Una multa de cinco salarios mínimos mensuales vigentes y arresto de tres días ordenó el Juzgado Doce Civil del Circuito de Bucaramanga contra el Gobernador de Santander, Juvenal Díaz, y la secretaria de Educación, María Paola Suárez Morales, por desacato a una tutela que ordenaba el traslado de una docente.En la contestación de la tutela la Gobernación de Santander advirtió que, “es jurídicamente imposible realizar un traslado de manera unilateral, al no existir convenio interadministratvo, dado que no se ha recibido respuesta de viabilidad por las Secretarías de Educación de Piedecuesta, Girón Floridablanca y Bucaramanga, municipios que cuentan con autonomía e independencia para manejar sus plantas globales docentes. Señaló, además, que no es la encargada de solicitar viabilidades de traslados a municipios certificados distintos al propio departamento".También indico que, “mediante oficios del 1° de diciembre de 2023, solicitó a las Secretarías de Educación de Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta y Girón la viabilidad para efectuar el traslado por salud de la docente Paola Andrea Naranjo Ardila, oficios que fueron reiterados el 2 de febrero de 2024”.Aun así, la decisión del juez fue la de ordenar el desacato y como consecuencia multa y sanción para los dos funcionarios.Hace una semana, en rueda de prensa, el gobernador de Santander, Juvenal Díaz, confirmó que hay en curso 243 demandas que han impuesto docentes en el departamento que ganaron el concurso y que no han sido nombrados.“Estos docentes ganaron el concurso en 2023 y la administración anterior no hizo los respectivos nombramientos, iniciamos el año con esta tarea y estamos realizando los nombramientos de 1.500 docentes. De ahí el problema de la falta de docentes en instituciones del departamento porque la mayoría eran profesores que estaban en unas sedes y ganaron el concurso para otro municipio”, señaló el mandatario.
La Corte Suprema de Justicia negó la tutela que interpuso el abogado Diego Cadena para declarar ilegales las interceptaciones al expresidente Uribe y al propio Cadena dentro del proceso por el escándalo de los falsos testigos. Con esta decisión, las interceptaciones serán consideradas pruebas legales.Dichas conversaciones entre el exmandatario y Cadena podrían ser tenidas en cuenta dentro del proceso contra el abogado por fraude procesal y soborno, debido a que la Corte Suprema las obtuvo por medio de una orden judicial.En la tutela que estudió el alto tribunal, Cadena aseguraba que se le violaron sus derechos al debido proceso y el acceso a la justicia, teniendo en cuenta que el Tribunal Superior de Bogotá en 2023 decretó la legalidad de las pruebas.Aunque el abogado Cadena manifestó que esos audios pertenecían al secreto profesional con su abogado, se terminaron convirtiendo en una prueba contra el expresidente, que hasta terminó con prisión domiciliaria en su contra.Sin embargo, tanto para el Tribunal como para la Corte, las interceptaciones no violaron ningún derecho de la Constitución, porque se obtuvieron de manera legal mediante una orden judicial.
