En el Atlántico, Camacol pidió al Invías la suspensión definitiva del cobro de valorización de la Vía al mar que comunica a Barranquilla y Cartagena. Señala la agremiación que, con ese cobro que viene desde el Gobierno anterior, se está atropellando a la Región, y aún falta la construcción de 60 kilómetros de la doble calzada que comunica a las dos capitales.En una carta dirigida al director del Invías, Juan Camilo Ostos, Camacol en el Atlántico hizo la solicitud para suspender definitivamente el cobro de Valorización sobre la carretera Cartagena–Barranquilla-Circunvalar de la Prosperidad, comúnmente conocida como la Vía al mar.Afirma Jorge Segebre, presidente de la junta directiva de Camacol, que es un atropello el que se quiere cometer con el Caribe desde el gobierno anterior con el cobro de la valorización desde la calle 82 en Barranquilla hasta la entrada de Cartagena, en una vía que tiene 40 o 50 años y que no da ninguna valorización.“Nosotros desde el gobierno pasado hemos considerado que es un atropello contra la Región Caribe. Es un laboratorio que quiso hacer el Gobierno del señor Petro con la Costa. Quieren cobrar desde la calle 82 en Barranquilla hasta la entrada de Cartagena, cuando es una vía que tiene 40 o 50 años, que no nos da ninguna valorización. Le puede interesar: Casi listo otro impuesto en Antioquia: proyecto de obras por valorización pasó segundo debateEl director de Invías habló de una plusvalía, creo que también está equivocado”.Agrega el dirigente gremial que tanto Camacol como otras organizaciones y los residentes de los 248.000 predios que colindan con la Vía al Mar confían en que el actual Gobierno y la ministra de Transporte, Elsa Noguera, que en su momento respaldó su posición, suspendan definitivamente el cobro.“Sabemos que este Gobierno ha tratado muy bien a la Costa y, con base a eso, estamos confiados en que tomen atenta nota de la carta con justificaciones técnicas y jurídicas que les enviamos”.En su comunicación al director del Invías, Camacol señala que si bien el cobro hoy está suspendido temporalmente y ellos interpusieron una demanda contra el mismo por ser inequitativo, comparado con otras regiones del país donde se han dado grandes desarrollos de carreteras, en esta parte de la Costa no se ha podido terminar el corredor vial Santa Marta - Barranquilla, Barranquilla - Cartagena, por lo que se debe adoptar una decisión institucional que cierre definitivamente la controversia.“Nosotros hemos sido partidarios de que los peajes hay que hacerlos para mantener la vía, pero hay que hacer más inversión y hay que terminar los 60 kilómetros de doble calzada entre Barranquilla y Cartagena. No es posible que Medellín, Cali, Bogotá tengan. y esto no es culpa de este Gobierno, han hecho las grandes autopistas del país ¿y nosotros no hemos podido terminar Santa Marta - Barranquilla, Barranquilla - Cartagena? De verdad que es algo que es muy complicado”, concluyó el presidente de la junta directiva de Camacol.
Crece la polémica en torno al impuesto de valorización que pretende cobrar el Gobierno a predios aledaños a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, donde a pesar del rechazo generalizado y en medio de las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal del Atlántico, esta semana el Invías continuará sus audiencias públicas para socializar el proyecto a las comunidades que deben asumir el cobro.En noviembre se han realizado cuatro jornadas de socialización en diferentes municipios del Atlántico y el próximo encuentro será este jueves, 27 de noviembre, en Tubará; sin embargo, los propietarios de los predios advierten que ni siquiera están siendo notificados formalmente para asistir a estas actividades y que, por lo tanto, mayor es el gasto del Gobierno que la participación de las comunidades en estos eventos.Alberto Mario Forero, uno de los propietarios afectados por el cobro, denuncia que se está despilfarrando recursos en “aperitivos durante el evento” y “viáticos de funcionarios”, sin que la socialización esté llegando realmente a los interesados."Desde el año pasado hemos venido denunciando que esa cantidad de recursos que están botando deberían invertirse en otras cosas, no solo porque la mayoría está en contra de esa valorización, sino también porque no nos están notificando formalmente sobre estas audiencias", dijo."A cada propietario o poseedor de un inmueble localizado en el sector entre Barranquilla y Cartagena deberían enviarle la invitación. Deben enviarlo al número de la matrícula de cada inmueble para que asistan a las audiencias, pero lo están haciendo por redes sociales y hay mucha gente que no utiliza redes, que ni siquiera escucha los medios de comunicación", agregó.Además, asegura que los lugares escogidos para hacer las socializaciones no hacen parte del área de influencia o donde frecuentan las personas que serán sujeto de cobro.
