La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) emitió un fuerte pronunciamiento frente a lo que considera una presión indebida desde el Ejecutivo. La controversia surgió tras un mensaje del presidente Petro en el que afirmó que los alcaldes "pueden salir de su puesto", declaración que la organización tildó de inaceptable por desconocer la dignidad institucional de los gobernantes locales.Según el gremio, este tipo de manifestaciones genera un clima de incertidumbre para las autoridades que representan a sus comunidades bajo funciones constitucionales. "Este tipo de manifestaciones desconoce la dignidad institucional de los mandatarios locales y genera un escenario de amedrentamiento y presión indebida", señaló la entidad en un comunicado.Asocapitales recordó que, bajo el marco de una democracia constitucional, ningún mandatario puede ser objeto de amenazas políticas que insinúen su remoción por fuera de los cauces legales. La organización subrayó que el respeto por la separación de poderes y el debido proceso son pilares esenciales que deben protegerse para garantizar el mandato popular expresado en las urnas.En su argumentación, la asociación apeló a la jurisprudencia nacional y a los estándares interamericanos de derechos humanos. Estas normativas precisan que cualquier sanción de destitución o suspensión contra funcionarios de elección popular requiere, de manera obligatoria, una intervención judicial definitiva.Finalmente, la asociación hizo un llamado al presidente de la República para que se abstenga de emitir expresiones que puedan interpretarse como mecanismos de presión. El gremio insistió en que las diferencias institucionales deben tramitarse estrictamente por las vías legales, respetando la legitimidad que deriva del voto ciudadano.Asocapitales reafirmó su compromiso con la defensa de la democracia territorial, insistiendo en que el diálogo entre el Gobierno nacional y las regiones debe primar sobre la confrontación política que debilita el orden constitucional.
Girón, uno de los municipios del área metropolitana de Bucaramanga que ha tenido mayores inconvenientes en las elecciones de alcalde, vuelve a las urnas este domingo para una jornada de comicios atípicos después de la destitución de Campo Elías Ramírez por doble militancia.Y es que el caso de este municipio santandereano ha llamado la atención incluso de los entes de control por los líos jurídicos. Aunque el periodo de mandato de un alcalde es de cuatro años, Girón tuvo seis alcaldes entre los años 2020 y 2023 por múltiples demandas.En este cuatrienio el panorama no fue diferente y a finales de octubre del año pasado la Sección Quinta del alto tribunal confirmó la sentencia del 27 de noviembre de 2024, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Santander declaró la nulidad de la elección de Campo Elías Ramírez para el periodo 2024–2027.A pesar de la destitución, Campo Elías Ramírez nuevamente se presenta en las elecciones atípicas pese a que abogados y expertos sostienen que estaría inhabilitado para ser candidato, pues fue ordenador del gasto en los últimos 12 meses. El exalcalde y ahora candidato vuelve a competir con el aval del partido Liga y del Partido de La U.Por el Partido Conservador se inscribió William Mantilla, quien ya había participado en los comicios anteriores, logrando la segunda votación más alta (31.226 sufragios frente a los 35.263 con los que ganó Campo Elías Ramírez). Pese a ello, no asumió la curul de oposición en el Concejo Municipal.Desde la Colombia Humana, Diego Armando Moreno vuelve a presentar su candidatura. En la elección de hace dos años obtuvo 1.417 votos.El ingeniero Óscar Álvarez, propietario del Atlético Bucaramanga, oficializó su aspiración con el aval del Nuevo Liberalismo y el coaval del Partido Liberal. Es originario de Ocaña, Norte de Santander, donde también aspiró a la Alcaldía hace dos años.El candidato Misael Luna Domínguez se registró con el aval de La Fuerza de la Paz y aseguró que, de llegar al cargo, uno de sus principales propósitos será articular su gestión con las juntas de acción comunal.Finalmente, Fernando Serrano Reina se inscribió con el aval del Partido ASI. En la elección pasada buscó una curul en la Asamblea de Santander.De acuerdo con la Registraduría Nacional, el censo electoral en Girón habilita a 131.355 ciudadanos (68.718 mujeres y 62.637 hombres) para ejercer su derecho al voto. La infraestructura dispuesta incluye 39 puestos de votación: 26 en la cabecera municipal, uno en el centro carcelario y 12 en corregimientos, los cuales albergarán un total de 357 mesas.
