Polémica se ha generado por las más de 7.000 vacunas de Pfizer que habrían perdido la cadena de frío en Cundinamarca y, por ende, no se han podido aplicar. Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, hizo un seguimiento a este caso, que se remonta a inicios de mayo, con el fin de saber qué paso para no haber utilizado estas dosis.
Y es que hay ciertos hechos que permitirían salvar estas dosis, más aún después de que el Ministerio de Salud, soportado en un concepto del Invima, diera la orden de desechar estas vacunas.
Según Wilson Flores, diputado de Cundinamarca, en primer lugar, “no hay evidencia científica que permita determinar que esas vacunas se perdieron y no se puedan utilizar”.
Flores, además, señaló que uno de los dispositivos para medir las temperaturas de las dosis no estaba certificado y no era apto para ultracongelación, algo que el Ministerio de Salud no notó al momento de notificar al Invima sobre el problema con las vacunas.
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Asimismo, lo más delicado es que, de acuerdo con su concepto, el Invima desestima la temperatura indicada por el datalogger, aparato que viene en cada caja de dosis y mide constantemente el nivel de congelación, lo que lleva a cuestionarse si esto a ocurrido con otras vacunas y cuántas se han desechado en el país por esa causa, teniendo en cuenta que es el único dispositivo técnicamente aceptado para este fin a nivel mundial.
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Por su parte, Gilberto Álvarez, secretario de Salud de Cundinamarca, afirmó que ellos se guiaron por el datalogger para determinar la temperatura de las vacunas porque así lo ordena el fabricante, en este caso Pfizer.
"Quien define el control exacto de la temperatura de las vacunas es el datalogger. Hemos estado pidiendo que revisen exhaustivamente esos equipos. Nosotros no nos estamos guiando por el dispositivo externo, sino por el datalogger”, indicó el secretario
Por esta razón, el diputado pidió que el Ministerio entregue las dosis afectadas directamente a Pfizer, para que sean ellos los que determinen si las vacunas se pueden utilizar o no.
BLU Radio contactó a la Contraloría y a la Procuraduría para que se revise el tema, por existir dos entidades nacionales comprometidas y un posible detrimento patrimonial.
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