En Villavicencio se realizó el segundo Festival de Verano en el río más importante de la capital del Meta: el río Guatiquía. Está actividad, además de impulsar las actividades de playa y brindar un espectáculo para propios y turistas, logró reactivar la cadena económica en cerca de 5.000 millones de pesos.José Luis García, secretario de competitividad de la ciudad, destacó que los comerciantes formales lograron ventas por más de 4.000 millones de pesos, mientras que los informales reportaron ingresos por cerca de 800 millones de pesos.Para el alcalde Alexander Baquero, transitar hacia una ciudad turística que dependa menos del petróleo para dinamizar su economía, es uno de sus principales propósitos.“Con este festival reafirmamos que Villavicencio es una ciudad que tiene que depender menos del petróleo, y esto lo vamos a lograr consolidándola turísticamente como un destino para visitar”, señaló el mandatario.Mauricio Salinas, director de Turismo de Villavicencio, también destacó que el sector hotelero y prestadores de servicios turísticos tuvieron un importante rol en el desarrollo de este festival.“Logramos importantes cifras de reactivación económica en estos sectores que nos permiten decir que el festival fue todo un éxito, y se consolida como uno de los eventos más importantes de Villavicencio”, concluyó.
Si bien reconoció que ha habido "un diálogo permanente con el Gobierno" y que, a su vez, se han realizado algunos esfuerzos en contados sectores”, el presidente de la Sociedad de Agricultura de Colombia (SAC), Jorge Bedoya, aseguró que esas múltiples conversaciones no se han visto reflejadas en cosas concretas para los diferentes sectores de la producción.Durante el encuentro que realizó la Unión de Empresarios por el Atlántico, Bedoya advirtió que hoy día “el consumo de alimentos en Colombia no está creciendo a la misma velocidad que la oferta” y que, por lo tanto, urge materializar la reactivación económica para que esta no quede en letra muerta."Hay actividades que hoy no la pasan bien, como el comercio, la construcción, la industria manufacturera, por eso siempre el llamado es a que se necesita esa verdadera política de reactivación que se quedó en anuncios y que no ha llegado", manifestó desde Barranquilla.El presidente de la SAC también se refirió a la reforma laboral que hace tránsito por el Congreso y, empleando la misma jerga del agro, aseguró que “podría salir más caro el caldo que los huevos”, si se aprueba una reforma que no genere incentivos a la formalización ni ayude a combatir la informalidad.Sobre bloqueosOtro de los aspectos a los que se refirió Bedoya fue a los constantes bloqueos que se vienen registrando en el país. Al respecto sentenció que “se está incubando la cultura del chantaje en Colombia”, porque cada vez que se bloquea una carretera, “las comunidades terminan arrodillando al gobierno y terminan sacando lo que quieren”.Precisó que las consecuencias las padecen todos porque, en esos días de bloqueo, “los precios de los alimentos en plazas de mercado suben por encima del 50 o 60 por ciento, se reduce el abastecimiento y después quienes pagan los platos rotos son los consumidores y los productores”.
El Gobierno nacional se aferra a su idea de una inversión forzosa para reactivar la economía del país. Justo este miércoles, 14 de agosto, el director de Planeación Nacional, Alexander López, confirmó que el polémico proyecto estará listo en unos días para presentarlo ante el Congreso de la República."Nosotros, antes de dos semanas, tenemos la propuesta de reactivación económica y de ley de financiamiento de tal forma que podamos entregarle al país, y al Congreso de la República, esa ley de financiamiento que va a sumarse a los recursos que hoy tenemos”, afirmó López.Bajo esta idea, fue el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien se refirió a la posibilidad de implementar esta polémica iniciativa, la cual calificó como "inversión estratégica". "¿Qué es lo que no me gusta del nombre de inversiones forzosas? Suena a que es forzada (...) Esta es una inversión estratégica para desarrollar sectores. La propuesta es que, aunque el sector agropecuario es un punto neurálgico, necesitamos ir más allá”, aseguró el jefe de esa cartera.De acuerdo con Bonilla, el país debe invertir en sectores como la energía renovable, la organización digital del país, la agroindustria y el desarrollo del turismo. Con todo lo anterior, desde el Gobierno nacional esperan sacar a flote una economía que no ha mostrado los mejores números durante el último año.
