Los exministros de Defensa Rodrigo Rivera y Juan Carlos Pinzón estuvieron en Mesa BLU para hablar con Vanessa de la Torre sobre el atentado en la Escuela de Cadetes General Santander que dejó varios muertos y más de 80 heridos.Los exfuncionarios debatieron sobre qué acciones se deben tomar en casos como los de este jueves y cuál debería ser el paso a seguir, según su criterio en los diálogos con la guerrilla del ELN.Este es momento de unir al país y rodear a las autoridades: Juan Carlos PinzónEl exembajador Pinzón calificó como lamentable la situación y aseguró que se debe ser “duro con los terroristas para que vean que este tipo de actos tienen castigo”.Dijo que lastimosamente la “maldición del terrorismo” ha llegado a los lugares menos pensados y ante el mismo todos los seres humanos son vulnerables por eso es “momento de buscar y culpar a quien se debe y no buscar cuáles fueron las debilidades”.Vea también: Paso a paso: así fue el atentado con carro bomba en la escuela de cadetes Aseveró que durante su labor frente a la cartera de Defensa siempre dio duros golpes, nunca negoció y entregó resultados reales.“Hay un problema es que y es que cuando personas que ordenan atentados terminan sentados en el Congreso pues lo que piensan los demás es que cometer actos de terrorismo lleva a ese premio”, afirmó.Pinzón dijo que negociar es parte de los instrumentos, pero debe “haber reglas inviolables” durante el proceso.“Es momento de unir al país y rodear a las autoridades”, aseveró.Duque tiene a su alcance acabar con el ELN: exministro RiveraEl también exministro de Defensa Rodrigo Rivera aseguró que “en medio de estos dilemas políticos que un presidente debe tener, Duque tiene a su alcance acabar con el ELN y eso no se consigue solamente con plomo. La manera de acabar con el terrorismo es acabando con la madre que en las organizaciones es la capacidad y la locura demencial de ordenar los ataques”, manifestó.Para el exministro, una de las responsabilidades que tiene el presidente Iván Duque en la actualidad es avanzar en materia de orden público, por lo que es necesario “rodearlo” a él y a las instituciones, y por el contrario no adjudicarle al liderazgo político las culpas que “deben ser atribuidas exclusivamente a los terroristas”.Vea también: El mundo se solidariza con Colombia por atentado Por otro lado, Rivera habló sobre el proceso de paz entre el gobierno y el ELN. “Creo que los negociadores del ELN no supieron medir el momento político y era inmejorable para entregarle al nuevo gobierno un país con cese al fuego y un compromiso claro para parar las acciones violentas y terroristas. Hoy estamos viendo las consecuencias”, dijo.Finalmente, hizo referencia a José Aldemar Rojas, presunto autor material del atentado en la escuela de cadetes. “De donde parece venir este criminal es de un frente de Arauca, uno de los más ricos del ELN y con más dudas frente al proceso de paz”.Solo sirve el diálogo para hallar una salida: Carlos Antonio LozadaDe otro lado, Carlos Antonio Lozada, quien fue negociador de la guerrilla de las Farc en La Habana, aseguró en Mesa BLU que el atentado no se compadece con la paz que fue firmada en el país.“Hechos como estos no pueden alejarnos de buscar el diálogo como salida porque solo por la vía del diálogo se puede lograr una paz definitiva”, afirmó.También destacó que hechos similares ocurrieron mientras se cumplían los diálogos en La Habana.“A veces esas cosas suceden en las guerrillas, no necesariamente con el consentimiento de una dirección nacional, porque el tipo de acciones que desarrollan las guerrillas a veces están demasiado descentralizadas. Recuerdo el hecho donde murieron varios soldados en el Cauca que generó una situación muy crítica dentro del proceso de paz”, aclaró.También destacó que, en medio de una confrontación o en medio de un proceso de paz, pueden surgir hechos violentos que generan incomprensión y el reclamo de la sociedad, pero no pueden alejar la posibilidad de una solución política.
