Superintendencia de Vigilancia

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza nuevas inspecciones judiciales en Bogotá, esta vez en las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Estas diligencias fueron ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y hacen parte de la investigación abierta por el escándalo que involucra información encontrada en los dispositivos electrónicos incautados al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá.Las inspecciones se suman a las realizadas la semana pasada en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), también en Bogotá. En esas diligencias, los agentes del CTI buscaron documentación y registros relacionados con el general Juan Miguel Huertas, quien aparece mencionado en los audios extraídos de los computadores y memorias decomisados a Calarcá. En esas grabaciones, el oficial sería señalado de haberse reunido con emisarios de las disidencias para ofrecerles información sensible de inteligencia, seguridad y hasta la eventual creación de una empresa que permitiera a los miembros del grupo ilegal acceder a armas de manera legal.El general Huertas fue suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación mientras avanzan las investigaciones disciplinarias que buscan establecer si incurrió en alguna conducta que amerite sanción. Su nombre quedó vinculado a las pesquisas tras el decomiso, el 23 de julio de 2024, de computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos que portaban integrantes de las disidencias de las Farc en un retén militar en Antioquia, cuando transitaba la caravana en la que se movilizaba Calarcá.Las autoridades avanzan en varias líneas de investigación que apuntan a posibles actos de cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias; amenazas a la seguridad nacional; eventuales vínculos con financiación de campañas políticas; alianzas entre estructuras ilegales; y la creación de empresas de vigilancia al servicio de grupos criminales. Todos estos elementos han surgido del análisis técnico y forense de los dispositivos incautados, que ahora son pieza central para establecer el alcance de la infiltración de las disidencias y las responsabilidades institucionales que se deriven de este caso, revelados por el informe de Noticias Caracol.

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