La violencia volvió a golpear a Santander durante las últimas horas. Dos ataques armados registrados en Bucaramanga y Sabana de Torres dejaron como saldo una mujer muerta y otra gravemente herida, en hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades.El primer caso ocurrió en el barrio Estoraques de Bucaramanga, exactamente en la calle 57 #42W-68. Según el reporte de la Policía Metropolitana, una llamada a la línea de emergencia 123 alertó sobre un ataque con arma de fuego contra una ciudadana de la tercera edad y un hombre.La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital Universitario de Santander, donde falleció mientras recibía atención médica debido a la gravedad de las heridas. En el mismo hecho resultó lesionado un hombre, quien fue llevado a la Clínica Chicamocha, sede La Rosita, donde permanece bajo observación médica tras recibir un disparo en el abdomen con orificio de entrada y sin salida.Las autoridades adelantan las investigaciones para establecer los móviles del crimen e identificar a los responsables.Entre tanto, en el municipio de Sabana de Torres, otra mujer resultó gravemente herida tras ser víctima de un ataque sicarial en el barrio El Progreso, sector conocido como la Carretera Negra.De acuerdo con versiones preliminares de testigos, varios hombres armados que se movilizaban en motocicleta llegaron hasta una vivienda del sector y preguntaron por la madre de un hombre conocido con el alias de “Caín”. Segundos después, los sujetos abrieron fuego contra una mujer que sería hermana de esta persona, causándole heridas de consideración.La víctima fue auxiliada por habitantes del sector y trasladada a un centro asistencial, donde recibe atención médica. Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre capturas relacionadas con este hecho.Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar si los ataques están relacionados con ajustes de cuentas o disputas entre estructuras criminales que operan en la región.
Las comunidades de Sabana de Torres completan ocho días de protesta pacífica frente a la Estación 1 del Campo de Producción Provincia, en la vereda El Diamante, para exigir claridad sobre la contratación laboral en un proyecto petrolero que contempla la intervención de diez pozos.La inconformidad surgió luego de que, durante una socialización realizada por Ecopetrol, se informara que la empresa Independece, encargada de las operaciones en el campo durante los últimos cuatro años, finalizaría su contrato el próximo 31 de julio y sería reemplazada por Braserv Petróleo Ltda., compañía que asumiría una nueva campaña de perforación y mantenimiento de pozos.Según los manifestantes, esa información generó expectativas de empleo entre habitantes del municipio, quienes participaron en procesos de selección, pruebas y postulaciones con la esperanza de acceder a nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, aseguran que posteriormente conocieron que Independece continuaría desarrollando los trabajos en el campo, situación que, a su juicio, limitaría la vinculación de nuevo personal local.“Nosotros deberíamos estar trabajando y no aquí en un paro. En esta comunidad hay supervisores, maquinistas y personal capacitado para desempeñar estas labores. Lo que pedimos es que Ecopetrol tome las riendas del asunto y permita que Braserv llegue a Sabana de Torres para generar oportunidades laborales”, manifestó Robinson Chacón, habitante de Sabana de Torres.La empresaria Yasmin Serrano señaló que existe malestar entre quienes nunca han tenido la oportunidad de trabajar en el sector petrolero y consideran injusto que las vacantes continúen siendo ocupadas por personas que llevan varios años vinculadas a la operación.“Hay mucha gente que ha trabajado cuatro años y otras personas que no han trabajado ni un solo día. Nosotros presentamos pruebas, cumplimos con los requisitos y esperábamos una oportunidad laboral”, afirmó.Por su parte, Óscar Pombo, otro habitante, aseguró que la comunidad no está en contra de los trabajadores que actualmente prestan sus servicios en el campo petrolero, sino que exige el cumplimiento de los compromisos que fueron socializados durante la presentación del proyecto.“Nosotros no estamos en contra de los trabajadores actuales. Lo que pedimos es que se respete el proceso que se inició hace más de un mes, donde hubo publicaciones, socializaciones, pruebas y contrataciones. Hay muchas personas desempleadas que también merecen una oportunidad”, expresó.Según Ecopetrol, la protesta de las comunidades en el campo petrolero Provincia ha impedido la normal operación de este y los cambios de turno de los trabajadores.
