Helena Urán Bidegain, hija del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán Rojas, asesinado en la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, presentó dos peticiones ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP): la primera, retirar las condecoraciones militares al general en retiro Iván Ramírez Quintero, condenado por desaparición forzada agravada; y la segunda, ordenar a los exintegrantes vivos de mayor rango del M-19 realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón por los hechos ocurridos en el Palacio de Justicia.En el primer caso, Urán busca que el Estado retire los honores militares concedidos a al general (r) Iván Ramírez Quintero, quien fue condenado por el Tribunal Superior de Bogotá el 18 de junio de 2024 y excluido de la JEP en 2022 por no contribuir al esclarecimiento de la verdad.Para sustentar sus peticiones, Helena Urán recordó que en enero de 2024 el Ministerio de Defensa retiró los honores militares al general en retiro Jesús Armando Arias Cabrales.La segunda solicitud busca que los antiguos integrantes del M-19 reconozcan públicamente su responsabilidad y pidan perdón por lo ocurrido durante la toma y retoma del Palacio de Justicia, los días 6 y 7 de noviembre de 1985. Urán sostiene que quienes recibieron amnistías o indultos también deben cumplir medidas de reparación simbólica, que permitan reconocer el daño causado a las víctimas y preservar la memoria histórica.Helena Urán, explicó en diálogo con Blu Radio que su solicitud ante la JEP busca que el M-19 y la Fuerza Pública reconozcan su responsabilidad en lo ocurrido hace 41 años y advirtió que las víctimas, incluidos los sobrevivientes que fueron torturados, siguen sin recibir el reconocimiento que merecen.“Consiste básicamente en intentar que los dos actores armados que llevaron a la masacre del Palacio de Justicia, con todas las víctimas que conocemos, y sobrevivientes de los que poco se hablan, pero que fueron torturados, y que poco se les reconoce su dolor, al menos después de 41 años, entiendan que no pueden seguir sumiendo al país en una confrontación en la que obligan al ciudadano a tomar partido, cuando los dos actores armados son corresponsables. Yo a través de esta solicitud, pretendo que tengan un gesto, no sé, bondadoso y de grandeza, y que, por favor, dejen de utilizar el caso del Palacio de Justicia con fines políticos”, señaló Helena Uran.Además, cuestionó que las víctimas no fueran consultadas sobre los acuerdos de amnistía al M-19 y pidió que sus antiguos integrantes de mayor rango reconozcan colectivamente su responsabilidad y pidan perdón. También señaló que integrantes de la Fuerza Pública han negado a las víctimas, a los desaparecidos y a los sobrevivientes de tortura, por lo que considera necesario un reconocimiento de ambas partes.“Que ese fue el acuerdo que se hizo en ese momento, eso lo pactaron los políticos, a nosotros, a las víctimas, nunca nos consultaron porque les aseguro que si nos hubieran consultado no hubiera llegado a ese grado de encubrimiento, porque la amnistía es encubrir unos hechos y por eso años después se replantea, hoy en día eso sería impensable, pero esos eran los estándares del 90" agregó Uran.De esta forma, solicitó retirar las condecoraciones y medallas militares otorgadas al general retirado Iván Ramírez Quintero. Según explicó a Blu Radio, el exoficial fue jefe de inteligencia y contrainteligencia y, a su juicio, no debería conservar estas distinciones debido a las responsabilidades judiciales que se le atribuyen por crímenes relacionados con el Palacio de Justicia."Hoy en día tenemos otros estándares de justicia transicional que las personas que pertenecieron al M-19 bien conocen y que podrían, haber tenido un gesto de grandeza y reconocer de manera colectiva, porque lo han hecho como independientemente, reconocer somos corresponsables de lo que sucedió y lo mismo la Fuerza Pública, porque es la que representa al Estado y tiene una responsabilidad mucho mayor que unos guerrilleros terroristas, por eso no se puede equiparar, pero también han sido unos negacionistas constantemente, no solamente negacionistas, sino que han estigmatizado", argumentó.Sin embargo, las dependencias de la JEP que recibieron el documento aún no han tomado una decisión definitiva. Con estas solicitudes, busca que se reconozca la dignidad de las víctimas, se contribuya a esclarecer la verdad y se evite que se distorsione la historia de lo ocurrido en el Palacio de Justicia.
