El presidente Abelardo De La Espriella, por medio de su cuenta de X, confirmó que a algunas empresas de seguridad se les han cancelado las licencias en medio de investigaciones por presuntas irregularidades en el control de armas.“Maximus tiene la licencia cancelada. Para Blink, Lost Prevention y Atenas se han adoptado decisiones de cancelación pendientes de quedar en firme. OL Security Group–Servisecurity permanece suspendida y su cancelación está en trámite”, explicó De La Espriella.El mandatario también aseguró que el Gobierno avanza en investigaciones por presuntas alianzas de algunas empresas con bandas delincuenciales.“La Supervigilancia avanza contra empresas investigadas por conexiones con Los Costeños, el Clan Vega Daza e irregularidades en el control de armas”, dijo el presidente.El mandatario agregó que las empresas de seguridad no pueden convertirse en fachadas para cometer delitos.“Tan pronto se posesionó el superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, le di una orden clara: perseguir las fachadas que utilizan los delincuentes para armarse y protegerse”, dijo De La Espriella en su cuenta de X.Por otro lado, dijo que harán una revisión en todos los departamentos del país para determinar si se están cometiendo irregularidades con algunas de estas empresas.“¡Exijo controles rigurosos y esclarecer el destino de las armas faltantes! Quien tenga responsabilidades deberá responder ante la justicia, sea quien sea”, señaló el mandatario.
El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realiza nuevas inspecciones judiciales en Bogotá, esta vez en las sedes del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (Dccae) y de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Estas diligencias fueron ordenadas por un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia y hacen parte de la investigación abierta por el escándalo que involucra información encontrada en los dispositivos electrónicos incautados al frente 36 de las disidencias de las Farc, liderado por alias Calarcá.Las inspecciones se suman a las realizadas la semana pasada en las instalaciones de Indumil y en el Comando de Personal del Ejército (Coper), también en Bogotá. En esas diligencias, los agentes del CTI buscaron documentación y registros relacionados con el general Juan Miguel Huertas, quien aparece mencionado en los audios extraídos de los computadores y memorias decomisados a Calarcá. En esas grabaciones, el oficial sería señalado de haberse reunido con emisarios de las disidencias para ofrecerles información sensible de inteligencia, seguridad y hasta la eventual creación de una empresa que permitiera a los miembros del grupo ilegal acceder a armas de manera legal.El general Huertas fue suspendido por tres meses por la Procuraduría General de la Nación mientras avanzan las investigaciones disciplinarias que buscan establecer si incurrió en alguna conducta que amerite sanción. Su nombre quedó vinculado a las pesquisas tras el decomiso, el 23 de julio de 2024, de computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos que portaban integrantes de las disidencias de las Farc en un retén militar en Antioquia, cuando transitaba la caravana en la que se movilizaba Calarcá.Las autoridades avanzan en varias líneas de investigación que apuntan a posibles actos de cooptación de agentes de inteligencia y miembros del Ejército Nacional por parte de las disidencias; amenazas a la seguridad nacional; eventuales vínculos con financiación de campañas políticas; alianzas entre estructuras ilegales; y la creación de empresas de vigilancia al servicio de grupos criminales. Todos estos elementos han surgido del análisis técnico y forense de los dispositivos incautados, que ahora son pieza central para establecer el alcance de la infiltración de las disidencias y las responsabilidades institucionales que se deriven de este caso, revelados por el informe de Noticias Caracol.
La Superintendencia de Vigilancia de Seguridad Privada y la Aeronáutica Civil emitieron una circular que establece las reglas para el uso de drones en actividades de vigilancia privada. La medida busca unificar criterios y fijar un marco claro para la operación de estas aeronaves no tripuladas, cuyo uso ha crecido de forma acelerada en el sector.De acuerdo con la circular, las empresas solo podrán operar drones si cuentan con una licencia de funcionamiento vigente y con la autorización de medio tecnológico otorgada por la Supervigilancia. Además, deberán certificarse como explotadores UAS (Sistema de Aeronave no Tripulada) ante la Aerocivil y garantizar que tanto los equipos como los pilotos cumplan con los requisitos técnicos y de formación exigidos por la autoridad aeronáutica. Cada dron deberá ser registrado ante la Supervigilancia antes de entrar en operación.“Los drones sólo podrán emplearse para actividades de vigilancia y seguridad privada orientadas a la captura de imágenes o datos. Queda prohibido su uso para transporte de artículos, traslado de armas, manejo de mercancías peligrosas o cualquier actividad que no esté contemplada en la normativa aeronáutica”, explicó Miguel De la Hoz García, jefe de la Oficina Jurídica de la Supervigilancia.La circular también incluye un régimen de transición para facilitar la implementación, es decir que la norma vigente seguirá aplicándose según lo disponga la Aerocivil. Las empresas que no cuenten con certificación deberán iniciar los trámites, mientras que quienes ya la tengan deberán registrar formalmente sus equipos ante la Supervigilancia para continuar operando dentro del marco legal.Las entidades reiteraron la importancia de que todas las empresas del sector revisen la circular, verifiquen el cumplimiento de los requisitos y realicen los trámites necesarios para garantizar un uso seguro y responsable de esta tecnología.