Desde Cartagena, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, confirmó que el Gobierno Nacional mantiene firme su decisión de continuar con el polémico cobro de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla, y que una vez surtidas las audiencias públicas ordenadas por el Consejo de Estado, el recaudo iniciaría en el segundo semestre de 2026.“Este es un proyecto cuya obra no ha culminado, por lo tanto, la inexequibilidad de la Corte Constitucional no tumba la aplicación de esta contribución. Y cuando hablamos de la orden y la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, tampoco se elimina el instrumento; lo que se genera es una suspensión provisional mientras se surten unas audiencias públicas, que realizaremos en noviembre y diciembre. De tal manera que, culminadas estas audiencias, se pueda levantar la medida cautelar y continuar con la aplicación del proceso de cobro”, explicó.Durante una jornada de socialización para funcionarios de alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, la funcionaria señaló que el total del recaudo, estimado en 850 mil millones de pesos, será reinvertido en la misma zona de influencia objeto del cobro, y que algunos proyectos priorizados incluyen el Tren del Caribe.“Desde el Gobierno Nacional nos interesa que estos recursos se distribuyan de la mejor manera, generando justicia y equidad territorial. Un proyecto de gran impacto para la región Caribe es el Tren del Caribe. Para el Gobierno Nacional, que parte de los recursos se reinviertan en la estructuración y construcción del Tren del Caribe es muy importante, pero también sabemos que hay otras necesidades de conectividad, como vías regionales de responsabilidad de los departamentos que atraviesan varios municipios del área de influencia del cobro, las cuales podrían ser priorizadas para intervenciones de mejoramiento”, precisó.La viceministra reiteró que el cobro por valorización solo será aplicado a los propietarios con capacidad de pago, y que estarán exentos de este aporte los propietarios en pobreza extrema y moderada, los predios habitacionales en estratos 1, 2 y 3, y las Unidades Agrícolas Familiares, entre otros.“Esto es muy importante, porque esta contribución busca que los mayores beneficios y los incrementos en los precios del suelo que ha generado esta obra Barranquilla–Cartagena se redistribuyan a la colectividad, beneficiando incluso territorios que hoy poco aportan en la contribución, debido a que su población es mayoritariamente de bajos ingresos”, agregó.En este encuentro con las entidades territoriales, se explicó también que el valor será recaudado por el Invías y administrado por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), que será el encargado de determinar la destinación o uso de los recursos.
En el Caribe no hay más que voces de vítores y júbilo por la decisión de la Corte Constitucional, que anuló el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno recaudar valorización en obras con más de cinco años de ejecución. La región Caribe, según gremios y congresistas, era el blanco inicial de este controvertido cobro, con un billonario recaudo que involucraba a más de 140 mil predios ubicados en la zona de confluencia de la llamada Vía al Mar.El fallo se dio a partir de una demanda presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que esta no solo era ilegal, sino injusta y regresiva, especialmente para los habitantes de la región Caribe.Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, es uno de quienes celebra la decisión. Dice que, si bien es un paso importante, aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad que esperan sea resuelta pronto, para conocer una decisión de fondo y alejar de forma definitiva este cobro. Afirma que no están en contra del cobro de valorización como tal, pero consideran que debe hacerse para la construcción de proyectos futuros, y no sobre los que ya están construidos.“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto e inconveniente cobro de valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía, y por el contrario, lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos", dijo Oliveros.El artículo anulado permitía al Estado exigir pagos de valorización sobre proyectos viales, incluso si estos llevaban años en operación, como es el caso de la Vía al Mar, en funcionamiento desde hace más de 20 años.
