La Fiscalía pedirá imputación de cargos contra el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, por presuntas irregularidades en contratación en el departamento, en una investigación que también cobija a dos exgobernadores.De acuerdo con la información revelada por la Fiscalía, hay suficientes pruebas y evidencias físicas de malversaciones en contratos, entre 2013 y 2019, que superaron en valor los 457.000 millones de pesos. Según el ente acusador, la Fiscalía encontró que, en cinco contratos, se habrían perdido cerca de 74.789 millones de pesos.En el caso del gobernador Carlos Caicedo, contra quien la Fiscalía pide medida de aseguramiento con detención domiciliaria, el ente acusador reveló que será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.Esto por presuntas irregularidades que la Fiscalía describe así en un comunicado:Obras con retrasos, inconclusas o inutilizadas en Santa MartaFiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia encontraron mérito suficiente para presentar ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá al exalcalde de Santa Marta y actual gobernador Carlos Eduardo Caicedo Omar, para que responda a las solicitudes de audiencias de formulación de imputación y de imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en lugar de residencia, por tres eventos distintos en los que quedó al descubierto un presunto peculado que se acerca a los 1.680 millones de pesos.En ese sentido, la medida de aseguramiento es necesaria para conjurar el riesgo de reiteración de conductas similares, en el entendido de que el indiciado es gobernador actual y, por tanto, jefe administrativo y contractual, y principal ordenador del gasto público. Los casos son:1. Posibles falsedades documentales, y varias inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato de obra del 30 de diciembre de 2014, que contempló la construcción de una megabiblioteca en el colegio San Pedro Alejandrino. En la investigación se determinó que el proyecto fijó un valor inicial de 10.044 millones de pesos, pero recibió adiciones por encima de los 5.000 millones de pesos. Asimismo, se estableció que el plazo previsto de cinco meses se amplió a tres años.La Fiscalía imputará al señor Caicedo Omar los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.2. El 1 de abril de 2015, fue suscrito un contrato para la construcción de dos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y ludotecas en el barrio Ciudad Equidad y el corregimiento Bonda, en Santa Marta. El valor definido en su momento fue de 6.954 millones de pesos; sin embargo, las evidencias indican que se habría presentado un peculado de más de 979 millones de pesos, representado en sobrecostos. Adicionalmente, el contrato no ha sido liquidado y las obras, al parecer, fueron suspendidas en 2018. En las verificaciones se conoció que se reanudaron a finales de diciembre de 2022. En este frente investigativo el exalcalde y actual gobernador de Magdalena será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y falsedad ideológica en documento público agravada.3. La Fiscalía identificó presuntas inconsistencias en el trámite y celebración de un contrato suscrito el 28 de octubre de 2015, por valor de 2.682 millones de pesos, y cuyo objeto era la adecuación del Coliseo de Gaira. En la investigación fue detectado un posible peculado de 700 millones de pesos, materializado en sobrecostos.Asimismo, se constató que, trascurridos más de siete años, el escenario no ha sido entregado en condiciones adecuadas, se encontraría en deterioro e inutilización.Por estos hechos, el entonces alcalde, Carlos Caicedo Omar, será imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.La investigación, que la Fiscalía denominó ‘Robo de Magdalena’, implica también al exgobernador Luis Miguel Cotes, la exgobernadora Rosa Cotes de Zúñiga, por los siguientes hechos, según el comunicado de la Fiscalía.Millonario detrimento en la Vía de la ProsperidadEl 4 de octubre de 2013, Luis Miguel Cotes, en su condición de gobernador, suscribió un contrato para el mejoramiento de la vía Palermo - Sitionuevo - Remolino – Guáimaro(Magdalena), por un valor superior a 432.010 millones de pesos, en medio de lo que serían incrementos patrimoniales sin sustento, y posibles anomalías en los estudios previos y la estructuración del presupuesto.Posteriormente, la sucesora, Rosa Cotes de Zúñiga, celebró varias adiciones al contrato original entre septiembre de 2017 y octubre de 2019, que representaron más recursos para el constructor.Las