China eliminará a partir del 29 de abril el requisito de pruebas PCR que todavía mantenía para viajeros procedentes de algunos países.La portavoz de la Cancillería china Mao Ning explicó hoy en una rueda de prensa que, con el propósito de "facilitar aún más los intercambios entre China y el resto del mundo", las personas que viajen al país asiático "pueden realizar una prueba de antígenos en lugar de una de ácido nucleico" en "las 48 horas previas al embarque".Mao recomendó que los viajeros "protejan su propia salud" antes de emprender el trayecto y que "vigilen" su situación sanitaria.El pasado marzo, embajadas del país asiático en numerosos países ya anunciaron la retirada del requisito de PCR para viajar a China, aunque este siguió en vigor para los pasajeros procedentes de algunas naciones.China aplicó durante casi tres años una estricta política de 'cero covid' que implicaba un cierre casi total de fronteras: se dejaron de expedir varios tipos de visados y solo los ciudadanos chinos y un número reducido de extranjeros podían entrar al país, tras lo cual les esperaba un mínimo de 14 días de cuarentena en un hotel asignado por las autoridades y costeado por el viajero.El país comenzó a desmantelar la estrategia a finales de 2022, y el pasado 8 de enero redujo de la categoría A -nivel de máximo peligro- a la B la gestión de la enfermedad, marcando así en la práctica el final de esta política y el fin de las cuarentenas, si bien las autoridades mantuvieron vigente el requisito de una prueba PCR negativa en las 48 horas previas a la entrada en China para todos los viajeros. A raíz de la oleada de contagios registrada en China tras la relajación de las restricciones, algunos países implementaron en enero requerimientos de pruebas PCR a viajeros procedentes de China, para después retirarlos a medida que el número de contagios remitió en el país asiático. Le puede interesar: Truco para saber si hay que cambiar las llantas del carro:
El pasado 17 de enero, Silvana, una joven de 19 años, llegó al aeropuerto El Dorado de Bogotá desde Noruega e iba con destino a la ciudad de Pereira. Allí fue víctima de una presunta extorsión en medio del proceso de migración por parte de una enfermera.Blu Radio logró conocer de primera mano la historia de la madre de Silvana, Lorena Granada, ya que asegura que su hija se encuentra atemorizada por temor a represalias.“A ella le hacía mucha ilusión viajar a Colombia porque era la primera vez que lo hacía sola y como adulta. Ella iba a viajar sin mí, no lo hacía desde el 2013 (…) Ella llegó el 17 de enero y estaba haciendo las diligencias de migración, ella no había tenido en cuenta de que en Colombia estaba requiriendo PCR y el carné de vacunas. Ella es muy jovencita, ella no está al tanto de eso y mucha gente estaba diciendo que ya no estaban requiriendo nada de eso”, expresó Lorena Granada.Silvana no estaba vacunada porque su mamá le pidió que no lo hiciera, una vez estaba llegando al punto en el que le requerían sus documentos: “La abordó una enfermera cerca de migración, le pregunta ¿Usted de dónde viene? Y ella le responde, de Noruega; la enfermera le pide los documentos y ella le dice que no trae el carné de vacunación y la enfermera le dice que la espere en el baño”.En el baño, la enfermera le dice a Silvana que: “Yo a usted la puedo entregar a Migración porque usted no trae ni carné de vacunas ni PCR, pero yo le puedo colaborar si usted me da 100 dólares en efectivo, yo la dejo pasar y ya está”, cuenta Lorena mientras asegura que su hija entró en pánico.La pregunta que se hacían en ese momento era por qué no era posible hacerse una prueba PCR antes de subir al vuelo que la llevaría a la ciudad de Pereira. Después de cuestionar, la enfermera les pidió más dinero y subió su extorsión hasta los 500.000 pesos.“La cuestión pasó de 100 dólares a 500.000 pesos. Eso se envió y la señora estaba espiando muy bien a mi hija con el fin de que no se comunicara con la Policía ni nada. Entretanto, esas personas se llevaron a mi hija a un cuarto de salud esperando a que el giro del dinero se diera”, cuenta con preocupación la madre de Silvana.Desde Noruega y al ver la situación que estaba atravesando su hija a miles de kilómetros de distancia en Colombia publicó un post en Facebook en el que describía la situación y pidió a sus contactos que le informaran a la Policía y el Gaula.