A tiros fue atacado la noche de este miércoles un grupo de personas que se encontraba en una esquina del barrio Sabanita, en el municipio de Sabanalarga (Atlántico), donde pistoleros llegaron en moto y abrieron fuego en venganza por el no pago de una deuda.El ataque, al parecer, iba a dirigido a un hombre que tiene deudas pendientes con una red de cobradiarios o prestamistas gota a gota; sin embargo, los delincuentes dispararon de forma indiscriminada y no solo dejaron herida a esta persona, sino también a otras tres que se encontraban en el lugar, entre ellas, una niña de 12 años."Ya tenemos un avance investigativo, un esclarecimiento de este hecho y es que, al parecer, se podría tratar de temas relacionados con la usura o lo que nosotros conocemos como el gota a gota. Se trato de un mensaje de cobro, un mensaje delictivo de cobro, de intimidación hacia esta persona que nos resultó herida y, pues, adelantamos la investigación correspondiente", informó el coronel Eddy Sánchez, comandante de la Policía del Atlántico.Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales, donde aún permanecen recibiendo atención médica, mientras miembros de Investigación Criminal y de Inteligencia de la Policía están recolectando pruebas para dar con los responsables y llevarlos a la justicia.Así mismo, la Policía dispuso un plan especial de patrullajes y actividades operativas en el municipio de Sabanalarga, con el fin de fortalecer la seguridad y prevenir nuevos hechos que afecten la convivencia ciudadana.
En el municipio de Sabanalarga no salen de la conmoción por la muerte del gestor cultural Argelio Consuegra Peña, periodista y líder comunitario reconocido como ‘El Mariscal del Carnaval’, defensor incansable de las tradiciones y promotor del arte popular en este municipio del Atlántico.La muerte de Argelio, a sus 68 años, sorprendió el pasado 6 de enero, cuatro días después de que un conocido lo halló tendido en una calle del barrio La Concepción, inconsciente y con algunos golpes en su cuerpo.El líder fue auxiliado por familiares y conocidos e, incluso, fue trasladado al hospital para recibir atención frente a los golpes que sufrió. En ese momento, al recobrar la conciencia, Consuegra manifestó no recordar nada de lo que había sucedido, pues había estado compartiendo unos tragos tras la celebración de Año Nuevo.Desde entonces, surgió la incógnita de cómo pudo haber sufrido los golpes, si se trató de una caída, de un accidente de tránsito o de un ataque. Lo único cierto es que, a pesar de haber sido dado de alta, Consuegra debió regresar al hospital de Sabanalarga por quebrantos de salud. De allí fue remitido a la Clínica Reina Catalina de Baranoa, pero falleció pese a los esfuerzos médicos.Ahora se está a la espera de los resultados del examen forense de Medicina Legal para esclarecer las causas de su muerte, al tiempo que la Policía investiga el origen de los golpes. Por lo pronto, las autoridades descartan que haya sido atacado en medio de un robo, pues todas sus pertenencias fueron halladas junto a él.La Administración Municipal de Sabanalarga lamentó la muerte y exaltó la memoria de Consuegra, reconociendo cómo “su trayectoria trascendió fronteras locales, proyectándose a plataformas nacionales, donde llevó el nombre de Sabanalarga con orgullo, pasión y autenticidad. Su compromiso no solo fortaleció procesos culturales, sino que también inspiró generaciones, unió comunidades y mantuvo vivas expresiones que son esencia de nuestra identidad”.