actuaciones de los dos exmandatarios habrían generado al departamento millonarias pérdidas económicas que configurarían un peculado que asciende a más de 73.109 millones de pesos. Finalmente, está acreditado que la denominada ‘Vía de la Prosperidad’ pasó de ser un corredor de 52 kilómetros a un proyecto de apenas 18 kilómetros. Es decir, se ejecutó el 34% de lo planeado.Por lo anterior, los dos exmandatarios de Magdalena serán imputados por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros, ambas conductas agravadas.Contratos de contabilidad ‘amañados’ Rosa María Cotes de Zúñiga, gobernadora de Magdalena para el periodo 2016 – 2019, tramitó y celebró tres contratos para la implementación de las normas internacionales de contabilidad, por valor de 1.023 millones de pesos. Los elementos de prueba indican que el trámite contractual se hizo de manera directa y sin concurso de méritos. También se constató que la empresa contratada se habría apartado del objeto definido y se limitó a realizar una consultoría.La exmandataria será imputada por contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
La sanción que profirió la Procuraduría el pasado 1 de octubre fue ratificada en segunda instancia y en ella quedaron firmes los argumentos que llevaron a suspender por un año a los exgobernadores del Magdalena Luis Miguel Cotes y Rosa Cotes de Zúñiga.Lo que el Ministerio Público encontró luego de formular pliego de cargos, es que los dos exmandatarios incurrieran en anomalías en los contratos 1266 de 2012, 649 de 2013 y el contrato de obra 617 de 2013.Se constató que los diseños para este tramo de la vía de la Prosperidad estaban desactualizados y presentaban serias fallas técnicas en la planeación del corredor vial.Por ejemplo, no tuvieron en cuenta la geografía del terreno por donde iba a pasar la carretera ni tampoco se previó la ola invernal en el año 2010 que afectaba esa región del departamento del Magdalena.El Ministerio Público encontró además que el presupuesto para la construcción estaba por encima de lo que realmente costaba la obra y que las especificaciones técnicas de los materiales para la intervención se modificaron.Por todas estas irregularidades a la hora de ejecutar el contrato, la Procuraduría sancionó por un año a los exmandatarios que finalmente se vio reflejado en una multa de carácter pecuniario.Los problemas en la ejecución de la obra generaron las afectaciones para la terminación en los 56 kilómetros de construcción de los tres tramos Palermo, Sitio Nuevo, Remolino y Guáimaro.Además, en el caso de la exgobernadora Rosa Cotes, la Procuraduría profirió la sanción por omitir hacer vigilancia al proyecto de obra el cual no cumplía con las características técnicas.
La Procuraduría formuló pliego de cargos contra la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Zúñiga, y el exgobernador del mismo departamento, Luis Miguel Cotes, por presuntas irregularidades en la implementación y ejecución de la denominada Vía de la Prosperidad, que conecta a las poblaciones de Palermo, Sitionuevo, Remolino y Guáimaro, todas en el Magdalena.Según el organismo de control, los gobernadores habrían incurrido en la “posible transgresión de los principios de economía y responsabilidad que rigen la contratación estatal y de eficacia de la función administrativa”, falta considerada por la Procuraduría como de culpa gravísima y que podría derivar en una medida de destitución o inhabilidad de 10 a 20 años.Lea también: “Sí somos como los indígenas del Cauca”: responden taironas a gobernadora de MagdalenaSe trata de una vía de 52 kilómetros que le ha terminado por costarle a la Nación 466.900 millones de pesos, que fue contratada en 2013 y debía ser entregada en julio de 2018, pero en amplios tramos todavía se encuentra en obra.De acuerdo con la Procuraduría, Luis Miguel Cotes celebró el contrato con posibles deficiencias técnicas en planeación del corredor vial, toda vez que se cumplió con estudios y diseños desactualizados elaborados en 2008 sin tener en cuenta la transformación del terreno por la ola invernal de 2010 y 2011.En cuanto a la gobernadora Rosa Cotes se le señala por la presunta demora en iniciar un proceso sancionatorio y de multas al contratista Consorcio Ribera Este, no obstante las múltiples solicitudes de la interventoría.Por todo lo anterior, la Procuraduría considera que esta obra, de interés vital para la conectividad de la región Caribe, tiene “alto riesgo” de no cumplir con su alcance y no servir al propósito para la cual fue aprobada.
