Crece la polémica en torno al impuesto de valorización que pretende cobrar el Gobierno a predios aledaños a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, donde a pesar del rechazo generalizado y en medio de las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal del Atlántico, esta semana el Invías continuará sus audiencias públicas para socializar el proyecto a las comunidades que deben asumir el cobro.En noviembre se han realizado cuatro jornadas de socialización en diferentes municipios del Atlántico y el próximo encuentro será este jueves, 27 de noviembre, en Tubará; sin embargo, los propietarios de los predios advierten que ni siquiera están siendo notificados formalmente para asistir a estas actividades y que, por lo tanto, mayor es el gasto del Gobierno que la participación de las comunidades en estos eventos.Alberto Mario Forero, uno de los propietarios afectados por el cobro, denuncia que se está despilfarrando recursos en “aperitivos durante el evento” y “viáticos de funcionarios”, sin que la socialización esté llegando realmente a los interesados."Desde el año pasado hemos venido denunciando que esa cantidad de recursos que están botando deberían invertirse en otras cosas, no solo porque la mayoría está en contra de esa valorización, sino también porque no nos están notificando formalmente sobre estas audiencias", dijo."A cada propietario o poseedor de un inmueble localizado en el sector entre Barranquilla y Cartagena deberían enviarle la invitación. Deben enviarlo al número de la matrícula de cada inmueble para que asistan a las audiencias, pero lo están haciendo por redes sociales y hay mucha gente que no utiliza redes, que ni siquiera escucha los medios de comunicación", agregó.Además, asegura que los lugares escogidos para hacer las socializaciones no hacen parte del área de influencia o donde frecuentan las personas que serán sujeto de cobro.
Desde Cartagena, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, confirmó que el Gobierno Nacional mantiene firme su decisión de continuar con el polémico cobro de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla, y que una vez surtidas las audiencias públicas ordenadas por el Consejo de Estado, el recaudo iniciaría en el segundo semestre de 2026.“Este es un proyecto cuya obra no ha culminado, por lo tanto, la inexequibilidad de la Corte Constitucional no tumba la aplicación de esta contribución. Y cuando hablamos de la orden y la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, tampoco se elimina el instrumento; lo que se genera es una suspensión provisional mientras se surten unas audiencias públicas, que realizaremos en noviembre y diciembre. De tal manera que, culminadas estas audiencias, se pueda levantar la medida cautelar y continuar con la aplicación del proceso de cobro”, explicó.Durante una jornada de socialización para funcionarios de alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, la funcionaria señaló que el total del recaudo, estimado en 850 mil millones de pesos, será reinvertido en la misma zona de influencia objeto del cobro, y que algunos proyectos priorizados incluyen el Tren del Caribe.“Desde el Gobierno Nacional nos interesa que estos recursos se distribuyan de la mejor manera, generando justicia y equidad territorial. Un proyecto de gran impacto para la región Caribe es el Tren del Caribe. Para el Gobierno Nacional, que parte de los recursos se reinviertan en la estructuración y construcción del Tren del Caribe es muy importante, pero también sabemos que hay otras necesidades de conectividad, como vías regionales de responsabilidad de los departamentos que atraviesan varios municipios del área de influencia del cobro, las cuales podrían ser priorizadas para intervenciones de mejoramiento”, precisó.La viceministra reiteró que el cobro por valorización solo será aplicado a los propietarios con capacidad de pago, y que estarán exentos de este aporte los propietarios en pobreza extrema y moderada, los predios habitacionales en estratos 1, 2 y 3, y las Unidades Agrícolas Familiares, entre otros.“Esto es muy importante, porque esta contribución busca que los mayores beneficios y los incrementos en los precios del suelo que ha generado esta obra Barranquilla–Cartagena se redistribuyan a la colectividad, beneficiando incluso territorios que hoy poco aportan en la contribución, debido a que su población es mayoritariamente de bajos ingresos”, agregó.En este encuentro con las entidades territoriales, se explicó también que el valor será recaudado por el Invías y administrado por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), que será el encargado de determinar la destinación o uso de los recursos.
