Prohibidos quedaron los patrullajes y cualquier tipo de operaciones de seguridad privada que sustituyan la labor de la Policía en Sincelejo, pues así lo anunció el ministro de Defensa, Iván Velásquez, a partir de una decisión que tomó la Supervigilancia sobre el frente de seguridad motorizado y armado que puso en operación el alcalde de la capital sucreña, Yahir Acuña.La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada realizó el pasado 21 de junio una visita extraordinaria de inspección a la empresa de Vigilancia y Seguridad Privada Vipers LTDA, la cual fue contratada por la Alcaldía de Sincelejo para supuestamente proteger colegios, obras de infraestructura y otros espacios que pertenecen o están bajo la administración municipal.En dicha visita, la Supervigilancia revisó la prestación del contrato suscrito entre el municipio de Sincelejo y la empresa mencionada, y a partir de allí ordenó “la suspensión inmediata de actividades de patrullaje y en general de todas aquellas que impliquen la conservación y restablecimiento del orden público, por tratarse de actividades exclusivamente reservadas a la fuerza pública en ejercicio de su misión constitucional".Después de toda esta polémica, la Supervigilancia aprovechó para “reiterar el llamado tanto al sector de la vigilancia y seguridad privada como a los contratantes a tener en cuenta que la prestación de cualquier servicio de este tipo “debe ceñirse de manera estricta a lo dispuesto en el Decreto Ley 356 de 1994 – Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada”.
Alfonso Manzur Arrieta, hasta ayer 7 de marzo, fue el responsable de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, pues dejó su cargo. El ministro de Defensa, Iván Velásquez, designó a Raúl Alfonso Gutiérrez Romero como superintendente de Vigilancia encargado en reemplazo de Manzur Arrieta.Alfonso Manzur, es un militar retirado de la Armada Nacional, con especialidad en Inteligencia Naval, y con una destacada carrera académica, ha sido una figura influyente en el ámbito de seguridad y defensa en Colombia. Manzur Arrieta es reconocido por ser el fundador y director general de "Veteranos por Colombia", una organización que ha tenido un papel activo en la defensa de los derechos de los veteranos de guerra.Manzur Arrieta desempeñaba este cargo desde septiembre de 2022 cuando el presidente Gustavo Petro lo nombró.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez aseguró que se debe revisar la reforma laboral, en especial para el sector público para revisar las desiguales condiciones de garantías laborales y protección sociales de las personas vinculadas a los contratos de prestación de servicios.“Las decisiones presentadas por parte del Gobierno nacional, en mi sentir, deben de manera muy pronta encontrar un punto de convergencia. Para nada le conviene al país un escenario de polarización”, indicó el contralor.Asimismo, Rodríguez dijo que desde la Contraloría ya se ha analizado las modificaciones propuestas al Código Sustantivo del Trabajo y otras normas sociales, que están orientadas a profundizar la conceptualización del trabajo digno y decente.El contralor indicó que esto debe hacerse solo por tres aspectos principales: la protección de los derechos individuales, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento de la protección y promoción del derecho de asociación sindicalA su vez, Rodríguez puntualizó que, por medio de esta reforma, se debe pretender garantizar la protección laboral y social a los trabajadores rurales y de plataformas.“Desde la Contraloría General de la República observamos la necesidad de fortalecer el Ministerio del Trabajo en su labor de vigilancia y control, para mejorar la garantía de derechos laborales”, indicó también el jefe del organismo de control.Esta entidad no cuenta, según el contralor, con suficientes inspectores de trabajo para lograr efectividad en la fiscalización de las regulaciones. Según el estándar de la OIT, Colombia debería contar con 1.966 inspectores, a la fecha tiene solo 904.El Contralor mencionó los resultados de las auditorías realizadas en las 3 últimas vigencias fiscales a recursos del Sector Trabajo por $255 billones. En 117 actuaciones de vigilancia y control fiscal desde 2020 hasta 2022, la Contraloría General ha establecido 167 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $87.353 millones.Le puede interesar: ¿Vuelven las vallas a los estadios?