La recuperación de 690 hectáreas de tierras en Sabana de Torres por parte de la Agencia Nacional de Tierras abrió una esperanza para cientos de familias campesinas que durante años han esperado la posibilidad de acceder a un predio propio para trabajar y producir alimentos.Los terrenos, distribuidos en 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, estaban vinculados al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y, según investigaciones judiciales, harían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.La intervención de la Agencia Nacional de Tierras permitió recuperar estos predios que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina. Ahora, organizaciones campesinas de la región esperan que estas tierras puedan ser entregadas para proyectos agrícolas y productivos.Doris Suárez Díaz, abogada y defensora de derechos humanos que acompaña a las asociaciones campesinas, explicó que el proceso de reclamación por el acceso a la tierra lleva más de dos años, aunque algunas organizaciones tienen hasta 12 años de constituidas esperando esta oportunidad.“Ha sido un proceso de ilusión y anhelo de tener un pedazo de tierra propia para producir alimentos y demostrar que el campesino y la campesina pueden tener independencia económica y vivir dignamente”, afirmó.Según Suárez, actualmente existen dos escenarios sobre estos predios: uno jurídico, relacionado con las investigaciones y disputas judiciales sobre las tierras, y otro administrativo, liderado por la Agencia Nacional de Tierras dentro de la política de reforma agraria del Gobierno nacional.La defensora señaló que las asociaciones campesinas fueron las que inicialmente alertaron a las entidades del Estado sobre las irregularidades en los contratos de arrendamiento y promovieron la recuperación de los terrenos.“El objetivo es que las familias puedan trabajar de manera asociativa, producir alimentos y, posteriormente, recibir apoyos del Gobierno para fortalecer los proyectos productivos, con acceso a insumos, herramientas y comercialización”, agregó.Entre las organizaciones que adelantan el proceso está la Asociación Campesina Apropaz. Su representante legal, Ezequiel Rodelo Flórez, aseguró que llevan más de ocho años esperando una oportunidad para acceder a tierras.“Para las familias humildes campesinas la tierra es un tesoro difícil de conseguir. Hoy vemos esta posibilidad como una bendición para desarrollar proyectos de producción de alimentos”, expresó.Por su parte, Walter Kené Cali Torres, presidente de la Asociación Campesina Aspirantes a Tierras en Sabana de Torres, indicó que son seis asociaciones las que participan en el proceso y que agrupan a más de 250 familias campesinas.“Nosotros vivimos de la tierra. Nuestro pensamiento es hacerla producir como estamos acostumbrados, con cultivos de comida para aportar alimentos a los colombianos”, señaló.Las organizaciones esperan que, una vez avancen los procesos administrativos y judiciales, puedan recibir de manera provisional estos terrenos para iniciar proyectos agrícolas y consolidar el sueño de cientos de familias campesinas de Sabana de Torres.