La Corte Constitucional frenó las pretensiones que tenía el Gobierno Nacional de cobrar un impuesto de valorización sobre carreteras ya construidas, como el corredor de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, o la Circunvalar de la Prosperidad.Se conoció que la Corte declaró inconstitucional el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el ‘Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Dicho artículo incluía una modificación que daba vía libre para que la Contribución Nacional de Valorización se pudiera aprobar y aplicar antes, durante y hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto; sin embargo, la Corte concluyó que con este cambio se “desconoció el principio de unidad de materia”.La Corte estimó que, “si bien la norma podía ser instrumental y tener alguna relación con las metas, planes, programas o estrategias incorporados en la parte general del Plan e incluso con el Plan Plurianual de Inversiones, esa relación no había sido directa ni inmediata, en los términos expuestos por la jurisprudencia constitucional”.En este sentido, señaló la Corte, “tal conexidad debía comprobarse teniendo en cuenta, especialmente, el contenido tributario de la norma y las cargas democráticas de deliberación que le eran inherentes”.La Sala Plena concluyó que “no era evidente si, en ausencia de dicha modificación, no podían ejecutarse los proyectos de infraestructura vial planteados por el Gobierno, o si los recursos que obtenía el Estado, a partir del cobro del tributo, en la forma prevista por el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, eran insuficientes para ese propósito”.En consecuencia, la Corte decidió que, al desaparecer del ordenamiento jurídico la modificación realizada, procedía revivir el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016 –en su versión original–, en aras de proteger el principio de seguridad jurídica.Como se recordará, el Tribunal Administrativo del Atlántico había ordenado, como medida cautelar, la suspensión del cobro de valorización a predios ubicados sobre la Vía al Mar, luego de que este gravamen fue demandado por congresistas de la región, en respaldo con autoridades locales, que califican dicho impuesto como injusto e ilegal.
A través de un concepto que envió la Procuraduría General al Tribunal Administrativo del Atlántico, esta solicitó que se suspenda cobro del impuesto de valorización a predios ubicados en el proyecto vial entre Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, hasta que el Tribunal Administrativo del Atlántico no resuelva si se adopta o no medidas cautelares para suspender cualquier recaudo antes de una sentencia final sobre la procedencia constitucional del mismo. Esto se da a partir de una acción popular que fue interpuesta por el senador Carlos Meisel, quien alegó que este cobro debía ser derogado por el "impacto negativo" que tendría para la ciudadanía a nivel económico. Además, indicó que habría "múltiples inconsistencias" en el estudio con lo que justificó la medida. "Igualmente se recomienda verificar e informar al despacho respecto de la existencia de comunidades étnicas en el área de aplicación de contribución nacional de valorización del sector transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad y, en caso de existir, se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantando las actuaciones pertinentes en caso de ser así", cita el documento. La solicitud fue presentada por el procurador 118 Judicial II Administrativo, Juan Antonio Spirko Payares, quien insistió al Tribunal en que disponga adoptar las medidas cautelares deprecadas. "La medida solicitada pretende proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso como es la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa, así como cualquier otro derecho de igual categoría que aparezca demostrado en el proceso y se desprenda del contenido de la demanda", explicó. Propietarios piensan declararse en desobediencia civilMientras tanto, ante la posibilidad de que el cobro de valorización arranque a partir del mes de junio, ya empezaron a escucharse las voces de protesta por parte de los propietarios, quienes dicen estar decididos a declararse en desobediencia civil, e incluso ya se están organizando para ello, pues consideran que este impuesto "es inviable"."Si no es viable jurídica ni administrativamente la imposición de la valorización, declarémonos todos en desobediencia civil, que es una alternativa constitucional para controvertir estos abusos", dijo Silvio Charris, líder empresarial y comunal del corredor turístico de la Vía al Mar.Vale decir que de acuerdo con la resolución expedida por el Invías, una vez sean entregadas las facturas con el valor a pagar por cada predio, los propietarios tienen máximo cuatro años para efectuar el pago y podrían hacerlo por cuotas. También fueron establecidos unos descuentos a quienes lo hagan dentro de las fechas establecidas.
