Crece la polémica en torno al impuesto de valorización que pretende cobrar el Gobierno a predios aledaños a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, donde a pesar del rechazo generalizado y en medio de las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal del Atlántico, esta semana el Invías continuará sus audiencias públicas para socializar el proyecto a las comunidades que deben asumir el cobro.En noviembre se han realizado cuatro jornadas de socialización en diferentes municipios del Atlántico y el próximo encuentro será este jueves, 27 de noviembre, en Tubará; sin embargo, los propietarios de los predios advierten que ni siquiera están siendo notificados formalmente para asistir a estas actividades y que, por lo tanto, mayor es el gasto del Gobierno que la participación de las comunidades en estos eventos.Alberto Mario Forero, uno de los propietarios afectados por el cobro, denuncia que se está despilfarrando recursos en “aperitivos durante el evento” y “viáticos de funcionarios”, sin que la socialización esté llegando realmente a los interesados."Desde el año pasado hemos venido denunciando que esa cantidad de recursos que están botando deberían invertirse en otras cosas, no solo porque la mayoría está en contra de esa valorización, sino también porque no nos están notificando formalmente sobre estas audiencias", dijo."A cada propietario o poseedor de un inmueble localizado en el sector entre Barranquilla y Cartagena deberían enviarle la invitación. Deben enviarlo al número de la matrícula de cada inmueble para que asistan a las audiencias, pero lo están haciendo por redes sociales y hay mucha gente que no utiliza redes, que ni siquiera escucha los medios de comunicación", agregó.Además, asegura que los lugares escogidos para hacer las socializaciones no hacen parte del área de influencia o donde frecuentan las personas que serán sujeto de cobro.
Desde Cartagena, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, confirmó que el Gobierno Nacional mantiene firme su decisión de continuar con el polémico cobro de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla, y que una vez surtidas las audiencias públicas ordenadas por el Consejo de Estado, el recaudo iniciaría en el segundo semestre de 2026.“Este es un proyecto cuya obra no ha culminado, por lo tanto, la inexequibilidad de la Corte Constitucional no tumba la aplicación de esta contribución. Y cuando hablamos de la orden y la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, tampoco se elimina el instrumento; lo que se genera es una suspensión provisional mientras se surten unas audiencias públicas, que realizaremos en noviembre y diciembre. De tal manera que, culminadas estas audiencias, se pueda levantar la medida cautelar y continuar con la aplicación del proceso de cobro”, explicó.Durante una jornada de socialización para funcionarios de alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, la funcionaria señaló que el total del recaudo, estimado en 850 mil millones de pesos, será reinvertido en la misma zona de influencia objeto del cobro, y que algunos proyectos priorizados incluyen el Tren del Caribe.“Desde el Gobierno Nacional nos interesa que estos recursos se distribuyan de la mejor manera, generando justicia y equidad territorial. Un proyecto de gran impacto para la región Caribe es el Tren del Caribe. Para el Gobierno Nacional, que parte de los recursos se reinviertan en la estructuración y construcción del Tren del Caribe es muy importante, pero también sabemos que hay otras necesidades de conectividad, como vías regionales de responsabilidad de los departamentos que atraviesan varios municipios del área de influencia del cobro, las cuales podrían ser priorizadas para intervenciones de mejoramiento”, precisó.La viceministra reiteró que el cobro por valorización solo será aplicado a los propietarios con capacidad de pago, y que estarán exentos de este aporte los propietarios en pobreza extrema y moderada, los predios habitacionales en estratos 1, 2 y 3, y las Unidades Agrícolas Familiares, entre otros.“Esto es muy importante, porque esta contribución busca que los mayores beneficios y los incrementos en los precios del suelo que ha generado esta obra Barranquilla–Cartagena se redistribuyan a la colectividad, beneficiando incluso territorios que hoy poco aportan en la contribución, debido a que su población es mayoritariamente de bajos ingresos”, agregó.En este encuentro con las entidades territoriales, se explicó también que el valor será recaudado por el Invías y administrado por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), que será el encargado de determinar la destinación o uso de los recursos.