“Hubo varios minutos en los que le quitaron el celular y no podíamos comunicarnos con ella. Eran minutos de mucha angustia, estábamos muy asustados. La última vez que hablamos con ella estaba sufriendo un ataque de pánico”, dice la mamá.Blu Radio además pudo conocer las grabaciones de la llamada en la que se escucha la conversación entre la prima de Lorena, la enfermera y Silvana mientras esta última estaba en una sala a la espera de que hicieran la transferencia.Después de haber pagado la presunta extorsión, Silvana pudo subirse al avión con rumbo a Pereira. A pesar de que ella dejó pasar la situación, su madre estaba muy indignada por lo ocurrido. Aseguró que hubo demoras y negligencia por parte de la Policía, sus familiares llamaron al Gaula y según ella les decían “No, eso no es extorsión, eso es un chantaje, vuelvan a llamar a la Policía, y lo único que hacían era hacer perder tiempo a la gente”.Sin embargo, no fue hasta que Lorena no les dijo a las autoridades que estaba informando a la prensa del tema que empezaron a darse algunos resultados.Después de que la Policía conoció los hechos identificaron a la enfermera a quien le pidieron que devolviera el dinero que se le había entregado.“Ella llamó a mi prima a reclamarle que por qué nosotros la habíamos denunciado e hizo la devolución del dinero, dijo que le solucionáramos el problema y no, no nos dio la gana de solucionarlo, seguimos con la denuncia ni por venganza ni por nada personal, sino porque no queremos que esto siga pasando”, dice Lorena Granada.Lorena cuestionó la labor de Migración Colombia por no ayudar a Silvana a practicarse una prueba PCR en el país y no devolverla a Noruega.Por ahora, Silvana está en Pereira con sus familiares a salvo.“Ella está muy jovencita, ella tiene miedo, le causaron una primera impresión horrible, de tantos años que llevaba y tenía un recuerdo muy bonito de Colombia y ahora le han manchado todo eso. Ella ahora está llena de miedo, no quiere salir, se ha puesto a llorar conmigo porque va a estar ahí por un mes, pero dice que se le hace muy largo, ella extraña la casa, me extraña”, cuenta con preocupación.Zozobra vive en este momento Silvana que teme salir de la finca en la que se encuentra en Pereira con su familia y espera pronto volver a Noruega.Entre tanto, ni Migración Colombia o el aeropuerto El Dorado se han pronunciado ante este caso de presunta extorsión.Le puede interesar:
Estados Unidos requerirá para ingresar al país pruebas negativas de COVID-19 a todos los viajeros aéreos provenientes de China, alegando que Pekín no comparte suficiente información sobre el aumento de casos de coronavirus allí, anunció un funcionario de la salud federal el miércoles.A partir del 5 de enero "todos los pasajeros aéreos de dos años o más cuyo origen sea China deberán hacerse una prueba de no más de dos días antes de su salida desde China, Hong Kong y Macao, y mostrar un resultado negativo a las aerolíneas al momento de la salida", indicó el funcionario."El rápido aumento reciente en la transmisión de covid-19 en China aumenta la posibilidad de que surjan nuevas variantes", según acotó.Según el funcionario, Pekín solamente ha proporcionado datos limitados sobre las variantes que circulan en China a las bases de datos globales, y las pruebas y los informes sobre nuevos casos también han disminuido."Según esta falta de disponibilidad de datos es más difícil para los funcionarios de salud pública de Estados Unidos identificar nuevas variantes que se propaguen" al país norteamericano, dijo.El requisito de la prueba se aplica a los pasajeros del transporte aéreo independientemente de su nacionalidad y estado de vacunación, e incluye a las personas que viajan a Estados Unidos desde China a través de terceros países, así como a las que hacen escala en cualquier aeropuerto estadounidense.