Las cuentas no cuadran en las explicaciones entregadas por Invías a los congresistas del Caribe, luego de que le cuestionaron por la pertinencia de realizar una consulta previa entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que se verán impactadas por el cobro del impuesto de valorización en la vía al mar.Por ejemplo, en el municipio de Tubará, el DANE estableció que un 64% de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10% de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.Lo anterior resulta cuestionable para el representante a la Cámara Gersel Pérez, quien este viernes presentará ante el Tribunal del Atlántico una acción de tutela para que se suspenda cualquier cobro hasta que no se defina la realización de este mecanismo de consulta."Tomamos la decisión de que el día viernes estaremos radicando la acción de tutelas para impedir que se haga ese cobro de valorización y pediremos como medida cautelar que hasta que no se haga la consulta previa, no se puede, no se puede adelantar el cobro", expresó Pérez.El objetivo, según explicó, está puesto en que a través de dichas medidas cautelares para que se atiendan los requerimientos de la comunidad más vulnerable y se establezca si habrá afectaciones a los mismos.
Este viernes, el senador Mauricio Gómez compartió en un evento público la notificación que le llegó por la Corte Constitucional sobre la admisión de la demanda que interpuso en contra del polémico cobro de valorización a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar.El congresista, una vez fue notificado, pidió a Camacol, a los gremios y a sus compañeros del Congreso, en especial de la bancada caribe, que se unan a esta demanda para sacarla adelante a favor de la región Caribe.De inmediato, el abogado Felipe Aroca respondió que va “a coadyuvar esta demanda”, y en el mismo sentido se pronunció el presidente de Intergremial, Atlántico, Efraín Cepeda, quien en nombre de los gremios de Atlántico y Bolívar expresó su respaldo a esta iniciativa judicial.Justamente esta semana en Cartagena, el director de Invías, Juan Montenegro, presentó el censo predial, a corte de este 30 de octubre, que se aplicará a los propietarios de la Vía al Mar, dejando claro que de los 248.656 predios ubicados en el área de influencia del proyecto, el 40% quedaron exentos de este cobro.La exención se da por aspectos como falta de capacidad de pago, tener Sisben A y B, hacer parte del estrato 1, 2 y 3, y estar excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.En esa misma presentación, Montenegro aseguró que hasta ese momento el Invías no había sido notificado sobre las acciones judiciales que cursan en contra de este cobro de valorización, entre ellas la del Consejo de Estado.
El polémico cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía que conecta a Barranquilla- Cartagena sigue generando "rechazo rotundo" entre los gremios económicos de los departamentos del Atlántico y Bolívar, quienes han advertido que este podría convertirse en una amenaza de "confiscación".Al menos así lo ha planteado el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cépeda Tarud, quien explicó que este cobro podría generar que los propietarios de los predios gravados incumplan con los pagos, precisamente por no contar con la capacidad económica para asumirlos, convirtiéndose en sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar, inclusive, al remate de sus inmuebles.En este sentido, expresó que seguirán la batalla jurídica ante los vicios de nulidad que tendrían las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), para adelantar este proceso a partir de marzo del 2025, teniendo en cuenta que las notificaciones llegarían a partir del próximo mes. "Seguiremos por esta vía, por la vía jurídica, para evitar este cobro que consideramos inequitativo e injustificado por una vía que de 210 kilómetros aún tiene 60 en calzada sencilla. Seguramente seguirá así, aunque el Gobierno nacional empiece con esta contribución", dijo Cepeda. Así las cosas, lo que sugieren los gremios económicos es que el Invías derogue las resoluciones que permiten el cobro de valorización y que, de esta manera, sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la legalidad del mismo.Cabe recordar que el cobro de valorización estaría dirigido para un total de 248.000 unidades prediales ubicadas entre Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Por medio de la contribución, entre otras cosas, se espera un recaudo de 2,3 billones de pesos.