En el Caribe no hay más que voces de vítores y júbilo por la decisión de la Corte Constitucional, que anuló el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno recaudar valorización en obras con más de cinco años de ejecución. La región Caribe, según gremios y congresistas, era el blanco inicial de este controvertido cobro, con un billonario recaudo que involucraba a más de 140 mil predios ubicados en la zona de confluencia de la llamada Vía al Mar.El fallo se dio a partir de una demanda presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que esta no solo era ilegal, sino injusta y regresiva, especialmente para los habitantes de la región Caribe.Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, es uno de quienes celebra la decisión. Dice que, si bien es un paso importante, aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad que esperan sea resuelta pronto, para conocer una decisión de fondo y alejar de forma definitiva este cobro. Afirma que no están en contra del cobro de valorización como tal, pero consideran que debe hacerse para la construcción de proyectos futuros, y no sobre los que ya están construidos.“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto e inconveniente cobro de valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía, y por el contrario, lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos", dijo Oliveros.El artículo anulado permitía al Estado exigir pagos de valorización sobre proyectos viales, incluso si estos llevaban años en operación, como es el caso de la Vía al Mar, en funcionamiento desde hace más de 20 años.
La Corte Constitucional frenó las pretensiones que tenía el Gobierno Nacional de cobrar un impuesto de valorización sobre carreteras ya construidas, como el corredor de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, o la Circunvalar de la Prosperidad.Se conoció que la Corte declaró inconstitucional el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el ‘Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Dicho artículo incluía una modificación que daba vía libre para que la Contribución Nacional de Valorización se pudiera aprobar y aplicar antes, durante y hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto; sin embargo, la Corte concluyó que con este cambio se “desconoció el principio de unidad de materia”.La Corte estimó que, “si bien la norma podía ser instrumental y tener alguna relación con las metas, planes, programas o estrategias incorporados en la parte general del Plan e incluso con el Plan Plurianual de Inversiones, esa relación no había sido directa ni inmediata, en los términos expuestos por la jurisprudencia constitucional”.En este sentido, señaló la Corte, “tal conexidad debía comprobarse teniendo en cuenta, especialmente, el contenido tributario de la norma y las cargas democráticas de deliberación que le eran inherentes”.La Sala Plena concluyó que “no era evidente si, en ausencia de dicha modificación, no podían ejecutarse los proyectos de infraestructura vial planteados por el Gobierno, o si los recursos que obtenía el Estado, a partir del cobro del tributo, en la forma prevista por el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, eran insuficientes para ese propósito”.En consecuencia, la Corte decidió que, al desaparecer del ordenamiento jurídico la modificación realizada, procedía revivir el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016 –en su versión original–, en aras de proteger el principio de seguridad jurídica.Como se recordará, el Tribunal Administrativo del Atlántico había ordenado, como medida cautelar, la suspensión del cobro de valorización a predios ubicados sobre la Vía al Mar, luego de que este gravamen fue demandado por congresistas de la región, en respaldo con autoridades locales, que califican dicho impuesto como injusto e ilegal.
A través de un concepto que envió la Procuraduría General al Tribunal Administrativo del Atlántico, esta solicitó que se suspenda cobro del impuesto de valorización a predios ubicados en el proyecto vial entre Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, hasta que el Tribunal Administrativo del Atlántico no resuelva si se adopta o no medidas cautelares para suspender cualquier recaudo antes de una sentencia final sobre la procedencia constitucional del mismo. Esto se da a partir de una acción popular que fue interpuesta por el senador Carlos Meisel, quien alegó que este cobro debía ser derogado por el "impacto negativo" que tendría para la ciudadanía a nivel económico. Además, indicó que habría "múltiples inconsistencias" en el estudio con lo que justificó la medida. "Igualmente se recomienda verificar e informar al despacho respecto de la existencia de comunidades étnicas en el área de aplicación de contribución nacional de valorización del sector transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad y, en caso de existir, se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantando las actuaciones pertinentes en caso de ser así", cita el documento. La solicitud fue presentada por el procurador 118 Judicial II Administrativo, Juan Antonio Spirko Payares, quien insistió al Tribunal en que disponga adoptar las medidas cautelares deprecadas. "La medida solicitada pretende proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso como es la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa, así como cualquier otro derecho de igual categoría que aparezca demostrado en el proceso y se desprenda del contenido de la demanda", explicó. Propietarios piensan declararse en desobediencia civilMientras tanto, ante la posibilidad de que el cobro de valorización arranque a partir del mes de junio, ya empezaron a escucharse las voces de protesta por parte de los propietarios, quienes dicen estar decididos a declararse en desobediencia civil, e incluso ya se están organizando para ello, pues consideran que este impuesto "es inviable"."Si no es viable jurídica ni administrativamente la imposición de la valorización, declarémonos todos en desobediencia civil, que es una alternativa constitucional para controvertir estos abusos", dijo Silvio Charris, líder empresarial y comunal del corredor turístico de la Vía al Mar.Vale decir que de acuerdo con la resolución expedida por el Invías, una vez sean entregadas las facturas con el valor a pagar por cada predio, los propietarios tienen máximo cuatro años para efectuar el pago y podrían hacerlo por cuotas. También fueron establecidos unos descuentos a quienes lo hagan dentro de las fechas establecidas.