El comisionado de paz de Colombia aseguró que el Decreto 753 de 2018, de reciente expedición por la Presidencia, es un instrumento jurídico que busca el cumplimiento de la Ley 1820 de 2017 que dicta, entre otras disposiciones, mecanismos para la paz como la amnistía, indulto y tratamientos penales especiales.“Este decreto no va a permitir la libertad de nadie”, aclaró el comisionado de paz sobre la Instrumento jurídico para intercambiar información.La normatividad, reconoció Rivera en BLU Radio, se dio en el marco del proceso con el ELN.“Como se dice en los considerandos, cuando se pactó el cese al fuego el año pasado, entre octubre y enero, este fue uno de los temas. Este tema lo había planteado el ELN junto con el tema de alivios humanitarios en las cárceles y con el tema del sistema de alertas tempranas”, declaró el comisionado de paz.De acuerdo con Rodrigo Rivera, el decreto 753 de 2018 es un instrumento jurídico para intercambiar información frente a la Ley 1820 de 2017. "El mecanismo de intercambio de información no permite que nadie salga de la cárcel sino que nos enteremos quién ha salido”, sostuvo.Conozca el decreto expedido recientemente por el Gobierno:
El caso Santrich es una “prueba de fuego” para el acuerdo de paz, según analiza el alto comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, quien cree que “consolidaría el acuerdo” la extradición del exguerrillero por el delito de narcotráfico, debido a un supuesto envío de droga a EE.UU. luego de la firma del acuerdo, siempre y cuando la JEP encuentre que hubo reincidencia.Vea también: JEP sí evaluará pruebas en caso Santrich antes de eventual extradición: MinJusticia Por lo mismo, para el alto funcionario este es uno de los grandes retos ahora mismo de la era postacuerdo, “porque pone a prueba la firmeza y solidez de las instituciones pactadas entre las partes para lidiar con esta clase de problemas”.Rivera recordó, en ese sentido, que el acuerdo previó que podía haber reincidencia en delitos tan graves que ameritaran una solicitud de extradición y, de la misma manera, previó que fuera la Justicia Especial para la Paz (JEP) “la que examinara en primera instancia si los hechos habían sido cometidos con posterioridad a la firma del acuerdo, caso en el cual no estarían amparados por las cláusulas del acuerdo, o antes de la firma del acuerdo, caso en el cual le correspondería a la JEP”.“Esa va a ser, yo creo, la prueba de fuego y por eso el Gobierno ha establecido que vamos a ofrecer toda suerte de garantías, que aquí se respetará el debido proceso, el derecho a la defensa, para que se actúe ante un reto de carácter judicial a través de procedimientos judiciales”, agregó.También explicó que la extradición de Santrich, “si se surten los pasos adecuados previstos en el acuerdo, es decir pronunciamiento de la JEP y luego pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, y luego una decisión discrecional del presidente de la República, consolidaría el acuerdo”.Esto, según Rivera, “porque tendría que ocurrir (la extradición) solamente después de que la JEP diga que efectivamente los hechos son posteriores al acuerdo, o sea que hay una reincidencia. Tendría que ocurrir después de que la Corte Suprema de Justicia diga que hay validez formal, procedimental y sustancial en la solicitud de extradición, y después de que el presidente Santos, como lo dijo públicamente, considere que las pruebas son irrefutables en torno a que sí se cometieron esos delitos”.
