Los exministros de Defensa Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón estuvieron en Mesa BLU para hablar con Vanessa de la Torre sobre el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander que dejó varios muertos y más de 80 heridos.Los exfuncionarios debatieron sobre qué acciones se deben tomar en casos como los de este jueves y cuál debería ser el paso a seguir, según su criterio en los diálogos con la guerrilla del ELN.Este es momento de unir al país y rodear a las autoridades: Juan Carlos PinzónEl exembajador Pinzón calificó como lamentable la situación y aseguró que se debe ser “duro con los terroristas para que vean que este tipo de actos tienen castigo”.Dijo que lastimosamente la “maldición del terrorismo” ha llegado a los lugares menos pensados y ante el mismo todos los seres humanos son vulnerables por eso es “momento de buscar y culpar a quien se debe y no buscar cuáles fueron las debilidades”.Vea también: Paso a paso: así fue el atentado con carro bomba en la escuela de cadetes Aseveró que durante su labor frente a la cartera de Defensa siempre dio duros golpes, nunca negoció y entregó resultados reales.“Hay un problema es que y es que cuando personas que ordenan atentados terminan sentados en el Congreso pues lo que piensan los demás es que cometer actos de terrorismo lleva a ese premio”, afirmó.Pinzón dijo que negociar es parte de los instrumentos, pero debe “haber reglas inviolables” durante el proceso.“Es momento de unir al país y rodear a las autoridades”, aseveró.Duque tiene a su alcance acabar con el ELN: exministro RiveraEl también exministro de Defensa Rodrigo Rivera aseguró que “en medio de estos dilemas políticos que un presidente debe tener, Duque tiene a su alcance acabar con el ELN y eso no se consigue solamente con plomo. La manera de acabar con el terrorismo es acabando con la madre que en las organizaciones es la capacidad y la locura demencial de ordenar los ataques”, manifestó.Para el exministro, una de las responsabilidades que tiene el presidente Iván Duque en la actualidad es avanzar en materia de orden público, por lo que es necesario “rodearlo” a él y a las instituciones, y por el contrario no adjudicarle al liderazgo político las culpas que “deben ser atribuidas exclusivamente a los terroristas”.Vea también: El mundo se solidariza con Colombia por atentado Por otro lado, Rivera habló sobre el proceso de paz entre el gobierno y el ELN. “Creo que los negociadores del ELN no supieron medir el momento político y era inmejorable para entregarle al nuevo gobierno un país con cese al fuego y un compromiso claro para parar las acciones violentas y terroristas. Hoy estamos viendo las consecuencias”, dijo.Finalmente, hizo referencia a José Aldemar Rojas, presunto autor material del atentado en la escuela de cadetes. “De donde parece venir este criminal es de un frente de Arauca, uno de los más ricos del ELN y con más dudas frente al proceso de paz”.Solo sirve el diálogo para hallar una salida: Carlos Antonio LozadaDe otro lado, Carlos Antonio Lozada, quien fue negociador de la guerrilla de las Farc en La Habana, aseguró en Mesa BLU que el atentado no se compadece con la paz que fue firmada en el país.“Hechos como estos no pueden alejarnos de buscar el diálogo como salida porque solo por la vía del diálogo se puede lograr una paz definitiva”, afirmó.También destacó que hechos similares ocurrieron mientras se cumplían los diálogos en La Habana.“A veces esas cosas suceden en las guerrillas, no necesariamente con el consentimiento de una dirección nacional, porque el tipo de acciones que desarrollan las guerrillas a veces están demasiado descentralizadas. Recuerdo el hecho donde murieron varios soldados en el Cauca que generó una situación muy crítica dentro del proceso de paz”, aclaró.También destacó que, en medio de una confrontación o en medio de un proceso de paz, pueden surgir hechos violentos que generan incomprensión y el reclamo de la sociedad, pero no pueden alejar la posibilidad de una solución política.