Luego de que el Consejo de Estado confirmara en segunda instancia la nulidad por doble militancia del alcalde de Apartadó, Héctor Rangel, la gobernación de Antioquia confirmó que las elecciones atípicas en el municipio se harán el domingo 6 de abril del 2025 entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.La decisión en contra de Rangel dejó como alcalde encargado al que fuera el secretario de Gobierno de Apartadó, Amaury Quejada, mismo que fue notificado y quien será el encargado de asegurar la realización de los comicios en donde se elegirá al nuevo mandatario que terminará el periodo de un poco menos de tres años.El registrador Hernán Penagos, destacó hace unos días desde Medellín que el trabajo articulado con la gobernación de Antioquia está encaminado para realizar unas elecciones transparentes en el municipio de Apartadó."La capacidad presupuestal y obviamente la capacidad logística, la logística que tiene que ver con el ejercicio que hace la misma gobernación", dijo Penagos.Hay que destacar que en este municipio del Urabá antioqueño habrá 22 puestos de votación y 329 meses de votación disponibles para 109.000 personas que están habilitadas para votar en las elecciones atípicas.De acuerdo con el decreto firmado por el gobernador Andrés Julián Rendón sobre estas elecciones, también se remitirá la comunicación al Ministerio del Interior y otras autoridades que ejercen funciones en materia electoral, para el desarrollo de esta jornada en el municipio Apartadó. Entre tanto, mientras se adelantan las inscripciones de candidatos, en esta localidad hay expectativa sobre quién asumirá las riendas hasta el 2027.
Este martes, 4 de febrero, la Registraduría Nacional del Estado Civil entregó las planillas con las que buscan recoger firmas para revocar el mandato de la alcaldesa de Soledad, Atlántico, Alcira Sandoval Ibáñez, quién es ficha política del exsenador Eduardo Pulgar.El mínimo de firmas que se deben recoger en los próximos seis meses para poder dar vía libre al proceso de revocatoria, es de 32.000, sin embargo, los promotores del ‘Comité Van Para Afuera’, que pretende montar de alcalde al Contador Público, Federman Vizcaino, esperan recopilar 100.000 firmas para demostrar que, en esta población la comunidad está inconforme por el supuesto incumplimiento de plan de Gobierno de Alcira Sandoval."Es un hecho, el Consejo Nacional Electoral después de la audiencia celebrada el día jueves, entregó este martes la planilla al grupo que se va a encargar de la recolección de firmas y iniciamos ese trabajo en el municipio de Soledad", expresó Federman Vizcaino, un contador público que está aspirando a ser el reemplazo de Alcira en la alcaldía de Soledad.Cabe recordar que la alcaldesa Alcira Sandoval llegó al cargo al presentarse en un proceso de recolección de firmas a través del Grupo Significativo Estamos Con Alcira, y cuya campaña fue realizada de la mano de Isabela Pulgar, hija del condenado exsenador, y quien estaba como aspirante a la asamblea del Atlántico.En medio de todo el proceso la alcalde de Soledad señaló que el movimiento para revocarle el mandato no es más que un ataque político.
Bajo la lupa de la Procuraduría se encuentran Rehúnsen Martínez, ex alcalde de Santa Lucía; Galdino Orozco, ex alcalde de Palmar de Varela; y Marly Gutiérrez, ex alcaldesa de Luruaco, Atlántico, por presuntas irregularidades en procesos de licitación y, además, por el posible no pago de prestaciones sociales y ayudas de cesantías.El primer caso corresponde al del exalcalde de Santa Lucía, Atlántico, Rehúnsen Martínez; quien, junto al exsecretario de Hacienda Municipal; Hugo Vásquez Suárez y la exjefa de la Oficina de Recursos Humanos, Delia Bedrán Medina, habrían cometido presuntas irregularidades en el pago de las prestaciones sociales de varios funcionarios, especialmente en temas de auxilio de cesantías.A esta lista se suma el ex alcalde de Palmar de Varela, Galdino Orozco; por presuntas irregularidades en temas de contratación pública, relacionados con obras de pavimentación en la zona occidental del municipio.Otro de los exmandatarios investigados sería Marly Gutiérrez, exalcaldesa de Luruaco, Atlántico, teniendo en cuenta las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación y contrato de licitación para la construcción de un CAI de la Policía en el corregimiento de San Juan de Tocagua.Así mismo, el ministerio público ordenó la investigación contra la ex secretaria General de Barranquilla, Gisela Mastrodoménico, luego de una denuncia ciudadana que advertía sobre la presunta no publicación en el SECOP del contrato, adjudicación y convenio interadministrarico para realizar obras de alcantarillado público.