Para el comisionado de Paz, Rodrigo Rivera, los atentados del ELN en Barranquilla “hablan mucho más” que las declaraciones sobre la paz que ha hecho ese grupo guerrillero.Al referirse al término “coherencia”, usado por el presidente Juan Manuel Santos este lunes para anunciar la suspensión de conversaciones, Rivera dijo que los actos terroristas son más fuertes que las palabras.“Lo que estamos reclamando es que el ELN sea consistente. Que las declaraciones por la paz correspondan con los hechos”, precisó.En ese sentido, el exembajador manifestó que hechos como los atentados dan cuenta de la falta de voluntad de paz de la organización subversiva.“Están jugando un juego político muy peligroso. Es verdad que las estructuras tienen cierta autonomía, pero también es verdad que obedecen a las órdenes del COCE (Comando Central del ELN)”, añadió, al hacer referencia a las posibles divisiones en el ELN.Asimismo, Rivera manifestó que para que se instale el quinto ciclo de conversaciones se requiere un mínimo de seguridad, por lo que insistió que sería necesario un nuevo cese.“De lo contrario, la paciencia de la gente se está colmando y la del presidente también”, puntualizó.Los atentados del pasado fin de semana en Barranquilla, que dejaron 5 policías muertos, llevaron al presidente Juan Manuel Santos a congelar este lunes luso diálogos de Quito."He tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días, hasta que no vea coherencia por parte del ELN entre sus palabras y sus acciones", afirmó Santos en una declaración.
El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, pidió al país reconciliarse con las Farc que, a pesar de que causaron tanto dolor, “pararon” por el acuerdo de paz y llamó a que sea la JEP la que haga justicia."El país se tiene que reconciliar con esos hijos que estaban haciendo lo incorrecto, que causaron tanto dolor y que han decido parar (...) Que la JEP haga justicia, que la comisión de la verdad haga justicia", sostuvo en un encuentro.El alto funcionario dijo también que a las Farc no se les capturó ni se les dio de baja porque con acuerdo de paz ellos decidieron parar y por tanto “tenemos que construir esa paz".Agregó que el "proceso necesita mucha misericordia y compasión, y no hay nadie que la tenga como las mujeres de Colombia".Finalmente, Rivera insistió en que la paz ya no está en manos del Gobierno ni en las manos de las Farc, sino que "la paz está en las manos de ustedes".
Desde Tibú, Norte de Santander, el alto comisionado para la paz Rodrigo Rivera afirmó que la reunión que solicitó en las últimas horas Timoleón Jiménez alias ‘Timochenko’ con el presidente Juan Manuel Santos se puede dar y que hay buena disposición por parte del Gobierno para que se produzca. "Esa reunión se puede producir, la respuesta inicial es positiva, lo que estamos haciendo ahora es mirando los temas de agenda del señor presidente que permitan tener esa reunión. El gobierno le da la mayor importancia al proceso que ambas partes construyeron de confianza para la implementación de este proceso, de este acuerdo de paz", puntualizó. Lea también: 'Timochenko' pide reunión con Santos para tratar "dificultades" en los acuerdos ‘Timochenko’ había pedido en las últimas horas una reunión urgente y personal con el presidente para expresarle sus dudas con respecto a lo aprobado esta semana en el Senado y sobre el fallo de la Corte Constitucional sobre la Jurisdicción Especial de Paz.
El alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera, advirtió que la Justicia Especial para la Paz no es para echar chistes ni decir “quizás, quizás”, tal como en una ocasión ‘Jesús Santrich’, integrante de las Farc, respondió a las víctimas cuando aún se encontraban en las negociaciones de La Habana. “Ahí no se puede ir a echar chistes y abstenerse de responder. Si admiten responsabilidades tendrán derecho a penas alternativas entre 5 y 8 años de prisión, pero si no admiten nada tendrán que enfrentar penas de hasta 20 años”, explicó. Dijo que la Justicia Especial para la Paz es sería y se va encargar de castigar a los responsables de los delitos más graves que han afectado a las víctimas en el país. “Con sanciones propias, son sanciones restaurativas o sanciones ordinarias, dependiendo de las actitudes que ellos tengan ante los jueces”, precisó. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
Durante su visita al Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación ubicado en el municipio de Mesetas, Meta, Rodrigo Rivera, alto comisionado para la paz, recorrió los proyectos productivos en marcha. Rivera aseguró que no descansará hasta que el último de los miembros de las Farc tenga resuelta su ruta de reincorporación a la vida civil. “Hasta que el último miembro de las Farc que ha tomado la decisión de reincorporase tenga resuelto sus temas jurídicos y abierta una ruta de reincorporación no vamos a descansar", dijo. Le puede interesar: La JEP entraría en funcionamiento en noviembre próximo, revela Rodrigo Rivera. Agregó que "en estas regiones del país que son tan ricas, pueden haber apuestas productivas agropecuarias, turísticas, forestales para lograr una reincorporación exitosa”. El alto comisionado se reunió con autoridades locales de la Fuerza Pública, representantes de la Agencia Colombiana para la Reintegración y la Defensoría del Pueblo para discutir alternativas que solucionen los problemas, no sólo de los excombatientes, sino también de la comunidad. Finalmente, Rivera invitó a la Defensoría del Pueblo a hacer parte de la Carpa Azul para trabajar junto con las autoridades civiles y militares en la seguridad de la zona.