La Agencia Nacional de Tierras recuperó 690 hectáreas ubicadas en el municipio de Sabana de Torres, Santander, que estaban vinculadas al ganadero José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández y que, según investigaciones judiciales, hacían parte de bienes relacionados con la estructura criminal de Marcos de Jesús Figueroa, alias ‘Marquitos’.La intervención se realizó sobre 11 predios rurales identificados como San Miguel, Villa Magalia, El Horizonte, María Paula, Laura Melisa, El Cauca, Trigueros, Montecristo, El Rubí, La Gloria y Lote, terrenos que funcionaban como una sola estructura productiva dedicada principalmente a la ganadería bovina.Según informó la ANT, estos bienes habían sido adquiridos por la entidad a la Sociedad de Activos Especiales y presentaban ocupaciones irregulares.Las investigaciones de la Fiscalía General de la Nación señalan que varios de estos predios terminaron sometidos a procesos de extinción de dominio por los presuntos vínculos del ‘Ñeñe’ Hernández con la estructura criminal liderada por alias ‘Marquitos’, señalado de operar redes ilegales en La Guajira.Detrás de la operación aparecía la empresa La Gloria Ganadería Ltda., constituida por el ‘Ñeñe’ Hernández y miembros de su núcleo familiar, y que posteriormente quedó en manos de su hijo Juan David Hernández López.La recuperación de estos terrenos se da en medio de los procesos de Reforma Agraria impulsados por el Gobierno Nacional en el Magdalena Medio santandereano, una región históricamente marcada por la concentración de tierras, el conflicto armado y las economías ilegales.La ANT señaló que el objetivo es que estas tierras recuperadas puedan ser destinadas a proyectos campesinos, producción agropecuaria y programas de soberanía alimentaria para comunidades rurales de Sabana de Torres.Organizaciones campesinas de la región respaldaron la medida y destacaron que durante años cientos de familias han reclamado acceso formal a tierras para desarrollar proyectos productivos y comunitarios.La recuperación de estos predios representa uno de los operativos de mayor impacto sobre bienes rurales vinculados a procesos de extinción de dominio en Santander durante los últimos años y vuelve a poner en evidencia la relación entre concentración de tierras, estructuras criminales y economías ilegales en el Magdalena Medio.
La violencia sigue generando preocupación en el departamento de Santander, tras registrarse dos homicidios en menos de 24 horas en los municipios de Barrancabermeja y Sabana de Torres.El primer caso ocurrió en Barrancabermeja, donde un comerciante de carne fue asesinado por sicarios en el barrio Cristo Rey. Según versiones preliminares, la víctima, identificada como Nelson Melo, llegaba a abrir su establecimiento cuando fue atacado con arma de fuego.Las autoridades no descartan que este hecho esté relacionado con posibles casos de extorsión, una problemática que ha venido afectando a comerciantes en la región del Magdalena Medio. El crimen ha generado temor entre los trabajadores del sector, quienes piden mayores garantías de seguridad.Horas antes, en el municipio de Sabana de Torres, se registró otro hecho violento que ha causado consternación entre la comunidad. Se trata del asesinato de Nicolás Galeth, ocurrido en la noche del miércoles en el sector de la vía Los Manatíes.Aunque por ahora no se han establecido los móviles del crimen, las autoridades ya adelantan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido y dar con los responsables.Estos hechos se presentan en un contexto de creciente preocupación por el aumento de homicidios y acciones delictivas en distintas zonas de Santander, lo que ha llevado a reiterados llamados de la ciudadanía para reforzar la presencia de la fuerza pública y avanzar en estrategias efectivas contra delitos como la extorsión y el sicariato.
En una rápida reacción de la Policía Nacional, fue capturado en flagrancia un hombre de 19 años señalado de participar en el hurto a una entidad financiera en el municipio de Sabana de Torres, Santander. El hecho se registró en el casco urbano de esta localidad, hasta donde llegaron dos personas a bordo de una motocicleta. Según el reporte oficial, uno de los implicados ingresó a las oficinas y, mediante intimidación con arma de fuego, obligó a la cajera a entregar el dinero en efectivo.La oportuna denuncia de la comunidad y la activación de los protocolos de seguridad permitieron la llegada inmediata de las patrullas del Modelo del Servicio de Policía orientado a las personas y los territorios, lo que facilitó el despliegue de un cerco que evitó la huida del presunto responsable.Durante el procedimiento, las autoridades lograron la captura del joven, a quien se le incautó un arma de fuego tipo revólver, además de recuperar la suma de 18 millones de pesos que habían sido hurtados minutos antes. El cómplice, quien permanecía en las afueras del establecimiento, logró escapar en motocicleta al notar la presencia de los uniformados, por lo que es buscado por las autoridades de Santander. El comandante del Departamento de Policía Santander, Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, destacó la efectividad del operativo. “Gracias a la activación oportuna de los sistemas de seguridad de la entidad financiera y a la reacción inmediata de nuestras patrullas, logramos neutralizar este hecho delictivo en el municipio de Sabana de Torres. No solo capturamos al responsable en flagrancia con el arma de fuego, sino que recuperamos la suma de 18 millones de pesos que pretendían hurtar”, señaló.El oficial agregó que unidades de investigación e inteligencia adelantan labores de análisis de cámaras de seguridad y recolección de testimonios para identificar y capturar al segundo implicado.
