En la tarde de este jueves, 4 de enero, el Inpec trasladó a Ramiro Suárez Corzo, quien fue exalcalde de Cúcuta, a un centro hospitalario desde la Cárcel La Picota en Bogotá. Estará ahora en la IPS Salud Esencial “bajo la estricta vigilancia del Inpec”.¿Por qué trasladarán a Ramiro Suárez Corzo?Desde diciembre del 2023 se expidió una orden judicial para que trasladarán al exalcalde de Cúcuta (2005-2007)a un centro asistencial por sus quebrantos de salud.La decisión judicial se dio luego de que Medicina Legal reportara a través de un certificado que era necesario que el exmandatario de 63 años fuera trasladado a la IPS Salud Esencial en Bogotá, porque, además, es "incapaz de moverse por sus propios medios".La condena de Ramiro Suárez CorzoDesde el 2011, el exalcalde Suárez fue condenado a 27 años de prisión por estar involucrado en el homicidio del abogado y asesor de la Alcaldía de Cúcuta Enrique Flórez Ramírez, quien murió el 6 de octubre de 2003.¿Por qué Ramiro Corzo Suárez estaba en La Picota?En septiembre del 2023 el exmandatario fue trasladado del centro asistencial de Cúcuta (donde cumplía su condena por problemas de salud) a La Picota de Bogotá, porque se descubrió que tenía un trato VIP, además, estaba adelantando campañas políticas para otros candidatos.En ese momento, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, señaló que con este medida se busca que no siga teniendo visitas no autorizadas en el hospital y pueda tener un proceso adecuado, tanto clínico como judicial.JEP le cerró la puerta a Suárez CorzoEl exalcalde intentó someterse a la JEP por el caso de homicidio el de Pedro Durán Franco, el 12 de agosto de 2003, porque estas conductas habrían sido perpetradas en asocio con grupos paramilitares.Pese a que en el 2019 la JEP aceptó su sometimiento, en octubre de 2023 decidieron revocar la decisión con la cual lo habían aceptado y negar su sometimiento.Puede ver:
Ramiro Suárez Corzo, exalcalde de Cúcuta, está cumpliendo una condena por el homicidio del abogado Alfredo Enrique Flórez y se encontraba recluido en una cárcel de la capital de Norte de Santander; sin embargo, dijo tener problemas de salud por lo que fue internado en una clínica donde se denunció que tenía ventajas VIP en el centro clínico, e incluso estaba adelantado campañas políticas.Por esta razón, el director del Inpec, coronel Daniel Gutiérrez, solicitó su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá, pero antes por esos temas de salud que dice tener, debe permanecer interno en la clínica San Carlos. Dice el ente que el objetivo es que el exalcalde de Cúcuta no siga teniendo visitas no autorizadas en el hospital y pueda tener un proceso adecuado, tanto clínico como judicial."Ante denuncias que son materia de investigación por posibles actos de indisciplina y visitas no autorizadas al hospital donde se encontraba en la ciudad de Cúcuta, se dio su traslado y permanecerá con atención hospitalaria en una clínica de Bogotá de acuerdo a las prescripciones médicas dadas por los galenos ante la complejidad de salud que presenta el PPL. El traslado fue adelantado por miembros del Cuerpo de Custodia y Vigilancia con los protocolos de seguridad y garantizando las condiciones médicas requeridas", informó el Inpec.Este es el comunicado del Inpec¿Cuál es la investigación contra Ramiro Suárez Corzo?Ramiro Suárez Corzo fue alcalde de Cúcuta entre los años entre 2005 y 2007, posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, un hecho que se presentó el 6 de octubre de 2003.Por otro lado, ha sido procesado por otro caso de homicidio el de Pedro Durán Franco, el 12 de agosto de 2003. Estas conductas habrían sido perpetradas en asocio con grupos paramilitares, según las investigaciones y se habrían dado presuntamente por intereses políticos de Suárez Corzo.Denuncian que Ramiro Suárez estaría tras amenazas a directora La OpiniónDesde el diario La Opinión en Cúcuta, se conoció que su directora, Estefanía Colmenares, recibió una serie de amenazas por redes sociales donde aseguraban que "su cabeza tiene precio". Ante esto, el Inpec salió a hablar que desde este medio han estado investigado el accionar de Ramiro Suárez en la hospital donde se encontraba él por lo que responsabilizó a este hombre de cualquier hecho que atentara contra su vida.“En las últimas semanas, ellos han hecho seguimiento a las denuncias que se han conocido sobre presuntas irregularidades que rodean la hospitalización del condenado exalcalde Ramiro Suárez Corzo, quien estaría, al parecer, coordinando dos campañas políticas desde el piso 11 del Hospital Universitario Erasmo Meoz (Huem), en el cual estaba interno hasta hoy", añadió el Inpec.Le puede interesar