Una tutela interpuesta por Yadir Antonio Torres Palacios fue la que logró que el concurso de méritos para elegir al personero distrital de Medellín se suspendiera.Según el documento de la Rama Judicial donde se notifica la medida, el concursante denunció irregularidades en la calificación de la prueba de conocimiento después de quedar excluido, por el puntaje obtenido, del proceso.Entre otras cosas, Torres Palacio asegura que no le calcularon 4 puntos del examen y que una de las preguntas debe ser eliminada por inconsistencias entre el enunciado y la hoja de respuestas.Por esta razón se ordenó al Concejo Distrital y al Politécnico Gran Colombiano a suspender provisionalmente el proceso y abstenerse de continuar con las siguientes fases del concurso, hasta tanto “se adopte una decisión definitiva sobre las acciones de tutela de la referencia, o si durante el trámite se allegue un medio de prueba que desvirtúe las consideraciones” expuestas “y que se consideran necesarias ante un eventual perjuicio para el accionante e incluso las propias etapas del concurso”.Le puede interesar:
Jaime de Jesús Berrío Mora está a menos de un mes de cumplir los 60 años de edad y comenzar el proceso para jubilarse, pero durante el último año solo se ha dedicado a un pleito legal en busca de ser reintegrado a su cargo, con todos los beneficios que conlleva. Historia como docente de instituciones públicas del departamento se remonta a más de 23 años de servicio en los que, además de enseñar, padeció grandes momentos de violencia que le dejaron secuelas de por vida.Mientras era docente en el corregimiento de Ochalí, en Yarumal, en el año 2003, el Frente 36 de las Farc detonó una bomba en la Institución mientras él estaba en el interior, producto de ello, perdió el 40% de su capacidad auditiva y es parcialmente discapacitado.Pero su último drama comenzó en diciembre de 2022 cuando le anunciaron que ya no seguiría siendo docente de la gobernación, todo a pesar de estar en régimen especial por su discapacidad, a poco más de un año de pensionarse y de haber trabajado como docente oficial desde hace más de 20 años.Ante ese anuncio Jaime de Jesús decidió interponer una tutela que falló a su favor y que obligaba a la Gobernación a volverlo a contratar hasta que se pensione; así lo contó a Blu Radio."Conociendo mi discapacidad, el derrame que tengo en la pierna y por dos veces el abogado yo les pedimos que me trasladara y no me trasladó, me mandan primero para Andes cuando vuelvo y pongo la orden de desacato me mandan para Puerto Berrío en primaria", cuenta Jaime de Jesús.Efectivamente en noviembre de este año el docente fue reasignado en una institución de Andes, pero luego trasladado a una en Puerto Berrío, municipio con un clima que lo afectaría médicamente por un derrame que tiene en una de sus piernas y en primaria, cuando su preparación y capacidad califica para secundaria y media."Coloco la tutela porque yo era prepensionado, tengo régimen especial por las enfermedades, entonces fuera de eso yo tuve que demandar también el desacato porque no me están pagando", añadió el docente. El fallo del desacato indica a la secretaria de Educación, Mónica Quiroz, y al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, a reintegrar a Jaime de Jesús en una institución educativa en un municipio donde no se afecte su salud, además de garantizar su empleo y prestaciones por el tiempo que estuvo por fuera y hasta el momento en que se pensione.Blu Radio consultó con la Secretaría de Educación de Antioquia el caso de este docente, pero hasta el momento no existe una respuesta. Le puede interesar:
En medio de la vacancia judicial para la mayoría de juzgados, tribunales y altas cortes por la temporada de fin de año quedan varios interrogantes sobre qué servicios seguirán funcionando en medio de ese periodo de descanso para los funcionarios judiciales.Durante la vacancia sólo prestarán sus servicios la Jurisdicción Especial para la Paz, los juzgados promiscuos de familia, los juzgados penales municipales, los juzgados de ejecución de penas y medidas de seguridad.Para quienes necesiten interponer una tutela, se puede radicar o tramitar por procesojudicial.ramajudicial.gov.co/TutelaEnLinea para que por reparto se asigne al juzgado que queda trabajando durante esta época de fin de año o los turnos que designen los tribunales.En cuanto a la suspensión de términos procesales en entidades con asuntos jurisdiccionales, la vacancia judicial cobija a la Superindustria, la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Se debe tener en cuenta que la Supersociedad suspenderá términos entre el 23 de diciembre hasta el 14 de enero del próximo año.Le puede interesar:
Recientemente el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, fue aceptado por la JEP, tras algunas diligencias tanto públicas como reservadas en las cuales se refirió a las presuntas alianzas entre empresarios, militares y políticos con las Autodefensas. Posteriormente se conoció que en su audiencia reservada Mancuso vinculó al expresidente Álvaro Uribe Vélez con el homicidio del defensor de derechos humanos Jesús María Valle y la masacre del Aro.Teniendo en cuenta que Mancuso había pedido que esta información fuera reserva interpuso una tutela ante la JEP para que se le protegieran sus derechos a la vida, al debido proceso y a la integridad personal, pero además el exjefe paramilitar denunció amenazas desde que empezó su proceso de aporte a la verdad en la JEP."Finalmente, expuso que, el 11 de septiembre del año en curso, solicitó medidas de seguridad y protección ante la Sub sala Especial E de la Sdsj y el Grupo de Protección a Víctimas, Testigos y demás Intervinientes de la UIA, en favor suyo, de su equipo de defensa y de su familia, debido a las amenazas de las que han sido víctimas como consecuencia de su participación en la JEP. Sin embargo, aseveró que, a la fecha, no ha obtenido respuesta a dicha solicitud" señaló la JEP en su decisión.Por otro lado, se le pidió a la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas que explique cuáles fueron las medidas que se tomaron para garantizar la reserva de la información, también si hubo alguna acción que se hubiera tomado después de que se filtrara la audiencia reservada y si conocieron sobre la solicitud de medidas de protección que hizo el exjefe paramilitar."Esta magistratura encuentra procedente ordenar la implementación inmediata de la medida provisional señalada en precedencia, que deberá mantenerse vigente hasta que se profiera el respectivo fallo de tutela, salvo que esta magistratura determine lo contrario. Así mismo, su cumplimiento deberá ser acreditado inmediatamente por la Sdsj, remitiendo a este despacho las constancias a que hubiere lugar" señala en la decisión la magistrada Gloria Amparo Rodríguez.Le puede interesar:
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó sin efectos la medida cautelar que había ordenado el juzgado 35 contra el corredor verde de la carrera séptima con lo cual la Administración Distrital podrá seguir adelante con la licitación del proyecto.Ante esta decisión, la alcaldesa Claudia López y el Consorcio Vial del Norte; presentaron tutelas de forma independiente, que terminaron siendo respaldadas por el Tribunal Administrativo.En primer lugar se ordena “amparar los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa de los accionantes, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.Y se deja entonces “sin efectos la providencia del 25 de octubre de 2023, mediante la cual se decretó la medida cautelar para que en su lugar, dentro del término de dos (2) dias, el Juzgado 35 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, profiera una nueva decisión con observancia de las consideraciones”.Pero el Tribunal va más allá y reprocha la decisión de fondo del juzgado, cuando exigió suspender el proceso “hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo”.Dice el Tribunal Administrativo que dicha orden implica una clara intromisión o invasión en las competencias del propio Concejo Distrital y de la Alcaldía Mayor de Bogotá.Le puede interesar:
Una nueva polémica se desató alrededor de la elección del nuevo registrador nacional, después de que se conociera un informe técnico firmado por Mary Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, donde desmentía la versión de las altas cortes sobre la supuesta falla en el sistema que obligó a suspender y reprogramar la prueba para elegir al próximo registrador nacional del Estado Civil.La escuela Lara Bonilla aseguró en el documento que el 26 de agosto de 2023, día que se realizó la prueba, se hizo un monitoreo constaste a las URL aprobadas por el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia para hacer el examen y se evidenció “normalidad en el flujo de paquetes de datos”.“De conformidad con lo expuesto, se puede evidenciar, con sustento en el seguimiento que se le hizo a la red, que los equipos de cómputo no presentaron ningún inconveniente, al momento de la presentación de las pruebas”, dice el informe.Dicho documento enviado a las cortes, se dio en medio de una tutela que presentó Lennart Castro, uno de los aspirantes al cargo, contra los organizadores del concurso de mérito para elegir al próximo registrador racional.La tutela argumenta que habría aspirantes inhabilitados, falta de documentación e inconsistencias en la prueba de conocimiento para reemplazar a Alexander Vega, y solicitan que se publiquen los resultados de la evaluación de la etapa clasificatoria conforme a las “reglas del concurso y en orden estrictamente descendente”..Lo grave de este diagnóstico es que iría en contra del comunicado que presentaron los presidentes de las altas cortes a finales de agosto donde informaron que “en cumplimiento del cronograma previamente establecido, fueron convocados y reunidos los aspirantes