Un tramo del jarillón del río Lebrija cedió nuevamente, provocando inundaciones y daños en zonas rurales de Sabana de Torres y sus alrededores, en el departamento de Santander. La ruptura de esta estructura de contención ha encendido las alarmas de las comunidades ribereñas, que denuncian el riesgo permanente ante el avance de las lluvias y la falta de mantenimiento de estas barreras protectoras en esa localidad. En el sector de Monterrojo, personal municipal y líderes comunitarios reportaron que cerca de 43 metros del jarillón colapsaron bajo la fuerza de las aguas, lo que permitió el paso directo de caudal hacia fincas y zonas habitadas. El alcalde de Sabana de Torres, Darío Buchenicow Caballero, confirmó que la rotura se presentó durante las últimas crecientes y exhortó a las autoridades departamentales y nacionales a intervenir de forma urgente para evitar un desbordamiento mayor.Residentes de los sectores afectados describen la situación como crítica, ya que el agua ha anegado cultivos y caminos vecinales, poniendo en riesgo cosechas y propiedades. Pese a que el nivel del río ha descendido en días recientes, el temor de nuevas inundaciones persiste entre las familias ubicadas en las riberas del Lebrija.Líderes sociales han advertido que no es la primera vez que esta infraestructura falla. En el corregimiento de Papayal, Rionegro, otro tramo del jarillón sufrió aperturas de hasta de 60 metros, según testimonios de pobladores. Denuncian que estas obras llevan más de ocho años sin mantenimiento adecuado, lo que agrava la vulnerabilidad ante cada temporada de lluvias.La Gobernación de Santander informó que mantiene un monitoreo permanente del río Lebrija y ha activado alertas tempranas para zonas en riesgo. El gobernador Juvenal Díaz detalló que, gracias a la reciente disminución de las lluvias, el caudal del río se ha estabilizado, pero pidió no bajar la guardia ante posibles nuevas crecientes. Además, dijo que la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental coordina con el municipio el desplazamiento de maquinaria para la rehabilitación preventiva del jarillón.Sin embargo, desde la comunidad señalan que se requieren acciones más decididas y rápidas, pues la infraestructura afectada no solo protege viviendas, sino también terrenos agrícolas y vías de comunicación esenciales para el sustento de miles de familias.Las lluvias atípicas registradas en los últimos días en Santander han generado alertas por riesgo de crecientes súbitas e inundaciones en diferentes municipios, incluyendo la zona baja del río Lebrija, que históricamente ha sido susceptible a desbordamientos cuando los jarillones fallan o se debilitan.Organizaciones de gestión del riesgo y la misma comunidad instan a reforzar no solo la infraestructura física sino también los mecanismos de alerta temprana y educación preventiva para minimizar desastres futuros.