En el Caribe no hay más que voces de vítores y júbilo por la decisión de la Corte Constitucional, que anuló el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno recaudar valorización en obras con más de cinco años de ejecución. La región Caribe, según gremios y congresistas, era el blanco inicial de este controvertido cobro, con un billonario recaudo que involucraba a más de 140 mil predios ubicados en la zona de confluencia de la llamada Vía al Mar.El fallo se dio a partir de una demanda presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que esta no solo era ilegal, sino injusta y regresiva, especialmente para los habitantes de la región Caribe.Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, es uno de quienes celebra la decisión. Dice que, si bien es un paso importante, aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad que esperan sea resuelta pronto, para conocer una decisión de fondo y alejar de forma definitiva este cobro. Afirma que no están en contra del cobro de valorización como tal, pero consideran que debe hacerse para la construcción de proyectos futuros, y no sobre los que ya están construidos.“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto e inconveniente cobro de valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía, y por el contrario, lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos", dijo Oliveros.El artículo anulado permitía al Estado exigir pagos de valorización sobre proyectos viales, incluso si estos llevaban años en operación, como es el caso de la Vía al Mar, en funcionamiento desde hace más de 20 años.
La Corte Constitucional frenó las pretensiones que tenía el Gobierno Nacional de cobrar un impuesto de valorización sobre carreteras ya construidas, como el corredor de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, o la Circunvalar de la Prosperidad.Se conoció que la Corte declaró inconstitucional el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el ‘Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Dicho artículo incluía una modificación que daba vía libre para que la Contribución Nacional de Valorización se pudiera aprobar y aplicar antes, durante y hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto; sin embargo, la Corte concluyó que con este cambio se “desconoció el principio de unidad de materia”.La Corte estimó que, “si bien la norma podía ser instrumental y tener alguna relación con las metas, planes, programas o estrategias incorporados en la parte general del Plan e incluso con el Plan Plurianual de Inversiones, esa relación no había sido directa ni inmediata, en los términos expuestos por la jurisprudencia constitucional”.En este sentido, señaló la Corte, “tal conexidad debía comprobarse teniendo en cuenta, especialmente, el contenido tributario de la norma y las cargas democráticas de deliberación que le eran inherentes”.La Sala Plena concluyó que “no era evidente si, en ausencia de dicha modificación, no podían ejecutarse los proyectos de infraestructura vial planteados por el Gobierno, o si los recursos que obtenía el Estado, a partir del cobro del tributo, en la forma prevista por el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, eran insuficientes para ese propósito”.En consecuencia, la Corte decidió que, al desaparecer del ordenamiento jurídico la modificación realizada, procedía revivir el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016 –en su versión original–, en aras de proteger el principio de seguridad jurídica.Como se recordará, el Tribunal Administrativo del Atlántico había ordenado, como medida cautelar, la suspensión del cobro de valorización a predios ubicados sobre la Vía al Mar, luego de que este gravamen fue demandado por congresistas de la región, en respaldo con autoridades locales, que califican dicho impuesto como injusto e ilegal.
A través de un concepto que envió la Procuraduría General al Tribunal Administrativo del Atlántico, esta solicitó que se suspenda cobro del impuesto de valorización a predios ubicados en el proyecto vial entre Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, hasta que el Tribunal Administrativo del Atlántico no resuelva si se adopta o no medidas cautelares para suspender cualquier recaudo antes de una sentencia final sobre la procedencia constitucional del mismo. Esto se da a partir de una acción popular que fue interpuesta por el senador Carlos Meisel, quien alegó que este cobro debía ser derogado por el "impacto negativo" que tendría para la ciudadanía a nivel económico. Además, indicó que habría "múltiples inconsistencias" en el estudio con lo que justificó la medida. "Igualmente se recomienda verificar e informar al despacho respecto de la existencia de comunidades étnicas en el área de aplicación de contribución nacional de valorización del sector transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad y, en caso de existir, se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantando las actuaciones pertinentes en caso de ser así", cita el documento. La solicitud fue presentada por el procurador 118 Judicial II Administrativo, Juan Antonio Spirko Payares, quien insistió al Tribunal en que disponga adoptar las medidas cautelares deprecadas. "La medida solicitada pretende proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso como es la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa, así como cualquier otro derecho de igual categoría que aparezca demostrado en el proceso y se desprenda del contenido de la demanda", explicó. Propietarios piensan declararse en desobediencia civilMientras tanto, ante la posibilidad de que el cobro de valorización arranque a partir del mes de junio, ya empezaron a escucharse las voces de protesta por parte de los propietarios, quienes dicen estar decididos a declararse en desobediencia civil, e incluso ya se están organizando para ello, pues consideran que este impuesto "es inviable"."Si no es viable jurídica ni administrativamente la imposición de la valorización, declarémonos todos en desobediencia civil, que es una alternativa constitucional para controvertir estos abusos", dijo Silvio Charris, líder empresarial y comunal del corredor turístico de la Vía al Mar.Vale decir que de acuerdo con la resolución expedida por el Invías, una vez sean entregadas las facturas con el valor a pagar por cada predio, los propietarios tienen máximo cuatro años para efectuar el pago y podrían hacerlo por cuotas. También fueron establecidos unos descuentos a quienes lo hagan dentro de las fechas establecidas.