En Colombia, la seguridad privada cumple un papel fundamental en los conjuntos residenciales, donde su objetivo principal es garantizar la tranquilidad de los habitantes y mantener el control de acceso en la propiedad horizontal. Sin embargo, el trabajo de los vigilantes está regulado por normas laborales y legales que deben respetarse tanto por las empresas de vigilancia como por las administraciones de los conjuntos.Uno de los temas que recientemente ha generado debate tiene que ver con los horarios y pagos del personal de seguridad. Con la nueva reforma laboral, los vigilantes recibirán un reconocimiento adicional por recargos nocturnos, dominicales y festivos, lo que representa una mejora en sus condiciones laborales y un avance para un gremio que desempeña un rol clave en la protección de los ciudadanos.Qué dice la ley sobre los trasteos y derechos de los residentesPese a estas mejoras, se han reportado casos en los que algunos residentes denuncian prácticas indebidas por parte de vigilantes, especialmente cuando impiden el retiro de pertenencias debido a deudas pendientes con la administración, acción que no está permitida por la ley.De acuerdo con la Ley 675 de 2001, que regula el régimen de propiedad horizontal en Colombia, los copropietarios están obligados a pagar las cuotas de administración, pero la mora en esos pagos no autoriza a la administración ni al personal de vigilancia a imponer sanciones que limiten los derechos de los residentes o su libre movilidad.En otras palabras, si un habitante desea realizar un trasteo o retirar sus pertenencias por cualquier motivo, el vigilante no puede impedirlo ni retener objetos personales, ya que estaría vulnerando derechos fundamentales del propietario o arrendatario. Además, la administración no tiene la facultad de ordenar dichas restricciones, por lo que hacerlo podría derivar en sanciones legales.El rol del personal de seguridad debe limitarse estrictamente a la vigilancia, el control de acceso y la protección de las instalaciones. No incluye acciones coercitivas relacionadas con deudas. Por ello, las administraciones deben abstenerse de promover estas prácticas y, en caso de mora, recurrir a mecanismos legales de cobro que no afecten la dignidad ni los derechos de los residentes.
En Colombia, los vigilantes tienen de su lado una ley que protege sus derechos laborales y, además, garantiza que las empresas de seguridad no puedan evadir ciertos pagos y responsabilidades. Se trata de la Ley 1920 del año 2018, conocida como la “Ley del Vigilante”, impulsada por el senador Luis Fernando Velasco con el propósito de mejorar las condiciones laborales del gremio y reconocer el trabajo de quienes prestan servicios de vigilancia y seguridad privada en el país.Desde que la norma entró en vigencia, significó un cambio importante para miles de trabajadores que por años sufrieron condiciones precarias. Además de establecer una jornada laboral y beneficios mínimos, la ley obliga a las empresas a contratar un seguro de vida colectivo, garantizando la protección del personal operativo las 24 horas del día.¿Qué deben pagar obligatoriamente las empresas a los vigilantes?Según el artículo 5 de la norma, cada empresa, cooperativa o departamento de seguridad privada está obligada a contratar cada año un seguro de vida colectivo que ampare a todo su personal. El seguro debe cubrirlos durante las 24 horas del día, sin importar si se encuentran o no en servicio.Las empresas no pueden evadir esta responsabilidad, ya que son ellas las que deben financiar completamente el seguro, sin descontarlo del salario del trabajador. Además, constituye un requisito obligatorio para obtener, mantener o renovar la licencia de funcionamiento ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.Es decir, la empresa que no cumpla con esta obligación no puede operar legalmente en el país. Por otro lado, la ley establece que el costo del seguro debe ser considerado como un gasto directo dentro de la estructura de costos que la Superintendencia emplea para fijar las tarifas mínimas del servicio de vigilancia. Con esta medida se evita que los empresarios aleguen falta de recursos o utilicen esa excusa para no pagar el seguro de sus empleados.Estas son las nuevas condiciones laborales para los vigilantesLa Ley del Vigilante también reguló aspectos clave en la jornada laboral, estableciendo un límite de ocho horas diarias y un máximo de 60 horas a la semana. Esta medida busca evitar la sobreexplotación que por años golpeó a este sector, en el que muchos trabajadores cumplían turnos extensos sin una remuneración justa.Otro de los objetivos de esta norma es promover la inclusión de mujeres y personas mayores de 45 años en el sector, así como fortalecer el profesionalismo de los trabajadores a través de programas académicos que permitan una formación técnica y tecnológica en seguridad.