El desbordamiento del río Lebrija continúa generando graves afectaciones en varios municipios de Santander. Además de los daños en viviendas e infraestructura, la emergencia obligó a suspender las clases de más de 170 estudiantes en zonas rurales de Lebrija, Sabana de Torres y Rionegro, debido a inundaciones y derrumbes que afectan el acceso a las instituciones educativas.En el municipio de Lebrija, las lluvias provocaron inundaciones y deslizamientos en las vías de acceso a la Institución Educativa Vanegas, ubicada en el sector de El Conchal, así como en la sede principal de Vanegas y la sede de Chuspas. Los derrumbes en los corredores viales impiden el ingreso de estudiantes y docentes, lo que llevó a la suspensión de actividades académicas mientras se evalúan los daños y se restablece la movilidad.La situación más crítica se presenta en el municipio de Sabana de Torres, donde el desbordamiento del río Lebrija dejó completamente inundada la escuela Bocas de la Tigra. Según confirmó el alcalde Darío Buchenicow, la institución sufrió pérdidas totales de mobiliario y equipos.“La escuela la acabó por completo prácticamente; se llevó computadores, pupitres y todos los implementos de cocina del Programa de Alimentación Escolar. Estamos esperando a que baje el agua para poder iniciar trabajos de habilitación”, señaló el mandatario local.De acuerdo con la Alcaldía de Sabana de Torres, cerca de 40 niños permanecen sin clases, debido a la emergencia, mientras se adelantan reuniones del Comité Municipal de Gestión del Riesgo para definir las acciones necesarias que permitan restablecer el servicio educativo.A estas afectaciones se suman las registradas en el municipio de Rionegro, donde el desbordamiento del río también impactó a instituciones educativas rurales. En esta zona, alrededor de 80 estudiantes de cinco sedes se vieron obligados a suspender sus actividades académicas por las inundaciones y las dificultades de acceso.Las autoridades departamentales y municipales continúan con la evaluación de daños y el monitoreo de los niveles del río Lebrija, mientras avanzan las labores para atender la emergencia y garantizar condiciones seguras para el regreso a clases en las zonas afectadas.
Durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre, se registró en jurisdicción del municipio de Coromoro, Santander, una avenida torrencial en la quebrada La Pie, aportante del río Ture que se desemboca en el río Fonce.El evento fue reportado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres, luego de que habitantes del sector alertaran sobre el desbordamiento repentino de la quebrada, provocado por un represamiento generado, al parecer, por un deslizamiento de tierra. Al superar su cota máxima, la creciente afectó cultivos de trucha y algunos pastizales destinados a la ganadería.De acuerdo con las autoridades, hasta el momento no se registran personas lesionadas ni desaparecidas. Asimismo, se confirmó que en la zona no se presentaron lluvias, por lo que el fenómeno estaría asociado a causas geológicas y no a precipitaciones.La Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de la Gobernación de Santander informó que mantiene comunicación permanente con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Coromoro y que se realiza seguimiento a la situación.Las autoridades departamentales anunciaron que permanecerán en alerta durante el fin de semana, junto con los organismos operativos y de socorro, con el fin de atender de manera oportuna cualquier emergencia que pueda presentarse por fenómenos naturales o antrópicos en Santander.Otra de las emergencias registradas recientemente se presentó en el municipio de Sabana de Torres donde un incendio consumió dos viviendas del asentamiento humano La Unión. La oportuna respuesta del Cuerpo de Bomberos del municipio y la Policía Nacional permitió controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a otros hogares. Por fortuna no hubo víctimas fatales.Pedro Conde, de la oficina de Gestión del Riesgo, informó que “las causas de este incendio son indeterminadas, pero se cree que estas situaciones se presentan por corto circuitos o velas encendidas”.