En un extenso documento de 364 páginas, el equipo jurídico del Distrito de Barranquilla interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que “se declare la nulidad” de la resolución que emitió el Invías en mayo de 2023 y por medio de la cual se aplica el cobro de valorización en la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad, entre Atlántico y Bolívar.Puntualmente, la demanda pide la nulidad, tanto de la Resolución No. 1729 del 26 de mayo de 2023 del Invías, como de la Resolución No. 2615 del 27 de junio de 2024, también emitida por el Invías y la cual hace modificaciones y adiciones a la primera decisión.La demanda basa sus pretensiones en 21 hechos concretos, como por ejemplo que en 2013, cuando la ANI presentó las obras que conforman el corredor vial Cartagena – Barranquilla, “el Invías no socializó, ni informó ni notificó a la comunidad de los departamentos de Atlántico y Bolívar que esa obra les sería posteriormente cobrada mediante una contribución de valorización”.Agrega que la resolución que aplica el cobro “no cumplió el trámite establecido” y esto “impidió que la comunidad afectada con este acto administrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cual sería una “expedición irregular” de dicho acto.El Distrito sostiene que “lo que está haciendo el Invías con la valorización es vulnerar de forma flagrante y grosera el debido proceso”, y además “viola el derecho a la Igualdad de las comunidades de Atlántico y Bolívar, si se tiene en cuenta que en el país se han ejecutado otros proyectos que son de la misma época y a los que no se les ha aplicado la contribución de valorización”.A su vez, el Distrito llama la atención sobre la afirmación que hizo la ministra de Transporte, María García, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que “el 100% del recaudo de la valorización se quedaría en los departamentos de Atlántico y Bolívar”, siendo que “ese tema tampoco se incluye en las resoluciones del Invías y, por el contrario, se ha escuchado en versiones de prensa que sólo se quedaría el 50% en estos departamentos y el otro 50% en otras regiones del país”.Critica que con este cobro “se puede observar cómo a esta parte de la región Caribe se le quiere aplicar un tributo retroactivo cuando la inversión del Gobierno Nacional ha sido prácticamente nula en los últimos dos años y existe una deuda pendiente de inversiones hacia la región”.Vale anotar que a esta demanda se suman dos interpuestas este año por el gremio de Camacol Atlántico y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Un nuevo ataque contra la infraestructura vial fue reportado en el norte del Cauca. En esta ocasión, el peaje de Villa Rica, ubicado sobre la vía Panamericana y a unos 30 minutos de Cali, habría sido blanco de un atentado con drones cargados de explosivos, presuntamente perpetrado por disidencias de las Farc.De acuerdo con la información preliminar, la fuerza pública reaccionó a tiempo y logró repeler la maniobra criminal. Por ahora, las autoridades reportan únicamente daños materiales en la infraestructura, sin personas fallecidas ni heridas.El hecho se habría registrado en el PR 60+900, sobre la calzada derecha, donde fueron lanzados los explosivos contra las instalaciones del peaje. Aunque el lugar contaba con cuatro tranqueras de seguridad, estas no habrían impedido el lanzamiento de los artefactos explosivos.Este nuevo atentado ocurre 24 horas después del ataque contra el peaje de Mondomo, ubicado en zona rural de Santander de Quilichao, también en el norte del Cauca.Entretanto, la situación en este importante corredor vial que conecta con Cali permanece bajo monitoreo de las autoridades.