En el artículo final de la reforma a la salud, que será discutido en el congreso el próximo 24 de abril, hay un artículo del proyecto que le otorga mayores atribuciones a la Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud).Con este artículo, el superintendente podría actuar con funciones de juez cuando a los usuarios se les niegue algún servicio o procedimiento que suponga riesgo para su salud. Además, este podría adelantar los procesos de liquidación judicial de las empresas que vigila así como intervenir en casos en los que socios y accionistas de las empresas de salud incurran en actos defraudatorios.El superintendente de Salud, Ulahy Beltrán, aseguró el Gobierno busca levantar el velo corporativo en esos casos en los que se evidenció fuga de recursos: "Ha sido cometido por los dueños de estas empresas que se han ido y que dejaron en muchos líos y dificultades a los prestadores de los servicios de salud”.“Estamos viendo el texto que pasa al Congreso: que la Superintendencia pueda ir detrás del levantamiento del velo corporativo, en especial de las EPS que se han llevado la plata y que no les han permitido a los usuarios beneficiarse de los derechos que tienen con los servicios derivados de los recursos públicos para su protección”, indicó Beltrán.De esta forma, la entidad podría sancionar a los responsables de parte de la crisis del sistema y no solo a las entidades.Le puede interesar: 'Cómo saber cuándo cambiar las llantas'
La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada reveló que Bucaramanga es la ciudad del país que presenta el mayor número de empresas de vigilancia que operan de manera ilegal prestando sus servicios a conjuntos residenciales y otro tipo de negocios. Según Alfonso Manzur Arrieta, superintendente de Vigilancia, este tipo de situaciones afecta directamente a los usuarios y a los guardias.“En esta visita de cinco días, evidenciamos 22 empresas de vigilancia y seguridad privada que no cumplen con los requisitos para prestar este servicio. Se le van a iniciar trámites e investigaciones a estas empresas y a los conjuntos residenciales que han contratado a estas empresas”, afirmó Manzur.Independiente de esa cifra de 22 empresas ilegales, en Bucaramanga hay 55 empresas de seguridad privada que trabajan dentro de la ley. Pero además de eso el superintendente aclaró que hay otro tema que les preocupa y es que los vigilantes terminen convertidos en recaudadores de dineros de los taxistas al cobrar por los servicios que llegan a los conjuntos residenciales, algo que Manzur calificó como ilegal.“Nosotros no podemos estimar un número de empresas ilegales en el país, pero digamos que, con este resultado, esta primera visita a nivel Bucaramanga, que nos deja 22 empresas informales, podemos estar hablando que el sector puede estar entre el 40% de una informalidad y esto tiene una línea concurrente con la ilegalidad”, resaltó Manzur.Otra de las observaciones que señaló Manzur fue la utilización de armas traumáticas por parte de una empresa que presta servicios de vigilancia en la capital de Santander, algo que también está prohibido.“Cabe destacar, por ejemplo, que en Bucaramanga encontramos en el conjunto residencial Alcalá, donde tienen un servicio de administración, conserjería, pero encontramos un arma traumática. Entonces, esto es un hecho grave porque no tienen licencia para aportes de armas, ni para prestar estos servicios y cuentan con armas. Esto para nosotros es muy grave porque puede tener una vinculación con el paramilitarismo en la ciudad”, aseguró el Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada de Colombia.Le puedo interesar:
El concejal de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, en medio de un debate de control político por la ola de inseguridad que vive la ciudad afirmó que "los bumangueses están en riesgo cada vez que hay eventos masivos".Señaló en Blu Radio que cuando se realizan conciertos, eventos deportivos y encuentros empresariales, los organizadores contratan es a la Policía Nacional y no a las empresas privadas de seguridad."Mientras los policías prestan servicios de seguridad en eventos privados, los delincuentes hacen de las suyas en diferentes sectores de Bucaramanga, porque están desprotegidos, por ese tema y otros existe una ausencia de liderazgo en el tema de seguridad en la ciudad", aseveró Jaime Andrés Beltrán.El concejal propuso que sean las empresas de seguridad privada las responsables de la seguridad de los eventos privados masivos como los megaconciertos, partidos de fútbol que se realizan en el estadio o en cualquier otro sitio de la ciudad."De esta manera se asegura el bienestar de los ciudadanos y no se descuida la seguridad en sectores que suelen ser neurálgicos, epicentros de episodios de violencia y delincuencia organizada. Cada organizador de evento privado debe velar por su seguridad y así no se dispone de la Policía para brindar ese servicio. No podemos descuidar la ciudadanía, más en las actuales circunstancias de inseguridad que vivimos, por eso es vital articular esfuerzos con las empresas privadas para que sean ellos quienes presten dicho servicio con su experiencia", manifestó el concejal.El superintendente de la Supervigilancia, Alfonso Manzur, señaló que actualmente en el país existen más de 450.000 vigilantes que trabajan en empresas de seguridad privada."Es momento de fortalecer los frentes de seguridad en la ciudad, contemplando la unión de esfuerzos de la comunidad, los administradores de conjuntos, la Policía y la seguridad privada. Es la única manera como podemos enfrentar la delincuencia y detener su operación criminal en Bucaramanga", manifestó el funcionario.Le puede interesar:
A raíz de los recientes accidentes de tránsito en la operación de rutas escolares, que en algunos casos han dejado varios niños muertos, crece en el país la preocupación por la seguridad en este tipo de transporte.Darío Hidalgo, experto en movilidad, habló en Sala de Prensa sobre los problemas de seguridad en las rutas escolares.“Desafortunadamente las instituciones de vigilancia de transporte y movilidad no existen o son muy débiles (...) La vigilancia tiene que estar acompañada de las instituciones educativas y los padres de familia”, indicó el experto.Según cifras de la SDM, en promedio, siete (7) rutas escolares son sancionadas diariamente por no cumplir con los requisitos estipulados en el Decreto 431 del 2017.Hidalgo habló de algunas medidas que se deberían tomar para minimizar los riesgos en estos vehículos.“Solicitar al colegio los contratos y exigir a la empresa transportadora que comparta la revisión técnico-mecánica del vehículo”, finalizó Hidalgo.Se debe tener en cuenta que los padres deben exigir a los conductores y a los colegios que la ruta o vehículo que le presta el servicio se encuentre autorizado. Esto podrá ser verificado en la página del RUNT con el documento de identidad del conductor y el número de la placa.
A través de emisarios, clientes como el Clan Úsuga y grupos narcotraficante y de extorsionistas de menor magnitud, contactan a sujetos como Rojas para poder transportar el dinero en vehículos oficiales y así pasar desapercibidos y no levantar sospecha ante las autoridades. (Lea también: Alcalde Char y gobernador Verano rechazan propuesta de negociación de Clan Úsuga) La labor de las personas contactadas es recoger el dinero, y movilizarlo hasta algunas de las caletas creadas por estas organizaciones en Cali, Bogotá o Medellín, para luego devolverlo a los responsables o a quien les ordenen. Las autoridades informaron que otros implicados en estas estructuras serán capturados en las últimas horas. El carro que era conducido por Luis Javier Rojas Morera permanece en los parqueaderos del búnker de la Fiscalía en Bogotá. Aclaraciones desde la Superintendencia de Vigilancia El superintendente de Vigilancia, Carlos Alfonso Mayorga, dijo este miércoles que el vehículo en el que fueron hallados los 614 millones de pesos y que estaba adscrito al Congreso de la República no era blindado y que por lo tanto no estaba bajo la competencia del organismo. “Este es un vehículo identificado con la placa OBH 651 no es un vehículo blindado y luego no estaba bajo la labor e incluso el permiso de esta superintendencia”, dijo. (Lea también: Hallazgo de $600 millones es diferente a la parapolítica: Luis Fernando Velasco) El funcionario aseguró que hasta el momento la Superintendencia de Vigilancia ha cancelado la licencia a 95 vehículos blindados.