Un error cometido en un laboratorio británico al calificar de "negativos" miles de resultados de test de COVID-19 que eran positivos podría haber provocado la muerte de más de 20 personas, según nuevas estimaciones divulgadas este martes por la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).El fallo cometido en el laboratorio privado de Wolverhapton implicó que los resultados derivados de unas 39.000 pruebas PCR realizadas entre el 2 de septiembre y el 12 de octubre de 2021 fueron reportados como negativos, cuando las personas que se sometieron a esos test estaban infectadas por el coronavirus.A consecuencia de ese error, muchas personas continuaron con sus actividades diarias normales en lugar de aislarse, como indicaba entonces el protocolo, pese a tener el virus.Según análisis efectuados por expertos de la UKHSA, ese error llevó a otras 55.000 infecciones adicionales de COVID-19.Los científicos estimaron que cada persona que recibió el falso negativo infectó, a su vez, a otras dos personas como media, si bien algunas de esas personas continuaron optando por tomar medidas para reducir la propagación del virus.Los investigadores estimaron además que hubo unos 680 admisiones hospitalarias adicionales "que podrían, de otra manera, no haber ocurrido".Le puede interesar "La magia del café de Colombia":"De igual manera, estimamos que podría haber habido algo más de 20 fallecimientos adicionales en estas áreas más afectadas", agregaron.Una pesquisa llevada a cabo por la UKHSA concluyó que ese error se debió a que personal del laboratorio fijó de manera incorrecta el umbral con el cual determinaba los niveles de resultados negativos y positivos."A través de esta investigación, hemos mirado con detenimiento las gestiones para supervisar contratos de laboratorios privados que proporcionaban tests durante este tiempo", señaló Richard Gleave, director de la UKHSA.Consideró también que "no hubo nada que el servicio de detección y rastreo del NHS (servicio sanitario público) pudiera haber hecho de forma diferente para evitar este error en el laboratorio privado".Escuche aquí el podcast Ser campeón viene con manual:
Los turistas y aficionados que vayan a asistir al Mundial de Fútbol 2022 ya no tendrán que presentar una prueba PCR negativa o un test de antígenos a su llegada al país a Catar, aunque sí deberán estar vacunados, informó este miércoles el Ministerio de Salud catarí.El departamento precisó que se ha tomado esta medida porque "el número de casos de COVID-19 continúan cayendo en todo el mundo y en Catar", según un comunicado.Asimismo, apuntó que los ciudadanos, residentes y visitantes en Catar tendrán que cumplir con "las medidas preventivas básicas para reducir el riesgo de infección", que consisten en tener la pauta completa de vacunación, lavarse bien las manos, someterse a pruebas en caso de que aparezcan síntomas de covid y "tener una vida sana".Esta nueva decisión revoca la tomada a finales de septiembre, que estipulaba que los asistentes al Mundial, en noviembre, tenían que presentar antes de entrar a Catar una prueba PCR negativa emitida en su país de salida y hecha al menos 48 horas antes del vuelo, estuvieran o no vacunados.Escuche aquí el podcast de Cómo como: “Ser vegano paga”
Estados Unidos ya no pedirá a los viajeros internacionales un test negativo de la COVID-19 realizado en las últimas 24 horas para ingresar al país, adelantó en Twitter uno de los portavoces de la Casa Blanca, Kevin Muñoz.El anuncio oficial se producirá este viernes y supondrá el fin de una de las principales medidas de EE.UU. para prevenir el contagio de la COVID-19 con viajes internacionales.La cadena CNN, que adelantó la noticia, explicó que la nueva política entrará en vigor a partir de la medianoche de domingo.Los gubernamentales Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) volverán a evaluar la situación en 90 días y decidirán si el requisito de los test de la COVID-19 debe volver a implementarse o no, indicó CNN, que cita a un alto funcionario de la Administración.Los requisitos sobre COVID-19 para viajeros internacionales llevaban vigentes desde enero de 2021 y fueron implementados por el presidente estadounidense, Joe Biden.En principio, las normas pedían a los viajeros internacionales que presentaran pruebas de un test negativo realizado en los últimos tres días para ingresar en el país; pero, en noviembre del año pasado, cuando la variante ómicron disparó el número de casos, Biden estableció que las pruebas de covid-19 debían realizarse 24 horas antes de partir hacia Estados Unidos.Además, se estableció que aquellos que no son ciudadanos estadounidenses ni residentes permanentes deben presentar documentación para probar que están vacunados contra el covid-19.Ese requisito seguirá en vigor, ya que lo único que cambia es la norma sobre las pruebas de covid-19.Las grandes aerolíneas de EE.UU. y el sector turístico llevan presionando al Gobierno de Biden desde hace meses para que elimine las restricciones por COVID con el argumento de que estaban perjudicando al turismo internacional.Escuche el podcast El Camerino:
La capitanía de puerto de Barranquilla confirmó este martes que, de acuerdo con el reciente análisis de planos batimétricos tomados del canal de acceso al puerto de la ciudad, el calado autorizado para las embarcaciones descendió a 7.8 metros para las embarcaciones que arriben y zarpen de esta zona portuaria.La situación se da tras siete días de parálisis en las operaciones para la remoción de sedimentos, como consecuencia de la emergencia sanitaria generada por el contagio de al menos 11 de los tripulantes de la draga de bandera china Xin Hai Hu 9.“Evidenciamos que hay profundidades que permiten un calado máximo de 7.8 metros, esto debido a que no se está realizando dragado en ningún sector ya que la draga continúa en cuarentena. Es una época en la cual se requiere de esa actividad permanente por consecuencia de la actividad del río por las lluvias”, dijo Jesús Andrés Zambrano Pinzón, Capitán de Puerto de Barranquilla.Lea también:El capitán indicó que este martes se le practicaron nuevamente pruebas de PCR a los tripulantes de la draga y aún no se conocen los resultados de ellas. Sin embardo, afirmó que una vez se conozcan, se pueden retomar los trabajos.Para el oficial, dado el comportamiento del río por la temporada de lluvia, es muy probable que en las próximas 48 horas varíe nuevamente el calado.Escuche más noticias:
Si piensa viajar en Semana Santa debe tener en cuenta las medidas que exige el país de destino, ya que la prueba PCR para detectar el COVID es una de las peticiones más comunes al momento de ingresar a otra nación.Las exigencias de cada país pueden ser consultadas en la página web de la respectiva Cancillería, sin embargo, son las aerolíneas las encargadas de hacer la primera exigencia de este requisito desde el momento en que los pasajeros abordan en el aeropuerto El Dorado.Al momento de regresar, las exigencias de las autoridades sanitarias como la Secretaría de Salud de Bogotá, alineada con el Ministerio de Salud y Protección Social, pedirán carné de vacunación a quienes ingresen al país y a la capital colombiana.Además de esto, es necesario presentar una prueba PCR, o de antígeno, para detectar el COVID - 19.Escuche el podcast El Camerino:
La decisión de levantar la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 decretada por el Gobierno “aún no se ha tomado”, pues hay varias consideraciones que evaluar primero, como los picos de contagios y más, según aclaró en Mañanas BLU el ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien, además, detalló que se vienen nuevas medidas en el país relacionadas a las pruebas PCR y la exigencia del carné de vacunación.“Todavía no tenemos la decisión tomada de levantar la emergencia sanitaria, es una decisión que tiene varias consideraciones. Estamos acercándonos al canal endémico, es decir, el punto en el cual la mortalidad en país es similar a la que traíamos anteriormente, pero es necesario evaluar varios temas, como cuánto tiempo hay que mantenernos y el contexto mundial”, señaló.De acuerdo con el ministro Ruiz, a esto se suma que la Organización Mundial para la Salud (OMS) no ha dado indicaciones para limitar la pandemia. Asimismo, dijo que el uso de tapabocas se mantiene y reveló que en las próximas semanas se anunciarán nuevas medidas que están considerando.Dentro de estas nuevas directrices para el manejo de la pandemia, Ruiz mencionó que, junto con un comité, se evalúa la posibilidad de levantar la prueba PCR para los turistas, que es “una eventualidad importante que se puede dar en los próximos días”.Lo mismo podría pasar con la exigencia del carné de vacunación en el país. Según explicó, son medidas que están en transición y se darán a conocer una vez se definan.Sobre las cifras de inmunidad, el ministro de Salud aseguró que Colombia está encima del 95 %; en el caso de la variante ómicron, que es “el más pico más pequeño en Latinoamérica”, se da por una “combinación de inmunidad natural y de las vacunas”.