¿Qué deben hacer las empresas para conservar la licencia?El artículo 4 de la Ley 1920 también indica que las cooperativas especializadas en vigilancia deben adjuntar, al momento de solicitar su licencia, una copia del régimen de trabajo, previsión, seguridad social y compensaciones aprobado por el Ministerio de Trabajo. Es decir, la empresa debe demostrar que cumple con todas las normas laborales y de protección al trabajador.De no hacerlo, la Superintendencia de Vigilancia puede negar, suspender o revocar la licencia de funcionamiento, dejando a la empresa sin la posibilidad de prestar sus servicios en el país.
El superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada, Larry Álvarez, lanzó una alerta sobre el uso de empresas fachadas por parte de estructuras criminales para acceder a armas y camuflar sus operaciones ilegales.Según explicó el funcionario, integrantes de bandas delincuenciales se infiltran en compañías legalmente constituidas, lo que les permite operar bajo una aparente legalidad mientras fortalecen su accionar criminal. “Son situaciones que está viviendo el país. Esta Superintendencia está tomando decisiones frente a esto y pronto conocerán resultados”, aseguró Álvarez.El superintendente señaló que ya se tienen identificadas varias de estas empresas y que se implementará un control más riguroso en la vigilancia privada para evitar que sean utilizadas como plataformas de criminalidad. “El Estado está comprometido en el control y manejo de las armas. No vamos a permitir que sigan delinquiendo bajo esta modalidad”, puntualizó.Álvarez explicó que una de las estrategias será el control directo y más estricto sobre las empresas de vigilancia para verificar su operación, sus permisos y el personal vinculado, con el fin de frenar el uso ilegal de estos espacios por parte de organizaciones criminales.Finalmente, el funcionario recalcó que estas medidas buscan proteger la seguridad ciudadana y reforzar la confianza en el sector de la vigilancia privada, que en su mayoría cumple con la normatividad y presta un servicio legítimo al país.
El sector de la vigilancia y seguridad privada en Colombia, que genera más de 450 mil empleos directos y factura cerca de 14,8 billones de pesos al año, enfrenta serios obstáculos para operar debido a la falta de continuidad en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y las demoras en la expedición de permisos de armas. Así lo advirtió José Saavedra, presidente de ECOS, Empresas Colombianas de Seguridad.“En lo que va del actual gobierno hemos tenido cuatro superintendentes diferentes. Esto impide que existan planes, mesas de trabajo o continuidad en los programas, y genera un cuello de botella enorme para el sector, especialmente en lo relacionado con la compra de armas, que son herramientas esenciales para la labor de protección”, aseguró Saavedra.El dirigente gremial señaló que esta situación se vuelve aún más crítica en el contexto de la seguridad de líderes políticos y sociales, pues aunque la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha reforzado esquemas, las empresas que proveen el personal carecen de los permisos necesarios para dotar a sus equipos.Saavedra también rechazó declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien vinculó en el pasado a las compañías de vigilancia con estructuras paramilitares.“Nada más alejado de la realidad. Nosotros cuidamos colegios, universidades, centros comerciales y ciudadanos de bien. Llevamos más de 60 años prestando un servicio esencial para el país”, dijo.El gremio, compuesto por 927 empresas que cubren sectores como financiero, hidrocarburos, puertos, aeropuertos y conjuntos residenciales, asegura estar preparado para asumir nuevos retos, como la posible participación en la construcción y administración de cárceles para sindicados, con el fin de mitigar el hacinamiento en estaciones de policía y URI.En el Congreso Nacional de Seguridad Privada, que se desarrolla esta semana en Bucaramanga, los empresarios buscan dialogar con precandidatos presidenciales sobre el futuro del sector y plantear soluciones frente a la inestabilidad institucional y las reformas que afectan sus tarifas y costos laborales.“El país sigue creyendo en la seguridad privada. Estuvimos de pie en la pandemia, cuando muchos sectores tuvieron que cerrar, y seguimos aquí, las 24 horas del día, los 365 días del año. Lo que necesitamos son reglas claras y estabilidad para poder responder a las necesidades de los colombianos”, concluyó Saavedra.