Ramiro Suárez Corzo fue alcalde de Cúcuta entre los años entre 2005 y 2007, posteriormente fue condenado a 27 años de prisión por el homicidio de Alfredo Enrique Flórez Ramírez, un hecho que se presentó el 6 de octubre de 2003. Por otro lado, ha sido procesado por otro caso de homicidio el de Pedro Durán Franco, el 12 de agosto de 2003. Estas conductas habrían sido perpetradas en asocio con grupos paramilitares, según las investigaciones y se habrían dado presuntamente por intereses políticos de Suárez Corzo.Por estos hechos, el exalcalde de Cúcuta solicitó su sometimiento formal ante la JEP el pasado 17 de abril de 2017, en calidad de tercero civil en el conflicto. Con la solicitud, Suárez buscaba que las investigaciones en su contra fueran asumidas por la justicia transicional. En el 2019, la JEP aceptó su sometimiento por el homicidio por el cual es procesado, pero le pidió que ajustara el plan de aporte de verdad que entregó. Es decir, que diera más detalles sobre la información que iba a aportar.Sin embargo, después decidieron revocar la decisión con la cual lo habían aceptado y negar su sometimiento por el que ya ha sido condenado. Ante esto, la defensa de Suárez Corzo interpuso un recurso que fue resuelto por la Sección de Apelación, sala que funciona como órgano de cierre de la justicia transicional, por lo que el recurso resultó ser improcedente.Así las cosas, se cierra cualquier posibilidad que tenía Suárez Corzo para ser aceptado por la justicia transicional, de esta manera sus procesos e investigaciones deben continuar el trámite en la justicia ordinaria.Escuche el podcast El Camerino:
La Policía Nacional capturó este viernes en Medellín a Robinson Alexander Foronda Galeano y Juan Esteban Atehortúa Acevedo, señalados de presuntamente perpetrar el crimen del líder comunitario Luis Fernando Osorio Soto, el pasado 3 de enero en la vereda Orizaba de Andes, Suroeste de Antioquia.Foronda y Atehortúa tenían orden de captura vigente por los delitos de homicidio agravado, desaparición forzada, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego y hurto calificado y agravado, por lo sucedido a este líder, quien además era enfermero de varias zonas rurales de Andes.De acuerdo con la investigación de las autoridades, la víctima se habría resistido al hurto de su vivienda y cuentas bancarias, no obstante, en mayo de este año capturaron a Juan Esteban Acevedo Arteaga, alias 'Juancito', quien al parecer hizo retiros de las cuentas bancarias del líder social por 19 millones de pesos. En total le fueron robados, entre dinero y otros elementos de valor, algo más de 20 millones de pesos.Para el caso de alias 'Juancito', un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario el 28 de mayo, mientras avanza el proceso judicial.Los hechos ocurrieron el 29 de diciembre de 2023, cuando varios hombres armados, habrían ingresado a la vivienda de la víctima y llevado en contra de su voluntad a un sitio solitario y despoblado. Días después, el 3 de enero de este año, el cuerpo fue encontrado atado de manos y pies, además con varias heridas de arma de fuego y politraumatismos en cabeza y tórax, según la Fiscalía.
El Gobierno chileno envió este viernes a Venezuela una nota de protesta por haber impedido ingresar al país a los senadores Felipe Kast (centroderecha) y José Manuel Rojo Edwards (ultraderecha), invitados por la oposición venezolana como observadores en las elecciones del domingo en las que Nicolás Maduro busca la reelección."El Ministerio de Relaciones Exteriores citó al embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, para entregarle una nota de protesta debido a que no se permitió el ingreso a ese país a los senadores José Manuel Rojo Edwards y Felipe Kast", dijo la Cancillería en un escueto comunicado.Kast, del partido Evópoli, informó en sus redes sociales que iban a ser deportados porque no cumplían "con el perfil ni las condiciones de ingresar al país".Edwards, del ultraderchista Partido Social Cristiano, indicó por su parte que "Maduro ha traído miseria y hambre" y "debe saber que Latinoamérica entera va a defender la democracia del pueblo bravo de Venezuela".La Presidencia del Senado chileno aseguró que los hechos son "antidemocráticos" y "denotan la mayor gravedad" porque "los senadores chilenos cuentan con todas las condiciones exigidas usualmente por la República Bolivariana de Venezuela para hacer ingreso a su territorio".Maduro, en el poder desde 2013, se enfrentará el domingo a Edmundo González Urrutia, un exdiplomático de 74 años que se convirtió en el candidato de la oposición luego de que la exdiputada María Corina Machado fuera inhabilitada, y que lidera la intención de voto según las encuestadoras tradicionales del país suramericano.El chavismo, sin embargo, asegura que Maduro ganará, pese a que los sondeos independientes reflejan el hastío de gran parte de la población en medio de una feroz crisis económica que devastó al país en la última década.La deportación de los senadores chilenos tiene lugar horas después de que Venezuela impidió la entrada de una delegación de parlamentarios del Partido Popular (PP) de España y también de un grupo de expresidentes latinoamericanos en un avión que no pudo despegar desde Panamá hasta que los exmandatarios no bajaron de la aeronave.