A inicios de la próxima semana, por orden de la Gobernación del Atlántico, quedaría en firme la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, en respuesta a la solicitud enviada por la Contraloría Departamental que avanza en su investigación contra el mandatario por presuntas irregularidades relacionadas con la gestión de los recursos públicos.Explicó a Blu Radio el secretario jurídico departamental, Rachid Náder, que un funcionario de esa Alcaldía deberá ponerse al frente, mientras que el gobernador Eduardo Verano define quien será el indicado para tomar las riendas del municipio por los próximos tres meses o hasta que culmine el proceso de control fiscal.Aclaró Náder, al igual que la Contraloría, que esta suspensión tendría un carácter temporal y preventivo, más no sancionatorio, por lo que no podrá extenderse más allá de su periodo de mandato legal.“Nosotros como Gobernación no tenemos incidencia dentro del proceso de carácter fiscal que está dando la Contraloría Departamental. Lo que recibimos por parte de esta última fue una solicitud de suspensión del alcalde (José Elías Chams) como medida provisional mientras se desarrolla el proceso de investigación. No es una sanción que se está imponiendo, sino una medida dentro del caso que se adelanta”, introdujo.“Lo que nos corresponde es hacer efectiva la solicitud de la Contraloría, proceder al encargo de un funcionario de la Administración Departamental de la Alcaldía y solicitarle terna al partido que avaló al alcalde, para así designar una persona por el tiempo que dure la suspensión, todo ello de acuerdo con la ley 136 de 1994”, agregó.Hay que remarcar que la Contraloría Departamental del Atlántico solicitó al gobernador Eduardo Verano De la Rosa la suspensión provisional del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, para proteger, dicen ellos, la investigación que hay en su contra.Cabe aclarar que, esta semana, la Contraloría emitió un fallo sancionatorio por cerca de $12 millones contra el alcalde de Sabanalarga por no entregar oportunamente los documentos con los que se revisaría su gestión financiera.Por ejemplo, hay proceso de responsabilidad fiscal en su contra por $4.241 millones en la obra de alcantarillado y saneamiento básico del barrio Evaristo Sourdis, entre otros proyectos.
Hacia la 1:00 de la madrugada de este lunes falleció en la clínica Reina Catalina, de Barranquilla el niño de siete años que fue herido en mediodía del atentado a bala contra los ocupantes de una camioneta Toyota, línea Prado TXL registrado la madrugada del domingo en la vereda Las Piedras, jurisdicción del municipio de Sabanalarga.El menor fue impactado por dos disparos uno de ellos en el abdomen y otro en la espalda. En los mismos hechos resultó herida su madre Wendy Yohana Andrade Colpas, de 32 años y José Antonio Zapata Álvarez, de 43 años, conocido con el alias de ‘Toñito’. Esta persona, según la Policía, es un presunto miembro del grupo criminal ‘Clan del Golfo’, y quien en el momento del atentado iba conduciendo la camioneta.Dentro del carro también iba otro niño de 3 años, quien resultó ileso, igual que otra mujer y un hombre identificado como Edwin José Ospino Crespo, quien, según conoció Blu Radio, tiene detención domiciliaria y al parecer, era contra quien iba dirigido el atentado.Estas personas según un reporte preliminar al que tuvo acceso este medio, habían estado departiendo con sus familiares en el municipio de Sabanalarga y estaban de regreso a casa, cuando fueron abordados por dos sicarios en momentos en que se disponían a ingresar al parqueadero de la vivienda.Mal herido, alias ‘Toñito’ alcanzó a salir en reversa en la camioneta a la cual los sicarios le pincharon las llantas de varios disparos, sin embargo, poco después por la pérdida de sangre empezó a desvanecerse.Finalmente la comunidad los ayudó trasladándolos al hospital de Sabanalarga de donde fueron remitidos a la ciudad de Barranquilla, por la gravedad de las heridas.Por estos hechos no hay personas capturadas. La Policía no descarta que el atentado esté relacionado con retaliaciones por el control de las rentas criminales.