Un nuevo choque entre el sector de la seguridad privada y el gobierno del presidente Gustavo Petro se desató tras las recientes declaraciones del mandatario, quien señaló la presencia de estructuras ilegales dentro de las empresas del gremio. Para Nicolás Botero, presidente ejecutivo de FedeSeguridad, estas afirmaciones caen como un “balde de agua fría”.“Hace dos semanas nos pronunciamos respaldando las investigaciones que el presidente pedía sobre la ilegalidad en nuestro sector. Nosotros representamos a un conjunto muy importante de empresas legales, cuya mayor petición es el cumplimiento de la ley. Hemos insistido en la necesidad de actualizar la regulación y fortalecer la Superintendencia de Vigilancia, que hoy está desbordada de trámites”, dijo Botero.Botero enfatizó que las empresas de seguridad privada llevan 30 años operando bajo normas desactualizadas, lo que ha generado vacíos y lagunas legales que facilitan la infiltración de estructuras criminales. Asegura además que han solicitado reiteradamente el fortalecimiento de la Superintendencia de Vigilancia, un órgano adscrito al Ministerio de Defensa, sin obtener respuesta efectiva.“Solo se benefician los criminales”Nicolás Botero fue enfático en señalar que la falta de control y actualización normativa termina favoreciendo a los delincuentes. “Solo se benefician los criminales, los ilegales y quienes abusan de la debilidad del Estado para controlar nuestro sector”.Asimismo, reconoció que hay casos en los que delincuentes han logrado infiltrarse en el sistema de seguridad privada y han utilizado credenciales y recursos estatales para operar con total impunidad. “Es decir, que utilicen también camionetas de la UNP, armas que entrega la unidad del Departamento de Control Comercio y Armas del Ejército. Estamos en un tradicional justos por pecadores”.El presidente de FedeSeguridad advirtió que la situación afecta la reputación de las empresas legales y pone en riesgo la vida de empresarios y trabajadores del sector, quienes cumplen con todas las normas laborales y legales.“Si hay mafiosos, ¿quién les entregó los permisos?”: FedeSeguridadBotero también cuestionó la responsabilidad del gobierno en la situación, asegurando que si hay criminales delinquiendo bajo la fachada de empresas de seguridad privada, fueron las mismas entidades estatales las que les entregaron los permisos. “Si el presidente está diciendo que aquí hay mafiosos, paramilitares y narcotraficantes con licencias, no está diciendo nada diferente a que fue la Superintendencia la que les otorgó esos permisos”, declaró.El líder gremial reiteró el respaldo del sector a las investigaciones contra la ilegalidad, pero pidió que no se estigmatice a las empresas que cumplen con la ley. “Invitamos al Gobierno a investigar, pero también a no generalizar. No se puede poner en riesgo la seguridad jurídica y la integridad de un sector que emplea a miles de colombianos y que trabaja por la protección de la ciudadanía”, concluyó Botero.