El Gobierno le pidió al ELN acciones concretas para evitar más asesinatos, luego de que el grupo guerrillero admitiera que sus hombres mataron a Aulio Isaramá Forastero, gobernador indígena en el departamento del Chocó. “El Gobierno rechaza el asesinato de líderes, en este caso del gobernador Isarama Forastero; esperamos la comunicación del ELN permita a las autoridades avanzar rápidamente en su investigación para que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables”, dice un comunicado del Comisionado de Paz. Sin embargo, el Gobierno asegura que “ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del Cese al Fuego de forma unilateral y automática”. “La Mesa de Conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego”, agrega. Le puede interesar: Cuestionario y metodología de audiencias preparatorias en diálogos de Gobierno y ELN El ELN reconoció este domingo haber matado hace seis días a un líder indígena, lo que constituyó la primera violación al alto al fuego bilateral. "Lamentamos profundamente el hecho y pedimos perdón por este doloroso caso a sus familiares y allegados", indicó en un comunicado ELN.Escuche la entrevista completa con Rodrigo Rivera, comisionado de paz aquí: Texto completo del comunicado:La Oficina del Alto Comisionado para la paz informa que: 1. El Gobierno Nacional condena el asesinato del Gobernador Indígena Aulio Isarama Forastero del Resguardo Indígena, Catru, Dubaza, Ancoso, del municipio del Alto Baudó - Chocó, y perteneciente al pueblo Embera Dóbida, a manos de Miembros del ELN. (Comunicación del día 29 de octubre del Frente de Guerra Occidental Oscar Gómez, del Ejército de Liberación Nacional) 2. El Gobierno RECHAZA el asesinato de líderes, en este caso del gobernador Isarama Forastero; esperamos la comunicación del ELN permita a las autoridades avanzar rápidamente en su investigación para que se produzca la actuación judicial oportuna y se condene a los responsables. 3. Según lo previsto en los protocolos que rigen el cese al fuego, La Mesa Pública de Conversaciones evaluará los incidentes graves, como este, previo informe del Mecanismo de Veeduría y Verificación. Ningún incidente por sí mismo será causa de ruptura del Cese al Fuego de forma unilateral y automática. La Mesa de Conversaciones evaluará toda la información objetiva que reciba para que se adopten las decisiones que correspondan frente a la continuidad del cese al fuego. 4. Respecto a lo anterior, se tendrá que seguir el procedimiento previsto conforme al cual el Mecanismo de Veeduría y Verificación remite a la Mesa de Conversaciones toda la información objetiva que permita precisar los hechos. La Mesa de Conversaciones adoptará las medidas correctivas para fortalecer los procedimientos que se llevan a cabo en el marco del cese al fuego. 5. Deberá analizarse en el marco de la Mesa de Conversaciones también las palabras de reconocimiento y petición de perdón por parte del Frente Occidental del ELN y su compromiso de no repetición de hechos como este. 6. El ELN tendrá que implementar acciones concretas para garantizar que hechos tan dolorosos como éste no vuelvan a repetirse y para que los responsables del asesinato del gobernador Isarama Forastero sean puestos a disposición de las autoridades. 7. El cese al fuego no suspende ni limita de ninguna manera la función constitucional de la fuerza pública; por tanto, continuará actuando en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad y protección de los derechos de todos los colombianos. Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