El comisionado de paz de Colombia aseguró que el Decreto 753 de 2018, de reciente expedición por la Presidencia, es un instrumento jurídico que busca el cumplimiento de la Ley 1820 de 2017 que dicta, entre otras disposiciones, mecanismos para la paz como la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.“Este decreto no va a permitir la libertad de nadie”, aclaró el comisionado de paz sobre la Instrumento jurídico para intercambiar información.La normatividad, reconoció Rivera en BLU Radio, se dio en el marco del proceso con el ELN.“Como se dice en los considerandos, cuando se pactó el cese al fuego el año pasado, entre octubre y enero, este fue uno de los temas. Este tema lo había planteado el ELN junto con el tema de alivios humanitarios en las cárceles y con el tema del sistema de alertas tempranas”, declaró el comisionado de paz.De acuerdo con Rodrigo Rivera, el decreto 753 de 2018 es un instrumento jurídico para intercambiar información frente a la Ley 1820 de 2017. "El mecanismo de intercambio de información no permite que nadie salga de la cárcel sino que nos enteremos quién ha salido”, sostuvo.Conozca el decreto expedido recientemente por el Gobierno:
El caso Santrich es una “prueba de fuego” para el acuerdo de paz, según analiza el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, quien cree que “consolidaría el acuerdo” la extradición del exguerrillero por el delito de narcotráfico, debido a un supuesto envío de droga a EE.UU. luego de la firma del acuerdo, siempre y cuando la JEP encuentre que hubo reincidencia.Vea también: JEP sí evaluará pruebas en caso Santrich antes de eventual extradición: MinJusticia Por lo mismo, para el alto funcionario este es uno de los grandes retos ahora mismo de la era postacuerdo, “porque pone a prueba la firmeza y solidez de las instituciones pactadas entre las partes para lidiar con esta clase de problemas”.Rivera recordó, en ese sentido, que el acuerdo previó que podía haber reincidencia en delitos tan graves que ameritaran una solicitud de extradición y, de la misma manera, previó que fuera la Justicia Especial para la Paz (JEP) “la que examinara en primera instancia si los hechos habían sido cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo, caso en el cual no estarían amparados por las cláusulas del acuerdo, o antes de la firma del acuerdo, caso en el cual le correspondería a la JEP”.“Esa va a ser, yo creo, la prueba de fuego y por eso el Gobierno ha establecido que vamos a ofrecer toda suerte de garantías, que aquí se respetará el debido proceso, el derecho a la defensa, para que se actúe ante un reto de carácter judicial a través de procedimientos judiciales”, agregó.También explicó que la extradición de Santrich, “si se surten los pasos adecuados previstos en el acuerdo, es decir pronunciamiento de la JEP y luego pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, y luego una decisión discrecional del presidente de la República, consolidaría el acuerdo”.Esto, según Rivera, “porque tendría que ocurrir (la extradición) solamente después de que la JEP diga que efectivamente los hechos son posteriores al acuerdo, o sea que hay una reincidencia. Tendría que ocurrir después de que la Corte Suprema de Justicia diga que hay validez formal, procedimental y sustancial en la solicitud de extradición, y después de que el presidente Santos, como lo dijo públicamente, considere que las pruebas son irrefutables en torno a que sí se cometieron esos delitos”.
Para el comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, los atentados del ELN en Barranquilla “hablan mucho más” que las declaraciones sobre la paz que ha hecho ese grupo guerrillero.Al referirse al término “coherencia”, usado por el presidente Juan Manuel Santos este lunes para anunciar la suspensión de conversaciones, Rivera dijo que los actos terroristas son más fuertes que las palabras.“Lo que estamos reclamando es que el ELN sea consistente. Que las declaraciones por la paz correspondan con los hechos”, precisó.En ese sentido, el exembajador manifestó que hechos como los atentados dan cuenta de la falta de voluntad de paz de la organización subversiva.“Están jugando un juego político muy peligroso. Es verdad que las estructuras tienen cierta autonomía, pero también es verdad que obedecen a las órdenes del COCE (Comando Central del ELN)”, añadió, al hacer referencia a las posibles divisiones en el ELN.Asimismo, Rivera manifestó que para que se instale el quinto ciclo de conversaciones se requiere un mínimo de seguridad, por lo que insistió que sería necesario un nuevo cese.“De lo contrario, la paciencia de la gente se está colmando y la del presidente también”, puntualizó.Los atentados del pasado fin de semana en Barranquilla, que dejaron 5 policías muertos, llevaron al presidente Juan Manuel Santos a congelar este lunes luso diálogos de Quito."He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones", afirmó Santos en una declaración.
El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, pidió al país reconciliarse con las Farc que, a pesar de que causaron tanto dolor, “pararon” por el acuerdo de paz y llamó a que sea la JEP la que haga justicia."El país se tiene que reconciliar con esos hijos que estaban haciendo lo incorrecto, que causaron tanto dolor y que han decido parar (...) Que la JEP haga justicia, que la comisión de la verdad haga justicia", sostuvo en un encuentro.El alto funcionario dijo también que a las Farc no se les capturó ni se les dio de baja porque con acuerdo de paz ellos decidieron parar y por tanto “tenemos que construir esa paz".Agregó que el "proceso necesita mucha misericordia y compasión, y no hay nadie que la tenga como las mujeres de Colombia".Finalmente, Rivera insistió en que la paz ya no está en manos del Gobierno ni en las manos de las Farc, sino que "la paz está en las manos de ustedes".