hábiles dentro del proceso de escogencia del registrador nacional del Estado Civil para la presentación de las pruebas de conocimiento y de competencias”“En el curso de la primera de estas se presentó una falla en el sistema que obligó, por motivos de transparencia y de respeto debido a la igualdad, al aplazamiento de su ejecución”, agregaronEl informe presentado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla detalla que los delegados de las Cortes, media hora después del arranque de las pruebas, decidieron “reiniciarlas y dispusieron la salida temporal de los participantes de las aulas. Minutos después, solicitaron a los participantes regresar a los salones, donde les fue informado que se suspendían las pruebas por problemas técnicos en la aplicación web prevista para el proceso y que se reprogramarían posteriormente, a través de una adenda al cronograma”.Informe secretarial:Lea también:Le puede interesar:
La Alcaldía de Bogotá y las tres empresas oferentes del megaproyecto del Corredor Verde de la carrera Séptima interpondrán una acción de tutela ante la decisión de un juez de suspender el proyecto.“En defensa a los derechos de los bogotanos, de los empresarios y de la Alcaldía, hemos decidido interponer una tutela en defensa de los derechos y el debido proceso”, manifestó López.“Siempre he tenido el temor de que por no entregar el corredor verde, el gobierno se pegue a eso para tumbar el Metro. Yo prefiero no dejar ninguna rendija o excusa abierta para que el presidente pare el metro”, explicó la alcaldesa en una rueda de prensa. El proyecto del Corredor Verde tramo 3 plantea desde la calle 93A a la calle 200 el diseño integral del corredor con una longitud aproximada de 12.5 km.“No es función de la Rama Judicial decidir los diseños de infraestructura de un proyecto, le corresponde a la Ejecutiva, por eso somos electos. Tenemos a un juez de la República que ha usurpado funciones que no les corresponden”, manifestó la alcaldesa.IDU abre nuevamente la licitación para los lotes 3 y 4 de la nueva Calle 13La alcaldesa Claudia López también anunció que las empresas interesadas en participar en esta megaobra, tendrán plazo para presentarse hasta el 30 de noviembre próximo.El IDU realizó varias reuniones para escuchar a las empresas interesadas en el proyecto. Durante este proceso se recogieron inquietudes y observaciones que permitieran abrir hoy una nueva licitación para estos tramos de la nueva Calle 13.Para el Distrito, este es uno de los proyectos estratégicos que aportará una solución a la conectividad de Bogotá Región.Los tramos uno y dos están adjudicados y en etapa preliminar a la construcción.Le puede interesar:
Con una acción de tutela interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Rodolfo Hernández, busca reactivar su candidatura a la Gobernación de Santander que fue revocada por el Consejo Nacional Electoral por tener tres sanciones disciplinarias en la Procuraduría entre los años 2019 y 2023. En ese sentido la Acción de Tutela argumenta violación al derecho a la igualdad entre otros.“Se declare la prosperidad de la presente acción de tutela y, en consecuencia, dejar sin efectos la eventual revocatoria de inscripción de la candidatura a la Gobernación de Santander en contra de Rodolfo Hernández Suárez, dentro del proceso CNE-E-DG-2023-024075 que cursa ante el Consejo Nacional Electoral”, dice la acción de tutela.Esta es la tutela de Rodolfo Hernández:Camilo Larios, uno de los abogados de Rodolfo Hernández explicó que: “Vamos a buscar un recurso de reposición para agotar la vía gubernativa y una acción de tutela porque sabemos que esto es un derecho fundamental que no puede ser vulnerado por una autoridad administrativa, ya el Consejo de Estado y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido enfáticos en decir que la Procuraduría no puede limitar derechos políticos, sin embargo, basados en esa sanción impuesta en el Procuraduría el Consejo Nacional Electoral ha tomado una decisión que ha sido muy debatida y se logra afectar los derechos del ingeniero”.“En consecuencia, de la prosperidad de las pretensiones, se garantice el pleno ejercicio de los derechos fundamentales de mi cliente, especialmente los de elegir y ser elegido, y se ordene la inmediata y efectiva restitución del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez como candidato inscrito a la Gobernación de Santander para el periodo 2024-2027”, dice otra de las peticiones de la Acción de Tutela.A través de sus redes sociales Hernández escribió: “Usaré los medios legales que tengo como ciudadano para seguir firme contra la politiquería y los corruptos que se tomaron el sistema, porque esta decisión de revocatoria fue eso, politiquera: magistrados que están a la orden de partidos contra los que he luchado desde que empecé, instituciones como la Procuraduría maniatadas por clanes sirviendo a merced para asesinar políticamente a sus contenedores”.