Las cuentas no cuadran en las explicaciones entregadas por Invías a los congresistas del Caribe, luego de que le cuestionaron por la pertinencia de realizar una consulta previa entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que se verán impactadas por el cobro del impuesto de valorización en la vía al mar.Por ejemplo, en el municipio de Tubará, el DANE estableció que un 64% de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10% de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.Lo anterior resulta cuestionable para el representante a la Cámara Gersel Pérez, quien este viernes presentará ante el Tribunal del Atlántico una acción de tutela para que se suspenda cualquier cobro hasta que no se defina la realización de este mecanismo de consulta."Tomamos la decisión de que el día viernes estaremos radicando la acción de tutelas para impedir que se haga ese cobro de valorización y pediremos como medida cautelar que hasta que no se haga la consulta previa, no se puede, no se puede adelantar el cobro", expresó Pérez.El objetivo, según explicó, está puesto en que a través de dichas medidas cautelares para que se atiendan los requerimientos de la comunidad más vulnerable y se establezca si habrá afectaciones a los mismos.
Este viernes, el senador Mauricio Gómez compartió en un evento público la notificación que le llegó por la Corte Constitucional sobre la admisión de la demanda que interpuso en contra del polémico cobro de valorización a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar.El congresista, una vez fue notificado, pidió a Camacol, a los gremios y a sus compañeros del Congreso, en especial de la bancada caribe, que se unan a esta demanda para sacarla adelante a favor de la región Caribe.De inmediato, el abogado Felipe Aroca respondió que va “a coadyuvar esta demanda”, y en el mismo sentido se pronunció el presidente de Intergremial, Atlántico, Efraín Cepeda, quien en nombre de los gremios de Atlántico y Bolívar expresó su respaldo a esta iniciativa judicial.Justamente esta semana en Cartagena, el director de Invías, Juan Montenegro, presentó el censo predial, a corte de este 30 de octubre, que se aplicará a los propietarios de la Vía al Mar, dejando claro que de los 248.656 predios ubicados en el área de influencia del proyecto, el 40% quedaron exentos de este cobro.La exención se da por aspectos como falta de capacidad de pago, tener Sisben A y B, hacer parte del estrato 1, 2 y 3, y estar excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.En esa misma presentación, Montenegro aseguró que hasta ese momento el Invías no había sido notificado sobre las acciones judiciales que cursan en contra de este cobro de valorización, entre ellas la del Consejo de Estado.
El polémico cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía que conecta a Barranquilla- Cartagena sigue generando "rechazo rotundo" entre los gremios económicos de los departamentos del Atlántico y Bolívar, quienes han advertido que este podría convertirse en una amenaza de "confiscación".Al menos así lo ha planteado el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cépeda Tarud, quien explicó que este cobro podría generar que los propietarios de los predios gravados incumplan con los pagos, precisamente por no contar con la capacidad económica para asumirlos, convirtiéndose en sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar, inclusive, al remate de sus inmuebles.En este sentido, expresó que seguirán la batalla jurídica ante los vicios de nulidad que tendrían las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), para adelantar este proceso a partir de marzo del 2025, teniendo en cuenta que las notificaciones llegarían a partir del próximo mes. "Seguiremos por esta vía, por la vía jurídica, para evitar este cobro que consideramos inequitativo e injustificado por una vía que de 210 kilómetros aún tiene 60 en calzada sencilla. Seguramente seguirá así, aunque el Gobierno nacional empiece con esta contribución", dijo Cepeda. Así las cosas, lo que sugieren los gremios económicos es que el Invías derogue las resoluciones que permiten el cobro de valorización y que, de esta manera, sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la legalidad del mismo.Cabe recordar que el cobro de valorización estaría dirigido para un total de 248.000 unidades prediales ubicadas entre Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Por medio de la contribución, entre otras cosas, se espera un recaudo de 2,3 billones de pesos.