Las cuentas no cuadran en las explicaciones entregadas por Invías a los congresistas del Caribe, luego de que le cuestionaron por la pertinencia de realizar una consulta previa entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que se verán impactadas por el cobro del impuesto de valorización en la vía al mar.Por ejemplo, en el municipio de Tubará, el DANE estableció que un 64% de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10% de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.Lo anterior resulta cuestionable para el representante a la Cámara Gersel Pérez, quien este viernes presentará ante el Tribunal del Atlántico una acción de tutela para que se suspenda cualquier cobro hasta que no se defina la realización de este mecanismo de consulta."Tomamos la decisión de que el día viernes estaremos radicando la acción de tutelas para impedir que se haga ese cobro de valorización y pediremos como medida cautelar que hasta que no se haga la consulta previa, no se puede, no se puede adelantar el cobro", expresó Pérez.El objetivo, según explicó, está puesto en que a través de dichas medidas cautelares para que se atiendan los requerimientos de la comunidad más vulnerable y se establezca si habrá afectaciones a los mismos.
Este viernes, el senador Mauricio Gómez compartió en un evento público la notificación que le llegó por la Corte Constitucional sobre la admisión de la demanda que interpuso en contra del polémico cobro de valorización a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar.El congresista, una vez fue notificado, pidió a Camacol, a los gremios y a sus compañeros del Congreso, en especial de la bancada caribe, que se unan a esta demanda para sacarla adelante a favor de la región Caribe.De inmediato, el abogado Felipe Aroca respondió que va “a coadyuvar esta demanda”, y en el mismo sentido se pronunció el presidente de Intergremial, Atlántico, Efraín Cepeda, quien en nombre de los gremios de Atlántico y Bolívar expresó su respaldo a esta iniciativa judicial.Justamente esta semana en Cartagena, el director de Invías, Juan Montenegro, presentó el censo predial, a corte de este 30 de octubre, que se aplicará a los propietarios de la Vía al Mar, dejando claro que de los 248.656 predios ubicados en el área de influencia del proyecto, el 40% quedaron exentos de este cobro.La exención se da por aspectos como falta de capacidad de pago, tener Sisben A y B, hacer parte del estrato 1, 2 y 3, y estar excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.En esa misma presentación, Montenegro aseguró que hasta ese momento el Invías no había sido notificado sobre las acciones judiciales que cursan en contra de este cobro de valorización, entre ellas la del Consejo de Estado.
El polémico cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía que conecta a Barranquilla- Cartagena sigue generando "rechazo rotundo" entre los gremios económicos de los departamentos del Atlántico y Bolívar, quienes han advertido que este podría convertirse en una amenaza de "confiscación".Al menos así lo ha planteado el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cépeda Tarud, quien explicó que este cobro podría generar que los propietarios de los predios gravados incumplan con los pagos, precisamente por no contar con la capacidad económica para asumirlos, convirtiéndose en sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar, inclusive, al remate de sus inmuebles.En este sentido, expresó que seguirán la batalla jurídica ante los vicios de nulidad que tendrían las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), para adelantar este proceso a partir de marzo del 2025, teniendo en cuenta que las notificaciones llegarían a partir del próximo mes. "Seguiremos por esta vía, por la vía jurídica, para evitar este cobro que consideramos inequitativo e injustificado por una vía que de 210 kilómetros aún tiene 60 en calzada sencilla. Seguramente seguirá así, aunque el Gobierno nacional empiece con esta contribución", dijo Cepeda. Así las cosas, lo que sugieren los gremios económicos es que el Invías derogue las resoluciones que permiten el cobro de valorización y que, de esta manera, sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la legalidad del mismo.Cabe recordar que el cobro de valorización estaría dirigido para un total de 248.000 unidades prediales ubicadas entre Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Por medio de la contribución, entre otras cosas, se espera un recaudo de 2,3 billones de pesos.