Luego de 13 meses de luchas jurídicas por parte de Andrés Eduardo Gómez para mantenerse como alcalde de Sincelejo, tras una orden de nulidad de su elección que en junio de 2022 emitió el Consejo de Estado; finalmente el mandatario deberá retirarse del cargo. La medida se da luego de que el Tribunal Administrativo de Sucre realizara la notificación de la decisión a la Registraduría y a la Gobernación, para que procedan en la brevedad posible con la designación de un nuevo mandatario, el cual deberá ser escogido de una terna a presentar entre Cambio Radical, Centro Democrático y el partido Conservador, los cuales le dieron el aval y coaval a Gómez para aspirar al cargo en 2019. "Tras fallo del Consejo de Estado nos corresponden encargar un alcalde o alcaldesa de la ciudad y solicitar al partido que presente una terna para que de ahí se logre escoger a una persona que en la Alcaldía de Sincelejo para que se quede ejerciendo", indicó el gobernador Héctor Olimpo Espinosa. Esta notificación se produjo luego de que el Consejo de Estado hubiese rechazado el pasado 4 de agosto las solicitudes de nulidad procesal, suspensión del proceso y unificación de jurisprudencia, además notificaron a la sección quinta del Tribunal Administrativo de Sucre de "abstenerse en lo sucesivo de ingresar al despacho cualquier otro memorial dirigido a dilatar el proceso”. Le puede interesar:
La Registraduría Nacional no certificó los requisitos y se cayó el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero.La entidad expidió la resolución 054 que tumbó este proceso de revocatoria en la capital antioqueña, luego de que el Tribunal Administrativo de Antioquia le ordenara que en máximo ocho días se pronunciara.Es así como la autoridad registral tomó una decisión y no certificó el cumplimiento de los requisitos constitucionales para adelantar esta revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero que lideró el comité ‘Pacto por Medellín te salvará’.Según la decisión de la Registraduría, si bien se validaron 133.000 firmas recogidas, se superaron los topes de los estados contables permitidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE).La resolución tumba este proceso que se viene adelantando desde hace más de un año, debido a que no procede ningún recurso contra la decisión.Es así como llega a su fin la campaña para revocar al alcalde Daniel Quintero que, por ahora, podrá terminar su mandato casi 14 meses que restan.
El Tribunal Administrativo de Antioquia negó las aclaraciones solicitadas por la Registraduría y le ordenó que cumpla con el aval al proceso de revocatoria del alcalde Daniel Quintero en el plazo máximo ocho días.El tribunal resolvió la solicitud hecha por la Registraduría Nacional en la que pedía aclaraciones y adiciones al fallo del pasado 9 de noviembre cuando revivió el proceso de revocatoria contra el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, que estuvo suspendido durante meses.El nuevo fallo del Tribunal Administrativo de Antioquia desestimó esa petición de la autoridad registral y dejó en firme su decisión anterior de que en un plazo no mayor a ocho días certifique la revocatoria y notifique al presidente de la República, Gustavo Petro, para que se convoque a las votaciones."Nos da la razón y le exige a la Registraduría que no dilate más el proceso. Así que Gustavo Petro tendrá ocho días para fijar una fecha que no debe ser superior a los 60 días calendario para salir a votaciones de la revocatoria", señaló Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria.Cabe aclarar que en caso de que haya elecciones, que se cumpla el umbral y se revoque al mandatario, ya no se convocará a nuevas elecciones atípicas para elegir alcalde, sino que se nombra a alguien de una terna del movimiento Independientes para que termine el mandato, pues restan menos de 18 meses.