En un extenso documento de 364 páginas, el equipo jurídico del Distrito de Barranquilla interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que “se declare la nulidad” de la resolución que emitió el Invías en mayo de 2023 y por medio de la cual se aplica el cobro de valorización en la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad, entre Atlántico y Bolívar.Puntualmente, la demanda pide la nulidad, tanto de la Resolución No. 1729 del 26 de mayo de 2023 del Invías, como de la Resolución No. 2615 del 27 de junio de 2024, también emitida por el Invías y la cual hace modificaciones y adiciones a la primera decisión.La demanda basa sus pretensiones en 21 hechos concretos, como por ejemplo que en 2013, cuando la ANI presentó las obras que conforman el corredor vial Cartagena – Barranquilla, “el Invías no socializó, ni informó ni notificó a la comunidad de los departamentos de Atlántico y Bolívar que esa obra les sería posteriormente cobrada mediante una contribución de valorización”.Agrega que la resolución que aplica el cobro “no cumplió el trámite establecido” y esto “impidió que la comunidad afectada con este acto administrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cual sería una “expedición irregular” de dicho acto.El Distrito sostiene que “lo que está haciendo el Invías con la valorización es vulnerar de forma flagrante y grosera el debido proceso”, y además “viola el derecho a la Igualdad de las comunidades de Atlántico y Bolívar, si se tiene en cuenta que en el país se han ejecutado otros proyectos que son de la misma época y a los que no se les ha aplicado la contribución de valorización”.A su vez, el Distrito llama la atención sobre la afirmación que hizo la ministra de Transporte, María García, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que “el 100% del recaudo de la valorización se quedaría en los departamentos de Atlántico y Bolívar”, siendo que “ese tema tampoco se incluye en las resoluciones del Invías y, por el contrario, se ha escuchado en versiones de prensa que sólo se quedaría el 50% en estos departamentos y el otro 50% en otras regiones del país”.Critica que con este cobro “se puede observar cómo a esta parte de la región Caribe se le quiere aplicar un tributo retroactivo cuando la inversión del Gobierno Nacional ha sido prácticamente nula en los últimos dos años y existe una deuda pendiente de inversiones hacia la región”.Vale anotar que a esta demanda se suman dos interpuestas este año por el gremio de Camacol Atlántico y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Pese a todas las críticas que han surgido desde el Congreso, los mandatarios locales y la misma ciudadanía; la ministra de Transporte María Constanza García dejó claro en su visita de hoy a Barranquilla que será un hecho el cobro de valorización en la Vía al Mar y que los primeros pagos deberían empezar en marzo de 2025."La valorización es un instrumento válido, pero, además, necesario. Nosotros arrancamos esta valorización en el corredor Barranquilla- Cartagena, pero al momento de la llegada de nosotros al Gobierno ya se habían iniciado los estudios y durante estos dos años lo que hemos estado haciendo es perfeccionar esos estudios", explicó.Sin embargo, García precisó que serán 108.000 predios los que estarán exentos del cobro, los cuales, como se ha dicho, corresponden a los estratos 1, 2 y 3 a lo largo de los 10 municipios que se localizan en el área de influencia de la vía, así como los predios que se identifican como Sisbén en las categorías A y B, y las unidades agrícolas familiares.A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también respaldó a la ministra García dejando claro que esta valorización "es un modelo que se va a replicar en las distintas concesiones del país"."Es decir, no es una decisión exclusiva para la vía Barranquilla- Cartagena. Como lo dijo la ministra, en las vías de 4G en los distintos departamentos del país, se va a hacer un esfuerzo para que, obvio, los predios que adquieren valor como consecuencia de esas obras y que no pertenecen a personas de estratos populares, pues puedan contribuir al mejoramiento de la infraestructura en todo el país", dijo Cristo.No obstante, aseguró que deberá cumplirse un proceso arduo de socialización y que, incluso después, la gente estará en todo su "derecho de reclamar por el pago, si no está en capacidad o si considera que se le está cobrando mal".Tarifas diferenciales en peajesLa ministra de Transporte también se refirió al peaje Papiros de Puerto Colombia, asegurando que en este municipio 800 personas ya se han inscrito para ser cobijadas con una tarifa diferencial de 1.500 pesos, recursos que servirán, entre otras, para apoyar a las Fuerzas Armadas que brindan seguridad en las carreteras.