Desde Tibú, Norte de Santander, el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera afirmó que la reunión que solicitó en las últimas horas Timoleón Jiménez alias ‘Timochenko’ con el presidente Juan Manuel Santos se puede dar y que hay buena disposición por parte del Gobierno para que se produzca. "Esa reunión se puede producir, la respuesta inicial es positiva, lo que estamos haciendo ahora es mirando los temas de agenda del señor presidente que permitan tener esa reunión. El gobierno le da la mayor importancia al proceso que ambas partes construyeron de confianza para la implementación de este proceso, de este acuerdo de paz", puntualizó. Lea también: 'Timochenko' pide reunión con Santos para tratar "dificultades" en los acuerdos ‘Timochenko’ había pedido en las últimas horas una reunión urgente y personal con el presidente para expresarle sus dudas con respecto a lo aprobado esta semana en el Senado y sobre el fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial de Paz.
El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, advirtió que la Justicia Especial para la Paz no es para echar chistes ni decir “quizás, quizás”, tal como en una ocasión ‘Jesús Santrich’, integrante de las Farc, respondió a las víctimas cuando aún se encontraban en las negociaciones de La Habana. “Ahí no se puede ir a echar chistes y abstenerse de responder. Si admiten responsabilidades tendrán derecho a penas alternativas entre 5 y 8 años de prisión, pero si no admiten nada tendrán que enfrentar penas de hasta 20 años”, explicó. Dijo que la Justicia Especial para la Paz es sería y se va encargar de castigar a los responsables de los delitos más graves que han afectado a las víctimas en el país. “Con sanciones propias, son sanciones restaurativas o sanciones ordinarias, dependiendo de las actitudes que ellos tengan ante los jueces”, precisó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Durante su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ubicado en el municipio de Mesetas, Meta, Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, recorrió los proyectos productivos en marcha. Rivera aseguró que no descansará hasta que el último de los miembros de las Farc tenga resuelta su ruta de reincorporación a la vida civil. “Hasta que el último miembro de las Farc que ha tomado la decisión de reincorporase tenga resuelto sus temas jurídicos y abierta una ruta de reincorporación no vamos a descansar", dijo. Le puede interesar: La JEP entraría en funcionamiento en noviembre próximo, revela Rodrigo Rivera. Agregó que "en estas regiones del país que son tan ricas, pueden haber apuestas productivas agropecuarias, turísticas, forestales para lograr una reincorporación exitosa”. El alto comisionado se reunió con autoridades locales de la Fuerza Pública, representantes de la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Defensoría del Pueblo para discutir alternativas que solucionen los problemas, no sólo de los excombatientes, sino también de la comunidad. Finalmente, Rivera invitó a la Defensoría del Pueblo a hacer parte de la Carpa Azul para trabajar junto con las autoridades civiles y militares en la seguridad de la zona.
El Gobierno le pidió al ELN acciones concretas para evitar más asesinatos, luego de que el grupo guerrillero admitiera que sus hombres mataron a Aulio Isaramá Forastero, gobernador indígena en el departamento del Chocó. “El Gobierno rechaza el asesinato de líderes, en este caso del gobernador Isarama Forastero; esperamos la comunicación del ELN permita a las autoridades avanzar rápidamente en su investigación para que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables”, dice un comunicado del Comisionado de Paz. Sin embargo, el Gobierno asegura que “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del Cese al Fuego de forma unilateral y automática”. “La Mesa de Conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego”, agrega. Le puede interesar: Cuestionario y metodología de audiencias preparatorias en diálogos de Gobierno y ELN El ELN reconoció este domingo haber matado hace seis días a un líder indígena, lo que constituyó la primera violación al alto al fuego bilateral. "Lamentamos profundamente el hecho y pedimos perdón por este doloroso caso a sus familiares y allegados", indicó en un comunicado ELN.Escuche la entrevista completa con Rodrigo Rivera, comisionado de paz aquí: Texto completo del comunicado:La Oficina del Alto Comisionado para la paz informa que: 1. El Gobierno Nacional condena el asesinato del Gobernador Indígena Aulio Isarama Forastero del Resguardo Indígena, Catru, Dubaza, Ancoso, del municipio del Alto Baudó - Chocó, y perteneciente al pueblo Embera Dóbida, a manos de Miembros del ELN. (Comunicación del día 29 de octubre del Frente de Guerra Occidental Oscar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional) 2. El Gobierno RECHAZA el asesinato de líderes, en este caso del gobernador Isarama Forastero; esperamos la comunicación del ELN permita a las autoridades avanzar rápidamente en su investigación para que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables. 