El Fondo para la Reparación a las Víctimas, que hace parte de la Unidad de Víctimas, llegó a Puerto Boyacá para realizar una inspección a los 73 inmuebles que administra en esa zona del país. La inspección se realizó ya que solo había registro de nueve bienes que tuvieran contrato de arrendamiento y había indicios de anomalías en algunos otros."Ante este panorama, rastreó qué predios estaban siendo mal utilizados y encontró cerca de 50 casos. Gracias al diálogo directo con la gente y la pedagogía desarrolladas durante la inspección, el Fondo recuperó 30 predios que se encontraban con ocupaciones irregulares y subarriendos no permitidos, entre otras actividades", señaló la entidad en un comunicado.En algunos casos se llevaron a cabo procesos de formalización de los inmuebles con los ocupantes y de esta manera se lograron oficializar contratos de arrendamiento, por otro lado también se hizo una revisión de los cánones de arrendamiento pues presentaban valores inferiores y tuvieron que ser regulados, con los recursos que se empiecen a recibir con el arriendo de estos bienes se avanzará hacia la indemnización de las víctimas del paramilitarismo."El fondo recuperó $84.134.719 millones por medio de acuerdos de pagos concertados con quienes debían arriendos de años atrás, monto que se cobrará por una única vez. De igual forma, la dependencia de la Unidad para las Víctimas proyecta que empezará a percibir una proyección de 36 millones mensuales a través de los arriendos vigentes y las nuevas formalizaciones logradas en Puerto Boyacá", señaló la Unidad de Víctimas.Le puede interesar
Este sábado, 6 de mayo, se llevó a cabo en Puerto Boyacá el primer encuentro de excombatientes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, sin embargo, aunque el evento reunió principalmente a exjefes paramilitares, allí también estuvieron, en la misma mesa, excombatientes de la extinta guerrilla de las Farc.“Este es un escenario para decirle al país que la violencia no es el camino, que la guerra no nos trae sino dolor y odio y la paz en cambio nos permite abrazarnos y mirarnos a los ojos y replantearnos las formas como nos hemos enfrentado”, señaló Pastor Alape, excomandante del Bloque Magdalena Medio de las extintas Farc.Por su parte, los exjefes de las Autodefensas le pidieron al Gobierno nacional reabrir una mesa de diálogo con quiénes firmaron el proceso de Justicia y Paz.“Este es un encuentro por la paz y tiene como propósito continuar la construcción de paz y de reconciliación que iniciamos desde el año 2002 cuando las extintas AUC establecimos un proceso político de paz con el Estado colombiano”, señaló Edward Cobos, conocido como Diego Vecino.¿En qué cambio se debe dejar un carro automático al estacionarlo? No lo ponga de inmediato en la 'P'
Este miércoles, 21 de septiembre, decenas de ciudadanos del municipio de Puerto Boyacá hicieron un plantón frente a las instalaciones de la Empresa de Energía de Boyacá como queja del alza del costo del servicio, los asistentes hicieron una quematón de recibos ante el inconformismo del precio.“Hoy le decimos a la Empresa de Energía de Boyacá (EBSA) que tiene contratada por medio de una multinacional, que está cobrando altos costos a los servicios de energía y no aguantamos más esta situación”, señaló José Torres, líder de Puerto Boyacá.Los manifestantes señalaron que, el incremento ha sido más fuerte en los últimos meses, por lo que piden la intermediación de las autoridades encargadas de vigilar las tarifas.“Nos unimos porque somos personas humildes y no tenemos casi empleo; nosotros vivimos solamente de una pelada de cebolla y solo 3.000 pesos nos ganamos, como para que nos llegue este recibo tan caro. Esto no es justo y es un robo”, indicó Maryluz López, habitante de Puerto Boyacá.La comunidad pide una mesa de concertación para buscar una solución a lo que ellos han llamado cobros excesivos del servicio de energía.Le puede interesar: Bamm podcast