Shanghái, la ciudad más poblada de China con 24 millones de habitantes, comenzó un confinamiento escalonado en dos fases que se prolongará hasta el 5 de abril para atajar el peor rebrote registrado en la ciudad desde que comenzó la pandemia de COVID-19.Aunque se ha dividido en dos periodos, se trata del mayor confinamiento de población en un núcleo urbano desde el inicio de la crisis sanitaria y se espera que el parón de la megalópolis también repercuta tanto en la economía china como en la internacional por su estatus de centro financiero y logístico.Los distritos que quedan al este del río Huangpu, que divide la ciudad, entrarán en confinamiento a partir de este lunes 28 de marzo y hasta el 1 de abril, fecha en la que tocará el turno a los distritos situados al oeste del río, hasta el 5 de abril.Durante la cuarentena, los residentes deberán permanecer en sus hogares y el transporte público, incluidos los taxis, quedará suspendido.Para controlar el rebrote, que dejaba el lunes por la mañana 416 casos sintomáticos y más de 14.000 asintomáticos, las autoridades organizarán campañas masivas de pruebas PCR en los distritos que queden confinados para detectar a los contagiados.Durante el confinamiento estará permitido pedir comida o suministros a domicilio, pero los repartidores solo tendrán permitido el acceso hasta la puerta de las urbanizaciones, no podrán entrar en los edificios.Se ha ordenado que las empresas implementen el trabajo desde casa para sus empleados, excepto en los casos de compañías "que garantizan la vida y la operación de la ciudad", entre las que se encuentran las del sector energético, de telecomunicaciones o de suministro de alimentos.Los vehículos privados no podrán circular por las calzadas "a no ser que sea necesario".Además, se establecerán controles en las vías de acceso y salida de la ciudad, donde solo aquellos residentes con una prueba PCR negativa en las últimas 48 horas recibirán permiso para abandonar Shanghái.Siga y escuche el podcast de El Consultorio:
El Hospital Internacional de Colombia (HIC) incorporó las Meta Glasses, unos lentes inteligentes que permiten conectar en tiempo real al neurólogo con el equipo médico que atiende a un paciente con un posible ataque cerebrovascular (ACV).La herramienta busca reducir los tiempos de respuesta durante una emergencia en la que cada minuto puede ser determinante. A través de una cámara, micrófono y sistema de audio, el especialista puede observar desde un dispositivo móvil lo que ocurre frente al paciente y orientar al personal de urgencias durante la valoración.“Cuando se activa un código de ataque cerebrovascular y el neurólogo no está físicamente en la institución, las Meta Glasses nos permiten hacer una valoración directa del paciente de manera remota”, explicó el doctor Tony Álvarez, neurólogo líder del Centro de Excelencia en ACV del HIC.El procedimiento comienza cuando una persona llega al hospital con síntomas que podrían corresponder a un ACV. El equipo de urgencias activa el protocolo y, cuando es necesario, establece la comunicación con el neurólogo mediante los lentes.De esta manera, el especialista puede acompañar de forma remota la evaluación mientras el paciente avanza por las diferentes áreas de atención. La tecnología adquiere especial utilidad durante las noches y madrugadas, cuando el neurólogo puede iniciar el acompañamiento a distancia mientras se desplaza hacia la institución para realizar la valoración presencial.El HIC aclaró que las Meta Glasses no sustituyen la valoración neurológica presencial, sino que permiten adelantar el acompañamiento especializado y apoyar la toma de decisiones desde los primeros minutos de la emergencia.Según las cifras entregadas por el HIC, en Colombia se presentan aproximadamente 50.000 eventos cerebrovasculares cada año, asociados a cerca de 15.000 muertes.En el Hospital Internacional de Colombia se atienden entre 600 y 800 pacientes con enfermedades cerebrovasculares anualmente. Cerca del 80% corresponde a ACV isquémicos.El hospital cuenta además con un Centro de Excelencia en Ataque Cerebrovascular, integrado por profesionales de diferentes áreas que trabajan bajo un protocolo coordinado para responder a este tipo de emergencias.Entre los principales síntomas de un ACV están la dificultad repentina para hablar o entender, pérdida de fuerza en un lado del cuerpo, alteraciones de la visión, problemas para caminar o mantener el equilibrio y un dolor de cabeza intenso y súbito.Ante la aparición de estos signos, el llamado de los especialistas es actuar inmediatamente y acudir a un centro especializado, debido a que la rapidez en el diagnóstico y tratamiento puede ser determinante para el pronóstico del paciente.