Once nuevos heridos se registraron durante la segunda tarde de toros en el municipio de Sabanalarga, en el Atlántico, elevando a 20 el número de lesionados en lo que va de la festividad que arrancó el primero de octubre y que se extiende hasta el lunes 6.De acuerdo con el reporte de la Defensa Civil, siete de los afectados recibieron atención médica inmediata en el lugar, mientras que cuatro debieron ser trasladados al centro asistencial UNA del municipio debido a la gravedad de sus lesiones.De acuerdo con Jesús Manuel Estrada Muñoz, coordinador operativo de la Defensa Civil de Sabanalarga, de los 20 heridos, hay uno que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos al ser herido en la cabeza por un toro."El miércoles salió herido, al ser corneado por un toro. Este hombre permanece en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de la herida que sufrió en la cabeza. Entre el miércoles y el jueves ya son 20 heridos en el desarrollo de las fiestas taurinas del municipio”, detalló Estrada.Para autoridades no deja de ser preocupante el hecho de que a pesar de que existen vallas y restricciones para evitar el ingreso de personas no capacitadas al ruedo, persiste la imprudencia de los asistentes, que, en algunos casos, bajo los efectos del alcohol, terminan siendo atacados por los todos.Entre los heridos no solo hay personas cornadas, sino otros que han recibido golpes de caballos e incluso por piedras que son lanzadas desde las gradas. Con motivo de la realización de las corralejas, en Sabanalarga, autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado en el que hay presencia de la Policía, la Secretaría de Salud, organismos de socorro y la Personería.
Tras una visita de inspección de funcionario del Ministerio de Trabajo, la cual se llevó a cabo el pasado 29 de septiembre, fue ordenado la paralización parcial de actividades en la Alcaldía de Sabanalarga, Atlántico. Lo anterior luego de que los funcionarios comprobaran las precarias condiciones de seguridad, salubridad y deterioro estructural que presenta el Palacio Municipal.La visita del Ministerio de Trabajo se dio en atención a la denuncia instaurada por diferentes organizaciones sindicales que venían alertando sobre los riesgos para trabajadores y usuarios.Entre los hallazgos, se reportaron invasión de palomas y murciélagos, además de presencia de excrementos de animales y comején en techos y paredes. A esto se le suma varias filtraciones de agua, humedad, fisuras en la estructura, cables eléctricos expuestos, escaleras inseguras, hacinamiento en oficinas, baños en pésimo estado y la ausencia de elementos básicos como detectores de humo, extintores y botiquines.Aunque en un primer momento se planteó el cierre total de la sede administrativa, finalmente se determinó que la medida sería parcial, permitiendo el funcionamiento únicamente de las dependencias de Impuestos, Inspección de Policía No. 1 y la Secretaría de Salud Municipal, pues estas oficina cuentan con accesos independientes y no representar un riesgo inminente.El resto de las oficinas quedaron selladas y con ingreso prohibido hasta que se realicen las adecuaciones exigidas, para lo cual el ministerio dio un plazo de 10 días.
La tarde de este lunes salió en libertad del Centro de Detención Transitorio Las Estrellas, ubicado en Barranquilla, Jorge Leonardo Piña Rodríguez, el hombre señalado como el presunto feminicida de la docente Nalfi Esther Blanco Olmos, quién fue asesinada en noviembre de 2024 en su casa ubicada en el municipio de Sabanalarga, Atlántico.Esto luego de que el juez segundo promiscuo municipal de Sabanalarga le concediera libertad por vencimiento de términos, al considerar que se expiró el tiempo para iniciar el juicio oral.Nataly Blanco, hermana de Nalfi, cuestiona que la audiencia se realizara sin la presencia del delegado de la Procuraduría ni el personero municipal y que la Fiscalía no presentara recursos para apelar la decisión.“Tuvimos audiencia de vencimiento de términos y no se presentó ni la Procuraduría ni la personería a la audiencia. El juez de garantías tomó la decisión solo sin estar ellos. Y la fiscalía, cuando le preguntaron, no hizo ningún comentario al respecto. El juicio empieza el 10 de octubre, por eso es que no entendemos cómo un juez de garantía lo deja libre si llevamos a empezar el juicio, sobre todo cuando se sabe que hubo dilaciones por parte del abogado defensor de Jorge”, expresó Nataly Blanco.Nalfi fue asesinada el 30 de noviembre en medio de una violenta discusión con su expareja, quien la empujó y ocasionó que se golpeara la cabeza y luego la habría asfixiado con sus manos. El señalado feminicida huyó del lugar, sin embargo posteriormente se entregó a las autoridades. Para los familiares de la docente, esta decisión constituye un revés para la justicia y envía un mensaje doloroso para todas las mujeres víctimas de violencia en el país, por lo que exigen a las exigen a las autoridades competentes revisar este caso con el rigor que merece.