En diálogo con El Radar de Blu Radio, el cabo en retiro Néstor Gutiérrez reveló detalles sobre los casos de falsos positivos de los cuales fue testigo cuando estuvo en el Ejército, las alianzas que se daban con los paramilitares para realizar ejecuciones extrajudiciales e incluso las operaciones conjuntas que tenían en contra de la guerrilla del ELN y las Farc. Gutiérrez, además, manifestó que él es responsable directo de al menos 16 casos de falsos positivos y otros 30 que efectuaron compañías bajo su mando.Las primeras alianzas entre el paramilitarismo y el Ejército, de las cuales fue testigo, se dieron en Puerto Boyacá, Boyacá, cuando tenía 18 años y prestó su servicio militar."Los paramilitares de Ramón Isaza entraban en combates con el ELN y nosotros entrábamos a apoyarlos, eso se presentaba en varias ocasiones. Recuerdo en San Luis, Antioquia, cuando se tomaron a San Luis, entró el Ejército con la compañía que en ese entonces el comandante era capitán Espinosa, hoy en día creo que general activo, tuvimos combate con el ELN y se contactó con la tropa de las Autodefensas de Ramón Isaza, el comandante directo de las tropas le decían el teniente, que era el hijo de Ramón Isaza, y entraron a apoyar", contó.Él se gradúa como suboficial en el año 2001 y estuvo en Cundinamarca, dice que conoció comandantes que habían trabajado con los paramilitares y que a cada región que llegaba ya había dichos vínculos, incluso con hombres al mando de alias Pájaro que es uno de los jefes de las AUC que en una carta dirigida al presidente Gustavo Petro dijo estar listo para apoyar un acuerdo nacional de paz.En 2001, Gutiérrez fue a apoyar cerca a Guaduas a un grupo del Ejército, pero asegura que cuando llega recibe otras órdenes y era que tocaba trabajar, según él con las Autodefensas."Nosotros en un combate llegamos a apoyar a la policía, yo ya era comandante de escuadra, recuperé unos fusiles a la Policía y cuando los obtengo le informo al teniente Omar Andrés Rincón y él me dice que hablemos con la gente del 'Pájaro' y me dice que si soy capaz de ir hasta allá y yo le dije que claro mi teniente yo voy a la Bogotana tomo contacto con ellos y le entrego unos fusiles Galil nuevos, ellos tenían un capturado y nos lo iban a entregar a cambio de los fusiles”, contó.Gutiérrez se fue a una vereda cerca de Honda, Tolima, y ahí le entregan “al capturado”. Gutiérrez dijo que lo llevó donde el teniente y este le dijo "Como ya tiene experiencia, entonces hágale”.“Ese fue como suboficial y desafortunadamente maldita la hora que pasó todo esto, mi primer falso positivo acá en Cundinamarca, una persona que nos entregó las Autodefensas y le pusimos el fusil”, narró.Después el cabo fue trasladado a Apartadó, en Urabá, y según su relato, la historia se siguió repitiendo, ya era el año 2004 y los vínculos eran con las Autodefensas del ‘Alemán’ y ‘Don Mario’. Además, capturó a algunas personas de las autodefensas y un teniente le dijo que allá no se trabajaba así y los dejó ir, en Urabá aseguró que no se presentaron falsos positivos mientras él estuvo, pero que sí se trabajó en conjunto con las Autodefensas.“Los paramilitares entraban a los campamentos, golpeaban a la guerrilla y nosotros entrabamos luego a recoger los muertos y reportarlos para nosotros y se repartía munición, armamento y lo que incautábamos”.Falsos positivosSobre los falsos positivos, Gutiérrez aseguró que fueron una orden y que él sabe quién la dio; sin embargo, decidió no revelar los nombres por temas de seguridad.