En un extenso documento de 364 páginas, el equipo jurídico del Distrito de Barranquilla interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que “se declare la nulidad” de la resolución que emitió el Invías en mayo de 2023 y por medio de la cual se aplica el cobro de valorización en la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad, entre Atlántico y Bolívar.Puntualmente, la demanda pide la nulidad, tanto de la Resolución No. 1729 del 26 de mayo de 2023 del Invías, como de la Resolución No. 2615 del 27 de junio de 2024, también emitida por el Invías y la cual hace modificaciones y adiciones a la primera decisión.La demanda basa sus pretensiones en 21 hechos concretos, como por ejemplo que en 2013, cuando la ANI presentó las obras que conforman el corredor vial Cartagena – Barranquilla, “el Invías no socializó, ni informó ni notificó a la comunidad de los departamentos de Atlántico y Bolívar que esa obra les sería posteriormente cobrada mediante una contribución de valorización”.Agrega que la resolución que aplica el cobro “no cumplió el trámite establecido” y esto “impidió que la comunidad afectada con este acto administrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cual sería una “expedición irregular” de dicho acto.El Distrito sostiene que “lo que está haciendo el Invías con la valorización es vulnerar de forma flagrante y grosera el debido proceso”, y además “viola el derecho a la Igualdad de las comunidades de Atlántico y Bolívar, si se tiene en cuenta que en el país se han ejecutado otros proyectos que son de la misma época y a los que no se les ha aplicado la contribución de valorización”.A su vez, el Distrito llama la atención sobre la afirmación que hizo la ministra de Transporte, María García, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que “el 100% del recaudo de la valorización se quedaría en los departamentos de Atlántico y Bolívar”, siendo que “ese tema tampoco se incluye en las resoluciones del Invías y, por el contrario, se ha escuchado en versiones de prensa que sólo se quedaría el 50% en estos departamentos y el otro 50% en otras regiones del país”.Critica que con este cobro “se puede observar cómo a esta parte de la región Caribe se le quiere aplicar un tributo retroactivo cuando la inversión del Gobierno Nacional ha sido prácticamente nula en los últimos dos años y existe una deuda pendiente de inversiones hacia la región”.Vale anotar que a esta demanda se suman dos interpuestas este año por el gremio de Camacol Atlántico y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Pese a todas las críticas que han surgido desde el Congreso, los mandatarios locales y la misma ciudadanía; la ministra de Transporte María Constanza García dejó claro en su visita de hoy a Barranquilla que será un hecho el cobro de valorización en la Vía al Mar y que los primeros pagos deberían empezar en marzo de 2025."La valorización es un instrumento válido, pero, además, necesario. Nosotros arrancamos esta valorización en el corredor Barranquilla- Cartagena, pero al momento de la llegada de nosotros al Gobierno ya se habían iniciado los estudios y durante estos dos años lo que hemos estado haciendo es perfeccionar esos estudios", explicó.Sin embargo, García precisó que serán 108.000 predios los que estarán exentos del cobro, los cuales, como se ha dicho, corresponden a los estratos 1, 2 y 3 a lo largo de los 10 municipios que se localizan en el área de influencia de la vía, así como los predios que se identifican como Sisbén en las categorías A y B, y las unidades agrícolas familiares.A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también respaldó a la ministra García dejando claro que esta valorización "es un modelo que se va a replicar en las distintas concesiones del país"."Es decir, no es una decisión exclusiva para la vía Barranquilla- Cartagena. Como lo dijo la ministra, en las vías de 4G en los distintos departamentos del país, se va a hacer un esfuerzo para que, obvio, los predios que adquieren valor como consecuencia de esas obras y que no pertenecen a personas de estratos populares, pues puedan contribuir al mejoramiento de la infraestructura en todo el país", dijo Cristo.No obstante, aseguró que deberá cumplirse un proceso arduo de socialización y que, incluso después, la gente estará en todo su "derecho de reclamar por el pago, si no está en capacidad o si considera que se le está cobrando mal".Tarifas diferenciales en peajesLa ministra de Transporte también se refirió al peaje Papiros de Puerto Colombia, asegurando que en este municipio 800 personas ya se han inscrito para ser cobijadas con una tarifa diferencial de 1.500 pesos, recursos que servirán, entre otras, para apoyar a las Fuerzas Armadas que brindan seguridad en las carreteras.