La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el alcalde de Sabanalarga, Atlántico, José Elías Chams Chams, por presuntas irregularidades al ordenar la revisión integral de contrato de concesión del alumbrado público, sin que existiera motivación suficiente, concreta y verificable que explicara las razones objetivas para ello.El ente de control afirmó que su tarea es “esclarecer si, al ordenar la reasignación de funciones técnicas y jurídicas para la verificación del contrato, el mandatario habría vulnerado los principios legales y excedido las competencias atribuidas por la ley, sin tener sustento ni declaraciones previas del incumplimiento contractual”.Para ello, la Procuraduría decretó practicar pruebas “para determinar si el alcalde incurrió en faltas disciplinarias, cuyos hechos, además de los señalados anteriormente, comprenderían la suspensión de pagos pactados en el contrato de concesión, sin emitir acto administrativo previo, sin adelantar procedimiento sancionatorio alguno y sin declarar incumplimiento del contratista”.Semanas antes, la Contraloría General de la República también ordenó iniciar un proceso administrativo sancionatorio en contra del alcalde sabanalarguero “por su renuencia a asistir a algunas mesas de trabajo que ha propiciado la gerencia departamental para desentrabar obras”.La Contraloría aseguró que el alcalde ya fue notificado sobre este proceso y que espera de que antes de que finalice el año haya una solución frente a las siete obras inconclusas o en mal estado que se encuentran en el municipio, donde se están perdiendo recursos por el orden de los 33.000 millones de pesos. "El proceso administrativo sancionatorio es un mecanismo que tiene el órgano de control y que nos puede llevar a dos vías: la imposición de una multa al alcalde y la suspensión del cargo, porque la comunidad reclama sus vías, su polideportivo, la canalización de los arroyos y no ha sido posible", aseguró Lilibeth Aguilera, vicecontralora en funciones.Una de las obras más solicitadas es el alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, donde la comunidad recientemente bloqueó la vía La Cordialidad en señal de protesta para exigir la terminación de estos trabajos, cuyos retrasos los tienen expuestos a problemas de salubridad.
El crítico estado de hacinamiento presentado en la Estación de Policía de Sabanalarga, así como el incendio registrado en este lugar el pasado 10 de septiembre, llamó la atención de la Procuraduría General de la Nación, ente que ahora solicita a la administración municipal un reporte actualizado sobre las condiciones para las Personas Privadas de la Libertad (PPL) en este sitio.El incendio provocado puso en riesgo la integridad de los capturados, de quienes el Ministerio Público ya había evidenciado su ausencia de condiciones mínimas y hasta alertado por la falta de respuesta a solicitudes previas para saber acerca de la precaria atención en salud que estaban recibiendo.En la comunicación, el Ente Disciplinario puntualizó que el alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, debe entregar un informe detallado sobre las acciones adoptadas para garantizar la seguridad y los derechos fundamentales a esta población.Recordemos que este mismo mandatario está en medio de un proceso administrativo sancionatorio por parte de la Contraloría, ente al que al parecer ha ignorado en las convocatoria para mesas de trabajo para desentrabar obras en su jurisdicción.La vicecontralora en funciones aseguró que el alcalde ya fue notificado sobre este proceso y que ahora el órgano de control espera de que antes de que finalice el año haya una solución frente a las siete obras inconclusas o en mal estado que se encuentran en el municipio, donde se están perdiendo recursos por el orden de los 33.000 millones de pesos.Una de las obras más solicitadas es el alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, donde la comunidad recientemente bloqueó la vía La Cordialidad en señal de protesta para exigir la terminación de estos trabajos, cuyos retrasos los tienen expuestos a problemas de salubridad.