La Ciénaga de San Antonio, principal fuente de abastecimiento de agua y de alimentos para centenares de pescadores, es hoy una manta donde yacen millares de peces moribundos, los cuales ante la falta de alimentos estarían siendo consumidos por la población. El secretario de Salud del Magdalena, Manuel Navarro, dijo que es grave la situación por lo cual todo el sistema de salud de la región se ha declarado en alerta las 24 horas porque se desconoce los efectos que el consumo de estos peces pueda ocasionar en la población. (Lea también: Campaña Apagar Paga logró superar meta propuesta) A su vez, la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes clamó ayuda urgente al gobierno nacional para poder atender la emergencia. Señaló que se necesitan alimentos y agua potable: “Estamos haciendo un llamado al ministro de salud porque esto lo que va a generar es una epidemia. El problema es de hambre por eso todos nos dirigimos allá para llevarles alimentos, es un problema de salud pública el que se está presentando en estos momentos en Concordia”. (Lea también: Generación de energía de Termovalle ha costado $200 mil millones) Hace más de 45 días en Concordia murió una niña debido al alto estado de desnutrición y de acuerdo al reporte entregado por las mismas autoridades de salud un alto porcentaje de la población infantil presenta los mismos síntomas ya que no tienen el peso adecuado para la edad. La ciénaga de San Antonio se alimenta del río Magdalena a través de un caño que lleva su mismo nombre pero los niveles del río son más bajos que los del caño. En la cabecera municipal de Concordia y en varios corregimientos también hay problemas con el agua para el consumo humano, a muchos les ha tocado hacer pozos al lado de lo que queda de la ciénaga para poder obtener un poco del líquido.
Una serie de audios conocidos por Blu Radio tiene bajo investigación al Hospital Universitario Clínica San Rafael, en Bogotá. Las grabaciones corresponden a una reunión realizada el 18 de diciembre de 2025, en la que directivos del hospital hablan sobre contratar médicos que estaban terminando su último año de especialización en anestesiología para que comenzaran a trabajar desde enero de 2026.Todo comenzó por una denuncia anónima que recibió Blu Radio. En ella se advierte sobre posibles irregularidades en la contratación de estos médicos. Según la denuncia, varios de ellos todavía no aparecían registrados oficialmente como anestesiólogos cuando fueron contratados, aunque los contratos se firmaron entre el 19 y el 22 de diciembre de 2025.Uno de los audios conocidos por Blu Radio muestra la preocupación de los directivos por la gran cantidad de cirugías pendientes que tenía el hospital. En la grabación se escucha:“Tenemos una demanda quirúrgica, yo creo que por lo menos hay un listado de 3.000 cirugías por bajito. Entonces trabajo es lo que hay y cada vez estamos más demandantes…”Sin embargo, el segundo audio es el que genera los principales cuestionamientos. Allí se habla de la necesidad de contratar rápidamente a los residentes que estaban a punto de terminar su especialización.“Lo que queremos con el motivo de las reuniones es que primero usted conozca al equipo, ellos son residentes de último año de cuarto año que ya terminan. Ellos son los residentes. Van a tener hasta el 1 de febrero son mes, solo oficialmente, que ya. Pero hay algunos que terminan antes, como ya le habíamos comentado, que estarían dispuestos a entrar a ser parte del equipo a partir del 1 de enero sin ningún problema, porque ya han cumplido, digamos su ciclo académico completo."Ok, la idea es que ellos ingresen ya a partir del primero, primero como médicos generales. Entrarían con el valor hora normal de anestesiólogo y oficializamos cuando tengan ReTHUS de anestesiología, pues eso va a ser un cambio de estatus de freno. Sería básicamente eso (…) Es eso, entonces es básicamente ingeniero definir eso, confirmarlo para que ellos tengan esa certeza porque es importante resaltar al ingeniero que el mercado está captantemente valorado para los antesiólogos. Si no los amarramos, se van a ir a buscar algún sitio. Ya, pasemos la resolución, yo la firmo en lista”.En esa conversación también se menciona que ya había una resolución preparada para formalizar esas contrataciones y que era importante “amarrar” a esos médicos antes de que aceptaran ofertas de otros hospitales.A partir de estos audios, Blu Radio empezó a revisar el caso y encontró que la denuncia ya estaba en manos de la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá.Este