“Fueron altos mandos y fueron órdenes directas, pero estaría en mucho riesgo, estoy en eso con la JEP, pero sí hay altos mandos”, relató.Explicó además que entró muy joven al Ejército y aunque resalta que no se excusa por lo que hizo, pues fueron delitos lo que lo llevó a cometer ejecuciones extrajudiciales fue “el cassette, el chip” que habría recibido desde que entró a la institución.“Yo sé que lo que voy a decir mucha gente le va a doler y me voy a ganar más enemigos de los que ya tengo, pero la realidad es que en el Ejército hubo una trayectoria histórica de todo esto”, señaló.Sobre los beneficios que recibían debido a los homicidios que se cometieron, señaló que recibían ascensos, permisos y otro tipo de cosas y que la razón por la que se presentaban casos en diferentes regiones del país era porque a las zonas y batallones donde se necesitaban resultados se hacían traslado de militares que en algunos casos ya habían cometido falsos positivos.“Lo hice en Urabá y salgo al Catatumbo y lo sigo haciendo porque no pasaba nada, ninguna entidad de investigación ni superior informaba nada”, relató.Todavía para Néstor Gutiérrez hay muchos militares activos que deben responder por estos hechos, durante su testimonio también pidió perdón a las víctimas por estos hechos.“Le digo a todas las personas, no es justificar lo que hice y hay gente que destrozamos y acabamos familias, Dios me perdone algún día”, finalizó.Escuche el podcast “Ser campeón viene con manual” y conozca el poder de la actitud:
Néstor Gutiérrez ingresó al Ejército en el año 1995, en Puerto Boyacá, Boyacá. Según lo que contó en conversaciones con El Radar de Blu Radio en esa época, los militares que terminaban su servicio como soldado, la mitad continuaba en el Ejército, pero la otra mitad se iba a las filas del paramilitarismo.En esa época Gutiérrez dice ser testigo de las alianzas entre algunos miembros del Ejército y los paramilitares al mando de Ramón Isaza, el comandante en ese entonces del Batallón Bárbula era el general en retiro Carlos Suarez Bustamante, quien era conocido por los militares como "La Machaca", en ese momento Suarez era teniente coronel y según cuenta el cabo Gutiérrez tendría presuntamente vínculos con los paramilitares."Tenía vínculos -Suarez Bustamante- directamente con Ramón Isaza, yo me acuerdo que había una finca en Doradal, Antioquia, que le llamaban la culebra y de Doradal hacia adentro ellos tenían un campamento de entrenamiento y normalmente llegábamos las tropas del Batallón Bárbula a descansar ahí", narró Gutiérrez.Esto se habría dado entre 1995 y 1997 y en ese momento se libraba una guerra con el ELN que afectaba a la población de San Luis y Cocorná, allí se registraban combates con el Ejército y según el testimonio del militar eran apoyados por los paramilitares."Vea que Suárez Bustamante fue el que ayudó a destapar los falsos positivos de Soacha y mire que él también está implicado en vínculos con el paramilitarismo y hay muchos mandos y muchos oficiales, por lo menos un coronel Alexander Monroy comandante del Batallón contraguerrillas número 98 que estuvo en el Catatumbo y él ordenó muertes extrajudiciales y nunca ha sido llamado ni por la justicia ordinaria ni por la JEP", explica Gutiérrez¿Quién es el general (r) Carlos Suarez Bustamante?Carlos Suárez Bustamante fue considerado como el general que se encargó de investigar y posteriormente denunciar a militares que llevaron a cabo falsos positivos en diferentes zonas del país, llegó a alcanzar el puesto de Inspector General en las Fuerzas Militares. Incluso en algún momento se llegó a considerar que el general era "incómodo" al interior de la institución por las investigaciones adelantadas, pues denunció a más de 20 militares que presuntamente tendrían participación