La empresa de seguridad privada Pretorian Security Ltda. rechazó este miércoles los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación que la vinculan a una red de empresas presuntamente involucradas en la emisión irregular de salvoconductos y credenciales para escoltas de cabecillas criminales. La compañía defendió la legalidad de sus procesos y subrayó su cumplimiento con la normatividad vigente.Pretorian Security enfatizó que las empresas de seguridad privada no tienen la facultad de expedir salvoconductos ni acreditar escoltas. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada es la única entidad con autoridad para otorgar certificaciones y permisos, lo que significa que el personal solo puede ser contratado tras su aval.La compañía explicó que los procesos de contratación incluyen la verificación de antecedentes judiciales, disciplinarios y administrativos a través de organismos como la Policía Nacional, la Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil. En este sentido, las empresas de seguridad confían en la información oficial proporcionada por dichas entidades para garantizar que sus contrataciones cumplen con la normativa vigente.Pretorian Security hizo un llamado a las autoridades para que realicen investigaciones diferenciadas y eviten generalizaciones que puedan afectar la reputación del sector de seguridad privada. La empresa reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y reafirmó su compromiso con la legalidad y la seguridad en Colombia.Las declaraciones de Pretorian Security surgen tras el anuncio de la Policía Nacional sobre la desarticulación de un holding criminal conformado por tres empresas de seguridad. Según las autoridades, estas compañías vinculaban falsos escoltas a cabecillas de grupos ilegales, dotándolos de permisos y salvoconductos obtenidos de manera fraudulenta.En el operativo fueron capturados tres representantes legales de las empresas implicadas, quienes enfrentarán cargos por concierto para delinquir agravado con fines de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. La Policía estableció que al menos 60 de los escoltas certificados irregularmente tenían antecedentes penales y, en algunos casos, nexos con organizaciones criminales.Ante esta situación, Pretorian Security insiste en la transparencia de sus procesos y en la importancia de que las investigaciones se lleven a cabo con precisión, sin afectar a empresas que operan dentro del marco legal
Prohibidos quedaron los patrullajes y cualquier tipo de operaciones de seguridad privada que sustituyan la labor de la Policía en Sincelejo, pues así lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a partir de una decisión que tomó la Supervigilancia sobre el frente de seguridad motorizado y armado que puso en operación el alcalde de la capital sucreña, Yahir Acuña.La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizó el pasado 21 de junio una visita extraordinaria de inspección a la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Vipers LTDA, la cual fue contratada por la Alcaldía de Sincelejo para supuestamente proteger colegios, obras de infraestructura y otros espacios que pertenecen o están bajo la administración municipal.En dicha visita, la Supervigilancia revisó la prestación del contrato suscrito entre el municipio de Sincelejo y la empresa mencionada, y a partir de allí ordenó “la suspensión inmediata de actividades de patrullaje y en general de todas aquellas que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional".Después de toda esta polémica, la Supervigilancia aprovechó para “reiterar el llamado tanto al sector de la vigilancia y seguridad privada como a los contratantes a tener en cuenta que la prestación de cualquier servicio de este tipo “debe ceñirse de manera estricta a lo dispuesto en el Decreto Ley 356 de 1994 – Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
Descubra las entrevistas y reflexiones que marcaron una nueva edición de Encuentros Blu, este domingo, 8 de noviembre de 2026.Kathe Loaiza, embajadora de sostenibilidad y líder latinoamericana de la campaña mundial Salvemos el Suelo, habló sobre las acciones que se adelantan en Colombia y México para combatir la degradación de la tierra. Durante la conversación, explicó la importancia de recuperar el contenido orgánico del suelo, las jornadas de siembra de árboles y las capacitaciones dirigidas a agricultores y comunidades. También se refirió a la participación de empresas y gobiernos en iniciativas de sostenibilidad y a la necesidad de impulsar prácticas que permitan proteger los ecosistemas.Lorena Landazábal, directora de la compañía Esquema, explicó por qué es importante contar con asesoría profesional al momento de remodelar una vivienda, especialmente los apartamentos de interés social. Durante la entrevista, señaló que una adecuación sin planificación puede generar sobrecostos, retrasos y dificultades para arrendar o vender un inmueble.Claudia Varón, presidenta de la Fundación Acción Familiar Alzheimer, compartió la experiencia que la llevó a trabajar con familias y