En la semana epidemiológica que realizó, el Instituto Nacional de Salud reportó un total de 2,375 casos de hepatitis, desglosados en hepatitis B, C y coinfección B-Delta. La cifra se compone de 1,348 casos de hepatitis B, 1,025 de hepatitis C, 2 de hepatitis Delta y 1 transmisión maternoinfantil. Por otra parte, la tasa de incidencia para hepatitis B se estimó en 2.6 casos por cada 100,000 habitantes, mientras que para hepatitis C fue de 1.0 casos por cada 100,000 habitantes. La tendencia general indica un aumento en la incidencia de estas enfermedades.¿Cómo está la hepatitis en Colombia?Las ciudades con mayor número de casos de hepatitis B fueron Bogotá D.C., Medellín, Cúcuta, Barranquilla y Cali. Para hepatitis C, las principales ciudades afectadas incluyeron Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Armenia. Los casos de hepatitis D se concentraron en Bogotá D.C. y Neiva.Hombres, los más afectados por Hepatitis BEl análisis por género muestra que la hepatitis B afecta más a los hombres, con una tasa de incidencia de 3.1 casos por 100,000 habitantes, frente a 1.1 casos en mujeres. En los hombres, se observó una disminución estadísticamente significativa en los casos de hepatitis B en el grupo etario de 15 a 19 años y un aumento en el grupo de 65 a 69 años. Entre las mujeres, se registró una disminución en los casos en el rango de 30 a 34 años y un aumento en el grupo de 60 a 64 años.Disminuye la hepatitis B en mujeres embarazadas en ColombiaDe los casos de hepatitis B reportados, el 4.6 % correspondió a mujeres embarazadas, lo que representa una disminución estadísticamente significativa en comparación con el año anterior. El principal mecanismo de transmisión de la hepatitis B fue sexual, representando el 72.6% de los casos, seguido de la transmisión percutánea o parenteral con el 7.1%. Además, el 3.8% de los casos correspondió a poblaciones indígenas y el 3.6% a negros, mulatos o afrodescendientes, con una disminución estadísticamente significativa en estos últimos grupos comparado con el año anterior.
Una verdadera crisis atraviesa la negociación entre la Alcaldía de Cartagena y la Asociación Cartagenera de Cocheros en medio del proceso de sustitución de coches de tracción animal por coches eléctricos, luego de que un grupo de propietarios y conductores de coches protestaran en contra dicho proceso.Tras varios días de silencio, el alcalde Dumek Turbay se pronunció al respecto asegurando que el proceso de transición en la ciudad no tiene reversa, y que no se volverá a sentar a la mesa con quienes protagonizan esta protesta que calificó como ‘difamatoria’.“En el mes de septiembre vamos a escoger a 15 cocheros, no a dueños de coches, sino a 15 cocheros de la ciudad de Cartagena y los vamos a llevar a Santo Domingo, donde hay un proceso exitoso de sustitución de coches (…) y para los cocheros que hicieron la protesta que fue irrespetuosa, que utilizó palabras difamatorias y calumniosas con el gobierno y conmigo, pues tenemos que decirles que no tenemos nada de que hablar, el diálogo se ha roto por esa actitud, por promocionar la mentira, como argumento de defensa y por creer que amedrentan el gobierno”, dijo.El mandatario señaló que la protesta habría sido incentivada más por los “dueños de los coches que por los cocheros”, y que espera que antes de las Fiestas de Independencia ya estén en la ciudad los primeros 30 coches eléctricos.“Una cosa es el cocheros y una cosa es el dueño de los coches (…) Yo tengo la impresión que la protesta última fue de los dueños de los coches, no de los cocheros, porque lo hemos dicho es que los 60 coches que vamos a adquirir los van a administrar los cocheros, la misma Asociación de Cocheros, y los coches eléctricos tendrán todo el respaldo nuestro, dos años de garantía, dos años de acompañamiento, recursos para que ellos puedan pasar de cochero a empresarios de un servicio turístico”, sostuvo.El alcalde dijo, además, que ya tienen los recursos asegurados para la compra de los 60 coches eléctricos, y que a finales de julio estaría lista la resolución del Ministerio de Transporte que permitirá avanzar en el proceso de transición.Recordemos que el pasado 22 de julio un grupo de cerca de 30 cocheros y propietarios protestaron frente a la Alcaldía de Cartagena para exigir garantías en el proceso de sustitución y claridad sobre una resolución del Ministerio de Transporte que regulará esta actividad.Señalaron que fueron “engañados” por el alcalde Dumek Turbay y que se han sentado en mesas de negación, pero no han sido realmente escuchados.