en estos hechos. Asimismo, hizo parte de la operación Jaque, con la cual se logró el rescate de un grupo de secuestrados por las extintas Farc; sin embargo, después de las investigaciones adelantadas y más de 35 años en la institución, se le pidió que pasara al retiro, en el año 2010.Sobre el general (r) Mario Montoya UribePero Gutiérrez, ya refiriéndose a los casos de los falsos positivos que se presentaron en diferentes zonas del país, también se refirió al excomandante del Ejército general (r) Mario Montoya Uribe, el cabo explica que cuando el General Montoya era comandante de la primera División, Gutiérrez fue comandante de pelotón un tiempo y Montoya realizaba un programa por el radio."Nunca se me van a olvidar estas palabras él -Montoya- decía: quiero resultados, así sea el loco del pueblo, así sea el que vaya pasando por ahí, pero quiero resultados como sea, todo esto es zona guerrillera y quiero resultados, y decía lleva tal unidad tantos días sin pelear, se están robando la plata del Estado, esas eran las palabras del general Montoya, lo decía él y ese testimonio lo podrían dar todos los comandantes de pelotón, de sección de compañía que en algún momento escuchaban sus órdenes por radio", señaló.Este programa en el que Montoya supuestamente exigía resultados, según narró el cabo, fue en los años 2004 y 2005, asimismo explicó que aún faltan muchos responsables por aportar verdad acerca de los falsos positivos.
En redes sociales se viralizó un video grabado por el conductor de un tractocamión que, asustado por la inseguridad en algunas vías del país, siguió en marcha con su vehículo de carga pesada luego de que se le atravesaran 20 jóvenes para que se detuviera.El insólito hecho, según pudo establecer BLU Radio, ocurrió en plena Ruta del Sol sobre el intercambiador vial Caño Alegre del municipio Puerto Boyacá.En el video, que por ahora se desconoce la fecha de en el que fue grabado, se observa al grupo de 20 jóvenes quienes, al parecer, serían hinchas de un equipo de fútbol.“Por lo que vemos en las imágenes y eso es normal, según nos cuentan los transportadores, son grupos de barristas que buscan detener los vehículos, no solo a este, para que los lleven”, dijo Manfry Parra, líder camionero y director de Camioneros de Colombia.
Los campos Jazmín, Girasol, Underriver, Nare, Moriche, Abarco y Chicalá pasan, a partir de esta noche, a manos de Ecopetrol tras 15 años de ser operados por Manzarovar Energy.“Para garantizar la continuidad de las operaciones las dos empresas conformaron un equipo interdisciplinario con el fin de realizar el proceso de entrega y transición de los campos de manera articulada”, informó Ecopetrol en un comunicado.En la actualidad estos campos producen alrededor de 16.735 barriles de petróleo por día, “lo que corresponde a cerca de 5.1 millones de barriles de crudo producidos durante la vigencia 2021 hasta hoy”.Sin embargo, la noticia no tiene felices a la comunidad ni a las empresas contratistas tras denunciar una presunta falta de oportunidades laborales.“La incertidumbre de los trabajadores hoy es que a partir de la medianoche queda una cantidad enorme de empleados que les cancelan sus contratos, sin sus sustentos”, indicó Florián García, directivo de la Unión Sindical Obrera del Magdalena Medio.Ecopetrol informó que hay garantías laborales y ambientales con el proyecto.“Recientemente los ministerios de Minas y Energía, y del Trabajo, la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, y la Alcaldía Municipal de Puerto Boyacá conformaron espacios de diálogo para abordar temáticas relacionadas con el proceso de entrega de los campos, como son: responsabilidad ambiental, inversión social, gestión laboral y bienes y servicios”, agrega el comunicado.