Una serie de actividades de inspección comenzará hacer la Contraloría General de la República para revisar la prestación del servicio que brinda la empresa de acueducto, alcantarillado y aseo de Barranquilla, Triple A, a partir de las múltiples denuncias que ha recibido el órgano de control sobre presuntas irregularidades.Lilibeth Aguilera, vicecontralora en funciones, afirma que realizarán varias reuniones, tanto con la empresa como con los ciudadanos, para esclarecer si hay fallas y sobrecostos en la prestación del servicio."Los usuarios aducen en sus denuncias que hay mala prestación del servicio, que hay altos costos, qué pasa con los subsidios, todo eso es lo que hoy ha llevado a la Contraloría a generar unas mesas de trabajo con la entidad y con la ciudadanía para poder escuchar y revisar qué es lo que está pasando en torno a este tema", dijo.Proceso sancionatorio a alcalde de Sabanalarga"Por la renuencia del alcalde de Sabanalarga, José Elías Chams, de asistir a algunas mesas de trabajo que ha propiciado la gerencia departamental para desentrabar obras”, la Contraloría General de la República ordenó iniciar un proceso administrativo sancionatorio en contra del mandatario.La vicecontralora en funciones aseguró que el alcalde ya fue notificado sobre este proceso y que ahora el órgano de control espera de que antes de que finalice el año haya una solución frente a las siete obras inconclusas o en mal estado que se encuentran en el municipio, donde se están perdiendo recursos por el orden de los 33.000 millones de pesos.Aguilera sostuvo que la Contraloría no ve una disposición de la Alcaldía para resolver las condiciones en las que hoy se encuentran las obras y que, si esta actitud persiste, el mandatario enfrentaría serias sanciones."El proceso administrativo sancionatorio es un mecanismo que tiene el órgano de control y que nos puede llevar a dos vías: la imposición de una multa al alcalde y la suspensión del cargo, porque la comunidad reclama sus vías, su polideportivo, la canalización de los arroyos y no ha sido posible", aseguró.Una de las obras más solicitadas es el alcantarillado del barrio Evaristo Sourdis, donde la comunidad recientemente bloqueó la vía La Cordialidad en señal de protesta para exigir la terminación de estos trabajos, cuyos retrasos los tienen expuestos a problemas de salubridad.
Una seguidilla de temblores se registró durante la mañana de este jueves 24 de septiembre en el departamento del Tolima, donde el Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó dos movimientos sísmicos con pocos minutos de diferencia.El primero ocurrió a las 11:40 de la mañana y tuvo una magnitud de 3.4. De acuerdo con el reporte, el evento tuvo una profundidad superficial y fue localizado en Chaparral, Tolima.Cinco minutos después, a las 11:46 de la mañana, se presentó un segundo movimiento, esta vez de magnitud 4.1. El SGC también estableció una profundidad superficial para este sismo, cuyo punto de referencia fue Chaparral.Dos temblores en pocos minutosEl segundo movimiento fue percibido en diferentes ciudades del país. Según el Servicio Geológico Colombiano, el temblor de magnitud 4.1 se sintió en Armenia, Ibagué, Cali, Neiva y Pereira, entre otros puntos.El evento tuvo como referencia el municipio de Chaparral y ocurrió a 14 kilómetros de Roncesvalles, en el departamento del Tolima. El SGC ubicó el movimiento en una latitud de 3.88 y una longitud de -75.61.La cercanía en el tiempo entre ambos eventos llamó la atención, pues los dos fueron registrados en la misma zona de referencia y con una diferencia de apenas seis minutos.Colombia registra actividad sísmica de manera frecuente debido a su ubicación geológica. Por ello, el Servicio Geológico Colombiano realiza seguimiento permanente a los movimientos que se presentan en diferentes regiones del territorio nacional.Hasta el momento, la información suministrada corresponde a los reportes disponibles sobre estos dos eventos registrados durante la mañana de este jueves en el Tolima.