El colesterol alto no siempre está relacionado con la alimentación o los hábitos de vida. En algunos casos, puede tener un origen genético y comenzar a elevarse desde los primeros años de vida, aumentando el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares de manera prematura.Este 24 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Hipercolesterolemia Familiar, una fecha que busca llamar la atención sobre una condición que puede permanecer durante años sin ser identificada. La hipercolesterolemia familiar (HF) es una enfermedad genética que provoca niveles elevados de colesterol LDL, conocido como colesterol “malo”, desde edades tempranas.Uno de los principales desafíos es precisamente reconocerla a tiempo. De acuerdo con el endocrinólogo pediatra Juan David Lasprilla, muchas veces existe la idea de que los problemas relacionados con el colesterol únicamente aparecen en adultos, lo que puede retrasar el diagnóstico en niños y adolescentes.Una enfermedad que puede heredarse de los padresLa hipercolesterolemia familiar se transmite mediante un patrón autosómico dominante. Esto significa que una persona puede desarrollar la enfermedad al recibir una copia alterada del gen responsable de uno de sus padres.Existen dos formas principales de esta condición. La heterocigota (HeFH) ocurre cuando se hereda la alteración genética de uno de los padres y es la presentación más frecuente.La segunda es la hipercolesterolemia familiar homocigota (HoFH), considerada la forma más grave, que aparece cuando las alteraciones genéticas se heredan de ambos padres. En estos casos, el colesterol LDL puede alcanzar niveles al menos dos veces superiores a los observados en la forma heterocigota y hasta cuatro veces por encima de los valores considerados normales.Los estudios más recientes también han cambiado la percepción sobre la frecuencia de la HoFH. Mientras anteriormente se calculaba que afectaba a una de cada millón de personas, estimaciones genéticas posteriores ubican su prevalencia entre uno de cada 170.000 y uno de cada 300.000 habitantes.En Colombia todavía no se cuenta con cifras precisas sobre el número total de personas con esta enfermedad. Lasprilla explicó que actualmente se adelanta un registro de pacientes para conocer mejor el comportamiento de la condición en el país. Un reporte de 2020 identificó 36 pacientes colombianos diagnosticados, con una edad promedio de 27 años y una concentración importante de casos en la región Caribe.¿Por qué puede ser grave desde la infancia?En la forma homocigota, el mecanismo encargado de retirar el colesterol LDL de la sangre presenta un funcionamiento muy deficiente. Como consecuencia, los niveles pueden superar los 500 mg/dL desde edades tempranas.Esta acumulación prolongada de colesterol puede generar complicaciones cardiovasculares graves. En los casos más severos, los problemas pueden aparecer incluso antes de los 10 años, razón por la que los especialistas insisten en que el tratamiento debe comenzar lo antes posible.“El principal reto no sólo en Colombia, sino a nivel mundial, es el diagnóstico temprano”, señaló Lasprilla, quien advirtió que la percepción de que los niños no suelen presentar este tipo de enfermedades puede retrasar la detección.Por ello, el especialista considera necesario fortalecer las estrategias de tamización y realizar estudios familiares que permitan identificar a otros integrantes que podrían presentar la alteración genética.El diagnóstico y el tratamiento requieren seguimientoCuando existe sospecha de hipercolesterolemia familiar, los profesionales pueden recurrir a análisis clínicos, estudios familiares y pruebas genéticas para establecer un diagnóstico preciso y determinar cuál de las formas de la enfermedad presenta el paciente.El tratamiento busca reducir los niveles de colesterol y disminuir el riesgo de complicaciones cardiovasculares. En los pacientes con HoFH, el manejo puede requerir una intervención intensiva desde edades tempranas y seguimiento permanente.Lasprilla también señaló que después del diagnóstico aparecen otros desafíos, entre ellos el acceso a especialistas y la adherencia al tratamiento. En los menores de edad, el manejo puede involucrar a endocrinólogos pediatras, cardiólogos pediatras, genetistas, nutricionistas y psicólogos.Además del tratamiento médico, el acompañamiento integral es relevante para estos pacientes. Christian David Niño Torres, director administrativo de la Fundación Jaasiel, destacó la importancia de combinar una nutrición adecuada, atención continua y cuidado de la salud emocional para afrontar las dificultades asociadas con la enfermedad.Detectar la hipercolesterolemia familiar desde la infancia permite iniciar medidas para controlar el colesterol y reducir las consecuencias cardiovasculares que pueden aparecer prematuramente. Por eso, conocer los antecedentes familiares y consultar ante niveles elevados de colesterol puede ser un paso determinante para identificar esta condición.