No cabe de la dicha el comerciante de calzado Hamilton Hernández, luego de que un juez de Bucaramanga le concediera la libertad condicional en medio de su condena a cuatro años de cárcel por deberle 312.000 pesos a la Dian.La noticia fue confirmada por el abogado Daniel Caicedo, miembro de la organización Defensa de Inocentes, quien celebró la decisión del juez en otorgarle la libertad condicional tras cumplir 28 meses de la condena.“Nosotros conocemos la historia gracias a Blu Radio, la triste situación de este comerciante santandereano, un zapatero, quien fue condenado a cuatro años de prisión domiciliaria y una multa de 624.000 pesos por el delito de omisión de agente retenedor por deberle 312.000 pesos a la Dian (…) Asumimos de manera gratuita su defensa y procedimos a cancelarle la multa, solicitamos su libertad condicional por cumplir las tres quintas partes de su condena que corresponde a 28 meses, ya hoy se tramitó su libertad y podrá cumplir el sueño de acompañar a su hija en el grado”, dijo el abogado Daniel Caicedo.En diálogo con Blu Radio, Hamilton Hernández contó, en su momento, que su condena se trató de un ingenuo error y culpó a su contador de la dramática situación que ha vivido en estos últimos dos años.“No los dejé de pagar porque quisiera, sino porque no los tenía. Estábamos en una situación difícil, no fue la única deuda, había otras obligaciones. Algunas todavía persisten. Yo consulto con el contador y me dice que no es una cifra importante, que eso no acarrea problema”, explicó.Hamilton Hernández soñaba con quedar en libertad para reincorporarse en el mundo laboral.“Yo saliendo de esto y pudiendo volver a trabajar, hago lo posible por dejar eso en ceros. Es una cuestión de impuestos, ya lo tengo claro que debo pagarlo, pero necesito salir nuevamente a desempeñarme para mantener a mi familia y a mi mamá. No pido comprensión sobre lo que me sucedió, sino una solución para poderme encargar de mi familia", aseguró.Le puede interesar: 'El poder de la aceptación'
El presidente de la República, Gustavo Petro, ha hablado una y otra vez de emergencia económica. En campaña dijo que lo contemplaba en los primeros días de gobierno para enfrentar la crisis por el hambre en el país, y el pasado 8 de septiembre, ya como mandarario, retomó la idea desde el departamento del Atlántico.Esta vez, Petro lo dijo por la inminencia de una crisis que puede traer la ola invernal en las próximas semanas. Ahora, el gobierno cambió de opinión y evalúa los caminos para no llegar a tomar esta decisión.“Claro que lo he pensado ¿No es el momento acaso de una emergencia? Los congresistas podrán opinar; los medios de comunicación a nivel nacional, la sociedad toda; pero si vamos a vivir un episodio peor que 2010 en términos de clima, entonces necesariamente el país tiene que entrar en una emergencia económica”, señaló el presidente desde el municipio de Santa Lucía (Atlántico), hace un par de semanas.Sin embargo, en Palacio son conscientes de las complejidades, tanto jurídicas como en materia de opinión pública.“Ojalá no sea necesario”, dice una alta fuente de Palacio, y por eso están mirando qué caminos tomar para poder llevar recursos a la atención de la crisis por el invierno, pero sin llegar a la declaratoria de emergencia económica. Por tal motivo, la oficina Jurídica emitió la circular 05 a todos los ministerios y departamentos ddministrativos, para que evalúen todas las herramientas jurídicas vigentes de las que el gobierno pueda echar mano.En ese sentido, la dependencia le da tres órdenes a ministros y directivos: primero, identificar qué medidas ordinarias están adoptando actualmente para prevenir, contrarrestar o superar los efectos de la temporada de lluvias, incluyendo los recursos disponibles para la misma; segundo, identificar las nuevas medidas ordinarias (con las normas vigentes) que requiere tramitar para prevenir, contrarrestar o superar los efectos de la temporada de lluvias.Y por último, y tal vez la más llamativa, evaluar qué normas expedidas en el marco de otras emergencias económicas decretadas por invierno están vigentes y pueden ser usadas por el gobierno.Le puede interesar:“Identificar las medidas legislativas adoptadas en emergencias anteriores (la Niña de 2010, Mocoa, entre otras) que estén vigentes y que sirvan para ser implementadas en una eventual emergencia en el presente año. Esta acción implica verificar qué decretos legislativos se expidieron en estados de emergencias económicas declaradas en años anteriores, para prevenir, contrarrestar o superar la situación que dio origen a la declaratoria de la emergencia, y si las mismas están vigentes y pueden ser utilizadas para afrontar la actual temporada de lluvias", se leyó en la comunicación.
