A través de una comunicación, la Secretaría de salud de Bogotá confirmó un caso de sarampión importado de un pasajero proveniente desde México. Según explicó el distrito, el caso se identificó en un punto de control de la Secretaría de Salud instalado en las entrada internacionale del aeropuerto El Dorado.Así las cosas, el caso se comprobó tras hacer pruebas técnicas PCR en la que el resultado dio positivo notificado en la mañana del jueves 19 de febrero. Sin embargo; el distrito aseguó que en pruebas de orina realizadas el 15 febrero ya estaba la alerta en análisis científico.“Las muestras fueron remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia del Instituto Nacional de Salud para su confirmación y notificación oficial. Detectamos oportunamente, aislamos de inmediato y activamos el cerco epidemiológico para cortar cualquier posible cadena de transmisión. Hoy no tenemos evidencia de contagio local”, afirmó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.Así las cosas, la secretaria de salud de Bogotá confirmó que la persona identificada ya está en su domicilio, recibiendo atención médica y cumpliendo con la cuarentena. Entre tanto, algunas recomendaciones para evitar la propagación es aislamiento domiciliario al tener la alerta y así mismo cuando el caso es confirmado, reportar a las instituciones e implementar el cerco vacunal preventivo.
El secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, lanzó un llamado a sus homólogos en todo el país por la crítica situación financiera de varias EPS intervenidas por el Gobierno nacional y su impacto en la red pública hospitalaria, y les pidió pronunciarse.A través de su cuenta de X, el funcionario aseguró que la intervención a estas entidades “es un despropósito del Gobierno nacional” y advirtió que, lejos de priorizar los pagos, la medida estaría agravando la crisis.“Invito a todos los secretarios de salud del país a que nos pronunciemos sobre el estado de cartera de la red pública. Es falso que las estén priorizando, las están es enterrando”, escribió Bermont, quien acompañó su mensaje con una tabla que muestra cómo han aumentado las deudas de las EPS intervenidas con la red pública de atención en salud en Bogotá.De acuerdo con esas cifras, entidades como Asmet Salud, Capresoca, Coosalud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud y SOS incrementaron de manera significativa su cartera en mora con la red de atención pública después de ser sometidas a medidas de intervención. En varios casos, las deudas crecieron en miles de millones de pesos entre el inicio de la intervención y el corte a 30 de septiembre de 2025.En total, la deuda de estas EPS pasó de $136.236 millones, al inicio de la intervención de cada una, a $269.681 millones para el mes de septiembre.El caso más crítico es el de la Nueva EPS. Según la Secretaría de Salud, la cartera de esta entidad con los hospitales distritales pasó de $35.334 millones al inicio de la intervención, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud en abril de 2024, a $90.558 millones en septiembre de 2025. Es decir, en apenas 17 meses la deuda prácticamente se triplicó.El detalle por subred refleja la magnitud del problema según las cifras compartidas por el secretario en la misma red social. En la Subred Centro Oriente, el saldo en mora subió de $4.986 millones a $14.303 millones.En el caso de la Subred Norte, la deuda pasó de $15.522 millones a $33.140 millones. En la Subred Sur, la cartera aumentó de $9.307 millones a $21.470 millones y, en la Subred Suroccidente, de $5.520 millones a $21.645 millones. En todos los casos, la deuda de la Nueva EPS con la red pública de Bogotá se duplicó o incluso se triplicó durante el periodo de intervención.“Nueva EPS era cumplidora con sus afiliados, hoy no pagan, no contratan y no entregan medicamentos”, aseguró Bermont, al advertir que este comportamiento pone en riesgo la sostenibilidad financiera de los hospitales y, en últimas, la atención que reciben miles de usuarios en la capital.