Hay preocupación en el municipio de Puerto Boyacá, en plena zona petrolera del Magdalena Medio, por la salida de la empresa Mansarovar tras 15 años de operación en los campos Jazmín, Girasol, Underriver, Nare, Moriche y Abarco.Según denuncian los trabajadores, se perderían cerca de 280 empleos tras la llegada de una nueva empresa operadora de esos pozos.“Es una crisis en nuestra región, la empresa Mansarovar el 4 de noviembre entrega los campos de Asociación Nare, estos campos los va a tomar Ecopetrol directamente, ellos contrataron a una empresa que se llama Masa, la cual viene acá a la zona a desplazar a los contratistas de la región y desplazar al personal”, indicó Jhon Jairo Vera, líder de los trabajadores.Y agregó: “en este momento trabajan 600 personas y nos vamos a reducir a unos 380, según nos han manifestado desde la misma empresa, que aumentó el nivel de los perfiles en los vacantes y eso hace que la gente de nuestra región no cumpla y es con las mismas funciones”.Frente a esta denuncia, la Alcaldía de Puerto Boyacá abogó por la comunidad que se quedaría sin trabajo.“Vemos esto con mucha preocupación, es una situación muy difícil, vamos a exigir a Ecopetrol que le dé prioridad a la gente de Puerto Boyacá, a los empresarios, y logremos salir de esta dura crisis, no queremos otra crisis social en nuestro municipio, Ecopetrol debe respetar a la gente de este pueblo”, dijo Jicly Mutis Isaza, alcalde de Puerto Boyacá.A través de un comunicado de prensa, Ecopetrol respondió a las denuncias.“Ecopetrol ha adelantado un intenso proceso informativo con todos los grupos de interés desde hace varios meses con el fin de mantener una información clara y oportuna con las autoridades, comunidades, trabajadores y proveedores, entre otros, de todos los contratos requeridos para la continuidad operativa de estos campos (…) La Empresa tiene total interés en continuar desarrollando estas jornadas con el ánimo de construir acuerdos y lograr consensos que beneficien a todas las partes en la región”, dice el comunicado.
Un informe de Noticias Caracol evidenció el momento en que unos turistas se vieron sorprendidos por la aparición de un hipopótamo mientras se transportaban en una canoa por el río Magdalena.El hecho sucedió en Puerto Boyacá y según un video de redes sociales, el animal se molestó por la presencia cercana de estas personas que pasaban en una pequeña embarcación.De hecho, se puede ver cómo el hipopótamo estaba sumergido y tras notar la presencia de los turistas, se deja ver direccionando su cuerpo hacia ellos.Inmediatamente se escucha a las personas de la canoa gritar con angustia y diciéndole al conductor: ¡Ay, apúrele, vámonos!Por otro lado, David Echeverri, coordinador de Oficina Bosques y Biodiversidad, hizo un llamado a la comunidad para proteger esta especie y no molestarla.“Les recordamos el comportamiento totalmente impredecible de estos animales, en cualquier momento pueden atacar una canoa o un pescador”, señaló.
Hay consternación en el municipio de Puerto Boyacá, en el departamento de Boyacá, por la terrible historia que terminó con la muerte de la señora María Ubelia Vargas, de 72 años, quien fue atacada con un cuchillo por su nieto, de 25, que le confesó a la policía que mató a su propia abuela “porque estaba drogado”.“Se encuentra el cuerpo sin vida de la señora con signos de violencia producidos con un arma blanca. De inmediato activamos el plan candado y logramos la captura del nieto de la occisa, quien hurtó una motocicleta para huir, pero fue capturado. El hombre confesó que asesinó a su abuela bajo los efectos de sustancias estupefacientes”, dijo el coronel Gustavo Martínez, comandante de la Policía del Magdalena Medio.La señora María Ubelia tenía 10 hijos y vivía en el barrio 7 de agosto del municipio de Puerto Boyacá.El joven fue dejado a disposición de la Fiscalía.
Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra Jhonatan Steven Villalobos Aguilón, alias 'Tom', y Yeiner Enrique Freyde Tolimán, alias 'Trenzas', señalados de integrar una red de apoyo de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc y de participar presuntamente en el atentado terrorista perpetrado contra el cantón militar Pichincha, en Cali ,Valle del Cauca, el pasado 24 de abril, ataque que dejó dos mujeres heridas y ocasionó cuantiosos daños materiales.De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, las evidencias recopiladas indican que alias 'Tom' habría adquirido por 20 millones de pesos la buseta escolar que posteriormente fue utilizada en el atentado. Según el ente acusador, además de realizar el trámite de traspaso del vehículo, lo habría puesto a disposición de otros integrantes de la organización para acondicionarlo con cilindros bomba que posteriormente fueron activados en las inmediaciones de la instalación militar.Por su parte, alias 'Trenzas' es investigado por, presuntamente, movilizarse en una motocicleta de su propiedad para alertar sobre la presencia de controles de la fuerza pública y facilitar el recorrido de la buseta hasta el lugar donde fueron detonados los artefactos explosivos improvisados.Los dos procesados fueron capturados durante diligencias de registro y allanamiento adelantadas de manera conjunta por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y unidades de la Policía Nacional en las comunas 3, 13 y 15 de Cali. Durante los operativos fueron incautadas varias bolsas con pentolita, teléfonos celulares, cordón detonante, cartillas y material impreso alusivo a las disidencias de las Farc, además de una motocicleta que haría parte de los elementos de prueba dentro de la investigación.Un fiscal especializado contra el Crimen Organizado imputó a los capturados, de acuerdo con su presunta participación individual, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio en grado de tentativa, terrorismo, daño en bien ajeno y fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.Durante las audiencias preliminares, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. No obstante, el juez consideró procedente imponerles medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra el Cantón Militar Pichincha de Cali.
El presidente electo, Abelardo De La Espriella, anunció este viernes el primer integrante de su gabinete ministerial. A través de sus redes sociales confirmó que Rodrigo Lara será el nuevo ministro del Interior, el primer nombre oficial de su equipo de gobierno.En la publicación, De La Espriella destacó la trayectoria política y profesional de Lara, a quien describió como "emprendedor, abogado, docente universitario, senador de la República, presidente de la Cámara de Representantes y zar anticorrupción". Además, resaltó que "nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria", y aseguró que "nunca renunció a sus principios" ni dejó de legislar "para las madres, los estudiantes y los pacientes que esperaban una oportunidad".El mandatario electo también exaltó que Rodrigo Lara "nunca ha dejado de combatir", en un mensaje con el que presentó oficialmente al dirigente político como el encargado de liderar el Ministerio del Interior durante el próximo cuatrienio.Con este anuncio comienza la conformación del gabinete del nuevo gobierno. Se espera que en el transcurso del día el presidente electo revele nuevos nombres de quienes asumirán las diferentes carteras ministeriales y tendrán la responsabilidad de ejecutar las principales políticas de su administración.¿Quién es Rodrigo Lara Restrepo?Con una trayectoria de más de dos décadas en el sector público y la academia, Rodrigo Lara es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en el Instituto de Estudios Políticos de París y magíster de la Escuela Nacional de Administración de Francia (ENA). A lo largo de su carrera ha ocupado cargos estratégicos relacionados con la modernización del Estado, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento institucional.En el ámbito gubernamental, se desempeñó como asesor externo del Ministerio del Interior en temas de ordenamiento territorial y como asesor del Alto Consejero Presidencial para la Acción Social. En 2006 fue designado director del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, responsabilidad por la que fue reconocido como el "zar Anticorrupción" del Gobierno.Desde 2002 ha ejercido como docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, donde ha participado en estudios sobre reformas del Estado, fortalecimiento de los organismos de control y desarrollo de las entidades territoriales. Además, ha publicado diversos artículos especializados sobre control fiscal, regionalización, finanzas territoriales y los sistemas presidencial y parlamentario.En su carrera política, Lara asumió en abril de 2008 una curul en el Senado como vocero de Cambio Radical, en reemplazo de Germán Vargas Lleras. Posteriormente fue representante a la Cámara por Bogotá durante el periodo 2014-2018. En 2023, fue candidato a la Alcaldía de Bogotá.