3. Según lo previsto en los protocolos que rigen el cese al fuego, La Mesa Pública de Conversaciones evaluará los incidentes graves, como este, previo informe del Mecanismo de Veeduría y Verificación. Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del Cese al Fuego de forma unilateral y automática. La Mesa de Conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego. 4. Respecto a lo anterior, se tendrá que seguir el procedimiento previsto conforme al cual el Mecanismo de Veeduría y Verificación remite a la Mesa de Conversaciones toda la información objetiva que permita precisar los hechos. La Mesa de Conversaciones adoptará las medidas correctivas para fortalecer los procedimientos que se llevan a cabo en el marco del cese al fuego. 5. Deberá analizarse en el marco de la Mesa de Conversaciones también las palabras de reconocimiento y petición de perdón por parte del Frente Occidental del ELN y su compromiso de no repetición de hechos como este. 6. El ELN tendrá que implementar acciones concretas para garantizar que hechos tan dolorosos como éste no vuelvan a repetirse y para que los responsables del asesinato del gobernador Isarama Forastero sean puestos a disposición de las autoridades. 7. El cese al fuego no suspende ni limita de ninguna manera la función constitucional de la fuerza pública; por tanto, continuará actuando en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los colombianos. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El Gobierno Nacional dio por superado el caso de la salida de alias ‘El Paisa’ del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en la antigua zona de Miravalle, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá. “Tenemos claro que salió de los alojamientos donde se encontraba y regresó un día después en las horas de la tarde. Estaremos tratando con las Farc cuáles fueron las circunstancias que motivaron ese movimiento, pero afortunadamente ya está superado”, dijo. Agregó que a ‘El Paisa se le garantizaron las condiciones de seguridad para su regreso a la zona veredal. Le puede interesar: El Paisa’ regresó al espacio de capacitación en Miravalle, Caquetá Rivera aclaró que todos los guerrilleros pueden salir de la zona, siempre y cuando se hagan bajo las normas que establece el acuerdo de paz y que este caso ganó relevancia por tratarse de este hombre, uno de los más sanguinarios de las Farc. Según alias ‘Iván Márquez’, el exguerrillero salió a revisar un sendero ecológico en una finca vecina.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
La Corte Suprema de Justicia abrió dos investigaciones de carácter previo contra el representante a la Cámara David Racero, tras denuncias que indican que, al parecer, habría solicitado pagos mensuales a los integrantes de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL). Además, se investiga si existieron conversaciones con el director del Sena para favorecer contrataciones en la entidad con familiares.David Racero, miembro de la Colombia Humana, se vio envuelto en un escándalo este fin de semana debido a la difusión de mensajes de WhatsApp que muestran al congresista pidiendo una parte de su salario a Estefanía Montoya, una colaboradora de su UTL, y pidiendo a otro asistente que atendiera un fruver.Los mensajes revelan que Racero solicitó a Montoya el pago de $3.500.000 a Yidis Gahona, otro asesor, de un salario total de $8.158.000. Además, se menciona que Montoya pagó $2.375.000 de una tarjeta de crédito de Racero. Según el congresista, estas transacciones fueron préstamos personales, pero las cifras generan dudas sobre la naturaleza de las solicitudes.El segundo caso involucra a Leonardo García, exconductor de Racero, a quien se le pidió ayudar en la atención de un fruver del congresista durante la pandemia. Los mensajes indican que García no solo atendía la tienda, sino que también manejaba la caja y reportaba las ventas, lo que podría constituir un uso inapropiado de recursos públicos.Ante estas acusaciones, Racero manifestó en su cuenta de X que solicitará a la Procuraduría una investigación sobre los mensajes publicados por Daniel Coronel, subrayando la necesidad de esclarecer la situación para evitar cualquier duda sobre irregularidades.