Alexander Alvarado, dueño de un motel en Bogotá y quien preside la agremiación de moteles en Colombia, se mostró en total desacuerdo con la posibilidad de incluir un "impuesto al amor" en la reforma tributaria, iniciativa que lanzó el Partido de la U, pero luego fue borrada.El texto decía: “(…) Contribución parafiscal con destino al deporte, impuesto a la prestación del servicio de alojamiento transitorio en moteles, residencias, amoblados, hostales y celulares”.Según Alvarado, es una medida “desbordada” porque hasta ahora se están reactivando económicamente tras el golpe de la pandemia por COVID-19. Explicó, además, que los moteles ya pagan un impuesto al consumo.“Pagamos impuestos, pero de una manera desproporcionada, grande. Al gremio de moteles, desafortunadamente, no nos cobijó la ley de reactivación económica y las tarifas de impuestos, a diferencia de otros sectores de alojamiento, es full, plena con IVA e impuesto de consumo”, aseveró en Mañanas Blu.“Impuesto al amor”Contó que hace años también se planteó poner un impuesto más a estos lugares, pero nunca se llegó a nada por las protestas que, en su momento, hicieron desde el gremio.“Es una propuesta completamente desbordada. Quedamos totalmente perplejos y asustados ante esa situación, era revivir el famosos impuesto al amor que hace 30 años intentaron imponernos, con la lucha del gremio no se logró”, mencionó.En ese sentido recalcó que “la reactivación hasta ahora despega” y esta medida afectaría a, alrededor, de 30.000 familias que “dependen de esa actividad”.Le puede interesar:
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) subió este martes su previsión de crecimiento en la región para el 2022 del 1,8 % estimado en abril al 2,7 %, aunque alertó que el escenario es "muy complejo".El organismo dependiente de la ONU, con sede en Santiago de Chile, aseguró en un nuevo estudio que "la desaceleración económica se ha visto profundizada por los efectos de la guerra en Ucrania" y "las crecientes limitaciones que enfrenta la política macroeconómica interna para impulsar el crecimiento".A esto, agregó la Cepal, "se suman las fuertes presiones inflacionarias, el bajo dinamismo de la creación de empleo, caídas de la inversión y crecientes demandas sociales".Las economías que más se expandirán este año son Venezuela (10 %), Panamá (7 %), Colombia (6,5 %), República Dominicana (5,3 %), Uruguay (4,5 %), Guatemala (4 %) Honduras (3,8 %), Bolivia (3,5 %) y Argentina (3,5 %), de acuerdo a la institución.En el medio de la tabla se encuentran Costa Rica (3,3 %), Cuba (3 %), Nicaragua (3 %), Ecuador (2,7 %), Perú (2,5 %) y El Salvador (2,5 %), mientras que los países que menos crecerán serán México (1,9 %), Chile (1,9 %), Brasil (1,6 %), Paraguay (0,2 %) y Haití (-0,2 %).Para el Caribe, la Cepal estima una expansión del 10,2 % o del 4,7 % sin contar a Guyana, que vive desde hace un tiempo un boom petrolero.La región vuelve así "a la senda de bajo crecimiento que exhibía antes del inicio de la pandemia", subrayó el organismo en el estudio "Estudio Económico de América Latina y el Caribe".INFLACIÓN DISPARADA EN LATINOAMÉRICAEl informe muestra también que la inflación ha seguido aumentando, llegando al 8,4 % regional en junio, "lo que equivale a más del doble del valor promedio registrado en el período 2005-2019"."Si bien el alza del precio de las materias primas ha beneficiado a los países de la región exportadores de bienes primarios, en particular hidrocarburos y alimentos, para el promedio de la región se proyecta una caída del 7 % de los términos de intercambio de productos básicos", resaltó el organismo.Para este año, la Cepal espera que el valor de las exportaciones regionales aumente un 22 % y el de las importaciones un 23 %, por lo que el superávit en la balanza de la cuenta de bienes será menor que en 2021.Después de que el año pasado la región fuera receptora neta de capitales, el informe señala que los datos disponibles al primer trimestre de 2022 muestran que la entrada de flujos se desacelera, debido principalmente a una "mayor estrechez de las condiciones financieras mundiales", sobre todo a partir de la guerra en Ucrania.La desaceleración está restringiendo por otro lado la recuperación de los mercados laborales, en especial para las mujeres: la tasa de desocupación femenina pasó del 12,1 % al 10 % a finales del primer trimestre del año, una disminución menor a la masculina.Latinoamérica, la región más afectada por la pandemia, creció un 6,2 % en 2021 como rebote tras el desplome del 6,8 % registrado en 2020, la mayor recesión en 120 años. En otras noticias económicas:La carga de café registró un máximo histórico en los mercados: se negociará a 2.408.000 pesos por cargaGobierno Petro pedirá ante el Congreso de la República un aumento para el presupuesto de 2023 y no como lo estipuló el expresidente Iván Duque que lo dejó en cerca de $392 billonesArrancó la discusión por la reforma tributaria y pensiones de más de $10 millones no estarían exentasEscuche el programa completo de Negocios Blu:
Fox Creativo es una agencia de marketing que conecta a las empresas y a los emprendedores con su público objetivo. Además, les ofrecenclientes potenciales a través de las alternativas que ofrece el mercadeo. Antonio Aguilar, miembro del equipo de Fox Creativo, habló sobre esta plataforma digital.“Aprendimos a reinventarnos y a aprovechar esa capacidad digital. Trabajamos en el método virtual y tenemos especialistas en diferentes partes del país”, explicó.Además, Aguilar explicó cómo fue la reactivación económica para Fox Creativo.“Ha sido realmente satisfactoria. Durante la pandemia fue difícil pero se transformó en una oportunidad de negocio”, dijo.Conozca Fox Creativo:
Dauntless es una marca de moda vegana y sostenible que vende básicos con diseño de buena calidad. Son una marca certificada por PETA, que es una organización global de protección de animales, ningún material que usan viene de un animal e, incluso, sus empaques son 100% eficientes para el planeta. Paula Maldonado, en dialogo con el equipo de En Blu Jeans, contó cómo nació esta idea de negocio.“La empresa la fundé en el 2016 cuando era tabú el tema vegano. La mayoría de las marcas no tenían diseño o emprendimiento y no ayudaban al medio ambiente. Ahora la marca es más reconocida y seguimos creciendo”, manifestó.Además, Maldonado explicó cómo les ha ido en la reactivación económica y cómo les fue en la época más dura de la pandemia.“Ya estamos en 2022, hay un cambio positivo en el consumidor. Cada 8 de 10 consumidores se preocupan por el planeta por su salud. Lo importante es ese cambio de mentalidad que genera el producto.”, finalizó.Conozca la marca de ropa vegana:
El Gobierno nacional firmó varios decretos con los que busca ampliar la extensión arancelaria a cero, para algunos productos. Esto con el fin de combatir la inflación que afecta al país los últimos días.Los decretos 1174 y 1175 mantendrán durante dos años el arancel a cero pesos, esto para productos importados como el trigo y el maní.El objetivo es mitigar el impacto de la subida de precios en productos como el pan y el cereal, que han subido en los últimos días. Por otro lado, la importación de maní sin cascara, pues la industria colombiana no alcanzaría a abastecer el mercado nacional en los próximos meses.“Se da a los empresarios la posibilidad de diversificar los orígenes para adquirir las materias primas, debido a la producción marginal que existe en el país. La extensión será por dos años y hace parte de las decisiones que estamos adoptando para mitigar el impacto de la inflación”, explicó la ministra de Industria y Comercio, Ximena Lombana.A su vez, otro decreto también mantendrá el arancel a cero a productos con alto costo en los fertilizantes y plaguicidas, pues el valor de estos está aumentando en el mercado un 95 % entre los meses de mayo del 2021 y abril del 2022.Le puede interesar: Al pelo con Tata
Un torrencial aguacero cayó esta tarde sobre Barranquilla y varios municipios del Atlántico como Puerto Colombia, Soledad y Malambo.Las lluvias estarían presentes este fin de semana en diferentes partes del Caribe colombiano por el paso de una nueva onda tropical, la número 52 de la temporada.Así las cosas, se presentarán precipitaciones en ciudades como Barranquilla, como en efecto ya ocurre, las inmediaciones de la Sierra Nevada y el sur de la región.El meteorólogo del Ideam, Rodney Poveda, explica que para Barranquilla, varios modelos están generando señales de precipitaciones para la tarde y la noche del viernes y la madrugada del sábado.“El sábado también puede estar pasado por lluvia. El domingo se espera que las condiciones sean de nubosidad y precipitaciones, particularmente para las horas de la tarde y la noche”.Agregó el Ideam, que se podrán presentar lluvias entre moderadas y fuertes con probables tormentas eléctricas sectorizadas en amplias áreas marítimas, como también en amplios sectores del centro y sur de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre y Córdoba, especialmente en regiones de los Montes de María y La Mojana.Las autoridades recomiendan máxima precaución a las personas, sobre todo si las lluvias vienen acompañadas de fuertes vientos y actividad eléctrica.
El caso que estremeció a Ibagué en 2017 y que llevó a que la Fundación Peces Vivos fuera señalada como la denominada “casa del terror” vuelve a ocupar la atención judicial. Siete exempleados de la Fundación Peces Vivos fueron condenados a penas de hasta 17 años y 6 meses de prisión por hechos relacionados con torturas contra menores que permanecían internados en esta institución del barrio La Pola.La historia salió a la luz después de que un exempleado denunciara ante la Fiscalía los presuntos abusos cometidos contra los niños. La investigación reveló que menores con discapacidad mental o condiciones psiquiátricas eran sometidos a prácticas de inmovilización que, de acuerdo con la Fiscalía, habrían dejado de tener una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y sometimiento.El escándalo se conoció públicamente en octubre de 2017. El 23 de octubre, el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de estar involucradas en los maltratos. Entre los detenidos estaban la entonces directora, Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora, Dignore Olaya Hernández; la psicóloga Jennifer Stefany Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio y Paola Andrea Tique Vera; además de los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flórez Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina y Edison Jaber Calderón Espitia.Aquel día, mientras los capturados eran trasladados y posteriormente presentados ante la justicia, una vecina del barrio La Pola describió ante los medios la crudeza de lo que, según los relatos conocidos hasta ese momento, ocurría dentro de la fundación. “Dicen que entre varios empleados tomaban a un niño de pies