El rector de la Universidad Pedagógica, Helberth Choachí, recibió recientemente el lote del Castillo Marroquín y toda la hacienda legendaria que lo rodea en el norte de Bogotá. En diálogo con Mañanas Blu, con Néstor Morales, explicó cómo será esta adquisición y cómo aprovecharán ese nuevo espacio para la institución.La Universidad Pedagógica es reconocida por ser la única universidad en Colombia que se dedica también a la formación de maestros, según detalló el rector. Sin embargo, la falta de infraestructura ha sido un desafío que han enfrentado durante años. Es por eso que este proyecto de adquirir el Castillo Marroquín y sus terrenos se convierte en una oportunidad para fortalecer la universidad y brindar un mejor ambiente de aprendizaje.Recordó que desde hace tiempo venían adelantando gestiones con la Sociedad de Activos Especiales (SAE) para poder concretar la entrega de los terrenos, que compone cerca de 33 hectáreas, según dijo. Además, aseguró que las negociaciones que hoy se resolvieron en un momento “quedaron suspendidas” en las anteriores administraciones.“Venimos desde hace un tiempo adelantando gestiones con la Sociedad de Activos Especiales para poder fortalecer la infraestructura de la Universidad Pedagógica Nacional. La universidad tiene la característica única de ser la única uniprofesional en el país, es decir, que formamos maestros y maestras en Colombia; dentro de sus antecedentes en el déficit de infraestructura que tiene la universidad se venían adelantando varias gestiones en las anteriores administraciones que quedaron suspendidas y en reuniones permanentes que sostuvimos con la SAE, logramos no solo que se contemplara para la entrega del complejo Castillo Marroquní, que compone cerca de 33 hectáreas”, describió.Precisamente, añadió, ahora están trabajando para organizar en términos académicos y administrativos, “cuál va a ser la proyección en el marco de la estructuración de un plan maestro de planta física”.En cuanto a las sedes de la Universidad Pedagógica, además de la sede principal en la calle72, el rector menciona que actualmente cuentan con ocho instalaciones en la ciudad de Bogotá. Entre ellas se encuentran sedes en el Parque Nacional, El Nogal y Val María, esta última siendo un predio de cerca de treinta y tres hectáreas donde se concentra la facultad de educación física.El Profesor Choachí destacó que el objetivo principal de esta adquisición es fortalecer la infraestructura de la universidad y brindar un mejor ambiente de aprendizaje a los estudiantes. Aunque aún se encuentran en las primeras etapas de planificación, se espera que el Castillo Marroquín albergue diversos proyectos académicos y culturales que contribuyan al crecimiento y desarrollo de la universidad.Vea la entrevista completa en Mañanas Blu, con Néstor Morales:
Un juez de control de garantías en el Tolima envió a la cárcel al extranjero Johan José Castellano Hernández, alias ‘Johan’, quien estaría involucrado en el homicidio de las hermanas Laura Camila y Ángela Lorena Gómez Guerrero, de 23 y 13 años respectivamente.La medida de aseguramiento contra Castellano Hernández se hará efectiva tan pronto el imputado recobre la libertad por otro proceso que se adelanta en su contra por porte de armas de fuego tras ser capturado en flagrancia en El Espinal, Tolima.De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 8 de abril en la vereda El Tuno de dicho municipio, donde, al parecer, este hombre, en compañía de Ismael Eduardo Acosta González alias ‘Pico Loro’, les dispararon a las víctimas con el propósito de húrtales la motocicleta en la que se movilizaban y sus pertenencias.El angustiante mensaje que hermanas asesinadas en El Guamo, Tolima, le enviaron a su mamáEl ente investigador le imputó los delitos de homicidio, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado, agravados, y destrucción y alteración de elemento material probatorio. Castellano Hernández no se allanó a los cargos.La historiaEn la madrugada del pasado 8 de abril, en una finca de la vereda Pringamosal El Tuno, en el antejardín de una casa donde, al parecer se dedican a la brujería y el satanismo, fueron halladas sin vida las hermanas Laura Camila, de 23 años, y Ángela Lorena Gómez Guerrero, de 13, asesinadas con un tiro de gracia. Laura Camila, madre de una niña de 5 años, y Ángela Lorena, estudiante del colegio Caldas en la jornada de la tarde, de la localidad.Blu Radio, para el momento de los hechos, dialogó con Gloria Guerrero, madre de las víctimas, quien aseguró que sus hijas se comunicaron con ella vía WhatsApp, pero solo vio el mensaje hasta el amanecer del día martes 9 de abril.