medio conoció un documento que confirma que el 12 de marzo de 2026 la Secretaría abrió una investigación preliminar para recoger documentos, revisar la información recibida y establecer si hubo incumplimientos en las normas que regulan el ejercicio de los profesionales de la salud.Durante esta investigación, Blu Radio también conoció un documento enviado por la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.), en el que la organización pide revisar las presuntas irregularidades y verificar si las anestesias fueron realizadas por personas que cumplían todos los requisitos exigidos por la ley.Como parte de esa revisión, S.C.A.R.E. analizó las programaciones de cirugía de los días 7, 9, 14 y 15 de enero de 2026. Según el documento, durante esas jornadas se realizaron entre 36 y 42 cirugías por día.En esas listas también aparecían entre seis y doce procedimientos identificados con nombres como “INT.”, “EST.”, “Anestesiólogo 1” y “Anestesiólogo 2”. Según la organización, esas denominaciones podrían corresponder a médicos que todavía estaban en formación.Además, encontraron que en varias cirugías aparecían asignados tanto especialistas como residentes. Por eso, la organización pidió establecer quién fue la persona que realmente aplicó la anestesia en cada procedimiento y si el residente estuvo acompañado por un especialista, como exige la formación médica.Para entender qué necesita una persona para ejercer legalmente como anestesiólogo en Colombia, Blu Radio consultó a S.C.A.R.E.La organización explicó que un médico solo puede trabajar como anestesiólogo cuando ya terminó su especialización, tiene todos los permisos exigidos por las autoridades de salud y aparece inscrito como especialista en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (ReTHUS), que es la base de datos oficial donde cualquier persona puede verificar si un profesional está autorizado para ejercer una especialidad médica.Según los documentos conocidos por Blu Radio, la preocupación surge porque los audios hablan de contratar médicos que aún estaban terminando su residencia, por lo que ahora se busca establecer si en ese momento ya cumplían todos los requisitos para ejercer como especialistas.Durante la investigación también se estableció que varios de los residentes mencionados pertenecerían al programa de Anestesiología de la Universidad Militar Nueva Granada.Por esa razón, también fue presentada una denuncia ante esa universidad. Allí se solicita revisar si el hospital sigue ofreciendo las condiciones necesarias para formar especialistas y si los residentes continúan realizando allí sus prácticas bajo la supervisión que exige este tipo de programas.Frente a los señalamientos conocidos por Blu Radio, el Hospital Universitario Clínica San Rafael respondió que las contrataciones realizadas a finales de 2025 hacían parte de una estrategia para fortalecer el servicio de anestesiología, una de las especialidades con mayor escasez de profesionales en Colombia.El hospital explicó que, por ser un hospital universitario, trabaja de la mano con varias universidades en la formación de especialistas y que, dentro de ese proceso, adelantó la selección de médicos que estaban terminando su especialización.Según la institución, esos profesionales comenzaron a trabajar desde enero de 2026 como médicos generales mientras terminaban los trámites necesarios para quedar registrados oficialmente como anestesiólogos.El hospital rechazó las acusaciones y aseguró que nunca contrató personas para ejercer como anestesiólogos sin cumplir los requisitos legales.También afirmó que esta información fue entregada oportunamente a la Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación (S.C.A.R.E.) y sostuvo que todas las contrataciones y asignación de funciones se hicieron siguiendo criterios técnicos, administrativos y legales, siempre priorizando la seguridad de los pacientes y el cumplimiento de la ley. Además, aseguró que atenderá todos los requerimientos de las autoridades durante la investigación.Blu Radio también consultó a la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, entidad que confirmó que el caso sigue siendo analizado dentro de la investigación que abrió el 12 de marzo de 2026.Fuentes de la Secretaría señalaron que actualmente están revisando toda la documentación y verificando los hechos denunciados para establecer si hubo o no irregularidades. Agregaron que, debido a la complejidad del caso, solo emitirán un pronunciamiento cuando termine esta primera etapa de la investigación.