El Gobierno Nacional dio por superado el caso de la salida de alias ‘El Paisa’ del Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en la antigua zona de Miravalle, jurisdicción de San Vicente del Caguán, Caquetá. “Tenemos claro que salió de los alojamientos donde se encontraba y regresó un día después en las horas de la tarde. Estaremos tratando con las Farc cuáles fueron las circunstancias que motivaron ese movimiento, pero afortunadamente ya está superado”, dijo. Agregó que a ‘El Paisa se le garantizaron las condiciones de seguridad para su regreso a la zona veredal. Le puede interesar: El Paisa’ regresó al espacio de capacitación en Miravalle, Caquetá Rivera aclaró que todos los guerrilleros pueden salir de la zona, siempre y cuando se hagan bajo las normas que establece el acuerdo de paz y que este caso ganó relevancia por tratarse de este hombre, uno de los más sanguinarios de las Farc. Según alias ‘Iván Márquez’, el exguerrillero salió a revisar un sendero ecológico en una finca vecina.Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.
En diálogo con Mañanas Blu, la viuda del asesinado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, señaló que existen nuevas evidencias que apuntarían a que, si bien las disidencias de la Segunda Marquetalia fueron los autores materiales del magnicidio de Uribe Turbay, hay nexos políticos entre los determinadores. Tarazona sostuvo que una persona, a la que no identifica públicamente, habría entregado información días antes del magnicidio, en la que señalaba que Miguel Uribe Turbay, así como otros precandidatos del Centro Democrático, corrían el riesgo de sufrir un atentado; que la orden habría salido desde el Congreso de la República y que el dinero para organizar el atentado habría salido desde Venezuela.En ese sentido, durante la entrevista, leyó los chats que existen entorno a las advertencias que se hicieron antes sobre el atentado que le perpetuarían a Miguel Uribe, en la misma lectura de los chat nombra directamente a Marcos Calarcá. En desarrollo...
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra el alcalde de Barichara, Santander, Milton Edilson Chaparro Jiménez, por presuntas irregularidades en el suministro de agua para consumo humano durante 2024, cuando el municipio afrontaba problemas de desabastecimiento.Según informó el Ministerio Público, la investigación busca establecer si el mandatario permitió captar y utilizar agua de la fuente denominada La Chorrera, ubicada en el predio Lote 4 de la vereda Santa Helena, de propiedad de un particular, después de que se declarara la calamidad pública por la falta de agua potable en el municipio.La Procuraduría también indaga si, para ese momento, sobre la fuente hídrica existía una medida preventiva ambiental impuesta por la Corporación Autónoma Regional de Santander (CAS), que habría sido desconocida al permitir el uso del recurso.Otro de los aspectos que busca esclarecer el organismo de control es si la extracción de agua se autorizó sin contar con la concesión, el permiso o la autorización ambiental exigida por la autoridad competente.Por estos hechos, la Procuraduría calificó provisionalmente la presunta falta del alcalde como grave, a título de culpa grave.La formulación de cargos hace parte del proceso disciplinario con el que se busca determinar si el mandatario incurrió en alguna irregularidad en el manejo del recurso hídrico.