Un operativo interinstitucional permitió desarticular parte de una presunta red dedicada al hurto de ganado en Santander. Tres hombres fueron capturados y 70 terneros de raza cebú, reportados como robados, fueron hallados en predios rurales del municipio de Sabana de Torres.La acción policial se inició luego de la denuncia interpuesta por el propietario del ganado, que había sido sustraído en zona rural de Puerto Wilches. A partir de esta alerta, unidades de la Policía desplegaron un plan candado que incluyó verificaciones, seguimiento de rutas y trabajo coordinado con la Seccional de Carabineros, unidades de Protección Ambiental, el Ejército Nacional y los departamentos policiales de Santander, Magdalena Medio y Cesar.Las labores de búsqueda condujeron a los uniformados hasta tres veredas del municipio de Sabana de Torres: La Irlanda (finca Magnolia), La Gómez (finca La Esmeralda) y La Musanda (finca La Esterlina). En estos lugares fueron encontrados los 70 semovientes ocultos, presuntamente con el fin de facilitar su posterior comercialización ilegal.Los tres detenidos quedaron a disposición de las autoridades competentes por el delito de abigeato. Las investigaciones continúan para determinar si los capturados hacen parte de una estructura más amplia que estaría operando en diferentes zonas ganaderas del departamento.El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, destacó la importancia de la denuncia ciudadana y el trabajo articulado de las instituciones: “Este resultado evidencia la capacidad de reacción de nuestra Policía Nacional. La denuncia oportuna permitió actuar con rapidez y recuperar el patrimonio de los ganaderos. En Santander, la lucha contra el abigeato es una prioridad. Seguiremos desplegando capacidades para proteger la seguridad rural y llevar ante la justicia a quienes afectan la tranquilidad de nuestros campesinos”, afirmó.
Una persona falleció y otras 10 sufrieron quemaduras y lesiones luego de que una vivienda que servía como fábrica de juegos pirotécnicos explotara en hechos ocurridos en un barrio del municipio de La Unión, en el norte de Nariño.Zuly Bastidas, residente de ese municipio, dijo a Blu Radio que todo ocurrió a la 1:20 de la tarde de este viernes 26 de junio, cuando escucharon una fuerte detonación que generó pánico en toda la población.Según la angustiada madre, la onda expansiva provocó daños materiales en más de cinco viviendas aledañas a la fábrica de juegos pirotécnicos, la cual estaba ubicada en el barrio Valencia, pleno centro de La Unión, Nariño.En su relato, la señora Bastidas dijo que, por la caída de vidrios y porque otros fueron alcanzados por las llamas, varias personas resultaron heridas y fueron trasladadas a centros médicos cercanos a esa población del norte de Nariño.Un día laboral se convirtió en una tragedia para familias de la zona, y se desconoce los móviles que produjeron dicha explosión, la cual se escuchó a varios kilómetros a la redonda, dijo doña Zuly Bastidas.En videos que circulan en redes sociales se pueden escuchar los desesperados llamados que hacían los habitantes de La Unión tras el estallido, así como el sonido de las ambulancias.“Necesitamos que nos ayuden en La Unión porque escuchamos explosiones”, decía una mujer que grababa con su celular, mientras de fondo se escuchaban varias detonaciones.Unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de La Unión, Nariño, y de otras poblaciones cercanas controlaron el incendio, mientras las autoridades iniciaron la evaluación de escombros y de los permisos de funcionamiento de la fábrica, según informó el alcalde de ese municipio nariñense, Jaime Montenegro.
Para garantizar un viaje seguro y fluido durante el puente festivo de “San Pedro y San Pablo”, la Concesionaria Vial Andina (Coviandina) y las autoridades han implementado un plan especial de manejo de tráfico.El próximo lunes 29 de junio de 2026, la Policía de Tránsito y Transporte realizará un reversible en el sentido Villavicencio-Bogotá. El cierre de la vía se realizará en el sector del Uval a la 1:00 p. m. La carretera quedará en un solo sentido y el flujo vehicular hacia Bogotá se habilitará desde las 3:00 p. m. hasta las 10:00 p. m.También hay restricciones para el tránsito de vehículos de carga. Si conduce un vehículo de carga con peso igual o superior a 3,4 toneladas, tenga en cuenta las siguientes medidas: el viernes 26 habrá restricción de 2:00 p. m. a 10:00 p. m. en el sentido Bogotá-Villavicencio.El sábado 27 la restricción será de 6:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, en ambos sentidos. El domingo 28 no habrá restricción para los vehículos de carga, pero el lunes 29 la restricción será de 10:00 a. m. a 1:00 a. m. en ambos sentidos.Para el ingreso a Bogotá el domingo 28 de junio, se aplicará el pico y placa regional según la terminación de la placa del vehículo. Las placas pares (0, 2, 4, 6, 8) podrán ingresar únicamente entre las 12:00 m. y las 4:00 p. m., y las placas impares (1, 3, 5, 7, 9) podrán ingresar únicamente entre las 4:00 p. m. y las 8:00 p. m.