cuidadores de personas diagnosticadas con esta enfermedad. También explicó cuáles son algunas señales de alerta que no deben confundirse con cambios normales del envejecimiento, la importancia de un diagnóstico temprano y las herramientas para acompañar a quienes viven con Alzheimer. Además, presentó un libro con estrategias prácticas para las familias y contó cómo la fundación ha orientado a cerca de 5.000 familias.Jenny Cabrejo, psicóloga y neuropsicóloga clínica, abordó las dificultades que enfrentan los profesionales de la salud mental en su relación con los pacientes. Explicó cómo la información que algunas personas encuentran en redes sociales puede generar ideas equivocadas sobre los diagnósticos y tratamientos, afectar la confianza en el criterio profesional y provocar situaciones de descalificación hacia quienes prestan la atención. También hizo un llamado a reconocer que los profesionales de la salud son seres humanos y necesitan respeto y comprensión.Escuche el programa completo acá:
El 11 de noviembre es una fecha que despierta el interés de quienes siguen la numerología y las prácticas espirituales, pues se relaciona con la renovación personal, la manifestación de deseos y la búsqueda de nuevas oportunidades. El llamado portal 11/11 es considerado un momento simbólico para dejar atrás situaciones que generan estancamiento, definir objetivos y enfocar la energía en proyectos relacionados con la abundancia y el bienestar.Por esta razón, algunas personas aprovechan la fecha para realizar rituales de manifestación, escribir sus propósitos y establecer intenciones para los próximos meses. Una de las prácticas más conocidas utiliza elementos como velas, canela y cuarzos, que tienen un significado particular dentro de estas creencias.¿Qué significa el ritual 11/11 y por qué se relaciona con la abundancia?Desde la perspectiva de la numerología, el número 11 es considerado un número maestro y se asocia con la intuición, la conexión espiritual, la iluminación y el crecimiento interior. Su repetición el 11 de noviembre da origen a lo que se conoce como portal 11/11, una fecha a la que se atribuye un significado especial dentro de las corrientes esotéricas.De acuerdo con estas interpretaciones, la coincidencia de los cuatro unos representa una oportunidad simbólica para revisar pensamientos, cerrar ciclos y plantear nuevos comienzos. También se relaciona con la capacidad de convertir las intenciones en objetivos concretos, especialmente en aspectos como la estabilidad económica, las relaciones personales y el desarrollo individual.En ese sentido, el portal se considera un momento propicio para establecer propósitos, identificar aquello que se desea cambiar y visualizar nuevas oportunidades. Sin embargo, estas interpretaciones hacen parte de las creencias numerológicas y no de fenómenos científicos comprobados.¿Qué elementos se necesitan para hacer el ritual del 11/11?Quienes desean aprovechar esta fecha mediante un ejercicio de manifestación pueden preparar algunos objetos que, dentro de las tradiciones espirituales, representan distintos propósitos:Vela blanca: simboliza la tranquilidad, la claridad mental y el comienzo de una nueva etapa.Papel y bolígrafo: permiten escribir los deseos, las metas y las intenciones que se quieren trabajar.Cuarzo transparente o amatista: se relacionan simbólicamente con la claridad, la concentración y el equilibrio emocional.Canela en polvo: tradicionalmente se asocia con la prosperidad, la abundancia y la apertura de caminos.Cerillos de madera: se utilizan para encender la vela durante la práctica.Paso a paso para hacer el ritual del 11/11Una de las prácticas sugeridas para esta fecha consiste en preparar un espacio tranquilo y dedicar unos minutos a establecer intenciones relacionadas con la prosperidad y la renovación personal.El procedimiento puede realizarse durante la mañana o a las 11:11, tanto del día como de la noche. Estos son los pasos:Preparar el espacio: ordenar y ventilar la habitación para contar con un ambiente tranquilo, sin distracciones.Escribir las intenciones: tomar una hoja en blanco y escribir tres deseos o propósitos. Se recomienda redactarlos en presente y con afirmaciones positivas, como si ya fueran parte de la vida cotidiana.Preparar la vela: colocar una pequeña cantidad de canela en polvo sobre una vela blanca, como símbolo de prosperidad y nuevos comienzos.Encender la vela: utilizar un cerillo de madera y concentrarse en los objetivos escritos, imaginando los pasos necesarios para alcanzarlos.Incorporar el cuarzo: doblar la hoja en cuatro partes y colocar encima el cuarzo transparente o la amatista, como representación de las intenciones planteadas.Al finalizar, la práctica invita a conservar los propósitos como un recordatorio de los cambios que se desean conseguir y de las acciones necesarias para avanzar hacia ellos.Es importante tener precaución con el uso de velas, pues deben permanecer sobre una superficie resistente al calor, lejos de materiales inflamables y bajo supervisión. No es necesario dejarlas consumir por completo.