Ramiro Herrera Buitrago, exintegrante del Cartel de Cali y hermano del fallecido narcotraficante Hélmer Francisco Herrera Buitrago, conocido como ‘Pacho Herrera’, envió una carta al presidente Abelardo de la Espriella para formalizar su disposición de colaborar con el Estado en la identificación y recuperación de bienes que estarían relacionados con estructuras patrimoniales irregulares del extinto grupo criminal.En el documento, Herrera explicó que su intención es aportar información sobre activos, sociedades y estructuras económicas que han sido objeto de investigaciones durante décadas. La primera etapa de la colaboración, según lo expuesto en la comunicación, comprende información sobre más de 1.000 bienes ubicados en Colombia y otros países.“La finalidad de esta autorización es permitir que la Presidencia de la República tenga conocimiento institucional de esta decisión y pueda, dentro del marco de sus competencias constitucionales y legales, acompañar las iniciativas estatales que correspondan respecto de la recuperación, destinación social y eventual utilización de los bienes que lleguen legítimamente a favor del Estado”, señaló Herrera en la carta.El exintegrante del Cartel de Cali manifestó que su decisión busca contribuir a los esfuerzos institucionales relacionados con la recuperación de activos y la superación de las consecuencias asociadas a la violencia. En ese sentido, afirmó: “Esta determinación corresponde a mi voluntad de contribuir, en este momento histórico del país, a un proceso de reconstrucción, reconciliación y fortalecimiento institucional”.En otro apartado, Herrera sostuvo que pretende que los bienes relacionados con esas estructuras patrimoniales queden bajo conocimiento y control de las autoridades competentes. “El propósito es que bienes cuya historia se ha prolongado durante décadas y que han sido objeto de controversias, violencia y procesos patrimoniales puedan ser puestos definitivamente bajo conocimiento y control de las instituciones competentes del Estado”, expresó.La carta también expone su intención de contribuir al esclarecimiento de la historia de los activos vinculados al denominado ‘Clan Herrera’. “Una de las razones principales por las cuales adopto esta determinación es mi voluntad de contribuir a que cese definitivamente la violencia asociada históricamente a los bienes vinculados al denominado ‘Clan Herrera’”, afirmó.La comunicación dirigida al presidente se suma a la declaración que Ramiro Herrera presentó ante la Fiscalía General de la Nación, en la que formalizó su voluntad de entregar información para avanzar en los procesos de extinción de dominio. En ese documento, aseguró que comparecía para adelantar una “colaboración eficaz, directa, voluntaria y verificable con el Estado colombiano”.Herrera precisó que la información comprende bienes en Colombia y en el exterior, documentación histórica y original, sociedades, inversiones y personas naturales y jurídicas. También señaló que su intención es que los datos puedan ser contrastados con los expedientes y registros disponibles.“Mi voluntad es aportar los elementos que se encuentren en mi conocimiento para que toda la información pueda ser verificada independientemente por la Fiscalía General de la Nación, confrontándola con los expedientes, registros públicos y privados, documentos originales y demás elementos materiales probatorios legalmente disponibles”, indicó.La colaboración anunciada se conoce después de que la Fiscalía impusiera medidas cautelares sobre 42 bienes, avaluados preliminarmente en más de 44.900 millones de pesos, que estarían vinculados a uno de los presuntos grupos de testaferros al servicio de ‘Pacho Herrera’. Las medidas incluyen embargo, secuestro, suspensión del poder dispositivo y toma de posesión.De acuerdo con la investigación, durante años se habrían utilizado personas y empresas de diferentes sectores económicos para ocultar y administrar activos, darles apariencia de legalidad y sustraerlos del control de las autoridades.La carta de Ramiro Herrera plantea una colaboración que abarca información sobre bienes en Colombia, Estados Unidos, Panamá, Venezuela y Ecuador. Sin embargo, el propio exintegrante del Cartel de Cali dejó claro que la decisión sobre cada activo corresponde a las autoridades: “Será exclusivamente la autoridad competente la que determine la procedencia jurídica de cada activo y si existe fundamento para adelantar o culminar procesos de extinción de dominio”.