Revive la revocatoria en Medellín. Otra vez el Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó a la Registraduría Nacional que en máximo ocho días notifique al presidente de la República, Gustavo Petro, y se convoque a las votaciones para la revocatoria contra el alcalde Daniel Quintero.El fallo es de la sala quinta de este tribunal que, primero, acusó a la Registraduría Especial de Medellín que ha incumplido con la certificación del proceso revocatorio que cumplió con las 90.000 firmas mínimas para convocarlo.Además, ordena de nuevo, como ya lo hizo en julio, que la Registraduría Nacional certifique la revocatoria en máximo ocho días y notifique al presidente de la República para que se convoque a la votación de la revocatoria del alcalde de Medellín, Daniel Quintero.Esta decisión, por segunda vez, ocurre porque la tutela interpuesta por el abogado Nelson Hurtado Obando había sido favorable, pero el Consejo de Estado había dejado sin efecto la decisión porque no era competente para tal apelación e, incluso, hizo un regaño al Tribunal Administrativo de Antioquia y pidió recomenzar este trámite judicial desde el juzgado cuarto de Medellín. Como ya se surtió, de nuevo falló a favor del jurista en un nuevo documento.Para Andrés Rodríguez, promotor de la revocatoria, esta decisión revive el proceso que, según él, el Consejo Nacional Electoral ha querido frenar."El Consejo Nacional Electora torció absolutamente todo para que no pudiéramos revocar a Daniel Quintero, pero hoy nos dan la razón, hoy se revive la revocatoria. Ya está en manos de la ciudadanía si quiere sacar a Daniel Quintero", indicó Rodríguez.Los promotores de la revocatoria exigen al presidente Gustavo Petro que destine los recursos para cumplir con las elecciones y que sean los ciudadanos quienes decidan si el alcalde Quintero debe ser revocado de su mandato.Sin embargo, vale aclarar que en caso de que haya elecciones, que se cumpla el umbral y se revoque al mandatario, ya no se convocará a nuevas elecciones atípicas para elegir alcalde, sino que se nombra a alguien de una terna del movimiento Independientes para que termine el mandato, pues restan menos de 18 meses.Le puede interesar:
Se acabó la espera para más de diez mil habitantes del municipio de Margarita, ubicado en el sur del departamento de Bolívar, que esperaban elegir nuevo mandatario tras la renuncia del anterior alcalde.La Registraduría Nacional indicó que un total de 5.469 personas acudieron a las 27 mesas de votación instaladas en 13 puestos para elegir al nuevo alcalde.Juvenal Díaz Rangel logró la mayoría de los votos (3.026) seguido por Ramón Nonato Amaris (1.526) y Genbd4ry Yair Camargo (693).Para este ejercicio electoral, la Registraduría designó a 203 jurados de votación entre ellos 162 eran titulares y 41 figuraban como remanentes.Le puede interesar:“El pasado 12 de septiembre del 2021 ya se habían realizado elecciones atípicas en este municipio para elegir alcalde; sin embargo y de acuerdo con lo establecido en el decreto 189 de 2022, este 31 de julio se citó de nuevo a los ciudadanos a las urnas a causa de la renuncia del mandatario electo”,recordó la Registraduría.El delegado departamental de Bolívar, Roque Antonio Toloza, reportó completa normalidad en esta segunda jornada atípica en menos de un año.Escuche el podcast “Zorros y Erizos” y conozca todas las reacciones de la ‘paz total’ que quiere el nuevo gobierno:
Un total de 16 indígenas provenientes de Nuquí, Chocó, llegaron a Medellín, ocho de ellos menores de edad, luego de verse obligados a abandonar sus territorios por cuenta de los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en esta zona del departamento.Las familias arribaron al aeropuerto Olaya Herrera, donde fueron recibidas por el Equipo de Atención y Reparación a Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Según informó la Secretaría de Paz y Derechos Humanos, se trata de cuatro grupos familiares afectados por la situación de orden público en esa zona.La Administración Distrital confirmó que estas personas ya rindieron declaración ante la Personería de Medellín y actualmente se encuentran en albergues de la ciudad, donde reciben acompañamiento y atención humanitaria. "Debido al conflicto armado en Nuquí, habían asesinado dos indígenas y secuestrado uno y la Alcaldía de Medellín les hace toda la atención en coordinación con la Personería de Medellín donde declaran que se les brinda toda la ayuda humanitaria de albergue de protección a a esta población que viene amenazada y desplazada", indicó el secretario de Paz y Derechos Humanos, Carlos Arcila, en diálogo con BLU Radio.Este nuevo desplazamiento ocurre en medio de la grave situación humanitaria que enfrenta Nuquí. El pasado primero de noviembre, la Defensoría del Pueblo alertó sobre el desplazamiento forzado de aproximadamente 500 indígenas de la comunidad de Villa Nueva, en el corregimiento de Jurubidá, quienes abandonaron sus territorios por temor a las disputas entre el Clan del Golfo, autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia, y el ELN.El organismo advirtió que la comunidad permanecía temporalmente en Jurubirá, sin haber podido completar su traslado hasta la cabecera municipal. Además, señaló que cerca de 300 habitantes de Puerto Indio también estarían evaluando desplazarse por las condiciones de inseguridad.La Defensoría había advertido sobre el agravamiento del riesgo en la zona tras el asesinato de dos personas y el presunto secuestro de una tercera, hechos que precedieron la salida de las familias indígenas de sus territorios.