Atlético Nacional y Millonarios se enfrentan este jueves, 24 de septiembre, por una nueva jornada de la Liga BetPlay 2026, en uno de los partidos más esperados de la fecha. El encuentro podrá seguirse EN VIVO y online, con todos los detalles sobre la hora, la transmisión, las alineaciones y el minuto a minuto del compromiso con Blu Radio.La presión recae sobre el cuadro verdolaga, que afronta este duelo en condición de local ante un Millonarios que ha conseguido imponerse en varias de sus recientes visitas a Medellín. Con el regreso de Alberto Gamero al frente del conjunto embajador, Atlético Nacional buscará cortar esa racha y hacerse fuerte ante su afición en un nuevo capítulo del clásico del fútbol colombiano.Atlético Nacional HOY vs. Millonarios EN VIVO: siga el partido online y gratisEl equipo de Blog Deportivo de Blu Radio llevará toda la cobertura EN VIVO, online y gratis este jueves, 24 de septiembre, para el duelo entre Atlético Nacional y Millonarios. Los seguidores podrán estar al tanto del partido a través de la señal 89.9 FM y el canal de YouTube de Blu Radio.¿A qué hora juegan Atlético Nacional vs. Millonarios HOY?El duelo entre verdolagas y embajadores está programado para este jueves, 24 de septiembre, a partir de las 7:30 de la noche. El compromiso se disputará en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde Atlético Nacional buscará aprovechar su condición de local.¿Dónde ver Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO?Los aficionados podrán seguir la cobertura del partido Atlético Nacional vs. Millonarios EN VIVO a través de los canales digitales de Blu Radio y la señal 89.9 FM. Allí encontrarán información sobre el desarrollo del compromiso, las novedades de los equipos y el minuto a minuto.Historial entre Atlético Nacional y MillonariosEl primer enfrentamiento entre ambos equipos se disputó el 3 de octubre de 1948, cuando Atlético Municipal, hoy Atlético Nacional, derrotó 4-3 a Millonarios.Desde entonces, Millonarios mantiene la ventaja en el historial general. El cuadro embajador suma 115 victorias, mientras que Atlético Nacional registra 86 triunfos. Los dos equipos han empatado en 101 oportunidades.En los partidos correspondientes a la Liga, la ventaja también favorece a Millonarios, que acumula 106 victorias frente a las 81 de Atlético Nacional. Además, se han registrado 90 empates en la primera división.Posibles alineaciones de Nacional y MillonariosAtlético Nacional: Franco Armani; Andrés Román, Andrés Reyes, William Tesillo, Milton Casco; Xavi Ríos, Juan Manuel Zapata; Elías Cabrera, Ian Poveda, Marlos Moreno y Cristian Arango. Millonarios: Javier Burrai; Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Sebastián Valencia; Rodrigo Ureña, Sebastián Viveros, Daniel Ruiz; Francisco Chaverra, Julián Angulo y Leonardo Castro.
El Gobierno colombiano decidió romper relaciones diplomáticas con Irán, así lo informó la Cancillería colombiana en las últimas horas.“Colombia, además, tuvo en cuenta las violaciones constatadas de derechos humanos cometidas por el Gobierno iraní en su territorio, los ataques verificados contra países que no son parte del conflicto en el medio oriente, el bloqueo al estrecho de Ormuz y la obstrucción de las autoridades a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance de su programa nuclear”, señala el comunicado de la Cancillería.El Gobierno colombiano también explicó que la decisión se tomó teniendo en cuenta la seguridad nacional y hemisférica y lucha contra el crimen transnacional, teniendo en cuenta los presuntos vínculos de Irán con grupos armados.“La medida dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Islámica de Irán, aclara que lo anterior no significa la ruptura de relaciones consulares, según lo previsto en el artículo 45 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 y el numeral 3 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963”, dice el documento de la Cancillería.