En las últimas horas la Diócesis de Jericó informó sobre un hecho que ha generado indignación en el Suroeste de Antioquia, luego de que la orden de misioneras a la que perteneció Santa Laura Montoya fuera víctima de hurto.Los hechos ocurrieron luego de que una pareja ingresara a la comunidad religiosa de María Inmaculada haciéndose pasar por visitantes. Una mujer de 19 años de edad manifestó ser una posible aspirante a la comunidad, lo que les permitió ganarse la confianza de las hermanas.Fue este relacionamiento el que facilitó la comisión del delito y aunque las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación, no se descarta que los delincuentes hubieran suministrado algún tipo de sustancia a las religiosas.Los responsables se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de eucaristías, afectando gravemente la economía de esta comunidad religiosa.El gobernador Andrés Julián Rendón rechazó lo ocurrido y desde la administración municipal anunciaron 50 millones de pesos de recompensa para quien suministre información que permita la captura de los responsables.La Diócesis de Jericó también pidió a todas las parroquias, comunidades religiosas, casas de formación y demás instituciones eclesiásticas para que extremen las medidas de precaución ante este tipo de modalidades de engaño.Advirtieron que es importante verificar la identidad de quienes solicitan ingreso a las comunidades y mantener protocolos básicos de seguridad que permitan prevenir situaciones similares.
La comunidad internacional comenzó este jueves a movilizar ayuda para Venezuela tras los dos terremotos que dejaron al menos 188 muertos y 1.520 heridos, con el despliegue de equipos de rescate desde América y Europa, el apoyo de organismos multilaterales y el compromiso de asistencia humanitaria.Países con amplia experiencia en la respuesta a desastres sísmicos, como México y Chile, anunciaron el envío de equipos especializados, mientras EE.UU. desplegó rescatistas y Naciones Unidas coordina una respuesta internacional para apoyar las labores de búsqueda de sobrevivientes y atender a miles de afectados.Los dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, y registrados con apenas 39 segundos de diferencia frente a la costa caribeña venezolana, conformaron un "doblete sísmico", un fenómeno poco frecuente en el que dos terremotos de gran intensidad ocurren casi simultáneamente en la misma zona.México confirmó el envío de rescatistas y personal sanitario de la Secretaría de la Defensa Nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el contingente evaluará las necesidades sobre el terreno antes de decidir un eventual refuerzo de la misión.Chile, uno de los países más expuestos a terremotos del mundo, también anunció el envío de ayuda humanitaria y equipos de rescate tras una conversación entre el presidente José Antonio Kast y Rodríguez.EE.UU. desplegará de equipos de búsqueda y rescate procedentes de Fairfax (Virginia) y Los Ángeles. El secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que la prioridad inmediata es localizar a personas atrapadas entre los escombros y señaló que Washington evaluará posteriormente cómo colaborar en la reconstrucción de infraestructuras y telecomunicaciones.El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, confirmó que el viernes enviará en un carguero militar una misión humanitaria de búsqueda y rescate integrada por 36 bomberos especializados en este tipo de operaciones, cuatro técnicos de la Defensa Civil y otros cuatro técnicos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, además de los materiales necesarios para montar un hospital de campaña.Ecuador y El Salvador enviarán este jueves equipos de rescate a Venezuela. Desde Quito partirán 47 rescatistas y dos perros entrenados, mientras que El Salvador despachará una misión integrada por personal de emergencia, médicos y canes especializados.Panamá y República Dominicana también enviarán rescatistas, mientras que Colombia activó a sus Fuerzas Militares, Policía, Defensa Civil y equipos especializados de