Amazonas registra la mayor tasa de evasión de la revisión tecnomecánica en Colombia: durante 2026, el 96,95 % de los vehículos del departamento no ha cumplido con esta revisión obligatoria, según las cifras del informe sobre el estado del parque automotor nacional.El dato significa que casi 97 de cada 100 vehículos en esta región aparecen como evasores de la tecnomecánica. Amazonas encabeza así un listado en el que también aparecen otros departamentos con niveles de incumplimiento superiores al 90 %.Guainía registra una evasión del 93,79 %, concentrada en Inírida, mientras que Vichada alcanza el 93,42 %, con el incumplimiento concentrado en Puerto Carreño.¿Cuántos vehículos evaden la tecnomecánica en Colombia?El caso de Amazonas hace parte de un problema que se extiende por todo el país. Colombia tiene actualmente 22.161.912 vehículos matriculados, de los cuales más de 10 millones evaden la RTMyEC.A esa cifra se suman más de 3 millones de vehículos que todavía no están obligados a realizar la revisión, debido a su reciente matrícula o a las exenciones contempladas en la normativa.Durante el primer semestre de 2026, la tasa nacional de evasión llegó al 55,98 %, manteniéndose por encima del 50 % durante los últimos cinco años.La falta de renovación acumulada en ese periodo corresponde a 5.927.092 vehículos particulares, 192.871 de servicio público, 69.532 oficiales y 992 diplomáticos.¿En qué otras zonas hay altos niveles de evasión?El incumplimiento no se limita a los departamentos con menor cantidad de vehículos. A nivel municipal también aparecen cifras elevadas.Aguachica registra una evasión del 90,93 %, mientras que La Dorada llega al 74,48 %. Estos datos muestran que los mayores niveles de incumplimiento también se presentan en municipios ubicados sobre corredores de circulación importantes.En contraste, Bogotá concentra el mayor número de inspecciones realizadas durante 2026, con 747.140 revisiones. De ese total, 663.252 correspondieron a vehículos particulares, 77.172 a transporte público, 6.715 a vehículos oficiales y una a servicio diplomático.Más de la mitad de las motos rechazadas no supera la revisiónEl informe también muestra diferencias según el tipo de vehículo que llega a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA).Las motocicletas son el grupo con mayor cantidad de inspecciones rechazadas en lo corrido de 2026, con 167.170 unidades que no superaron la revisión.Por departamentos, el Archipiélago de San Andrés y Providencia presenta el mayor porcentaje de revisiones rechazadas, con 51,83 %. Le siguen Chocó, con 31,42 %, y Arauca, con 26,39 %.La evasión de la tecnomecánica supera el 50 % en ColombiaAunque el panorama mantiene niveles elevados de incumplimiento, el número de vehículos certificados aumentó durante el último año. En el primer semestre de 2026 hubo 3.810.725 vehículos con la tecnomecánica al día, frente a 3.629.782 durante el mismo periodo de 2025.Esto representa un incremento de 180.943 vehículos certificados, equivalente a cerca del 5 %.El país cuenta actualmente con una red de 930 líneas de inspección para motocicletas, 432 para vehículos livianos, 294 mixtas y 13 exclusivas para vehículos pesados. Sin embargo, la capacidad instalada permanece ampliamente subutilizada
El Gobierno de Estados Unidos se opuso formalmente a la solicitud de libertad bajo fianza presentada por la defensa de Cilia Flores, esposa del despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, al considerar que existe un riesgo de fuga "extremo" y que representa un "peligro para el público", según documentos judiciales presentados en las últimas horas.En un memorando presentado ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, los fiscales federales solicitaron al juez que desestime la moción de la defensa para conceder a Flores la libertad previa al inicio del proceso judicial que enfrenta junto a Maduro.La Fiscalía argumentó que ningún tipo de fianza garantizaría adecuadamente la comparecencia de Flores ante los tribunales y destacó sus recursos, conexiones internacionales y la gravedad de las acusaciones formuladas en su contra.Destacó también la capacidad que seguiría teniendo el entorno de Flores para ejercer violencia o intimidar a posibles testigos, tanto en Venezuela como en el extranjero, mediante redes estatales y grupos irregulares organizados.La defensa de Flores, de 69 años, pidió a principios de mes que fuera trasladada a una residencia privada en Nueva York y sometida a un régimen de arresto domiciliario, con guardias armados las 24 horas, una pulsera de localización, visitas restringidas y llamadas telefónicas intervenidas.Flores asegura que necesita un complejo tratamiento cardíaco y que la cárcel federal en la que permanece recluida desde el 3 de enero, cuando fue capturada junto a Maduro por fuerzas especiales estadounidenses, no reúne las condiciones necesarias para su recuperación.El juicio conjunto contra Flores y Maduro está previsto que comience el 1 de junio de 2027. Ambos enfrentan cargos que incluyen conspiración para la importación de cocaína y posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, en el marco de una trama de narcoterrorismo y corrupción que, según la acusación, abarca más de dos décadas.De ser declarada culpable, Flores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de 40 años de prisión y a un máximo de cadena perpetua.