La Sala Plena de la Corte Constitucional estudiará, como primer punto de su sesión extraordinaria del lunes 9 de noviembre, el conflicto de competencias entre la Fiscalía General de la Nación y la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.La sesión será a partir de las 9:00 de la mañana, en la que abordará como primer punto la definición de qué autoridad debe continuar con la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por presuntos vínculos con estructuras paramilitares: si será la Fiscalía General de la Nación o la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El asunto corresponde al expediente CJU-7957. El magistrado ponente es Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien tiene a su cargo estudiar el expediente y presentar a la Sala Plena una ponencia sobre cuál de las dos autoridades tiene la competencia para continuar con el proceso.La controversia se originó el 19 de agosto de 2026, cuando la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes aprobó por unanimidad una proposición mediante la cual reclamó el expediente que actualmente adelanta la Fiscalía General de la Nación.El argumento de la Comisión es que algunas de las conductas investigadas, entre ellas el presunto concierto para delinquir agravado, se habrían prolongado en el tiempo hasta 2003, período durante el cual el expresidente Álvaro Uribe ejercía como jefe de Estado. Por esa razón, considera que los hechos estarían cobijados por el fuero presidencial y que, en consecuencia, la investigación debe ser asumida por el Congreso de la República.Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación rechaza esa pretensión y sostiene que debe conservar la competencia para adelantar el proceso, debido a que los hechos objeto de investigación habrían ocurrido cuando Uribe Vélez se desempeñaba como gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997.Hay que precisar que esta discusión no corresponde a una decisión sobre la responsabilidad penal del expresidente, sino a la definición de quién es competente para adelantar la investigación.El segundo asunto previsto en el orden del día de la sesión extraordinaria corresponde al expediente D-16118, cuya magistrada ponente es Natalia Ángel Cabo. Se trata de una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 32, parcialmente, de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, denominado Colombia, Potencia Mundial de la Vida, del Gobierno del ahora expresidente Gustavo Petro.La disposición demandada modificó el numeral 2 del artículo 10 de la Ley 388 de 1997 y está relacionada con, según la definición del Gobierno anterior, las áreas de especial interés para proteger el derecho humano a la alimentación de los habitantes del territorio nacional localizados en la frontera agrícola.El debate constitucional se concentra en las facultades otorgadas al Gobierno nacional, particularmente al Ministerio de Agricultura y a la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA), para identificar y delimitar áreas de especial interés destinadas a garantizar la producción de alimentos y proteger el suelo rural.Dentro de estas figuras se encuentran las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) y las Zonas de Reserva Campesina.La demanda cuestiona si estas disposiciones desconocen la autonomía territorial de los municipios y distritos, reconocida en los artículos 287 y 311 de la Constitución Política, al considerar que la intervención del Gobierno nacional podría limitar las competencias de las autoridades locales para definir y adoptar sus propios Planes de Ordenamiento Territorial (POT).Entre los argumentos expuestos por los demandantes y sectores gremiales, como la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), está la preocupación por una posible afectación de las competencias municipales en materia de ordenamiento del territorio y definición de los usos del suelo.