Bogotá atraviesa una grave crisis por el suministro de agua. Desde la Empresa de Acueducto y Alcantarillado advirtieron que las lluvias que han caído en los últimos días en Bogotá no representan un aumento en los niveles de los embalses porque no han caído sobre las zonas donde están ubicados.Advierten que si la tendencia de pocas lluvias continúa, los embalses alcanzarían el nivel del 36 % para la última semana de diciembre o la primera semana de enero del 2025. La hora cero, como ha sido calificado este punto, traería consigo medidas aún más restrictivas para el suministro de agua.Entre las acciones que tomarían en Bogotá estaría la de aplicar dos turnos de racionamiento por día, lo que recortaría los tiempos del ciclo a menos de una semana.Además, advirtieron que la Comisión de Regulación de Agua Potable no ha publicado aún la resolución con las medidas de desincentivo de consumo de agua en los hogares.El acueducto también hizo un llamado para que los municipios de la sabana de Bogotá reduzcan sus niveles de consumo, especialmente al día siguiente del turno de racionamiento.
Un hombre ha sido condenado a cuatro semanas de prisión condicional en Austria por llevarse alimentos de un contenedor de basura de un supermercado de Viena, según informó este martes el diario Der Standard.La condena ha generado polémica, ya que se trata de la primera sentencia de cárcel en Austria por extraer comida de un contenedor.El acusado, un activista ambiental en paro identificado como Christian A., fue detenido el pasado 26 de mayo de este año tras ser sorprendido junto a una amiga cuando extraía fruta, pan, huevos, salchichas y otros alimentos arrojados a un contenedor de basura.Según la sentencia, ambos entraron en el área de residuos de un supermercado durante la noche y recuperaron productos que habían sido desechados por la empresa pero que aún eran aptos para el consumo.Este "rescate" de alimentos desechados es una práctica conocida en inglés como "dumpstern" y lucha contra el despilfarro.Aunque el supermercado no presentó denuncia alguna y la puerta del área de basura no estaba cerrada, la policía intervino tras ser alertada por un vecino.A pesar de que la Fiscalía presentó cargos por robo con allanamiento, el tribunal desestimó esa acusación al considerar que no se utilizó la fuerza ni se causó ningún daño al acceder al lugar.Sin embargo, el activista sí fue declarado culpable de intento de robo, un delito que conlleva hasta tres años de prisión en Austria.Durante el juicio, Christian A. defendió su acción como un acto de "rescate de alimentos" con el objetivo de evitar el desperdicio de comida, que utilizaba para su propio consumo y para entregarla a personas necesitadas.La jueza, sin embargo, argumentó que el acusado no reconoció su responsabilidad y destacó la premeditación en el robo, ya que ambos llegaron en bicicleta equipados con cajas para facilitar el transporte de los alimentos rescatados, valorados en 50 euros.El caso ha desatado críticas de grupos ecologistas y organizaciones de recuperación de alimentos en Austria, que consideran la sentencia desproporcionada. Asociaciones a favor de esta práctica subrayaron que es la primera vez que un activista es condenado por recuperar comida desechada, una práctica que, según sostienen, debería ser fomentada en lugar de criminalizada.Christian A. ha anunciado que apelará la sentencia y ha rechazado aceptar cualquier acuerdo alternativo que implique admitir su culpabilidad."Para mí es una cuestión de principios, no creo haber hecho nada que merezca un castigo", declaró al diario Der Standard.El activista no entrará en prisión para cumplir su mes de cárcel a menos que incurra en otro delito en el plazo de tres años. EFEll/jk/ad
Destaca el ministro de Defensa, Iván Velásquez, que es totalmente falso que el decreto emitido el pasado 3 de octubre que restringe el uso de la fuerza le amarre las manos a la Policía, ni que someta a los uniformados a graves riesgos. Recalca, además, que el derecho a la defensa de su integridad y su vida será siempre un derecho que ningún decreto, les va a quitar.El jefe de la cartera aclaró que lo único que restringe la normativa es estrictamente el uso de armas de fuego, permitiéndolo únicamente en situaciones de peligro inminente para la vida o la integridad física, por lo que cada uso de fuerza deberá ser registrado y explicado ante las autoridades competentes que lo requieran.“Cada uso de la fuerza deberá ser registrado y debidamente explicado, de modo que se garantice la rendición de cuentas ante los órganos de control y, más importante aún, ante la sociedad. La confianza no se decreta, se construye con hechos”, agregó.El ministro Velásquez fue enfático en que, cuando se considere y sea necesario, la fuerza sí deberá aplicarse de forma proporcional; sin embargo, de una manera razonable y en estricto cumplimiento de la ley. “Esta regulación no solo protege a la ciudadanía, sino que refuerza la legitimidad, el respeto hacia la Policía Nacional, al garantizar que cada intervención sea justificada y transparente. Este decreto también refuerza el principio de transparencia, que es esencial para construir y fortalecer la confianza de la ciudadanía en la Policía”.