La prohibición de un vuelo en el que exgobernantes latinoamericanos iban a viajar de Panamá a Venezuela para ser observadores electorales y la deportación de otros veedores aumentaron este viernes la tensión antes de las presidenciales del fin de semana, en las que Nicolás Maduro busca un tercer mandato.Maduro, de 61 años y en el poder desde 2013, tiene como principal rival al diplomático Edmundo González Urrutia, de 74, postulado por la alianza opositora Plaforma Unitaria ante la inhabilitación política de su candidata original, María Corina Machado, y otros dirigentes.Autoridades venezolanas impidieron el despegue desde el aeropuerto panameño de Tocumen de un vuelo de Copa Airlines que tenía entre sus pasajeros a los exmandatarios, denunció este viernes el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.Se trata de los exgobernantes Mireya Moscoso (Panamá), Miguel Ángel Rodríguez (Costa Rica), Jorge Quiroga (Bolivia) y Vicente Fox (México), miembros de la derechista Iniciativa Democrática de España y las Américas (Grupo IDEA) y fuertes críticos de Maduro."El avión (estaba) lleno, completamente lleno, de venezolanos que iban a votar", relató Moscoso en una rueda de prensa. "Vimos lágrimas, (gente) llorando diciéndonos: ¡por favor, quédense, no se vayan!".Fox, en tanto, lo consideró una "mala señal".El miércoles, el poderoso líder chavista Diosdado Cabello adelantó que se les impediría la entrada."Si usted no está invitado a una fiesta, ¿qué le dicen? (...), le dicen: 'por favor, tenga la amabilidad, y se retira' (...). No están invitados, son showseros", dijo Cabello en su programa en la televisión estatal. "Acá no van a venir a joder", agregó.Diez congresistas y eurodiputados del Partido Popular (PP) español, así como una parlamentaria de Colombia y otra de Ecuador, denunciaron después su deportación a su llegada al aeropuerto de Maiquetía, que sirve a Caracas."Nos expulsan (...). Lamentablemente la policía de Maduro es implacable", dijo en la red social X el portavoz parlamentario del derechista PP, Miguel Tellado.Consultado sobre el caso de los expresidentes del Grupo IDEA, un funcionario de Estados Unidos que pidió anonimato solicitó al gobierno venezolano "reconsiderar esta decisión y permitir una mayor presencia internacional".Estos incidentes se suman a las alarmas que despertó en la región una advertencia de Maduro sobre "un baño de sangre" si ganase la oposición, palabras por las cuales los presidentes de Brasil y Chile, Luiz Inácio Lula da Silva y Gabriel Boric, expresaron preocupación.Todo listo Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los gobiernos de América Latina desconocieron la reelección de Maduro en 2018 en elecciones boicoteadas por la oposición, que las calificó como un fraude."Tenemos todo listo", dijo este viernes el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, en un acto en Caracas con veedores internacionales que sí fueron invitados.El proceso de instalación de las más de 30.000 mesas de votación se puso en marcha en horas de la mañana, marcado por denuncias de activistas opositores sobre retrasos. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, defendió el despliegue del Plan República, el operativo de seguridad para custodiar los comicios."¡Alerta! Se pretende desde ya, con denuncias tendenciosas a través de las RRSS (redes sociales), enrarecer el clima electoral", cuestionó en X Padrino, quien esta semana negó que la Fuerza Armada vaya a ser "árbitro".González Urrutia pidió a esa institución "respetar y hacer respetar" los resultados en las urnas.Machado informó que conversó con los presidentes de Argentina, Javier Milei; Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Luis Lacalle Pou. Les agradeció en X "su solidaridad y respaldo" en la "lucha por la democracia"."Siempre estaremos junto al pueblo venezolano", le respondió Milei.Detenciones masivas La ONG de derechos humanos Foro Penal denunció también este viernes que 135 personas vinculadas con la campaña del opositor González Urrutia han sido arrestadas, de las cuales 47 permanecen detenidas."Desde enero hasta acá se han producido 149 arrestos arbitrarios por motivos políticos (...) y 135 están directamente vinculados con lo que fue la gira nacional y la campaña ya propiamente dicha de María Corina Machado con Edmundo González Urrutia", dijo a la AFP su director, Gonzalo Himiob.Hay 10 candidatos en este proceso electoral al que están llamados a participar 21 millones de los 30 millones de venezolanos. Las encuestas favorecen a González Urrutia, pero el chavismo las desestima y acusa a sus adversarios de planear desconocer los resultados y generar violencia.