La crisis financiera que enfrenta Canacol Energy comienza a generar preocupación en diferentes sectores económicos del país, luego de que una corte en Alberta (Canadá) autorizara, dentro del proceso de reestructuración de la compañía, la terminación anticipada de varios contratos de suministro de gas. La decisión, que aún deberá ser evaluada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, encendió las alarmas entre empresas e industrias que dependen del combustible para mantener sus operaciones.Una de las voces más preocupadas es la de Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso, quien advirtió en entrevista con Mañanas Blu que la continuidad de la operación de la mina de ferroníquel depende directamente del abastecimiento de gas natural y que una interrupción del suministro tendría consecuencias económicas y sociales de gran magnitud.Sin gas, Cerro Matoso tendría que detener su producciónDurante la entrevista, Gaviria fue enfático en señalar que el gas natural es un insumo indispensable para el funcionamiento de la planta industrial ubicada en Montelíbano, Córdoba."Nosotros sin gas simplemente no podemos operar y resulta que las líneas de producción se tendrían que parar. (...) La reparación de una línea sería alrededor de 450 mil millones de pesos y la otra costaría más o menos 770 mil millones de pesos", afirmó el directivo.Explicó que un eventual apagado de los hornos industriales provocaría daños irreversibles en los materiales refractarios, lo que obligaría a realizar millonarias reparaciones antes de reiniciar la producción.Además del impacto operativo, Gaviria advirtió que una suspensión de actividades pondría en riesgo el sustento de miles de familias."Somos más o menos 2.000 empleados entre directos e indirectos y alrededor de 50.000 personas dependen de la operación de Cerro Matoso en el territorio", sostuvo.La preocupación se extiende a toda la Costa CaribeEl presidente de Cerro Matoso señaló que la problemática trasciende el ámbito empresarial, pues una parte significativa del suministro de gas en la región Caribe depende de Canacol Energy.Según explicó, la eventual cancelación de contratos podría afectar tanto a grandes industrias como a usuarios residenciales, en un contexto en el que Colombia enfrenta una reducción en las reservas de gas y una creciente necesidad de importar este energético."No sería solo la demanda nuestra de Cerro Matoso, sino la demanda del 50% de las poblaciones de la Costa Caribe colombiana", indicó durante la entrevista.Esta situación se suma a las advertencias que han realizado empresas distribuidoras del servicio de gas natural sobre los riesgos que tendría una disminución en el abastecimiento nacional.Importar gas no sería una solución viableConsultado sobre posibles planes de contingencia, Gaviria reconoció que actualmente no existe una alternativa inmediata para reemplazar el suministro que entrega Canacol.Explicó que el país cuenta únicamente con una planta de regasificación en Cartagena y que depender completamente del gas importado elevaría considerablemente los costos de operación."Tendríamos que importarlo, pero además con unos costos altísimos que no harían la operación viable y sostenible desde el punto de vista financiero", aseguró.A esto se suma la limitada infraestructura disponible para atender un aumento significativo en la demanda de gas importado.Cerro Matoso apelará la decisión de la Corte canadienseEl directivo aclaró que la autorización otorgada por la Corte de Alberta no consiste en una suspensión temporal de los contratos, sino en la posibilidad de terminarlos anticipadamente, situación que considera mucho más delicada.Por ello anunció que la empresa ejercerá los recursos legales disponibles: "Tenemos 21 días para apelar este fallo y le vamos a solicitar a la Corte canadiense una segunda instancia con el fin de que se revoque esta decisión", explicó.Mientras se desarrolla ese proceso, Cerro Matoso espera que las autoridades colombianas intervengan dentro de sus competencias para proteger la estabilidad del sistema de suministro de gas.Llamado al Gobierno y a las autoridadesDurante la entrevista, Gaviria hizo un llamado a la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y al Ministerio de Minas y Energía para buscar una solución que permita garantizar el abastecimiento.El directivo insistió en que una renegociación contractual es diferente a la cancelación unilateral de los acuerdos vigentes: "Tenemos que garantizar el ordenamiento jurídico y los derechos que se tienen ante estos contratos. Una cosa es renegociar un contrato y otra muy distinta es cancelarlo", manifestó.Asimismo, señaló que diferentes empresas consumidoras de gas han intentado dialogar con Canacol para encontrar mecanismos que ayuden a superar su crisis financiera sin afectar el cumplimiento de los contratos, aunque hasta ahora esas conversaciones no han prosperado.