Polémica se ha generado por las más de 7.000 vacunas de Pfizer que habrían perdido la cadena de frío en Cundinamarca y, por ende, no se han podido aplicar. Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, hizo un seguimiento a este caso, que se remonta a inicios de mayo, con el fin de saber qué paso para no haber utilizado estas dosis.Y es que hay ciertos hechos que permitirían salvar estas dosis, más aún después de que el Ministerio de Salud, soportado en un concepto del Invima, diera la orden de desechar estas vacunas.Según Wilson Flores, diputado de Cundinamarca, en primer lugar, “no hay evidencia científica que permita determinar que esas vacunas se perdieron y no se puedan utilizar”.Flores, además, señaló que uno de los dispositivos para medir las temperaturas de las dosis no estaba certificado y no era apto para ultracongelación, algo que el Ministerio de Salud no notó al momento de notificar al Invima sobre el problema con las vacunas.Asimismo, lo más delicado es que, de acuerdo con su concepto, el Invima desestima la temperatura indicada por el datalogger, aparato que viene en cada caja de dosis y mide constantemente el nivel de congelación, lo que lleva a cuestionarse si esto a ocurrido con otras vacunas y cuántas se han desechado en el país por esa causa, teniendo en cuenta que es el único dispositivo técnicamente aceptado para este fin a nivel mundial.Por su parte, Gilberto Álvarez, secretario de Salud de Cundinamarca, afirmó que ellos se guiaron por el datalogger para determinar la temperatura de las vacunas porque así lo ordena el fabricante, en este caso Pfizer."Quien define el control exacto de la temperatura de las vacunas es el datalogger. Hemos estado pidiendo que revisen exhaustivamente esos equipos. Nosotros no nos estamos guiando por el dispositivo externo, sino por el datalogger”, indicó el secretarioPor esta razón, el diputado pidió que el Ministerio entregue las dosis afectadas directamente a Pfizer, para que sean ellos los que determinen si las vacunas se pueden utilizar o no.BLU Radio contactó a la Contraloría y a la Procuraduría para que se revise el tema, por existir dos entidades nacionales comprometidas y un posible detrimento patrimonial.
La Superintendencia de Salud requirió formalmente a cinco secretarías de salud, distritales y departamentales, para que informen las acciones desplegadas sobre los presuntos hechos que se presentaron en sus territorios y se puedan determinar incumplimientos al Plan Nacional de Vacunación.Antioquia, Bogotá, Cundinamarca, Guaviare y Santa Marta, son las requeridas.CASOSGirardota La secretaria Seccional de Salud de Antioquia, Lina María Bustamante, deberá atender el requerimiento sobre las denuncias que se registraron en el municipio de Girardota, donde al parecer tanto personal administrativo de la Alcaldía como familiares de estos.Bogotá El secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez, deberá informar las acciones desplegadas por el caso registrado en el Hospital Universitario San Ignacio, donde familiares de un adulto mayor de 77 años denunciaron jeringas ´prellenadas´ y falta de claridad en el protocolo de vacunación, al no mostrar el frasco del biológico, nombre y fecha de vencimiento previo a la aplicación.Cundinamarca-Chía Gilberto Álvarez Uribe, secretario de Salud Departamental de Cundinamarca, fue requerido por el caso de la aplicación de la vacuna con una jeringa presuntamente vacía a un adulto de 84 años en el municipio de Chía. Él deberá allegar en un término no superior a tres días el informe de las acciones de inspección desplegadas para esclarecer los hechos.Santa Marta La Supersalud requirió al secretario Distrital de Salud de Santa Marta, Henrique Luis Toscano Salas, por las denuncias relacionadas con el retraso en la vacunación en la ciudad por la supuesta pérdida de un lote de vacunas por cadena de frío y un presunto ´salto a fila´ en el proceso de vacunación.Guaviare Donde familiares de un adulto mayor denunciaron su deceso luego de la aplicación de la vacuna. Haidy Tatiana Parra Penagos, secretaria Departamental de Salud, deberá presentar el informe respectivo.Estos cinco casos, se suman a los 66 sobre los que la Supersalud tiene la lupa puesta desde que inició la ejecución del Plan Nacional de Vacunación
Desde este jueves, 25 de enero, y hasta el lunes, 5 de abril, Cundinamarca tendrá toque de queda nocturno, como medida para tratar de contener el tercer pico de la pandemia de COVID-19.Así lo anunció el gobernador Nicolás García, quien también dijo que se extremarán las restricciones a la movilidad y los alcaldes podrán determinar otras medidas, como pico y cédula durante la Semana Santa."Acatamos la normativa del Gobierno Nacional y además hacemos uso de todas las herramientas con las que contamos para evitar que aumente el número de contagios. Hemos decidido decretar el toque de queda en todo el departamento a partir de este jueves 25 de marzo hasta el lunes 5 de abril, desde la medianoche y hasta las 5 de la mañana”, explicó el mandatario cundinamarqués.De acuerdo con el gobernador, pidió a los ministerios del Interior y de Salud medidas más restrictivas en los municipios de Girardot, Ricaurte, Villeta, Anapoima, La Vega, Fusagasugá y La Mesa. Para ellos la medida comenzaría a las 10 de la noche.Asimismo, con los representantes de la Iglesia católica se acordó que durante Semana Santa no habrá procesiones y con los secretarios de gabinete también se estableció que, desde este jueves, rige la prohibición de consumo de alcohol en lugares públicos, las cabalgatas, los eventos con aglomeraciones.En las vías del departamento habrá 170 puntos de control en vías del departamento, dos terminales y 17 centros de despacho para verificar el cumplimiento del 70 % de ocupación en el transporte público; de igual forma el equipo de la Secretaría de Hacienda estará inmovilizando los vehículos que estén circulando sin haber pagado el impuesto en los dos últimos años.