El Concejo de Bogotá aprobó este 24 de septiembre un nuevo cobro al alumbrado público con una sobretasa al impuesto predial con 23 votos a favor y 20 en contra. La medida hace parte de la reforma tributaria propuesta por el alcalde Carlos Fernando Galán.El nuevo valor sería cobrado a estratos 4, 5 y 6 y a viviendas con avalúo comercial superior a los $1.000 millones, a partir de enero de 2027. Esta aprobación únicamente es para el artículo del alumbrado público, no para toda la reforma tributaria.¿Quiénes quedarían exentos de pagar cobro de alumbrado público?Anteriormente, durante el debate en la Comisión de Hacienda, se aprobó que algunos predios y establecimientos no tengan que pagar la nueva sobretasa, de acuerdo con determinadas condiciones.Los predios de estratos 4, 5 y 6 sin capacidad de pago quedarían exentos cuando el propietario pertenezca a los grupos A, B o C del Sisbén.Tampoco pagarían los predios comerciales sin capacidad de pago, cuando el propietario esté clasificado en los grupos A o B del Sisbén.Además, quedarían exentos los establecimientos comerciales de hasta 30 metros cuadrados ubicados en viviendas de estratos 1, 2 y 3.Frente a lo anterior, la Secretaría de Hacienda indica en su página web que los hogares de estratos 1, 2 y 3 no pagarían este cobro cuando el valor usado para calcular el predial sea de hasta 20.000 UVT, equivalentes a cerca de $1.047 millones en 2026. Por ejemplo, una vivienda de estrato 2 con un valor de $300 millones para calcular el predial no tendría que pagar la sobretasa.La propuesta también contempla medidas de protección para hogares en pobreza extrema, pobreza moderada o condición de vulnerabilidad. Además de las viviendas, el cobro también se aplicaría a otros tipos de predios, entre ellos los comerciales, industriales y financieros, explica la entidad. Es importante recordar que el cobro aprobado contemplaría la aplicación de la sobretasa al impuesto predial a los estratos 4, 5 y 6 y a las viviendas con un avalúo comercial superior a $1.000 millones, a partir de enero de 2027.El objetivo que plantea la propuesta del Distrito con este recaudo es convertir el alumbrado público de Bogotá en una infraestructura multifuncional de gran escala. Es decir, se implementará una iluminación moderna 100 % LED, herramientas de telegestión para lograr avanzar en soluciones relacionadas con seguridad, conectividad y movilidad inteligente.
En las últimas horas surgió una versión que puso en duda la realización de la final de la Copa Sudamericana en Barranquilla, luego de que, supuestamente, algunos clubes habrían planteado inquietudes por el largo desplazamiento hasta la capital del Atlántico. Sin embargo, en Blog Deportivo se conocieron detalles que apuntan a que la sede del partido, programado para el próximo 21 de noviembre en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, se mantiene en firme.La principal preocupación estaría relacionada con el tiempo de viaje hasta Barranquilla, que desde algunos destinos puede alcanzar aproximadamente siete horas. No obstante, la periodista Marina Granziera consultó a fuentes cercanas a Atlético Mineiro y detalló que hubo un encuentro enfocado en asuntos logísticos, seguridad, hoteles y las obras de renovación del escenario deportivo.Además, el periodista Juan José Buscalia explicó en Blog Deportivo que la propia Conmebol ya trabaja en la organización de la final en Barranquilla. “La sede de la final de la Copa Sudamericana es y seguirá siendo Barranquilla”, afirmó el periodista argentino.Asimismo, este jueves la Alcaldía de Barranquilla compartió imágenes de cómo avanzan las obras de remodelación e, incluso, el Junior realizó un entrenamiento en el Metropolitano.¿Han cambiado la sede de una final?Los antecedentes de la Conmebol muestran que los cambios de sede en finales continentales han ocurrido por circunstancias específicas. Por ejemplo, una final que inicialmente estaba prevista en Santa Cruz de la Sierra pasó a Asunción debido a inconvenientes con el estadio, además de modificaciones relacionadas con la situación social en Chile en 2019. También se recordó el caso de la final de 2023, cuando el partido terminó disputándose en Maldonado, Uruguay, debido a consideraciones relacionadas con la capacidad y la asistencia esperada.Así las cosas, todo apunta a que la Conmebol mantiene su decisión y la final será en Barranquilla. De hecho, las empresas encargadas de prestar servicios durante el evento ya están desplazándose a la ciudad para comenzar los preparativos.