El sector del Sistema Moda y Confecciones en Colombia en 2025 muestra un comportamiento interesante: las exportaciones crecen de forma leve, 1,8%, alcanzando USD 920,6 millones, lo que indica estabilidad y presencia en mercados internacionales. Sin embargo, las importaciones avanzan mucho más rápido, con un aumento de 16,6%, llegando a USD 3.821,6 millones.¿Cómo se comportaron las cifras en exportaciones?Aunque el crecimiento es moderado, refleja que la industria mantiene su presencia en mercados internacionales pese a un entorno global exigente. A nivel regional, Antioquia se consolidó como el principal exportador con USD 340,6 millones, equivalente al 37% del total. Le siguió Bogotá D.C. con USD 272,9 millones (29,6%) y Atlántico con USD 100,3 millones (10,9%), destacando además su crecimiento de doble dígito. En contraste, Cundinamarca cayó 0,9% y Risaralda retrocedió 23,1%.En productos, la exportación estuvo liderada por la ropa de cocina o tocador con USD 69,0 millones, seguida por fajas con USD 51,9 millones y tejidos de punto con USD 38,0 millones, aunque este último bajó 4,2%. También sobresalen los calcetines de algodón, que crecieron de forma extraordinaria 358% hasta USD 20,1 millones, y las camisetas de algodón con un aumento del 46% (USD 34,4 millones).En destinos, Estados Unidos sigue siendo el principal socio con USD 255,8 millones (27,8%), aunque cayó 7,4% frente al año anterior. Luego aparecen Ecuador con USD 149,3 millones (16,2%) y México con USD 102,9 millones (11,2%). En contraste, Canadá creció 38,1%, Venezuela 24,4% y Guatemala 16,8%, mostrando nuevos focos de dinamismo.En logística, la vía aérea dominó las exportaciones con USD 448,8 millones (48,7%), seguida del transporte marítimo con USD 312,2 millones (33,9%), que fue el único en caer (-5%). El transporte terrestre aportó USD 159,7 millones (17,3%) y fue el de mayor crecimiento relativo.¿Cómo se comportaron las datos en importaciones?En distribución interna, Bogotá D.C. concentró el 45,5% de las importaciones (USD 1.739,8 millones), seguida por Antioquia con USD 792,7 millones (20,7%) y Cundinamarca con USD 422,7 millones (11,1%). Los mayores crecimientos se registraron en Valle del Cauca y Santander, ambos con 29,6%.Por productos importados, lideran los calzados con suela de caucho o plástico (USD 185,7 millones) y los de suela plástica con parte superior textil (USD 165,0 millones). También destacan los hilados de poliéster (USD 100,9 millones), mientras que los hilados mezclados con algodón cayeron 6,3%.En origen de compras, China domina ampliamente con USD 2.152,9 millones (56,3%), seguida por Vietnam (USD 262,3 millones) e India (USD 230,7 millones). Brasil y Bangladesh muestran variaciones más moderadas.En transporte de importaciones, la vía marítima concentra el mayor volumen con USD 2.401,3 millones (62,8%), seguida del transporte terrestre con USD 997,8 millones (26,1%) y el aéreo con USD 422,5 millones (11,1%).Finalmente, la balanza comercial confirma el reto estructural del sector: un déficit de USD -2.723,2 millones en 2025, tendencia que continúa en 2026 con un saldo negativo de USD -866,8 millones, evidenciando que las importaciones siguen superando ampliamente a las exportaciones.