Además de los síntomas que habrían conllevado a su muerte, la niña llegó a Bogotá con una infección respiratoria aguda, anemia y había nacido con bajo peso. Al momento de su muerte también presentaba bajo peso con respecto a su edad. (Lea también: Ya son 3 los niños muertos por desnutrición en menos de 24 horas en La Guajira) La información fue confirmada por el secretario de Salud de Cundinamarca, Diego Escobar Guinea, quien afirmó que se va a investigar si hubo responsabilidad del Hospital de Ubaque por no realizar las consultas de crecimiento y desarrollo, o si por el contrario fue responsabilidad de la familia. Escobar afirmó que “también puede suceder que dentro de las investigaciones se determine que su desnutrición se produce por temas fisiopatológicos, ahí no habría un responsable”.
Estos son los hechos que fueron noticia en Colombia en Mañanas Blu, con Néstor Morales, de este viernes, 10 de julio de 2026:José Antonio Ocampo, exministro de Hacienda, habló sobre el manifiesto del centro político en el que se envía un mensaje al presidente Gustavo Petro y a Abelardo De La Espriella.Enrique Vargas Lleras, exintegrante de la junta de la Nueva EPS, se refirió sobre las acusaciones del presidente Gustavo Petro por deudas de la entidad.Jorge Iván Ospina, agente interventor de la Nueva EPS, abordó sobre los estados financieros de la entidad.El embajador Yoed Magen, líder de la delegación de ayuda de Israel a Venezuela, se pronunció sobre el plan de reconstrucción en el país tras los terremotos.Escuche el programa completo aquí:
En un gesto que trasciende las tensiones políticas de la última década, una delegación de expertos ingenieros y especialistas en evaluación estructural de Israel se encuentra desplegada en La Guaira, Venezuela. Liderada por el embajador Yoed Magen, la misión busca proporcionar asesoría técnica crucial tras la tragedia que ha afectado gravemente la infraestructura de la zona. Evaluación estructural y el sistema de "semáforo" Uno de los pilares del trabajo israelí es la inspección de edificaciones para determinar su seguridad. El embajador Magen explicó que utilizan una metodología técnica, similar a la venezolana, para clasificar el estado de los inmuebles. Según detalló: "Edificios en rojo son aquellos que hay que demoler, que son peligrosos y no se pueden habitar. Los de amarillo se necesita rehabilitarlos... y el color verde son aquellos que se pueden devolver a los residentes".El impacto emocional de este trabajo ya se siente en las comunidades locales. Magen relató que hace pocos días, cuando un equipo de ingenieros aprobó la habitabilidad de un edificio, "los residentes que estaban afuera empezaron a aplaudir".El objetivo principal es reducir los riesgos para la población y permitir que las familias regresen a sus hogares lo antes posible.Gestión de escombros y reconstrucción sostenible La experiencia de Israel en situaciones de emergencia, derivada de conflictos bélicos, ha sido puesta al servicio de Venezuela. La delegación propone un plan nacional de rehabilitación que incluye una metodología avanzada para el manejo de residuos. "Es toda una metodología que lamentablemente en Israel tenemos mucha experiencia porque hemos sido objetos de ataques con misiles", señaló el diplomático.El plan contempla no solo la remoción de escombros, sino su clasificación y traslado a un parque ecológico para su reutilización. "Se puede reutilizar en la reconstrucción. Es un plan ambicioso", afirmó Magen, subrayando que actualmente trabajan "mano a mano" con las autoridades venezolanas y el Ministerio de Obras Públicas para ejecutar estas recomendaciones.Solidaridad por encima de la diplomacia A pesar de que Israel y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde el año 2009, la ayuda humanitaria ha sido priorizada por el gobierno israelí. El embajador enfatizó que la ausencia de vínculos formales "no fue un impedimento" para ofrecer apoyo inmediato tras conocerse la magnitud de la tragedia.Escuche aquí la entrevista:
La Federación Nacional de Cafeteros y el Ministerio de Hacienda firmaron una prórroga de cinco meses del acuerdo que permite hoy la administración del Fondo de Estabilización del Precios para los cafeteros.El fondo busca apoyar a los cafeteros colombianos durante las épocas de bajos precios internacionales del café y generar ahorros durante las bonanzasLa prórroga es consecuencia de la decisión del gobierno de Gustavo Petro de dejar en manos del siguiente gobierno el futuro del Fondo Nacional del Café, cuya administración también se extendió por 5 meses. El Fondo del Café administra un aporte parafiscal de 6 centavos de dólar por libra y los destina a actividades como la asistencia técnica a los cafeteros, la garantía de compra del café y por su puesto la gestión de la marca Juan Valdez que es propiedad de los cafeteros."Es un mensaje de estabilidad, confianza y visión de largo plazo para los productores, los mercados y nuestros aliados alrededor del mundo. Sobre esa base seguiremos trabajando para hacer del sistema cafetero colombiano un sector cada vez más productivo, innovador, sostenible y próspero", señaló el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros Germán Bahamón.Colombia produce cerca de 13 millones de sacos de café al año y unas 549.000 familias viven de este cultivo en el país.