La vivienda turística en Medellín se ha consolidado como una industria que mueve cerca de $76.000 millones mensuales, en medio del crecimiento de las rentas cortas y el alojamiento para visitantes.En Antioquia hay más de 15.143 propiedades listadas, cifra que representa cerca del 22 % de la oferta nacional, según cálculos de Confecámaras con base en datos del Registro Nacional de Turismo (RNT).Ante este panorama, la ciudad enfrenta el reto de lograr que el crecimiento de la oferta esté acompañado por mayores niveles de formalización, profesionalización y estándares para la operación de los alojamientos turísticos.Por tercera ocasión, la Asociación Colombiana de Prestadores de Servicios Turísticos (ASOHOST) y la Secretaría de Turismo y Entretenimiento de Medellín lanzarán el programa INN Host Medellín.La iniciativa ofrece formación gratuita para 150 prestadores de servicios turísticos que, en conjunto, podrían representar más de 1.000 Registros Nacionales de Turismo activos. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 30 de septiembre.Los interesados deberán contar con un RNT vigente y desarrollar actividades relacionadas con vivienda turística, rentas cortas u oficinas de representación turística en Medellín. El programa comenzará el próximo 13 de octubre.Juan Camilo Vargas, director de ASOHOST, señaló que Medellín atraviesa una transformación en este sector y destacó la necesidad de avanzar en la profesionalización de quienes participan en el mercado de vivienda turística.“Medellín es hoy uno de los mercados más dinámicos del país en vivienda turística, pero ese crecimiento exige más profesionalización y mejores estándares de operación”, afirmó Vargas.El programa contempla capacitación en el marco regulatorio de la vivienda turística en Colombia, aspectos fiscales y contables, preparación de propiedades, tecnologías avanzadas e inteligencia artificial aplicada a la gestión de alojamientos.También incluye formación en finanzas estratégicas para proyectos de alojamiento y herramientas orientadas a mejorar la operación y la rentabilidad de los establecimientos turísticos.Entre los beneficios para los participantes están el acceso durante un año a una plataforma de aprendizaje, un manual digital interactivo, certificaciones impresas y tecnologías para la gestión de rentas cortas.La formación también contempla herramientas como un PMS, un channel manager, una plataforma de experiencias turísticas con inteligencia artificial y el Sello Vivienda Turística Responsable.Este distintivo busca acreditar ante autoridades, plataformas digitales e inversionistas el cumplimiento legal de los operadores que hacen parte de la iniciativa.Desde ASOHOST señalaron que la profesionalización también busca prevenir problemas asociados con la informalidad, las malas prácticas, la convivencia y la pérdida de confianza en el sector.En materia de rentabilidad, las estimaciones ubican el retorno neto entre el 8 % y el 12 % en zonas de alta demanda como El Poblado, específicamente Provenza.En estos sectores, los ingresos brutos mensuales por unidad pueden alcanzar los $16 millones, mientras que en zonas como Laureles-Estadio las rentabilidades netas estimadas están entre el 6 % y el 9 %.La dinámica de este mercado también ha impulsado la expansión del modelo hacia otros municipios del Valle de Aburrá, como Envigado y Sabaneta, y más recientemente hacia diferentes sectores del Oriente antioqueño.El crecimiento de la vivienda turística se suma al comportamiento del turismo en Medellín. Durante 2025, la ciudad registró cerca de $4 billones en gasto turístico medido mediante transacciones con tarjeta.De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, esas operaciones representaron alrededor de 16 millones de transacciones. Debido a que Credibanco procesa aproximadamente el 45 % de los pagos con tarjeta, el Distrito estimó que el gasto turístico total podría acercarse a $9 billones.La cifra estimada no incluye los pagos realizados en efectivo, por lo que el impacto económico del turismo en la ciudad sería mayor al registrado mediante las transacciones con tarjeta.Para ASOHOST, la profesionalización es clave para que la industria de vivienda turística continúe creciendo con responsabilidad y mejores estándares de servicio.El proceso busca que los prestadores conozcan la normativa, cumplan sus obligaciones, mejoren la atención a los huéspedes, incorporen tecnología y gestionen de manera más eficiente sus ingresos.La iniciativa plantea además la necesidad de diferenciar entre los operadores que cumplen las reglas y aquellas prácticas que pueden generar impactos negativos en la convivencia, el mercado inmobiliario o la seguridad.En ese contexto, ASOHOST considera que la profesionalización de los actores de la vivienda turística es una de las principales herramientas para acompañar el crecimiento de esta industria en Medellín y Antioquia.