gestión del riesgo para un eventual despliegue.El portavoz presidencial de Argentina, Adrian Ravier, anunció el envío de asistencia humanitaria a Venezuela, país que "atraviesa una de las catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente".También, Cuba informó que su misión médica en Venezuela participa desde el primer momento en la atención a los damnificados y, al tiempo, Argentina, Perú, Paraguay, Costa Rica, Guatemala y Uruguay ofrecieron ayuda a Caracas.Por su parte, Haití, que sufrió el devastador terremoto de 2010, aseguró comprender con "especial sensibilidad" el sufrimiento del pueblo venezolano.Canadá prepara el envío de ayuda humanitaria y defendió la necesidad de revisar la ausencia de representación canadiense en capitales como Caracas, con cuyo gobierno mantiene profundas diferencias políticas.Primeras ayudasAl menos 40 toneladas de ayuda humanitaria comenzarán a salir este jueves desde Panamá hacia Venezuela, informó la Federación Internacional de la Cruz Roja, que tiene sus bodegas en el Centro Regional Logístico de Asistencia Humanitaria en Panamá.Un primer envío, de 17 toneladas y destinado a 800 familias, "sale hoy en la noche hacia Venezuela con un tránsito estimado solamente de dos horas", dijo a EFE la jefe regional de la Gestión de la Cadena de Suministro de la Cruz Roja en Panamá, Stephanie Murillo.Por su parte, el secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, dijo a EFE que la situación en las zonas afectadas por los terremotos es de una "devastación realmente aterradora", mientras el organismo coordina el despliegue de al menos 12 equipos internacionales de búsqueda y rescate.Además, el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que sus conversaciones con las autoridades venezolanas se centrarán en cómo apoyar las necesidades adicionales derivadas de la catástrofe.China, uno de los principales aliados políticos y económicos de Venezuela, aseguró que está dispuesto a proporcionar "toda la ayuda" que esté a su alcance, de acuerdo con las necesidades del país.Rusia, entretanto, expresó su solidaridad con el "amigo pueblo venezolano" y afirmó que atenderá "con prontitud" cualquier solicitud de asistencia.La solidaridad también llegó desde el Vaticano. El papa León XIV dispuso una primera ayuda de 100.000 euros, que será canalizada a través de las estructuras eclesiásticas locales para atender las necesidades más urgentes de la población afectada.El chef español José Andrés anunció el envío de un millón de dólares a Venezuela para ayudar ante el "caos provocado" por los terremotos y apoyar las labores de la organización humanitaria World Central Kitchen, que ya se está movilizando para distribuir alimentos.La Unión Europea puso en marcha el sistema satelital Copernicus para cartografiar las zonas afectadas y coordinó, a través del Mecanismo Europeo de Protección Civil, la ayuda ofrecida por España, Italia y la República Checa.Francia anunció el despliegue inmediato de un equipo de 85 rescatistas especializados en salvamento y desescombro. El presidente Emmanuel Macron aseguró, tras hablar con Rodríguez, que París está dispuesto a actuar junto a sus socios europeos para atender las necesidades que planteen las autoridades venezolanas.Países Bajos enviará un contingente de al menos 60 especialistas, entre bomberos, médicos, ingenieros y perros de rescate, y reservó hasta dos millones de euros para financiar la misión.Libia transmitió sus condolencias, Argelia expresó su disposición a contribuir a los esfuerzos de socorro e Israel dijo que ha comenzado los preparativos para un eventual despliegue de una delegación humanitaria.La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela pidió el levantamiento de las restricciones a internet y a los medios de comunicación para facilitar el flujo de información durante la emergencia.Los aeropuertos internacionales de Venezuela, excepto el principal del país, que sirve a Caracas, están operativos, confirmó a EFE la presidenta de la Asociación de Líneas Aéreas en Venezuela (ALAV), Marisela De Loaiza.