Cambio Radical le hizo una solicitud tanto a la Procuraduría como a la Contraloría para que se conformen unos equipos de vigilancia y control en todas las entidades del Estado. La idea, según dicen desde esta colectividad, es hacer control a los recursos públicos durante la transición al nuevo gobierno."Con la llegada del nuevo Gobierno, cuyo mandato inicia el próximo 7 de agosto, resulta imperativo que los organismo de control del Estado ejerzan una y sin concesiones sobre los procesos contractuales que se adelanten o pretendan celebrarse en todas las entidades públicas del orden nacional y territorial", dice la carta del partido.Es importante recordar que el presidente electo Abelardo De La Espriella ya está conformando sus equipos de empalme. Desde Cambio Radical le piden a la Procuraduría y Contraloría que monitoreen en tiempo real los procesos de contratación e impidan la celebración de contratos que comprometan indebidamente el presupuesto público o afecten la capacidad de gestión del gobierno entrante."El Gobierno en curso ha demostrado, a lo largo de su periodo, que la contratación pública no ha sido respetada ni protegida; las adjudicaciones irregulares, la falta de transparencia en los procesos contractuales y el detrimento del patrimonio público ha sido una constante que compromete los recursos del Estado y lesiona gravemente los intereses de los colombianos", dice Cambio Radical.
La Corte Constitucional recibió para estudio una demanda presentada contra la Ley 2578 de 2026, norma que estableció el 9 de julio como día festivo nacional en homenaje a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Con este proceso, el alto tribunal deberá determinar si la creación del nuevo festivo es compatible con los principios establecidos en la Constitución Política.La acción fue presentada por el ciudadano Rodrigo Ospina Ortiz, quien sostiene que la ley desconoce el principio de neutralidad religiosa que debe regir al Estado colombiano. Según expuso en la demanda, declarar un día de descanso obligatorio para rendir homenaje exclusivamente a una figura central de la religión católica podría vulnerar el carácter laico de las instituciones públicas y el principio de igualdad frente a las distintas confesiones religiosas.Además de los reparos de carácter constitucional, el demandante planteó cuestionamientos relacionados con las consecuencias económicas de la medida. En su criterio, la creación de un nuevo día festivo implica efectos sobre la planeación institucional, la organización de los turnos laborales y el incremento de costos, tanto para las entidades públicas como para el sector privado.La Ley 2578 de 2026 convirtió oficialmente el 9 de julio en día festivo nacional en conmemoración de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En su contenido, la norma resalta la importancia histórica, cultural y religiosa de esta celebración, especialmente en el municipio de Chiquinquirá, en Boyacá, considerado uno de los principales centros de peregrinación del país.Con la demanda ya radicada, corresponderá ahora a la Corte Constitucional adelantar el estudio de fondo para establecer si la creación de este nuevo festivo se ajusta a los mandatos de la ley o, por el contrario, vulnera el principio de separación entre el Estado y las confesiones religiosas.Mientras se surte ese análisis constitucional y no exista una decisión definitiva del alto tribunal, la Ley 2578 de 2026 continúa vigente, por lo que el 9 de julio mantiene su condición de día festivo nacional en Colombia.