y manos y lo trataban como si fuera un costal”, fue la frase que entregó la residente del sector cuando los señalados eran presentados en el Palacio de Justicia de Ibagué.La investigación judicial estableció que las víctimas eran sometidas a diferentes formas de contención física y psicológica. Entre los hechos descritos estuvieron niños amarrados a camas, el uso de medicamentos tranquilizantes y otros mecanismos empleados como supuestas medidas de control. También se documentaron casos en los que los menores habrían sido sometidos a estas prácticas por situaciones como llorar, negarse a comer, discutir o incumplir instrucciones.La justicia impuso penas de entre 15 y 17 años de prisión por hechos ocurridos en el centro de atención ubicado en el barrio La Pola, en la Fundación Peces Vivos. La investigación estableció que nueve menores fueron sometidos a prácticas de violencia física y psicológica que, según la Fiscalía, eran utilizadas como mecanismos de castigo e intimidación.Un juez especializado de conocimiento encontró responsables, de acuerdo con la participación individual establecida en el proceso, a la entonces directora de la institución, una psicóloga y cinco trabajadores vinculados a labores de enfermería y formación. Las penas oscilan entre 15 y 17 años de prisión, además de multas y restricciones para ejercer funciones públicas y determinadas actividades profesionales durante el periodo de la condena.La sentencia se produjo después de que la Fiscalía presentara ante el despacho judicial elementos de prueba relacionados con hechos ocurridos entre el segundo semestre de 2016 y 2017.Según la investigación, nueve menores de edad fueron víctimas de procedimientos de sometimiento físico y psicológico que habrían dejado de responder a una finalidad terapéutica para convertirse en mecanismos de castigo, intimidación y control.Entre las situaciones investigadas estuvieron las inmovilizaciones de los menores que, de acuerdo con las pruebas, eran utilizadas frente a comportamientos como llorar, negarse a comer, discutir, incumplir instrucciones o presentar conductas relacionadas con sus condiciones particulares.La Fiscalía sostuvo que estas actuaciones no correspondían a verdaderas emergencias médicas o psiquiátricas que justificaran ese tipo de intervención.Las penas impuestasLa mayor condena corresponde a Johanna Dignore Rodríguez Olaya, quien fue directora de la Fundación Peces Vivos. El juzgado le impuso 17 años y seis meses de prisión, además de una multa de 9.900 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tras declararla responsable como coautora del delito de tortura agravada y autora del delito de concierto para delinquir con el propósito de cometer actos de tortura.La psicóloga Yenifer Stefany Salcedo Cartagena recibió una pena de 17 años de prisión y una multa equivalente a 17.100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por los delitos establecidos en la sentencia.Entre los auxiliares y formadores condenados aparecen Edison Jaber Calderón Espitia, Paola Andrea Tique Vera —quien se encuentra a disposición de la autoridad penitenciaria competente para su traslado del sitio donde actualmente está en detención preventiva al establecimiento que determine el INPEC— y Claudia Maritza Flórez Medina —quien permanecerá en prisión domiciliaria en condición de madre cabeza de familia—, cada uno con una pena de 16 años y cuatro meses de prisión.Claudia Lorena Pedraza Henao fue condenada a 16 años y tres meses, mientras que Paula Andrea Patiño Buitrago recibió una pena de 15 años y seis meses de prisión.En el caso de Patiño Buitrago, la decisión contempla además una absolución parcial respecto de algunos de los hechos atribuidos a determinadas víctimas, al considerar el juzgado que no se acreditó su responsabilidad penal más allá de toda duda razonable frente a esas conductas específicas.La decisión judicial establece que Johanna Dignore Rodríguez Olaya, Yeniffer Stefany Salcedo Cartagena, Edison Jaber Calderón Espitia, Claudia Lorena Pedraza Henao y Paula Andrea Patiño Buitrago permanecerán en libertad mientras la sentencia adquiere ejecutoria.Una vez la decisión quede en firme, el despacho judicial ordenará la expedición de las respectivas órdenes de captura para que los condenados sean puestos a disposición del INPEC y cumplan la pena privativa de la libertad en el establecimiento penitenciario que determine esa entidad.El expediente señala, además, que Claudia Maritza Flórez Medina cumplirá la pena bajo prisión domiciliaria, mientras que los demás deberán permanecer en establecimientos penitenciarios, según las condiciones establecidas en la decisión judicial. La sentencia corresponde a una primera instancia y puede ser objeto de los recursos previstos por la ley.La sentencia también contempla la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas y la prohibición de ejercer las respectivas profesiones durante el periodo de las condenas.