La Fiscalía General de la Nación reprogramó la diligencia de indagatoria del expresidente Álvaro Uribe Vélez dentro de la investigación relacionada con las masacres de La Granja, El Aro y el homicidio de Jesús María Valle. La audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 24 de julio, se realizará ahora los días martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto de 2026.La reprogramación se conoce en medio de varios pronunciamientos alrededor del proceso judicial que enfrenta el exmandatario. La defensa del expresidente Uribe ha sostenido que hay solicitudes probatorias que, según afirma, aún no han sido practicadas, por lo que considera que avanzar con la diligencia de indagatoria sin esos elementos afectaría las garantías procesales.Al debate también se sumó un grupo de 38 juristas, que expresó públicamente su preocupación por las recientes decisiones adoptadas por la Fiscalía dentro de la investigación que involucra al expresidente Uribe.En un comunicado, los abogados hicieron un llamado para que las actuaciones judiciales se desarrollen con pleno respeto por las garantías constitucionales y procesales. En ese pronunciamiento solicitaron que el proceso avance con estricto respeto por “el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la contradicción y la igualdad de armas”.A este escenario se suma la decisión anunciada por el padre y el hermano del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve de no comparecer nuevamente a rendir declaración ante la Fiscalía dentro de esta investigación.La determinación fue comunicada mediante un escrito firmado por su abogado, Sergio Clavijo, quien explicó que Óscar Antonio Monsalve Correa y Óscar Hernán Monsalve Pineda ya habían declarado anteriormente dentro del proceso seguido contra el expresidente Uribe por los presuntos delitos de soborno a testigos y fraude procesal.En el comunicado, el defensor señaló “Mis representados comparecieron oportunamente ante la administración de justicia y rindieron de forma veraz su testimonio en el proceso penal adelantado ante el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Ahora, nuevamente han sido citados para rendir declaración en el marco de las actuaciones que adelanta la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia”.El abogado agregó que, tras evaluar lo ocurrido durante su anterior comparecencia, ambos decidieron “de manera libre, consciente, voluntaria e informada, no comparecer a rendir nueva declaración”.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, hizo un llamado a los miembros de la fuerza pública a respetar la línea de mando y acatar las órdenes del Gobierno nacional hasta el último día del actual mandato presidencial. "Quiero ser muy enfático en esto, recuerden quién es la línea de mando que está hasta el 6 de agosto. Ellos son nuestros comandantes, y las órdenes que ellos emitan son las que se cumplen", afirmó.Las declaraciones se dieron en medio de la rendición de cuentas de la cartera, donde también reiteró el compromiso de la fuerza pública con el respeto al orden constitucional y con garantizar una transición de Gobierno segura, tranquila y en completa normalidad para todos los colombianos.Sánchez aseguró, además, que el sector Defensa respetará las decisiones de las autoridades electorales y acompañará el proceso de cambio de gobierno. "El presidente actual es el presidente de todos los colombianos hasta el día 6 de agosto de 2026, y a partir de allá será un nuevo presidente", señaló.El ministro concluyó que la fuerza pública responde a las instituciones y no a personas en particular, por lo que aseguró que se debe mantener el mismo compromiso con el presidente electo que asumirá el cargo tras la posesión del próximo 7 de agosto.