Otro centro de salud de primer nivel en Antioquia le cierra sus puertas a la Nueva EPS. Se trata de la Clínica Sommer de Rionegro, cuya administración tomó la decisión de suspenderlos servicios ante la creciente deuda millonaria.Este es uno de los centros asistenciales más importantes para todo el Oriente de Antioquia, y que es también de vital importancia para el departamento, porque también atiende pacientes del Valle de Aburrá, anunció que cierra todos los servicios de salud a la Nueva EPS.Como ha ocurrido con otras clínicas y hospitales de primer nivel del país que cortan con la Nueva EPS, la principal razón son las millonarias deudas que le debe esta EPS a los centros de salud, y en la clínica Sommer no ha sido la excepción, ya que la acreencia supera los $115.000 millones.La administración de este centro asistencial dejó en claro que “esta decisión no obedece a una falta de voluntad, sino a la necesidad de preservar la estabilidad de una institución que durante décadas ha trabajado por el cuidado de la vida y la salud de la comunidad”.Así mismo, indicó que agotaron todos los esfuerzos para mantener la atención de los afiliados de esta entidad; sin embargo, afirmaron que la medida está relacionada con los servicios de alta complejidad, pero que se seguirá brindando atención a las personas que ingresen con condiciones de urgencia que pongan en riesgo inmediato su vida.La Clínica Somer recordó que en octubre pasado se había adoptado esta misma medida debido al crecimiento de la deuda que en su momento llegaba a los $100.000 millones.Este nuevo caso en el que un centro de salud le cierra sus puertas a una EPS sucede en menos de 20 días, si se tiene en cuenta que la Clínica Prado en Medellín anunció la suspensión de servicios a usuarios de Coosalud. Lo mismo hizo el Hospital General a principios de junio.
El Tribunal Administrativo de Santander sancionó a la Ministra de Ambiente, Irene Vélez, por desacato y presunta negligencia en la socialización del proceso de delimitación del páramo de Santurbán. La funcionaria debía ratificar un cronograma, adoptar medidas verificables, ejercer liderazgo y garantizar la participación comunitaria.El Tribunal revisó la polémica en torno a la protección del Páramo Jurisdicciones-Santurbán-Berlín y encontró que no se han cumplido varios de los compromisos. La decisión judicial castiga formalmente lo que la magistratura consideró una conducta negligente en la gestión de este ecosistema estratégico, el cual lleva más de siete años sin una línea de protección definitiva tras el fallo de la Sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional.La alta corte regional aclaró de manera tajante que la Ministra Vélez Torres no es responsable de todo el retraso histórico acumulado desde 2017, sino de su gestión específica desde que asumió el encargo ministerial en agosto de 2025. El despacho judicial comprobó que la funcionaria desatendió órdenes explícitas para enderezar el rumbo del proceso participativo, las cuales incluían ratificar un cronograma con fechas ciertas y liderar las mesas de concertación con los municipios afectados. En lugar de ejecutar acciones concretas, la defensa de Vélez Torres solicitó archivar el incidente argumentando que las demoras provenían de administraciones previas.Para los magistrados, esta postura jurídica constituyó una "culpa por negligencia", puesto que el Ministerio volvió a postergar la fecha final de la delimitación para mediados de 2026. A raíz de esto, el Tribunal multó a la ministra con cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, una sanción que deberá costear con su patrimonio personal y que fue calificada como moderada debido a que el Gobierno sí demostró gestiones logísticas e institucionales parciales en el territorio.Además de la sanción económica, el dictamen judicial otorgó un plazo perentorio de diez días hábiles para que la cartera ambiental radique un informe exhaustivo con las fechas definitivas del proyecto de delimitación municipio por municipio. La providencia advierte con vehemencia que la simple realización de reuniones y socializaciones masivas no sustituye la expedición formal del acto administrativo que ordene el territorio.El Tribunal dejó la puerta abierta a nuevas sanciones en caso de que persista la renuencia gubernamental.