¿Cuál era el propósito de la Fundación Peces Vivos?En su momento, Peces Vivos era presentada como una institución especializada en el departamento del Tolima para atender a menores con diferentes condiciones de salud mental y discapacidad psicosocial. Entre los niños atendidos había menores con diagnósticos y situaciones de alta vulnerabilidad.Así era la llamada ‘Casa del Terror’En 2017, los gritos de los menores y las denuncias de un exempleado permitieron conocer las condiciones en las que, según la investigación, permanecían algunos niños internados en la institución ubicada en el barrio La Pola.La Fiscalía describió prácticas que incluían atar a los menores a las camas, arrojarles alimentos calientes a la cara y utilizar medicamentos tranquilizantes como mecanismo de control. Estas actuaciones habrían sido aplicadas frente a comportamientos como negarse a comer o desobedecer instrucciones.El caso involucró a menores de entre 7 y 17 años, varios de ellos en condiciones de discapacidad o extrema vulnerabilidad. Según la información recopilada durante la investigación, las víctimas hacían parte de un grupo de menores que permanecía bajo el cuidado de la institución contratada para prestar atención especializada.La investigación que comenzó con las capturas de octubre de 2017 terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más recordados de Ibagué por las denuncias de maltrato contra menores bajo protección institucional.Un caso que comenzó con denuncias en 2017La investigación contra los trabajadores de la Fundación Peces Vivos se hizo pública en octubre de 2017, cuando el CTI, con apoyo de la Policía Nacional, capturó a diez personas señaladas de participar en los hechos denunciados.El 23 de octubre del año 2017 fueron capturadas por el CTI, con el apoyo de la Policía Nacional, 10 personas señaladas de cometer toda clase de maltratos crueles e inhumanos contra menores de edad que se encontraban en una fundación para atención especializada de Ibagué. De este grupo, ocho ya han sido condenadas; una de ellas mediante preacuerdo. Una más fue absuelta y otra falleció.Los involucrados en el momento de las capturas fueron la directora Johana Dignore Rodríguez Olaya; la coordinadora Dignore Olaya Hernández (madre de la directora, fue absuelta); la psicóloga Jennifer Stefania Salcedo; las enfermeras Yenny Carolina Camelo Osorio (Q. E. P. D., falleció en marzo de 2020 en la ciudad de Manizales) y Paola Andrea Tique Vera; y los formadores Paula Andrea Patiño Buitrago, Claudia Maritza Flores Medina, Claudia Lorena Pedraza Henao, Ángel Duván Serna Molina (condenado a 8 años y 39 días en 2018 mediante preacuerdo con la Fiscalía) y Edison Jaber Calderón Espitia.La institución, ubicada en el barrio La Pola de Ibagué y dedicada a la atención especializada de menores con discapacidad mental o condiciones psicosociales, quedó en el centro de una investigación que reveló presuntos episodios de maltrato y sometimiento.Uno de los elementos que tomó fuerza durante la investigación fueron las denuncias sobre las llamadas contenciones físicas, procedimientos que, según la Fiscalía, debían contar con autorización médica especializada.En el proceso se estableció que algunas de esas prácticas habrían sido realizadas sin la autorización correspondiente. Incluso se investigó la elaboración de órdenes con contenido falso para justificar determinadas inmovilizaciones.Uno de los primeros resultados judiciales llegó en 2018, cuando Ángel Duván Serna Molina, quien trabajaba como formador en la institución, aceptó mediante un preacuerdo su responsabilidad por los hechos investigados. La justicia le impuso entonces una pena de ocho años, un mes y nueve días de prisión.La Fiscalía señaló en ese momento que Serna Molina había participado en 129 procedimientos de contención considerados inhumanos dentro de la investigación.
La Selección Colombia parte como favorita para el amistoso frente a México, según el análisis del periodista mexicano Gustavo Mendoza, de ESPN, quien habló en Blog Deportivo sobre el encuentro que marcará el inicio de la era de Rafa Márquez al frente del combinado azteca. Aunque el comunicador reconoció que México afrontará el compromiso con expectativas moderadas en cuanto al resultado, señaló que el equipo colombiano llega con una ventaja por la continuidad del proceso que lidera Néstor Lorenzo.Mendoza explicó que una de las razones para considerar favorito a Colombia es el antecedente más reciente entre ambos seleccionados, especialmente el triunfo 4-0 conseguido por la tricolor cuando México era dirigido por Javier Aguirre. A esto se suma que, en su opinión, el equipo colombiano mantiene una estructura de trabajo más consolidada, pese a las ausencias de varios futbolistas que estuvieron en el Mundial y que no harán parte de esta convocatoria.“Simplemente no se nos borra de la mente el 4 a 0 de Colombia con Javier Aguirre”, afirmó el periodista.Mendoza también señaló que la situación es diferente para México, debido a que este partido representa el comienzo de una nueva etapa con Rafa Márquez, quien asumió el cargo después de la salida de Aguirre y todavía está implementando sus ideas en el equipo nacional.Las ausencias de MéxicoEl periodista mexicano también puso sobre la mesa las bajas que tendrá su selección para el compromiso. Julián Quiñones y Raúl Jiménez no estarán disponibles por lesión, mientras que Edson Álvarez atraviesa una situación que le impide participar. Además, la convocatoria tuvo una particularidad: el cuerpo técnico solamente pudo llamar inicialmente a dos jugadores por club, situación que afecta especialmente a Chivas, equipo que constituye una de las bases del seleccionado mexicano.“México arranca de cero”, aseguró al explicar su percepción sobre el proceso de Márquez, aunque aclaró que espera que el exdefensor consiga potenciar al seleccionado mexicano.El partido entre ambas selecciones será este sábado, 26 de septiembre, desde las 8:00 de la noche.