Estos fueron los invitados en la emisión del domingo 8 de noviembre de 2026:Decoración navideña y tradiciones en el hogar: Los conductores Juan Manuel Ramírez y Tata Solarte conversaron sobre el armado del árbol de Navidad y anécdotas familiares de fin de año.Evento GovTech e innovación en el Estado: Se reseñó un encuentro organizado por emprendedores tecnológicos junto a alcaldes y expertos internacionales para abordar la modernización del gobierno digital.Experiencias personales de comercio electrónico: Los presentadores compartieron historias sobre sus hábitos cotidianos de compras en plataformas digitales locales e internacionales.Proyecto de Ley de Rescate Económico: El representante a la Cámara Julio César Triana analizó los recortes al gasto público y las discusiones sobre la reforma tributaria en el Congreso.Impuesto de IVA al comercio electrónico internacional: María Fernanda Quiñones (CCCE) detalló la propuesta de aplicar un 19% de IVA a paquetes menores a 200 dólares para equiparar condiciones con el comercio nacional.Normalización tributaria de criptoactivos: Alejandro Beltrán (Buda) explicó la iniciativa de aplicar un impuesto único del 5% a la tenencia de criptomonedas y los reportes de información ante la DIAN.
Dos hechos de orden público mantienen en alerta a las autoridades en el Nordeste de Antioquia. En la vereda Providencia de Anorí, tropas del Ejército adelantan la desactivación de cargas explosivas instaladas en dos mulas, mientras que en Segovia un subintendente de la Policía resultó herido durante un ataque armado y fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años.En Anorí, la alerta se activó luego de que las autoridades detectaran que los animales transportaban explosivos. El Ejército interviene para neutralizar las cargas y evitar que sean detonadas. Este hecho sería responsabilidad del frente 36 de las disidencias de las Farc, al mando de alias Calarcá.El otro hecho ocurrió en las últimas horas en el sector de Matuna, zona rural de Segovia. De acuerdo con el reporte de la Policía, unidades del Escuadrón Móvil de Carabineros número 12 acudieron a atender un requerimiento ciudadano relacionado con un presunto secuestro y el hurto de un vehículo.Los uniformados, que estaban en un puesto de control sobre la vía de Interrapidísimo, se desplazaron hasta el sitio y fueron recibidos con disparos. En el hostigamiento resultó lesionado el subintendente Jonatan Alexander Castro Díaz, quien sufrió una afectación en el dedo pulgar de la mano izquierda y aturdimiento. Una vez controlada la situación, los policías encontraron el cuerpo sin vida de Lady Patricia Guerrero, de 39 años. La Policía informó que los actos urgentes quedaron a cargo de unidades de la Sijín de Antioquia.En el lugar fueron incautadas dos escopetas Mossberg, dos fusiles y una carabina. Según información de inteligencia de la Policía, en esta zona tienen presencia la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés, del Clan del Golfo, y el frente 4 de las disidencias, grupos que mantienen una confrontación por el control territorial. El ataque en Segovia sería atribuido a este último grupo.
Este domingo, 8 de noviembre de 2026, se analizaron los siguientes temas en Sala de Prensa Blu:Escándalo de la vida privada del expresidente Gustavo Petro: Debate sobre las denuncias del presunto uso de recursos públicos para pagar contratos a cambio de favores sexuales y su impacto ético y judicial.Entrevista con Cecilia López Montaño: La exministra presenta su libro sobre el gobierno de Gustavo Petro, analizando la pérdida de ética pública, el cambio de rumbo gubernamental y las consecuencias para el país.Gira del Papa León XIV por América Latina: Reporte con el periodista Néstor Pongutá sobre el recorrido del Pontífice por Uruguay, Argentina y Perú (Chiclayo), resaltando la masiva convocatoria y sus mensajes pastorales.Situación del Cauca y su potencial económico: Entrevista con Ana Fernanda Muñoz (presidenta de la Cámara de Comercio del Cauca) sobre el impacto de la violencia, los daños del terremoto, el reclamo de presencia estatal integral y la fuerza agroexportadora regional.Perspectivas del sector de hidrocarburos: Entrevista con Frank Pearl (presidente de la ACP) sobre la reactivación de la exploración petrolera y de gas, subrayando la necesidad de seguridad jurídica y agilidad en consultas y licencias ambientales.Balance a 10 años del Acuerdo de Paz: Adelanto de la entrevista con la defensora del Pueblo, Iris Marín, sobre las deudas en el desarrollo territorial de las zonas PDET y el cumplimiento de las sanciones restaurativas para los excombatientes de las FARC.Sección de cine y plataformas: Recomendaciones de Luis Carlos Rueda con la película colombiana Pacífico, los estrenos El gato en el sombrero, Godzilla, Yo soy Rocky y la serie de Netflix sobre la toma del Palacio de Justicia.