La Alcaldía de Cali entregó las primeras 23 autorizaciones gratuitas a comerciantes del barrio Obrero para ampliar temporalmente sus establecimientos con la instalación de mesas y sillas en el espacio público. La iniciativa busca impulsar la actividad económica, atraer visitantes y avanzar en la revitalización de este tradicional sector de la ciudad.La medida hace parte de un plan piloto de tres meses que se extenderá hasta el próximo 6 de febrero. Durante este periodo, los establecimientos autorizados podrán aprovechar los espacios exteriores de sus locales, bajo condiciones establecidas por la Administración Distrital y sin ningún costo para los empresarios.“El barrio Obrero comienza a vivir una nueva etapa. Con esta iniciativa buscamos dinamizar la actividad comercial, impulsar la reactivación económica y la revitalización de uno de los barrios más tradicionales de nuestra ciudad”, dijo Daniela Garzón Rojo, coordinadora del equipo de Aprovechamiento Económico del Espacio Público.Desde la Alcaldía hicieron un llamado a los demás comerciantes soliciten los permisos. Entre los requisitos establecidos está garantizar una franja libre de mínimo 1,60 metros para la circulación de peatones. Además, las mesas y sillas deben ser móviles y retirarse al finalizar la jornada. Los permisos tampoco autorizan la instalación de parlantes, publicidad en el mobiliario ni la venta o consumo de licor en el espacio público.“Por eso queremos invitar a todos los comerciantes que hacen parte del área de influencia de la zona T para que se acerquen a la Subdirección de Espacio Público y hagan la solicitud, y puedan participar de esta iniciativa del piloto de autorización”, señaló Garzón Rojo.La Administración Distrital espera que esta estrategia permita mejorar las condiciones de organización del sector, generar oportunidades de empleo y fortalecer los negocios que hacen parte de uno de los referentes tradicionales de Cali.
El Dorado Noche, operado por Paga Todo, es uno de los juegos de chance consultados por apostadores de Bogotá y Cundinamarca. Sus modalidades permiten participar con diferentes combinaciones y obtener premios de acuerdo con las cifras acertadas y el valor de la apuesta.Los resultados oficiales también están disponibles en los puntos autorizados y los canales habilitados por la empresa operadora.Resultado del Dorado Noche hoy, domingo 8 de noviembre de 2026El número ganador del sorteo de este domingo 8 de noviembre de 2026 está pendiente de publicación. Una vez se conozca el resultado, los participantes podrán comparar las cifras con las registradas en sus tiquetes.Número ganador: pendiente de publicación.Dos últimas cifras: pendiente de publicación.Tres últimas cifras: pendiente de publicación.La quinta: pendiente de publicación.Los apostadores pueden verificar los resultados en los puntos autorizados de Paga Todo y en sus plataformas oficiales.¿Cómo se juega Dorado Noche?Para participar, cada jugador debe escoger un número y seleccionar una de las seis modalidades disponibles. El premio depende de si acierta las cuatro cifras o las últimas cifras del resultado, según el tipo de apuesta.Estas son las opciones:4 cifras directo: exige acertar los cuatro números en el mismo orden del sorteo.4 cifras combinado: permite ganar al acertar las cuatro cifras, sin importar el orden.3 últimas cifras directo: requiere coincidir con las tres cifras finales en la misma secuencia.3 últimas cifras combinado: premia el acierto de las tres cifras finales, aunque estén en diferente orden.2 últimas cifras o pata: consiste en acertar los dos números finales.1 cifra o uña: se obtiene premio al acertar únicamente el último dígito.¿Cuánto paga el Dorado Noche?El monto que puede recibir un ganador depende de la modalidad elegida y del dinero apostado. El plan de premios establece los siguientes multiplicadores:4 cifras directo: hasta 4.500 veces el valor de la apuesta.4 cifras combinado: hasta 208 veces lo jugado.3 últimas cifras directo: hasta 400 veces la apuesta.3 últimas cifras combinado: hasta 83 veces el valor apostado.2 últimas cifras o pata: 50 veces lo jugado.1 cifra o uña: 5 veces el valor de la apuesta.¿A qué hora juega el Dorado Noche?El horario del sorteo varía según el día. Los sábados se realiza a las 10:15 p. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo entre las 7:00 p. m. y las 7:25 p. m.Los resultados pueden consultarse pocos minutos después de finalizar cada sorteo mediante los canales oficiales y los puntos autorizados.¿Cómo reclamar un premio del Dorado Noche?Los premios iguales o superiores a $100.000 deben cobrarse en los puntos autorizados de Paga Todo. Para adelantar el trámite, el ganador debe cumplir estas condiciones:Ser mayor de edad.Presentar el tiquete original, correctamente diligenciado y en buen estado.Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.La validación del tiquete y de los documentos permite realizar el proceso de pago correspondiente.