Hay consternación en el nororiente de Medellín tras un nuevo hecho de violencia de género que derivó en el crimen de una mujer de 53 años de edad.La víctima fue identificada como Janeth Estela Álvarez Rivera, quien fue asesinada por su expareja sentimental en su vivienda ubicada en un tercer piso del barrio Popular 1.Según el reporte oficial, la víctima recibió un total de 15 heridas con arma cortopunzante en zonas como su rostro, cuello y mano izquierda a manos de Jorge Andrés Villada, de 45 años.La situación violenta se habría derivado tras la decisión tomada hacía una semana por parte de la mujer mujer de terminar la relación sentimental que sostenía con Villada por cerca de tres años.De acuerdo con información entregada por parte de familiares de la mujer a las autoridades, dos días después de finalizar la relación, el hombre llegó a la vivienda con la excusa de sacar unas pertenencias y atacó con golpes a su expareja. Sin embargo, no se tuvo un nuevo reporte de la situación entre ambos cuando en las últimas horas se escucharon gritos en el inmueble.Tras la verificación del lugar encontraron extendidos en el piso tanto a la mujer como al victimario, quien murió en el lugar de los hechos tras atentar contra su vida usando también un arma blanca.Por su parte, la mujer fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe a donde llegó sin signos vitales por cuenta de la gravedad de las lesiones. Como material probatorio las autoridades judiciales recaudaron en la vivienda dos celulares y tres cuchillos que harán parte de la investigación para esclarecer los sucedido.Con este hecho ya son 142 los homicidios registrados en Medellín durante 2026, de los cuales en 13 las víctimas fueron mujeres y actualmente nueve se investigan como presuntos feminicidios, cuatro casos menos que los que se tenían en el mismo periodo del año anterior.
En medio de la tensión entre el presidente electo, Abelardo de la Espriella, y el último jefe de las extintas FARC, Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, los integrantes del último secretariado de esa guerrilla enviaron una carta al próximo mandatario en la que manifestaron su disposición a dialogar sobre la implementación integral del Acuerdo Final de Paz, próximo a cumplir diez años.“Es claro y públicamente conocido por la opinión nacional, que nosotros ocupamos una orilla ideológica y política distinta a la suya, algo natural en una democracia, lo cual no implica que no podamos convivir y dialogar civilizadamente a cerca de nuestras diferencias; de eso se trata precisamente la paz”, afirman los firmantes de paz.La carta se conoce después de que De la Espriella arremetiera contra Rodrigo Londoño por su viaje a España, donde asistió a un seminario invitado por la organización política Izquierda Unida. El presidente electo afirmó que el excomandante “merecía estar preso de por vida” y que trabajará para lograrlo. A esto se suma su anuncio de acabar con algunas de las agencias y entidades encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.“Estamos seguros de que usted conoce perfectamente las obligaciones constitucionales y legales que le competen al Estado con relación a los acuerdos de paz firmados y los tratados internacionales, ya que usted ha sido asesor en procesos de paz con otros gobiernos”, afirman los firmantes.Finalmente, pidieron que el Estado responda a los compromisos adquiridos, “comenzando por el respeto al derecho a la vida y brindando las debidas garantías para la participación y la inclusión política”, concluyeron. La carta está firmada por Rodrigo Londoño, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Pastor Alape, Mauricio Jaramillo, Rodrigo Granda y Julián Gallo.
La llegada de la nueva ministra de Minas y Energía, María Nohemi Arboleda, coincide con uno de los momentos más desafiantes para el sistema eléctrico colombiano. La posible llegada del Fenómeno de El Niño aumenta el riesgo de una menor disponibilidad de agua para generar energía en las hidroeléctricas, por lo que el país dependerá en mayor medida de las plantas termoeléctricas. Ante este panorama, el principal reto será garantizar que el sistema tenga la capacidad suficiente para responder sin afectar el servicio de los colombianos.Desde la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, consideran que el nombramiento llega en un momento clave. Su presidente, Camilo Sánchez Ortega, destacó que la nueva ministra conoce el funcionamiento del sector y el trabajo que realiza XM, operador encargado de monitorear el sistema eléctrico y emitir alertas cuando existen riesgos para el suministro de energía. Según el dirigente gremial, esa experiencia permitirá una mejor coordinación con el Gobierno para tomar decisiones oportunas.Uno de los problemas que más preocupa al sector es la situación financiera de las termoeléctricas. Aunque estas plantas solo funcionan con mayor intensidad cuando disminuye la generación de las hidroeléctricas, hoy representan cerca del 55 % de la energía firme del país, es decir, la capacidad de respaldo que garantiza el suministro cuando las condiciones climáticas son adversas. Sin embargo, Andesco advierte que estas empresas enfrentan dificultades porque les adeudan