La fecha 18 de la Liga BetPlay II dejó movimientos importantes en la pelea por ingresar a los cuadrangulares semifinales. Atlético Bucaramanga e Independiente Santa Fe aseguraron su presencia entre los ocho, mientras Millonarios deberá esperar hasta la última jornada para definir su futuro en el campeonato.¿Qué pasó en el partido entre Deportes Tolima y Millonarios?En el duelo disputado en el estadio Manuel Murillo Toro Millonarios comenzó en ventaja gracias a Juan Guillermo Cuadrado, quien abrió el marcador al minuto 7 con un cobro de tiro libre.Sin embargo, Deportes Tolima consiguió remontar el resultado en casa y sumó una victoria que dejó al conjunto capitalino sin la posibilidad de asegurar su clasificación en esta fecha. De esta manera, Millonarios tendrá que jugarse su cupo en la última jornada del todos contra todos ante Alianza Valledupar en el Campín. ¿Qué equipos aseguraron su clasificación a los cuadrangulares?Atlético Bucaramanga consiguió su boleto tras golear 4-0 a Jaguares de Córdoba en el estadio Jaraguay de Montería. El equipo local quedó condicionado desde los primeros minutos, luego de que el arquero Franklin Mosquera cometiera una falta que terminó en penalti y recibiera tarjeta roja.Independiente Santa Fe también aseguró su clasificación a los cuadrangulares semifinales después de golear 5-0 a su rival. El conjunto cardenal aprovechó que el equipo visitante se presentó con una nómina conformada mayoritariamente por juveniles, debido a la huelga de sus jugadores profesionales por una deuda de dos meses de salario.Con este resultado, el León puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas y confirmó su presencia en las finales de la Liga BetPlay II.La jornada también dejó los siguientes marcadores:Boyacá Chicó 2-1 Internacional de Bogotá.Fortaleza 0-3 Independiente Medellín.Once Caldas 1-0 Águilas Doradas.Atlético Nacional 4-3 Deportivo Pereira.América de Cali 0-0 Deportivo Cali.Alianza 1-2 Llaneros.La fecha 18 continuará este lunes 9 de noviembre con el partido entre Junior y Cúcuta Deportivo, programado para las 7:00 de la noche.Tabla de posiciones de la Liga BetPlay IIAtlético Nacional — 39 pts | DG: +20América — 36 pts | DG: +19Deportivo Cali — 34 pts | DG: +16Bucaramanga — 32 pts | DG: +13Santa Fe — 31 pts | DG: +10Medellín — 29 pts | DG: +3Millonarios — 27 pts | DG: +9Once Caldas — 27 pts | DG: +4Tolima — 26 pts | DG: +2Águilas Doradas — 25 pts | DG: +1Cúcuta — 24 pts | DG: -5Llaneros — 23 pts | DG: -3Internacional — 20 pts | DG: -3Boyacá Chicó — 19 pts | DG: -14Alianza — 18 pts | DG: -13Deportivo Pereira — 17 pts | DG: -10Junior — 16 pts | DG: -4Pasto — 15 pts | DG: -16Jaguares — 13 pts | DG: -18Fortaleza — 12 pts | DG: -11
León XIV inició este domingo 8 de noviembre una visita histórica a Argentina, la primera de un papa en casi 40 años, y en su primer discurso reclamó para este país justicia social y apoyo a la educación y la investigación, así como la necesidad de proteger a los jubilados y las personas discapacitadas, precisamente los sectores más afectados por la ‘motosierra’ de Javier Milei.“La economía debe estar al servicio de la persona, y no la persona al servicio de la economía", dijo el papa ante el propio Milei, quien escuchó sentado a su lado en el auditorio del antiguo Centro Cultural Kirchner (CCK), rebautizado como Palacio Libertad.Milei llegó a la Presidencia en diciembre de 2023 con la promesa de imponer equilibrio fiscal y reducir la inflación. Para ello, puso en marcha políticas públicas encaminadas a reducir el Estado, los programas sociales, las pensiones y la financiación de la educación y salud públicas. Lo que él mismo llamó, con orgullo, la “motosierra”.Desde entonces, han desaparecido 32.390 empresas y 465.811 empleos, se ha profundizado la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y los jubilados, se ha disparado la morosidad en los hogares hasta el 12,8 % y la tasa de desocupación ha llegado al 7,9%, según el Centro de Política Económica Argentina (CEPA), en su informe difundido este fin de semana bajo el título ‘La Argentina que recibe al papa’.En definitiva, la clase media argentina ha sido la más golpeada por las políticas de ajuste, que han impactado en programas de derechos humanos, mujeres, jubilados, educación, infancias y colectivos vulnerables, como las personas