La planta de importación de gas de Cartagena, Spec, sufrió un daño en uno de los 4 trenes de la unidad flotante FSRU.Como consecuencia, la capacidad de importación en Spec se reduce de unos 465 millones de pies cúbicos por día a unos 400, sin embargo, la infraestructura continuará operando."La Sociedad Portuaria El Cayao S.A. E.S.P. (SPEC LNG) informa que, como resultado de una condición operativa imprevista en la unidad flotante de almacenamiento y regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), se realizan trabajos correctivos en uno de sus cuatro trenes para restablecer plenamente su capacidad en los próximos siete días", señaló la compañía en un comunicado.El daño coincide con un momento en el que el país tiene poco margen de maniobra para atender sus propias necesidades de gas natural y de generación de energía eléctrica en medio del fenómeno de El Niño, y Spec es por ahora la única planta de importación de gas de importancia en operación.La planta de importación de gas de Cartagena fue construida para importar gas ocasionalmente, durante momentos como el fenómeno de El Niño, y su objetivo inicial era atender únicamente a las plantas de generación de energía térmica. El problema es que la producción de gas nacional de Colombia ha caído con fuerza desde 2024. El país necesita importar gas natural para atender la demanda de hogares, pequeños comercios y vehículos.Según el Gestor del Mercado del Gas, durante septiembre el país importó a través de la planta de Spec el 39% de su consumo total de gas natural. Pero esta cifra podría crecer incluso más si continúa la sequía y debe aumentar la generación de energía con gas.El análisis indica que, si no entran a operar los 3 nuevos proyectos de importación de gas natural, el país podría tener un faltante de hasta 46 GBTUD en marzo próximo.Los proyectos en construcción en la actualidad son Puerto Bahía, la regasificadora del Pacífico y la ampliación de la capacidad de Spec.
La Corte Constitucional le puso límites a la forma en que el Gobierno podrá calcular los recursos de la salud para 2027. Mediante el Auto 1302 del 22 de septiembre de 2026, la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, integrada por los magistrados Vladimir Fernández Andrade, Miguel Polo Rosero y presidida por Carlos Camargo Assis, fijó parámetros preventivos y obligatorios para determinar la Unidad de Pago por Capitación (UPC).Por un lado, el Ministerio de Salud deberá corregir las deficiencias de información que han sido utilizadas para calcular la UPC y demostrar técnicamente que el valor de la prima es suficiente para cubrir las necesidades del sistema. La Corte también reiteró que la UPC integral del régimen subsidiado deberá ser, como mínimo, equivalente al 95% de la UPC integral del régimen contributivo, mientras no exista evidencia técnica suficiente que justifique una diferencia mayor.Además, al definir la UPC correspondiente a 2027, el Ministerio de Salud tendrá que aplicar los parámetros establecidos por la Corte y comunicar oportunamente a Hacienda cuáles son las necesidades de financiación que técnicamente determine. La decisión busca que el cálculo de la prima parta de las necesidades reales que deben ser financiadas y que estas sean conocidas con anticipación por la cartera encargada de la programación presupuestal.La Corte también fijó una fecha concreta para que el Ministerio de Salud explique cómo realizó todo el proceso. A más tardar el 15 de enero de 2027, deberá entregar a la Sala de Seguimiento un informe consolidado con las medidas adoptadas y los resultados obtenidos en la definición de la UPC de ese año.Ese informe deberá ser detallado. La cartera de Salud tendrá que explicar la calidad de la información utilizada, anexar la metodología aplicada, justificar técnicamente por qué el valor establecido para la UPC es suficiente y presentar información sobre el proceso de participación adelantado. De esta manera, la Corte no solo exige conocer el resultado final, sino también las razones técnicas que llevaron al Gobierno a establecerlo.La responsabilidad también recae sobre el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La Corte reiteró la orden impartida en el Auto 007 de 2025 y posteriormente en el Auto 2049 de 2025 para garantizar los recursos necesarios destinados al cumplimiento de las órdenes vigésima primera y vigésima segunda de la Sentencia T-760 de 2008.Hacienda deberá, además, adoptar dentro de sus competencias las medidas presupuestales y financieras necesarias para garantizar la disponibilidad y el giro oportuno de los recursos requeridos para financiar la UPC de 2027. Para hacerlo, deberá tomar como fundamento las necesidades de financiación que sean determinadas técnicamente por el Ministerio de Salud.La Corte justificó su intervención por el deterioro en el acceso oportuno y continuo a los servicios de salud. La Sala registró un 18% de aumento en las tutelas de salud entre 2024 y 2025, de 265.000 a cerca de 312.500, con una concesión aproximada del 74,3% de los amparos.El proceso de definición de la UPC de 2027 queda así sometido a una ruta precisa de información, sustentación técnica, financiación y rendición de cuentas ante la Sala.