más de 1,7 billones de pesos, recursos que necesitan para comprar combustibles y gas y mantener su operación.A esto se suma que el consumo de energía ha crecido más rápido que la capacidad de generación disponible. Según el gremio, esa situación ha obligado al país a depender cada vez más del gas importado para producir electricidad, un combustible que resulta más costoso. De mantenerse esta tendencia durante el Fenómeno de El Niño, los costos de generación podrían aumentar y ejercer una mayor presión sobre todo el sistema eléctrico.Otro de los retos será resolver la situación de Air-e, empresa que presta el servicio de energía en varios departamentos de la región Caribe. Andesco advirtió que la compañía atraviesa una crisis financiera porque no ha recibido los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones, especialmente con las termoeléctricas. Para el gremio, si no se encuentra una solución de fondo, esta situación podría seguir afectando la estabilidad del sector energético.Además de garantizar recursos para las empresas, el gremio considera necesario que el Gobierno pague los subsidios pendientes, los compromisos relacionados con la opción tarifaria y asegure el dinero necesario para la compra de combustibles y gas. También plantea fortalecer la producción nacional de hidrocarburos, aumentar las reservas de gas y petróleo y recuperar la capacidad del país para depender menos de combustibles importados.Frente al futuro de la matriz energética, Andesco sostiene que el país necesita acelerar los proyectos de energía solar y eólica, pero sin dejar de fortalecer las plantas térmicas y las demás fuentes que hoy respaldan el sistema. El objetivo, según el gremio, es que Colombia cuente con una oferta de energía superior a la demanda, evitando que cualquier evento climático ponga en riesgo el suministro para hogares, empresas e industrias."Necesitamos disminuir la demanda, en este momento crítico, por lo menos entre un 5 % y un 7 % para que no tengamos esos apagones", afirmó Camilo Sánchez Ortega. El presidente de Andesco explicó que el ahorro de energía será una de las herramientas más importantes durante los meses de mayor riesgo y recordó que cada hogar puede contribuir reduciendo el consumo para aliviar la presión sobre el sistema eléctrico nacional.Finalmente, Andesco reiteró su disposición para trabajar de manera conjunta con la nueva ministra y las demás entidades del Gobierno. El gremio confía en que las decisiones técnicas, la estabilidad en las reglas del sector y una respuesta rápida frente a los problemas financieros permitirán enfrentar el Fenómeno de El Niño, disminuir el riesgo de racionamientos y garantizar un servicio de energía confiable para los colombianos.
Una operación conjunta entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la DEA permitió dar un nuevo golpe a las redes del narcotráfico con la captura y notificación con fines de extradición de dos presuntos integrantes de una organización criminal que operaba en Antioquia y tenía conexiones internacionales.Los procedimientos se desarrollaron en el marco de la Operación Primavera, donde las autoridades hicieron efectiva la captura de Fabio Alberto Moreno Rendón, alias ‘Mono’, y notificaron con fines de extradición a Daniel Suaza Ochoa, alias ‘Menor’, identificado como uno de los principales cabecillas del Grupo Delincuencial Común Organizado "Los Chivos".Ambos son requeridos por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en Estados Unidos, para responder por cargos relacionados con concierto para delinquir, conspiración para distribuir cocaína y tráfico internacional de estupefacientes.Según las investigaciones, alias ‘Menor’ ejercía el liderazgo de la estructura criminal, mientras que alias ‘Mono’ era señalado de administrar las finanzas derivadas del narcotráfico y de desempeñar un papel determinante en la consolidación financiera de la organización.El alcalde Federico Gutiérrez indicó que el grupo mantenía alianzas con otras estructuras ilegales que delinquen en el Valle de Aburrá, incluido el Clan del Golfo, con el propósito de fortalecer la producción, el almacenamiento y el transporte de cocaína."Esa lucha en contra de esas estructuras criminales la vamos a seguir dando. Pero acá hay un dato muy relevante. Alias 'Menor' hacía parte de esa estructura criminal de toda la vida, de Los Chivos, que ha liderado inclusive directamente su papá, donde inclusive su hermano, alias 'Chatán', fue capturado en la administración anterior nuestra entre 2016 - 2019, cuando fungía como máxima cabecilla de Los Chivos", dijo.El expediente también señala que la organización había establecido contactos con redes criminales de México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Estados Unidos, conformando un entramado transnacional para el envío de cargamentos de droga hacia mercados internacionales.Según las autoridades, la producción y procesamiento del estupefaciente que era traficado se concentraban en sectores de Belén y Altavista desde donde presuntamente funcionaban laboratorios urbanos.Posteriormente, la cocaína era movilizada por corredores terrestres hacia La Guajira para facilitar su salida hacia Centroamérica y Estados Unidos.