“Ellas me enviaron un mensaje donde pedían ayuda, pero la verdad en ese momento estaba durmiendo y el mensaje lo vi a las 6:00 de la mañana. Me decían: mamá, nos tienen secuestradas, por favor, traigan a la Policía que tenemos ocho, nos dejaron, estamos solas y afuera hay unos hombres. Tenemos mucho miedo'”, contó.Según versiones de personas que llegaron hasta el sitio donde fueron hallaron los cuerpos de Laura Camila y Ángela Lorena, las hermanas se encontraban sentadas en la misma posición, como si fuera un ritual, y tendrían señales de posible tortura. Frente a estas afirmaciones, Gloria, apuntó: “Ellas estaban sentadas en una mecedora y pues estaban un poco maltratadas, golpeadas. La verdad, no estuve muy cerca de ellas, solo las vi sentadas, y fallecieron de tiros en la cabeza”.En medio de un multitudinario desfile con asistencia de miles de personas fueron sepultadas las hermanas y las investigaciones continuaban.Las capturasPara el 26 de abril, en conferencia de prensa, el coronel Libardo Fabio Ojeda Eraso, comandante del Departamento de Policía Tolima, anunció las capturas de los hombres vinculados con el doble homicidio de las hermanas Gómez.“Fueron más de 300 horas de videos que revisamos para identificar a alias ‘Johan’, cuñado de una de las occisas, quien fue capturado en el municipio de la ciudad del Espinal”, dijo el comandante.Recordemos que en ese momento Johan José Castellano Hernández, alias ‘Johan’, fue capturado por el delito de porte de armas de fuego tras ser capturado en flagrancia y luego vinculado al proceso del doble homicidio de Laura Camila y Ángela Lorena Gómez Guerrero. Castellano Hernández permanece detenido en la cárcel de El Espinal.“Sobre la 10:08 de la noche, gracias a labores de inteligencia y policía judicial que permitieron que los uniformados llegaran hasta vía pública del barrio Aures, localidad suba de la ciudad de Bogotá D.C, lugar donde lograron la materialización y captura de un individuo conocido como ‘Loro o Pico Loro’ de 32 años, a quien le figuraba una orden de captura vigente, emanada por el juzgado N°2 promiscuo municipal con función de control de garantías del Guamo, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado”, agregó.Ismael Eduardo Acosta González, alias ‘Pico Loro’, fue dejado en su momento a disposición de la Fiscalía N°52 seccional de vida de Ibagué, por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado."Este delincuente había salido el pasado 4 de abril de la cárcel Picaleña, de Ibagué, por vencimiento de términos y tres días después asesinó con arma de fuego a las hermanas Gómez, a las que sorprendió y atacó a tiros en su casa del municipio de Guamo”, dijo el comandante de la Policía del Tolima, El coronel Fabio Ojeda.Ismael Eduardo Acosta González, alias ‘Pico Loro’, judicializado como presunto responsable del homicidio de dos hermanas en El Guamo – Tolima, después de audiencia virtual fue enviado con medida de aseguramiento en centro penitenciario y carcelario. Acosta González permanece detenido en la cárcel de El Guamo.Es de resaltar que alias ‘Pico Loro’ cuenta con anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, feminicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, fuga de presos, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y hurto.Además, Ismael Eduardo Acosta González, alias ‘Pico Loro’, habría pertenecido a las bandas conocidas como ‘Los Legendarios’ y ‘Los Penagos’, dedicadas a la hechicería y la santería en los municipios de Ibagué, El Espinal, Guamo y Saldaña.