El trámite de la licencia de conducción termina siendo un proceso, casi obligatorio, para miles de personas en su día a día y de la mano con el deseo de tener su propio vehículo. Este proceso tiene diferentes etapas, en especial si nunca ha tomado el volante antes.Para acompañar ese proceso existen los centros de aprendizaje de conducción, los cuales se encargan de apoyar todo el proceso, desde los exámenes médicos hasta el pago de la licencia ante el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT) para que se haga válida, pero, este 2026, estos lugares tendrán un cambio importante por petición de la DIAN.El incremento en los cursos para sacar la licencia de conducciónLa DIAN le solicitó a los Centros de Enseñanza Automovilística (CEA) para pedirles que declaren y paguen el impuesto del 19 %, lo cual obligó el incremento de los precios para poder hacer todo el proceso y que se verán reflejados en diferentes lugares de manera paulatina.Así quedarían los nuevos precios:Motos: A1 y A2 cuesta entre 600.000 y 900.000 pesos, tendrían incremento de al menos 150.000 pesos, por ejemplo: un curso para moto que actualmente cuesta 700.000 pesos pasaría a unos 833.000 pesos.Carro: un curso de 1.100.000 pesos subiría a aproximadamente 1.309.000 pesos con el impuesto, mientras que el curso para carro particular B1 está entre 1.000.000 de pesos y 1.200.000 pesos, teniendo un incremento parecido.Estos precios no suman las licencias, las cuales tienen un valor diferente.¿Qué se necesita para sacar la licencia de conducción?Presentar documento original de identidad. La solicitud es personal y el interesado debe estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito.Pago de los derechos del trámite en los puntos de atención (ventanillas del banco).Certificado de aptitud en conducción (curso de conducción), incorporado en el RUNT, expedido por el centro de Enseñanza Automovilística (CEA), autorizado por el Ministerio de Transporte.Certificado de examen físico, mental y de coordinación motriz para conducir, incorporado en el RUNT, expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado por el Ministerio de Transporte.
Estos fueron los temas tratados en La Nube:YouTube y Spotify compiten por los audiolibros: se habló sobre la posible entrada de YouTube a este mercado, las cifras de ventas en Colombia y los hábitos de lectura de los colombianos.Ciberataques e inteligencia artificial: se conversó sobre kits de emergencia para enfrentar posibles apagones y ataques informáticos, con conexión satelital, baterías y paneles solares. También discutieron la importancia de tener efectivo, agua y radios de batería.Regulación de redes sociales para menores y consejos tecnológicos: se abordaron las medidas de México frente a contenidos digitales dañinos para menores de edad. Al cierre, compartieron recomendaciones para cuidar la batería del celular y hablaron de la aplicación colombiana Savia, que ayuda a evitar el desperdicio de alimentos.María Clara Gaviria, internista cardióloga y presidenta seccional Antioquia de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Explicó los riesgos de la desinformación sobre salud cardiovascular y presentó una plataforma para resolver dudas sobre el corazón mediante transmisiones en Instagram.Escuche el programa completo acá:
Momentos de tensión vivieron los habitantes del barrio El Vallado, ubicado en el oriente de Cali, Valle del Cauca, luego de un ataque con una granada contra una patrulla de la Policía Nacional que dejó cuatro uniformados y una mujer lesionados.El hecho generó preocupación entre los residentes del sector, donde se desplegó un operativo de seguridad para atender la emergencia y dar con los responsables del ataque. Tras la detonación del artefacto explosivo, las autoridades iniciaron las labores de verificación y recolección de información para establecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho.Por este caso, las autoridades reportaron la captura de un hombre que sería el presunto responsable de lanzar la granada contra los uniformados. Sin embargo, otras personas que estarían involucrados en el ataque huyeron del lugar, por lo que se activó un plan candado con el objetivo de localizarlos y proceder con sus capturas.El operativo contempla acciones de búsqueda en el sector y sus alrededores, mientras las autoridades avanzan en las investigaciones para identificar plenamente a los demás implicados y determinar los motivos detrás de la agresión contra la patrulla policial.Entretanto, la fuerza pública reforzó la presencia de uniformados en el barrio El Vallado y en puntos estratégicos de esta zona del oriente de Cali. La medida busca brindar tranquilidad a los habitantes, prevenir nuevos hechos de violencia y facilitar las labores de seguridad en el territorio.Los dos policías y el civil lesionados recibieron atención tras el ataque. Por ahora, las autoridades adelantan los procedimientos correspondientes para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades de los involucrados.
La amenaza terrorista del ELN continúa en el departamento del Chocó y por ello el Ejército Nacional logró la destrucción de manera controlada un artefacto explosivo improvisado que había sido instalado sobre la vía que comunica a Quibdó con Medellín.De acuerdo con la información conocida, uniformados ubicaron el elemento sospechoso sobre este importante corredor vial que conecta a los departamentos de Chocó y Antioquia y procedieron con la destrucción.Según la fuerza pública, el artefacto habría sido instalado como señuelo y estaba acompañado de una bandera alusiva al Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla, hecho que había generado temor entre los habitantes de la zona.Ante el riesgo que representaba esta situación para los conductores y demás usuarios de la carretera, se realizó la operación que permitió avanzar en el restablecimiento de la movilidad por este corredor estratégico para el transporte de pasajeros y mercancías entre ambos departamentos.Este nuevo episodio de alerta para las autoridades se conoce después del ataque con drones reportado en el municipio de San José del Palmar y que dejó nueve soldados heridos, tres de los cuales tuvieron que ser trasladados a Medellín por la complejidad de sus lesiones.Frente a este panorama, el Ejército Nacional y la Policía Nacional mantienen operaciones en diferentes zonas del departamento de Chocó con el propósito de neutralizar las amenazas, detectar posibles artefactos explosivos y prevenir nuevos ataques contra la fuerza pública y la población civil.