La retractación de David Murcia Guzmán ante la Fiscalía, en la que aseguró que sus señalamientos contra el presidente Abelardo De La Espriella estuvieron precedidos por expectativas relacionadas con una eventual designación como gestor de paz y la posibilidad de recuperar su libertad, abrió un nuevo capítulo sobre el uso de esta figura durante el anterior Gobierno.El tema fue analizado este jueves en Mañanas Blu, donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el caso de Murcia no sería, según su versión, un hecho aislado. Zuleta afirmó que durante el Gobierno de Gustavo Petro también se habría producido una gestión ante integrantes de grupos paramilitares con un propósito político.Felipe Zuleta habla de una supuesta gestión ante paramilitaresAl referirse a la carta enviada por Murcia a la Fiscalía, Zuleta dijo que no le sorprendía la retractación y recordó que el exdirector de DMG había manifestado que le ofrecieron la posibilidad de ser gestor de paz. A partir de ese episodio, el periodista aseguró que tenía conocimiento de otro caso que, según él, guardaría similitudes: “Sí señor, el presidente Petro también en su momento mandó a dos altos funcionarios del Gobierno a reunirse con los paramilitares”, afirmó Zuleta.Según su relato, esas reuniones se habrían producido en el contexto de lo que denominó el “cierre de Ralito” o cierre de las conversaciones con los paramilitares. Zuleta aseguró que la misión encomendada a esos funcionarios habría sido convencer a integrantes de esos grupos, a cambio de “prebendas”, para que hablaran del entonces candidato presidencial Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe.El periodista agregó que tiene documentación relacionada con lo que estaba contando, aunque decidió reservar los nombres de las personas que, según su versión, habrían participado en esas gestiones.La relación con la figura de gestor de pazMurcia, quien permanece recluido en la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, envió una carta de cuatro páginas a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. En ella se retractó de los señalamientos que había formulado en febrero contra De La Espriella, quien en ese momento era candidato presidencial. En el documento, Murcia explicó que sus declaraciones estuvieron precedidas por expectativas que, según afirmó, le fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno nacional anterior y que estaban relacionadas con una eventual vinculación como gestor de paz y con la posibilidad de recuperar su libertad.En Mañanas Blu se planteó precisamente la pregunta sobre quién habría ofrecido esa posibilidad a Murcia y bajo qué condiciones. El periodista Felipe Zuleta sostuvo que el episodio debía analizarse dentro de un contexto más amplio y volvió a referirse a las supuestas reuniones con paramilitares.También mencionó a Angie Rodríguez, quien, según se recordó durante el programa, había hablado anteriormente sobre reuniones y gestiones relacionadas con este asunto. Zuleta afirmó que Rodríguez no se habría prestado para realizar la gestión que, según su versión, se buscaba adelantar.Zuleta también mencionó a Salvatore MancusoDurante la conversación, Zuleta y los periodistas de Mañanas Blu también hicieron referencia a Salvatore Mancuso. En particular, se mencionó una retractación relacionada con señalamientos contra Álvaro Uribe y con hechos como las masacres de El Aro y La Granja. El argumento planteado durante el programa fue que estos episodios tendrían elementos en común con la discusión sobre las declaraciones de Murcia y las gestiones que supuestamente se habrían realizado para obtener determinados testimonios.Zuleta afirmó que, según su versión, una de las razones por las que el Gobierno habría cuestionado a Angie Rodríguez estaría relacionada con que los paramilitares no terminaron hablando en contra de quienes se buscaba señalar. En ese punto, además de De La Espriella y Uribe, mencionó al exvicepresidente Germán Vargas Lleras como otro de los nombres que, según su relato, habría estado dentro de ese contexto.La carta de David Murcia está ahora en manos de la FiscalíaLa revelación de Zuleta se produce después de que Murcia presentara formalmente su retractación ante la Fiscalía. En el documento, el condenado por el caso DMG negó varias de las afirmaciones que había realizado en febrero contra De La Espriella. Entre ellas, aseguró que los honorarios pagados al entonces abogado correspondían a los servicios jurídicos prestados y negó que este se hubiera apropiado indebidamente de dinero.También negó haber recibido de De La Espriella propuestas para entregar dinero a congresistas o funcionarios públicos con el propósito de influir en un trámite legislativo. Murcia igualmente se retractó de la afirmación relacionada con unos supuestos 5.000 millones de pesos y negó que el padre de De La Espriella hubiera recibido beneficios o un nombramiento como notario a cambio de que el abogado abandonara su defensa.El caso se originó después de que De La Espriella presentara una querella por las declaraciones de Murcia en una entrevista del 12 de febrero de 2026. Ahora, la Fiscalía deberá establecer qué ocurrió y determinar el alcance de las afirmaciones contenidas en la nueva versión de Murcia.Detalles en el siguiente video:
El Juzgado 25 con Función de Conocimiento absolvió a Nelsy Tirado Chacón y Hernando Barón Ayala, quienes habían sido señalados por la Fiscalía de presuntamente colaborar en las exigencias económicas realizadas a integrantes de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la excongresista Tatiana Cabello Flórez Martínez.La investigación estaba relacionada con el proceso por el que la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a Cabello a 144 meses y un día de prisión, equivalentes a 12 años, por el delito de concusión en modalidad continuada y en concurso homogéneo.De acuerdo con esa investigación, la entonces congresista habría solicitado mensualmente a integrantes de su UTL la devolución de un porcentaje de sus salarios. Las personas identificadas como víctimas fueron Luisa Fernanda Puerto Vela, Lina Marcela García Pinto, Daniela Salazar Puerto y Sonia Astrid Blanco Reyes.Sin embargo, al analizar la situación particular de Tirado Chacón y Barón Ayala, el Juzgado 25 de Conocimiento concluyó que las pruebas practicadas no permitían establecer que hubieran realizado actos de constreñimiento, inducción o solicitud de dinero.La juez explicó que las funciones desempeñadas por ambos eran de carácter “secundario, secretariales, conducción y mensajería” y que no se acreditó que hubieran utilizado esas labores para generar una relación de superioridad o doblegar la voluntad de alguna de las víctimas.El despacho también analizó las transferencias de dinero que aparecen en el expediente. Sobre los 670.000 pesos enviados a la cuenta de Nelsy Tirado y los giros realizados a Hernando Barón, la juez señaló que “la mera recepción de dinero no configura el delito de concusión”.Según la decisión, las pruebas mostraron que la instrucción relacionada con la devolución de dinero provenía de un tercero, identificado en el proceso como la jefa, y no de una solicitud directa realizada por los dos procesados. Por esa razón, el juzgado consideró que la recepción material de los recursos no era suficiente para configurar el delito.En el caso de Tirado Chacón, la juez señaló que nunca realizó una exigencia económica verbal o escrita. De acuerdo con el análisis del testimonio, la iniciativa de enviar el dinero habría surgido de Lina García a través de WhatsApp y Tirado se habría limitado a suministrar los datos de su cuenta bancaria como canal receptor.Además, la juez indicó que la testigo había reconocido que la instrucción inicial de entregar un porcentaje de su salario le fue comunicada por Luisa Fernanda Puerto y no por los procesados. Frente a Barón Ayala, sostuvo que la testigo manifestó que este nunca le realizó constreñimiento, inducción o solicitud económica.El despacho también cuestionó aspectos del testimonio de Puerto. La juez habló de “inconsistencias y contradicciones esenciales” y señaló que la defensa la confrontó con un documento físico firmado por ella el 17 de agosto de 2017, en el que manifestó haber recibido siempre un trato respetuoso y negó que se le hubiera solicitado dinero.La decisión también indicó que durante el juicio se evidenciaron variaciones en sus declaraciones sobre el grado de conocimiento que Hernando Barón habría tenido respecto del origen de los dineros.Tras conocer la absolución, la defensa de Barón Ayala, encabezada por el abogado Juan Manuel Castellanos, destacó el resultado del proceso y afirmó “es una decisión acertada en derecho porque la Fiscalía General de la Nación no probó, y no tenía cómo probar alguna responsabilidad en contra del señor Barón Ayala.Es decir, no existían elementos materiales probatorios contundentes en su momento. Yo creo que, aprovechando la coyuntura del país, sí es necesario apoyar en este momento al ministro de justicia, pues, en punto de la eliminación de una audiencia de imputación, y precisamente este es el caso, porque una imputación que se realizó sin un solo elemento material probatorio, pero que sí daña la vida, no solamente del procesado, sino de la familia”Por otro lado, rechazó el principio de oportunidad de Luisa Fernanda Puerto “Yo creo que la Fiscalía se equivocó al otorgar un principio de oportunidad a la señora Luisa Fernanda Puerto. Gracias a ese principio de oportunidad, y creo que así lo determina la juez en un primer momento, es que ella tenía que involucrar a inocentes. Como abogado, sí tengo que rechazar esas presiones indebidas que se hacen para buscar principios de oportunidad e involucrar a terceras personas o personas cercanas para obtener beneficios e irse impunes”.