En medio de la tragedia que vive Venezuela tras los fuertes terremotos registrados durante la noche del miércoles, un video captado por una cámara de seguridad se convirtió en uno de los contenidos más compartidos en redes sociales. La grabación muestra el conmovedor gesto de un adulto mayor que, sin pensarlo dos veces, utilizó su propio cuerpo para proteger a su esposa mientras el violento movimiento sacudía su vivienda.El país enfrenta una de las emergencias más graves de los últimos años luego de que dos sismos, de magnitudes 7,2 y 7,5, estremecieran gran parte del territorio nacional con pocos minutos de diferencia. La región costera de La Guaira figura entre las más afectadas, donde las autoridades reportan severos daños en edificaciones, además de un alto número de víctimas y personas atrapadas bajo los escombros.Según los reportes preliminares entregados por los organismos de emergencia, al menos 235 personas fallecieron y más de 4.000 resultaron heridas a causa de los terremotos. Entretanto, los equipos de rescate mantienen las labores de búsqueda en diferentes sectores, ya que aún hay un número indeterminado de desaparecidos.En medio de este panorama, las redes sociales comenzaron a llenarse de videos que registraron los angustiosos momentos vividos durante los movimientos telúricos. Sin embargo, una grabación en particular logró conmover a miles de usuarios por el acto de amor y valentía protagonizado por un hombre de la tercera edad.Las imágenes muestran a una pareja de adultos mayores sentada tranquilamente en la sala de su casa cuando, de un momento a otro, comienzan a sentir el primer temblor. Al percatarse de lo que ocurre, la mujer entra en estado de pánico mientras observa cómo los objetos del lugar empiezan a moverse.Al notar el miedo de su compañera de vida, el hombre se acerca de inmediato para tranquilizarla. Pero cuando el sismo aumenta su intensidad y la vivienda comienza a sacudirse con mayor fuerza, el adulto mayor toma una decisión instintiva: rodea a su esposa con sus brazos y utiliza su cuerpo como un escudo para protegerla de cualquier objeto que pudiera caer.Durante varios segundos permanece abrazándola sin soltarse, soportando el fuerte movimiento hasta que finalmente el terremoto termina. La escena ha sido interpretada por miles de internautas como una muestra del amor incondicional que puede prevalecer incluso en los momentos más difíciles.El video rápidamente se viralizó en diferentes plataformas digitales, donde usuarios destacaron la serenidad y el coraje del hombre, calificando su reacción como un ejemplo de solidaridad, compromiso y protección hacia la persona con la que ha compartido su vida.
Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello."Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello. En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos.Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad"."Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.El número de fallecidos en Venezuela a causa de los dos terremotos del miércoles se elevó a 188 y el de heridos a 1.520, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.
Una carrera contra el tiempo y un clamor estrictamente humanitario es el que lidera desde Europa la colombiana Indira Ramírez. Su objetivo: localizar con urgencia en Bucaramanga o en Santander a los familiares de Argemiro Antolínez Ángel, un bumangués de 64 años que se convirtió en una de las víctimas mortales de los dos terremotos que sacudieron Venezuela, afectando varias ciudades. Es el primer colombiano, quien se sabe murió en la tragedia. El cuerpo de Antolínez Ángel se encuentra actualmente en la morgue del hospital de la localidad costera de Tucacas, en el estado Falcón, y el temor más grande de quienes conocían su entorno es que, ante la falta de familiares directos que reclamen sus restos, termine en una fosa común.Argemiro, nacido en Bucaramanga el 28 de enero de 1962 y radicado en el vecino país desde hace poco más de una década, residía en Tucacas junto a su pareja de hecho, una ciudadana venezolana de nombre Body. La familia de ella era propietaria de varios apartamentos en los edificios que colapsaron debido a la fuerza del sismo.Indira Ramírez es la única colombiana en la familia política de la víctima, pues está casada con un sobrino de la compañera sentimental de Argemiro; por esta razón, aunque reside en España, se puso en la tarea de buscar a alguien que pueda reclamar el cuerpo. "Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere", expresó Indira.Horas después del desastre, y tras una compleja travesía por carreteras bloqueadas y bajo el miedo a las réplicas, allegados de la pareja lograron ingresar a la zona de la catástrofe. En el lugar del desplome hallaron una escena conmovedora que da cuenta de sus últimos instantes de vida: los cuerpos de Argemiro y Body fueron encontrados abrazados bajo los escombros. Aunque los daños físicos eran severos, marcas particulares permitieron su plena identificación.Indira Ramírez es periodista y aunque ejerció su profesión en Colombia, desde hace 23 años está radicada en Madrid, España, y por ahora su búsqueda no ha tenido resultados."He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario", reiteró Ramírez.Entre la información que Indira ha podido recolectar de Argemiro Antolínez Ángel se sabe que es una persona separada, que dejó hijos en Colombia (al parecer uno de ellos es miembro de las Fuerzas Militares) y que tiene al menos una hermana.