discapacitadas.El contundente discurso del pontífice puso precisamente el acento en esos aspectos: "Pienso de manera particular en las familias que llevan sobre sí el peso de la incertidumbre, en quienes buscan trabajo, en los ancianos que han contribuido durante años a construir la sociedad y en quienes, aún trabajando, tienen dificultades para cubrir las necesidades de su hogar".Y reclamó “especial atención en la enfermedad, la dependencia y la discapacidad", así como a “la medicina, la educación, la producción y la investigación”.Advertencia anterioresEl arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, quien ocupa el cargo que en su día tuvo el papa Francisco, antecesor de León XIV, ya había cuestionado al gobierno de Milei por la situación de los jubilados, que se manifiestan cada miércoles ante el Congreso y con frecuencia son reprimidos por la policía, y las personas discapacitadas.El llamado del papa a cuidar a las personas se completó con otro sobre la defensa de la tierra, en respuesta a la reforma de la ley de glaciares propuesta por el Gobierno argentino para que se puedan explotar recursos mineros en zonas aledañas a las masas de hielo."Argentina ha sido bendecida por Dios con una extraordinaria riqueza natural. Sus campos, sus reservas de agua, sus fuentes de energía, sus minerales y la diversidad de sus ecosistemas ofrecen amplias posibilidades de desarrollo", dijo el papa, al añadir "una ecología auténticamente humana sabe unir el cuidado de la creación al de las personas”.El papa León XIV llegó a Buenos Aires procedente de Uruguay, donde inició el viernes una gira sudamericana que también lo llevará a Perú, donde vivió y ejerció como sacerdote y obispo durante casi 20 años, la segunda patria del papa estadounidense.Estas primeras palabras del papa en Argentina, ante un Milei amilanado tras las derrotas electorales de sus aliados en Estados Unidos y Brasil, así como por la destitución y detención del ya expresidente de Paraguay Santiago Peña (por su responsabilidad en la quiebra del Ueno Bank), le han llevado a ofrecer un mensaje moderado el que ha resaltado la figura del papa Francisco como un “ser excepcional” y “el argentino más importante de la historia”.También defendió la fe católica tras haber abrazado el judaísmo en los últimos años, considerar a Israel un socio político fundamental y tras inaugurar recientemente un gran templo evangélico en Argentina.Milei recibió a León XIV a su llegada a Argentina y luego se reunieron en privado en la Casa Rosada durante 40 minutos. Entre medias, el pontífice rindió homenaje, con una ofrenda floral, al monumento de José de San Martín, prócer de la independencia sudamericana, y recibió las llaves de la ciudad de Buenos Aires.El papa presidirá mañana una misa que se espera multitudinaria en Buenos Aires, el martes viajará a la ciudad de Córdoba y el miércoles lo hará a Luján, donde se encuentra la basílica que acoge a la patrona de Argentina.
El presidente estadounidense, Donald Trump, reconoció que su política de deportaciones fue "demasiado dura" tras las elecciones de mitad de mandato del martes pasado en las que su partido perdió las mayorías del Congreso, según una entrevista con la cadena CBS publicada este domingo.El corresponsal del programa '60 Minutes' Ross Douthat preguntó a Trump, en la primera entrevista televisiva del mandatario tras las elecciones, si consideraba que su política de deportaciones fue demasiado lejos. "Pienso que fue demasiado dura. Pienso que quizá fue demasiado dura, sí", expresó el mandatario, según un fragmento de la entrevista que se transmite en su totalidad horas más tarde.Sus declaraciones se producen tras los comicios del martes, en los que los demócratas ganaron las mayorías de la Cámara de Representantes y el Senado en unas campañas en las que el rechazo a las redadas del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) motivó a votantes, en particular a electores latinos.A pesar de estos resultados y estas declaraciones, Trump nombró el viernes como nuevo jefe de su gabinete a Stephen Miller, un asesor considerado el artífice de la política antiinmigrante del Gobierno.Además, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, avisó que "las deportaciones continuarán" en una publicación en sus redes sociales un día después de las elecciones.