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A raíz de las denuncias hechas por la ciudadanía y algunos medios de comunicación local, la Contraloría General de la República ordenó una intervención funcional de oficio en el municipio de Sabanalarga, Atlántico, que a su vez dio lugar a la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de $23.531 millones, por irregularidades detectadas en un contrato para el mejoramiento de vías secundarias.
El contrato en mención es uno pactado el 30 de mayo de 2018 con el objetivo de mejorar las vías en Sabanalarga, así como para la variante y empalmes de las vías urbanas con las vías secundarias de Sabanalarga–Manatí y Sabanalarga–Cascajal.
En las denuncias conocidas por la Contraloría, la comunidad ha manifestado su inconformismo por graves deterioros de estas vías que impactan social y económicamente al departamento, cuyas obras se derivan del mencionado contrato. Esto, sin dejar de lado que, según estableció el ente de control, “hasta el momento las pólizas de garantía de estabilidad de dicha obra no se han hecho efectivas”.
Vale recordar que en una reciente visita a su natal Sabanalarga, el vicecontralor en funciones de Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, anunció varias actuaciones de control fiscal sobre 10 proyectos relevantes en este municipio, como la construcción de la canalización del Arroyo 20 de enero y la cancha de semicésped o Cancha Bolívar.
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