El pasado 13 de mayo, OpenAI presentó ChatGPT-4o, la versión mejorada de su inteligencia artificial, que desde su lanzamiento ha causado sensación.Esta nueva versión, que será gratuita, se caracteriza por ser más rápida y contar con nuevas funciones, como el asistente personal. Ahora, a través de la cámara, los usuarios podrán interactuar con ella como si estuvieran hablando con un humano.La jefa tecnológica, Mira Murati, en una sesión abierta y retransmitida por internet, mencionó que esta versión de la herramienta "mejora sus capacidades en texto, visión y audio", y supone un "gran paso adelante" en su facilidad de uso.El máximo ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, destacó en la red social X que GPT-4o, el modelo en el que se basa, es el mejor hasta la fecha, "multimodal".La presentación en vivo incluyó varias demostraciones de las capacidades del 'chatbot', que utilizaba una voz femenina y recordaba en cierto modo a la película 'Her', de Spike Jonze, sobre un humano que se enamora de una IA.La procesión que podría estar en riesgoEste nuevo modelo podría llegar a reemplazar algunas profesiones, como se mencionó en Mañanas Blu con Néstor Morales, como la de los traductores, ya que GPT-4o tiene la capacidad de traducir simultáneamente una conversación.Cabe recordar que ya existen otras inteligencias artificiales que cuentan con esta función de traducción simultánea, como Galaxy AI.El uso de la inteligencia artificial en el trabajo aumentó, según Microsoft y LinkedInProfesión que no desaparecería, según Sam AltmanEn 2023, Altman indicó que su modelo de inteligencia artificial no sería capaz de reemplazar a las profesiones en el campo de la educación, pues a pesar de los avances y de la implementación de estas herramientas en las aulas de clase, las personas seguirán prefiriendo la interacción humana.Escuche el informe y el debate completo aquí:
Fue en octubre de 2023 cuando el Tribunal Superior de Bogotá condenó y expidió una orden de captura en contra de Reinaldo Huertas, exjuez sexto civil de Bogotá, quien recibió según lo determinó la justicia, $700 millones de pesos del corrupto empresario Carlos Mattos dentro del llamado caso Hyundai.Todo comenzó cuando Huertas era juez sexto y Carlos Mattos intentó sobornar a varios funcionarios judiciales para asegurarse el control de la representación de la marca Hyundai en Colombia a través de sus decisiones. Por esto, el Tribunal lo halló culpable de los delitos de utilización ilícita de redes de comunicaciones, acceso abusivo a un sistema informático y daño informático en calidad de instigador.Este caso vuelve a ser noticia, luego de que la Corte Suprema de Justicia, confirmara la condena en contra de Reinaldo Huertas.Caso Hyundai: se entregó exjuez Reinaldo Huertas por recibir dinero de Carlos Mattos“Este caso es la manifestación de un reprochable fenómeno de corrupción en el que un poder económico con intereses ilícitos intentó apropiarse del servicio público de administrar justicia, en donde distintos servidores del Estado vendieron sus funciones y conocimientos a cambio de dinero, desconociendo elementales compromisos éticos, personales y con la comunidad”, expresa el documento.Así las cosas, la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, sentenció a Reinaldo Huertas a 9 años de prisión, el pago de 414.71 salarios mensuales legales vigentes e inhabilidad de 11 años de sus funciones, condena que ratifica la Corte Suprema dejando claro que contra esta decisión no procede recurso alguno.
La defensa de la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano presentó ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación en búsqueda de anular la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que aumentó su condena a 13 años y 7 meses por haber colaborado en el escape cinematográfico que protagonizó su madre la excongresista Aida Merlano desde un consultorio odontológico en el norte de Bogotá.Un juzgado ya había decidido en primera instancia una condena de 7 años. En ese momento los delitos que le fueron señalados a la influencer fue el de instrumentalización a menor edad. Aida Victoria Merlano cuenta que desistió de comprar casa y puso en venta dos carros tras condenaSegún las pruebas recopiladas durante la investigación por la Fiscalía, Merlano Manzaneda habría utilizado a su hermano menor que en ese momento tenía 17 años para que este ingresara una maleta al consultorio médico con los implementos que permitieron el escape de la exparlamentaria que permanecería escondida varios meses en Venezuela hasta su regreso al país en 2023.“Me dirijo a ustedes con la finalidad de sustentar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del 21 de marzo de 2024, mediante la cual el tribunal superior de Bogotá modificó la sentencia de primera instancia del 13 de septiembre de 2022 proferida por el juzgado 20 penal del circuito con función de conocimiento de Bogotá y condenó a la señora Aida Victoria Merlano Manzaneda como coautora del delito de uso de menores de edad para la comisión de delitos”, dice el documento firmado por Miguel Ángel del Río. Esta será el último recurso que tendrá el abogado Miguel Ángel del Rio para demostrar la inocencia de su cliente ante la justicia colombiana.