Estos fueron los temas tratados en Bla Bla Blu este martes, 14 de octubre de 2026:La Profe Mónica, profesora y creadora de contenido educativo con más de 2 millones de seguidores.En Tutoriales Radiales pasó el periodista, escritor y conferencista Germán Díaz Sossa.Escuche el programa completo acá:
El número de vehículos sin SOAT vigente en Colombia se duplicó en los últimos diez años. Entre 2016 y septiembre de 2026, el país pasó de tener 5,3 millones de vehículos sin este seguro obligatorio a 10,7 millones, mientras el parque automotor creció de 13 millones a 22,6 millones de unidades, de acuerdo con un análisis de la empresa de inteligencia de negocios Intempo.El estudio, elaborado a partir de los registros históricos del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), encontró que la tasa de evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentó del 40,6 % en 2016 al 47,3 % en 2026. Además, el indicador se ha mantenido entre el 47 % y el 49 % durante los últimos seis años, según el informe.Uno de los datos más relevantes es la participación de las motocicletas en esta problemática. Aunque representan el 64 % del parque automotor colombiano, concentran el 78 % de los vehículos sin SOAT vigente, equivalentes a 8,3 millones de unidades. Intempo también señala que una motocicleta tiene el doble de probabilidad de estar en mora con este seguro que un automóvil particular.Millones de vehículos no tienen SOAT ni técnico-mecánicaLa falta del seguro obligatorio coincide, en numerosos casos, con el incumplimiento de otro requisito: la revisión técnico-mecánica (RTM). De los 18,8 millones de vehículos que, según el estudio, ya están obligados a contar con ambos documentos, 9,8 millones, equivalentes al 52,4 %, no tienen ninguno de los dos al día.En el otro extremo, 8 millones de vehículos, el 42,6 %, mantienen vigentes tanto el SOAT como la revisión técnico-mecánica. Otros 936.000, cerca del 5 %, cuentan solamente con uno de los dos requisitos.El análisis también identificó 1,4 millones de vehículos registrados que nunca han tenido SOAT ni han realizado la revisión técnico-mecánica. Esta cifra corresponde a unidades que figuran en los registros, pero que no han acreditado el cumplimiento de ninguna de las dos obligaciones.Para Santiago Caballero, gerente general de Intempo, estos datos muestran que la pérdida de continuidad en el seguro puede estar relacionada con el abandono de otros trámites obligatorios.“Los datos demuestran que cuando un propietario deja vencer el seguro, al poco tiempo abandona también la revisión”, explicó Caballero. El directivo agregó que las campañas centradas en recordar un trámite a la vez no alcanzan a responder a la dimensión del problema.La primera revisión técnico-mecánica, un momento claveEl estudio identifica la llegada de la primera revisión técnico-mecánica como un punto crítico para la continuidad del SOAT. Durante los primeros años de vida de un vehículo, el 89 % de los propietarios renueva el seguro de manera consistente. Sin embargo, cuando llega la edad legal para realizar la primera RTM, la cobertura cae al 46 %.De los 4,3 millones de vehículos que nunca han acudido a un Centro de Diagnóstico Automotor (CDA), 2,7 millones, equivalentes al 63 %, sí tuvieron SOAT alguna vez mientras eran nuevos.La tendencia también plantea un desafío para los próximos años. Según Intempo, hay 3,9 millones de vehículos jóvenes próximos a cumplir la edad para su primera revisión técnico-mecánica. Este grupo supera en un millón de unidades al registrado en 2024 y representa un segmento que el sector deberá observar para evitar un mayor incumplimiento.Conductores tardan 52 días en renovar el SOATEl informe encontró otro comportamiento entre quienes sí vuelven a comprar el seguro obligatorio: en promedio, pasan 52 días entre el vencimiento de la póliza y su renovación.Este dato refleja que tener SOAT en distintos momentos del año no significa necesariamente mantener una cobertura continua. El periodo señalado corresponde al promedio calculado por el estudio y no constituye un plazo de gracia para circular sin seguro vigente.La diferencia entre tipos de servicio también resulta significativa. En el transporte público, la evasión del SOAT se ubica en el 23,6 %, frente al 47,8 % del servicio particular. Intempo relaciona esta brecha con la existencia de controles empresariales, tarjetas de operación y mecanismos de supervisión de las flotas.