La Corte Suprema de Justicia puso un nuevo límite a la forma en que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) tramita los procesos judiciales de protección al consumidor. La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural determinó que la entidad debe admitir obligatoriamente el llamamiento en garantía cuando una de las partes lo solicite y se cumplan los requisitos legales.En términos sencillos, el llamamiento en garantía permite que una persona o empresa demandada vincule al mismo proceso a un tercero que podría tener responsabilidad en el problema. Por ejemplo, si un consumidor demanda a una compañía por una falla y esta considera que el daño fue causado por uno de sus proveedores, puede pedir que ese proveedor participe en el mismo juicio y, si corresponde, responda directamente o reembolse el dinero que la empresa tenga que pagar.La Corte señaló que los procesos de protección al consumidor que adelanta la SIC en ejercicio de funciones judiciales deben seguir las mismas reglas procesales que aplican ante los jueces ordinarios. Esto significa que la condición de autoridad administrativa de la SIC no puede convertirse en una razón para limitar las herramientas de defensa que tienen las partes dentro de un proceso judicial.El pronunciamiento también cuestiona la práctica de la SIC y de algunos tribunales que habían rechazado esta figura o restringido su utilización casi exclusivamente a casos relacionados con el sector turístico. Para la Corte, no es jurídicamente válido establecer mediante interpretaciones limitaciones o trabas que no están contempladas expresamente en la ley.Puntualmente, el alto tribunal le exige a la SIC aplicar de manera rigurosa el artículo 24 del Código General del Proceso, norma que establece las reglas para el ejercicio de funciones jurisdiccionales por parte de determinadas autoridades. La Corte busca garantizar que las partes tengan las mismas oportunidades para defenderse, presentar pruebas y ejercer sus derechos, independientemente de que el proceso sea tramitado ante la SIC o ante un juez.El caso que llevó a esta decisión surgió por una tutela presentada por dos empresas constructoras y una sociedad fiduciaria, demandadas ante la SIC por supuestas fallas relacionadas con un inmueble. Las compañías pidieron que fuera vinculada al proceso la empresa encargada de elaborar el estudio de suelos de la obra, pero esa solicitud fue negada.La Corte Suprema protegió entonces su derecho de defensa y ordenó al Tribunal Superior emitir una nueva decisión en la que estudie la vinculación de esa empresa. Con este pronunciamiento, el alto tribunal deja establecido que las posibles responsabilidades entre los distintos integrantes de una cadena de consumo pueden discutirse dentro del mismo expediente, bajo las garantías procesales previstas por la ley.Para los consumidores y ciudadanos, la decisión no elimina ni reduce la responsabilidad que tienen los productores y proveedores frente a sus clientes. La responsabilidad solidaria que establece la ley se mantiene. Es decir, cuando corresponda, el consumidor podrá continuar reclamando frente a los responsables de la cadena de producción o comercialización, aunque durante el proceso se incorpore a otros actores que puedan tener responsabilidades internas.Para las empresas, proveedores, fabricantes, contratistas y demás integrantes de la cadena comercial, el fallo representa la posibilidad de discutir dentro de un mismo proceso quién debe asumir finalmente las consecuencias económicas de una eventual condena. Esto puede evitar que una empresa tenga que iniciar posteriormente otro pleito para intentar recuperar de un proveedor o contratista el dinero que tuvo que pagar al consumidor.