La llegada de Joaquín Gutiérrez a la presidencia de Ecopetrol abre una nueva etapa para la compañía y desde el Congreso ya advierten cuáles serán los principales desafíos de su administración.Aumentar las reservas y la producción, garantizar el abastecimiento de gas, fortalecer las finanzas y definir el futuro de la transición energética están entre las prioridades señaladas por senadores y representantes.Recuperar las finanzas y la confianza en EcopetrolUno de los primeros desafíos planteados desde el Congreso está relacionado con las finanzas y el gobierno corporativo de la compañía. Juan Espinal, presidente de la Comisión Quinta del Senado, aseguró que Gutiérrez tendrá que recuperar las finanzas de Ecopetrol, pero también fortalecer la confianza y el gobierno corporativo.“Recibe una empresa con un debilitamiento económico lamentable. En el gobierno Petro las utilidades de Copetrol cayeron en un 72%. Al doctor Gutiérrez, de la mano de la junta directiva, le corresponderá recuperar, además de las finanzas, la confianza y el gobierno corporativo, retomar el negocio de la producción de gas natural y de petróleo”, aseguró Espinal.La senadora María Clara Posada también puso el foco en la rentabilidad y los costos. Según explicó, Ecopetrol venía de tres años de caída de utilidades hasta 2025 y, aunque los resultados mejoraron en 2026 por los precios internacionales, considera necesario que la compañía pueda mantener su rentabilidad incluso ante un escenario de menores precios del crudo.“El gobierno corporativo, que es determinante el fortalecimiento de la institucionalidad. Después de las controversias investigaciones de los últimos años, hay un desafío importante en recuperar la credibilidad, fortalecer controles y demostrar independencia en las decisiones para que no se afecte la inversión”, señaló Posada.Petróleo: aumentar reservas y volver a impulsar la exploraciónLa recuperación de las reservas y la producción de hidrocarburos aparece como otro de los principales retos.El senador Ariel Ávila, integrante de la Comisión Quinta, aseguró que la exploración y explotación petrolera deberá volver a convertirse en una prioridad.“El tema de exploración y explotación petrolera. Ese, en el gobierno de Gustavo Petro no fue una prioridad, por tanto, aquí se requiere esa prioridad para aprovechar los precios altos que tenemos en este momento del petróleo, que el barril de Brent está entre los 97 a 102, 103 dólares, el WTI 3, 4 dólares más barato, y eso, pues permitiría a la empresa despegar”, subrayó Ávila.Espinal también planteó aumentar la producción nacional de petróleo y defendió retomar el fracking como una alternativa para fortalecer las reservas probadas de petróleo y gas del país.A esta petición se sumó el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, quien aseguró que la nueva administración tiene la tarea de concentrarse en aumentar el valor de la compañía.“Colombia no puede darse el lujo de perder sus reservas ni de depender cada vez más de las importaciones”, afirmó Barguil, quien sostuvo que el país necesita una compañía “fuerte, eficiente y estratégica para la seguridad energética”.Gas: garantizar el abastecimiento y llevar los descubrimientos a producciónEl gas es otro de los asuntos que genera preocupación entre integrantes del legislativo.El representante a la cámara Alejandro de la Ossa, señaló que uno de los retos será lograr que los descubrimientos de gas del Caribe dejen de ser únicamente recursos encontrados y lleguen efectivamente a producción. Para ello, considera necesario resolver asuntos de infraestructura, licenciamiento y relacionamiento con las comunidades.El senador Miguel Ángel Barreto también advirtió sobre el riesgo de un racionamiento de gas y pidió acelerar la entrada de nueva oferta nacional.“Necesitamos, de manera urgente, explorar y explotar gas en nuestro país. Necesitamos solucionar el tema de las consultas previas y las licencias ambientales. Necesitamos que los nuevos proyectos ingresen de manera inmediata, como el proyecto Sirius de la costa Caribe de nuestro país”, aseguró.Por otro lado, el senador Marcos Daniel Pineda también puso entre las prioridades reducir la dependencia del gas importado, que según aseguró, ha aumentado hasta un 30%.Ariel Ávila también alertó sobre las necesidades de abastecimiento durante los próximos años, especialmente ante la incertidumbre internacional y los retrasos que, según señaló, enfrentan proyectos de regasificación.¿Cómo continuará la transición energética?El futuro de la transición energética es otro punto sobre el cual el Congreso pone la mirada.El senador Kevin Paz, defendió que Ecopetrol mantenga su carácter público mayoritario y continúe transformándose de una compañía exclusivamente petrolera hacia una empresa productora de diferentes energéticos.