasto, Nicolás Toro, registraba adulteración en el sistema de placas, se logró la incautación de dos cilindros que contenían material explosivo.El mandatario dijo que esta acción permitió a las autoridades actuar oportunamente y neutralizar la amenaza tras la aprehensión de dos hombres personas que, de acuerdo con la información oficial, tienen varias anotaciones judiciales por diferentes delitos, entre ellos, porte ilegal de armas y rebelión.El alcalde de Pasto, Nicolás Toro Muñoz, reconoció el trabajo de inteligencia tras advertir que la coordinación institucional permitió actuar de manera rápida para evitar que el material explosivo fuera utilizado afectando la tranquilidad y seguridad de la ciudadanía."Una estructura armada ilegal intentó dañar la tranquilidad del municipio introduciendo artefactos de alto poder explosivo. Hoy, estos artefactos han sido destruidos de manera controlada y los responsables, capturados. Damos un parte de tranquilidad porque las autoridades y los organismos de inteligencia siguen trabajando en nuestro municipio”, aseguró el mandatario.El jefe de la administración local dijo que la alcaldía mantiene su compromiso de continuar trabajando de manera articulada con la Fuerza Pública y las demás instituciones para fortalecer la seguridad y contribuir a preservar la tranquilidad de los habitantes del municipio.Mientras tanto, la comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto, coronel Andrea Carolina Cáceres, informó que los dos hombres capturadas fueron presentados ante un juez de control de garantías, quien de inmediato los judicializó. Además, se realizó la destrucción controlada de más de 83 kilogramos de material explosivo encontrados en los cilindros neutralizados.Por su parte, el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar se reunió con los comandantes de la Policía, Ejército y el alcalde de Pasto y afirmó que en lo que va corrido del año se han frustrado cerca de nueve amenazas.Manifestó Escobar que este resultado refleja la importancia del trabajo de inteligencia, el intercambio de información y la articulación entre las instituciones para anticiparse a situaciones que puedan poner en riesgo la seguridad de la comunidad nariñense.