La presencia de un cachorro de león africano en una camioneta roja sorprendió a habitantes de Aguascalientes, México. El recorrido del animal por las calles del municipio quedó registrado en video y llamó la atención de las autoridades, que posteriormente localizaron el vehículo e intervinieron a sus ocupantes.El ejemplar tenía aproximadamente ocho meses de edad y era transportado en una camioneta Ford F-150. Según la información conocida, tres hombres se movilizaban en el automotor cuando fueron ubicados por integrantes de la Policía.La intervención se produjo en el fraccionamiento Bosques del Prado Norte. Durante el procedimiento, los agentes solicitaron a los ocupantes los documentos que acreditaran la procedencia legal del felino y los permisos necesarios para tenerlo bajo su cuidado.¿Por qué detuvieron a los tres hombres que paseaban al león?Los tres ocupantes del vehículo, de 21, 22 y 29 años, no consiguieron demostrar que la posesión del cachorro cumpliera con los requisitos legales ni presentaron autorizaciones para su traslado.Ante la falta de documentación, los policías procedieron a detenerlos y trasladarlos ante la Fiscalía General de la República (FGR).Por ahora, no se ha establecido cómo llegó el cachorro a manos de los tres hombres ni cuánto tiempo llevaba bajo su cuidado.¿Qué pasó con el cachorro de león después del operativo?Tras el procedimiento policial, el felino quedó bajo la responsabilidad de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), entidad que asumió su resguardo.La autoridad ambiental deberá hacer seguimiento a las condiciones del animal y a su situación, luego de que fuera encontrado mientras era transportado en un vehículo particular.El caso también dejó varias preguntas pendientes sobre la procedencia del ejemplar. Entre ellas, las circunstancias en las que los hombres consiguieron al cachorro y las razones por las que lo llevaban por las calles de Aguascalientes.Tampoco se ha precisado hacia dónde se dirigían cuando fueron interceptados por los integrantes del Grupo Motorizado Centauro.
El gigante tecnológico Nvidia anunció que investigará a su propio director ejecutivo, Jensen Huang, quien admitió que tuvo un amorío con una mujer de negocios que resultó ser una espía del gobierno de China, según reportes de inteligencia de Estados Unidos.La junta directiva de Nvidia, líder en fabricación de chips para inteligencia artificial (IA), indicó en un pronunciamiento que "está iniciando una investigación independiente a la luz de los recientes informes que indican que el fundador y director ejecutivo", Huang, "ha sido blanco de una operación de inteligencia extranjera".La compañía, con sede en California, detalló que un comité de directores independientes, con ayuda de asesores jurídicos externos, supervisará la investigación, que estalló tras un reporte del New York Times sobre el amorío entre Huang y la supuesta espía china, algo que presuntamente sabía el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El director de Nvidia "respalda plenamente" la indagatoria y cooperará con ella, según el comunicado de la empresa, que sostuvo que "prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos"."Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible", señaló.Horas antes del anuncio, el medio Axios reportó que Huang admitió la relación en el borrador de un correo electrónico para sus empleados."Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice", establece el documento, según Axios.El escándalo creció el sábado, cuando el New York Times reportó que en la Administración Trump circuló un memorando que citó información de inteligencia que señalaba que la empresaria china, Alice Huang, que desarrolló una relación con el directivo de Nvidia, era una espía del Ministerio de Seguridad del Estado de China.La mujer, según el informe, estaba reclutada para recopilar información sobre Huang, como parte de una iniciativa de la mayor agencia de espionaje de Pekín para obtener más detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que sus chips más avanzados estuviesen a disposición de China.El diario reportó que "Trump había recibido información el año pasado sobre la relación del señor Huang con ella, pero optó por no hacer nada al respecto".