“Petróleo, gas, energía solar, eólica, hidrógeno blanco, gris, azul y verde, e iniciar la explotación de de geotermia, cuyos pilotos ya están diseñados. Igualmente, considero importante que la empresa mantenga en su junta directiva la participación de los trabajadores”, planteó Paz.Mientras tanto, De la Ossa aseguró que el desafío será desarrollar nuevas fuentes de energía sin debilitar de manera anticipada la producción de petróleo y gas que todavía requiere Colombia y que, además, puede generar los recursos necesarios para financiar esa transición.Cuestionamientos al nombramiento de Joaquín GutiérrezMás allá de los desafíos que tendrá la nueva administración, desde algunos sectores del Congreso también surgieron cuestionamientos sobre la elección de Gutiérrez.El representante José Luis Bohórquez, del Pacto Histórico, cuestionó su experiencia específica en hidrocarburos.“No hay idoneidad del señor para el cargo. El señor es especialista en la gerencia de proyectos de telecomunicaciones, es especialista en derecho a las telecomunicaciones, es especialista en servicios de la salud. Y en Ecopetrol, pues ni telecomunicaciones ni salud, sino que es hidrocarburos, gas, petróleo, entre otras cosas”, afirmó Bohórquez.El representante Mauricio Toro, de la Alianza Verde, también cuestionó la cercanía entre el nuevo presidente de Ecopetrol y el presidente Abelardo de la Espriella.“Cuando el cargo más importante de la empresa se entrega al jefe de campaña del presidente, pues el mensaje que Ecopetrol se reparte como botín electoral es muy grave. Eso lo criticamos con Petro y con Roa, y lo criticamos igual hoy. Abelardo De La Espriella llegó diciendo que iba a devolverle la técnica a Ecopetrol después del caso Roa, y eso resulta ser falso. Y lo primero que hace, pues es repetir exactamente el mismo patrón”, aseguró.Mientras tanto, desde el Centro Democrático, el representante John Jairo Berrío defendió la experiencia administrativa y empresarial de Gutiérrez.“Esos mismos que lo cuestionan, se les olvidó que Petro nombraba bachilleres de ministros y hasta directores del DPS. Hay que hacer buena memoria. Esperemos que este señor arranque y a ver cómo le va. Yo le auguro mucho éxito”, afirmó.Por su parte, el vicepresidente del Senado, Alejandro Ocampo, también señaló que Gutiérrez no cuenta con experiencia directa en el sector petrolero, pero destacó que Ecopetrol tiene en su interior trabajadores con conocimiento técnico y experiencia.“Necesitamos un ecopetrol que siga generando utilidades, que siga generando riqueza. Eso es lo que te va a hacer. Y el fracking es más el costo de la operación que la ganancia que genera”, agregó Ocampo.
En las imágenes conocidas por Blu Radio se observa a Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, máximo cabecilla de los Comandos de Frontera, esposado y escoltado por agentes de Interpol y uniformados de la Policía, mientras es trasladado para su extradición a los Estados Unidos. En una de las imágenes, aparece firmando documentos durante el procedimiento judicial relacionados con su extradición, mientras que otras registran su salida de un vehículo de seguridad y el momento en que era conducido por los agentes antes de continuar con el traslado.La operación comenzó la noche del jueves, cuando salió de la cárcel La Picota hacia CATAM y. posteriormente. fue llevado a Barranquilla. Allí, Interpol formalizó su entrega a agentes de los US Marshals y la DEA. A las 10:39 de la mañana de este viernes 25 de septiembre despegó desde el Comando Aéreo de Combate No. 3, en Malambo, Atlántico, el avión Falcón 2.000 chárter que lo lleva a territorio estadounidense.Con el despegue de la aeronave terminó un operativo que comenzó desde la noche del jueves en Bogotá y que incluyó su salida de la cárcel La Picota, un traslado bajo fuertes medidas de seguridad hasta CATAM, un primer vuelo hacia Barranquilla y, finalmente, su entrega judicial a las autoridades de Estados Unidos.Antes de abandonar territorio colombiano, Interpol realizó en Malambo la entrega formal de ‘Araña’ a personal de los US Marshals y la DEA, que desde ese momento asumió su custodia. El procedimiento contó con la presencia del presidente Abelardo De La Espriella, quien estuvo al frente del protocolo entre las autoridades colombianas y estadounidenses.Las imágenes también muestran el momento en el que ‘Araña’ es sacado de un vehículo de la Policía bajo una estricta escolta. El peligroso cabecilla aparece con chaleco táctico y casco, mientras varios uniformados de la Dijín e Interpol rodean cada uno de sus movimientos.En otra de las fotografías se observa al detenido frente a una mesa, firmando documentos mientras permanece esposado de pies y manos y custodiado por los agentes, en lo que corresponde a parte del protocolo previo a su entrega a las autoridades estadounidenses.La extradición había sido autorizada previamente, pero su entrega permaneció suspendida mientras Rojas participaba como representante de los Comandos de Frontera en los diálogos de paz del Gobierno de Gustavo Petro.El 26 de agosto de 2026, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó hacer efectiva la entrega, junto con la de otros cuatro integrantes de estructuras criminales, al señalar que no se habían acreditado aportes verificables al proceso de paz.Estados Unidos lo acusa de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo; según el Departamento de Justicia de ese país, la acusación sostiene que habría participado en un acuerdo para distribuir cocaína destinada a ser introducida ilegalmente en Estados Unidos y que habría proporcionado apoyo de valor a personas u organizaciones vinculadas con actividades terroristas.