Crece la polémica en torno al impuesto de valorización que pretende cobrar el Gobierno a predios aledaños a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, donde a pesar del rechazo generalizado y en medio de las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal del Atlántico, esta semana el Invías continuará sus audiencias públicas para socializar el proyecto a las comunidades que deben asumir el cobro.En noviembre se han realizado cuatro jornadas de socialización en diferentes municipios del Atlántico y el próximo encuentro será este jueves, 27 de noviembre, en Tubará; sin embargo, los propietarios de los predios advierten que ni siquiera están siendo notificados formalmente para asistir a estas actividades y que, por lo tanto, mayor es el gasto del Gobierno que la participación de las comunidades en estos eventos.Alberto Mario Forero, uno de los propietarios afectados por el cobro, denuncia que se está despilfarrando recursos en “aperitivos durante el evento” y “viáticos de funcionarios”, sin que la socialización esté llegando realmente a los interesados."Desde el año pasado hemos venido denunciando que esa cantidad de recursos que están botando deberían invertirse en otras cosas, no solo porque la mayoría está en contra de esa valorización, sino también porque no nos están notificando formalmente sobre estas audiencias", dijo."A cada propietario o poseedor de un inmueble localizado en el sector entre Barranquilla y Cartagena deberían enviarle la invitación. Deben enviarlo al número de la matrícula de cada inmueble para que asistan a las audiencias, pero lo están haciendo por redes sociales y hay mucha gente que no utiliza redes, que ni siquiera escucha los medios de comunicación", agregó.Además, asegura que los lugares escogidos para hacer las socializaciones no hacen parte del área de influencia o donde frecuentan las personas que serán sujeto de cobro.
Desde Cartagena, la viceministra de Infraestructura del Ministerio de Transporte, Liliana Ospina, confirmó que el Gobierno Nacional mantiene firme su decisión de continuar con el polémico cobro de valorización en la vía Cartagena–Barranquilla, y que una vez surtidas las audiencias públicas ordenadas por el Consejo de Estado, el recaudo iniciaría en el segundo semestre de 2026.“Este es un proyecto cuya obra no ha culminado, por lo tanto, la inexequibilidad de la Corte Constitucional no tumba la aplicación de esta contribución. Y cuando hablamos de la orden y la medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico, tampoco se elimina el instrumento; lo que se genera es una suspensión provisional mientras se surten unas audiencias públicas, que realizaremos en noviembre y diciembre. De tal manera que, culminadas estas audiencias, se pueda levantar la medida cautelar y continuar con la aplicación del proceso de cobro”, explicó.Durante una jornada de socialización para funcionarios de alcaldías y gobernaciones de Bolívar y Atlántico, la funcionaria señaló que el total del recaudo, estimado en 850 mil millones de pesos, será reinvertido en la misma zona de influencia objeto del cobro, y que algunos proyectos priorizados incluyen el Tren del Caribe.“Desde el Gobierno Nacional nos interesa que estos recursos se distribuyan de la mejor manera, generando justicia y equidad territorial. Un proyecto de gran impacto para la región Caribe es el Tren del Caribe. Para el Gobierno Nacional, que parte de los recursos se reinviertan en la estructuración y construcción del Tren del Caribe es muy importante, pero también sabemos que hay otras necesidades de conectividad, como vías regionales de responsabilidad de los departamentos que atraviesan varios municipios del área de influencia del cobro, las cuales podrían ser priorizadas para intervenciones de mejoramiento”, precisó.La viceministra reiteró que el cobro por valorización solo será aplicado a los propietarios con capacidad de pago, y que estarán exentos de este aporte los propietarios en pobreza extrema y moderada, los predios habitacionales en estratos 1, 2 y 3, y las Unidades Agrícolas Familiares, entre otros.“Esto es muy importante, porque esta contribución busca que los mayores beneficios y los incrementos en los precios del suelo que ha generado esta obra Barranquilla–Cartagena se redistribuyan a la colectividad, beneficiando incluso territorios que hoy poco aportan en la contribución, debido a que su población es mayoritariamente de bajos ingresos”, agregó.En este encuentro con las entidades territoriales, se explicó también que el valor será recaudado por el Invías y administrado por el Fondo de Fuentes Alternativas de Pago para el Desarrollo de Infraestructura (FIP), que será el encargado de determinar la destinación o uso de los recursos.
En el Caribe no hay más que voces de vítores y júbilo por la decisión de la Corte Constitucional, que anuló el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno recaudar valorización en obras con más de cinco años de ejecución. La región Caribe, según gremios y congresistas, era el blanco inicial de este controvertido cobro, con un billonario recaudo que involucraba a más de 140 mil predios ubicados en la zona de confluencia de la llamada Vía al Mar.El fallo se dio a partir de una demanda presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que esta no solo era ilegal, sino injusta y regresiva, especialmente para los habitantes de la región Caribe.Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, es uno de quienes celebra la decisión. Dice que, si bien es un paso importante, aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad que esperan sea resuelta pronto, para conocer una decisión de fondo y alejar de forma definitiva este cobro. Afirma que no están en contra del cobro de valorización como tal, pero consideran que debe hacerse para la construcción de proyectos futuros, y no sobre los que ya están construidos.“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto e inconveniente cobro de valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía, y por el contrario, lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos", dijo Oliveros.El artículo anulado permitía al Estado exigir pagos de valorización sobre proyectos viales, incluso si estos llevaban años en operación, como es el caso de la Vía al Mar, en funcionamiento desde hace más de 20 años.
La Corte Constitucional frenó las pretensiones que tenía el Gobierno Nacional de cobrar un impuesto de valorización sobre carreteras ya construidas, como el corredor de la Vía al Mar, entre Barranquilla y Cartagena, o la Circunvalar de la Prosperidad.Se conoció que la Corte declaró inconstitucional el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, mediante la cual se expidió el ‘Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida’. Dicho artículo incluía una modificación que daba vía libre para que la Contribución Nacional de Valorización se pudiera aprobar y aplicar antes, durante y hasta cinco años después del inicio de la operación del proyecto; sin embargo, la Corte concluyó que con este cambio se “desconoció el principio de unidad de materia”.La Corte estimó que, “si bien la norma podía ser instrumental y tener alguna relación con las metas, planes, programas o estrategias incorporados en la parte general del Plan e incluso con el Plan Plurianual de Inversiones, esa relación no había sido directa ni inmediata, en los términos expuestos por la jurisprudencia constitucional”.En este sentido, señaló la Corte, “tal conexidad debía comprobarse teniendo en cuenta, especialmente, el contenido tributario de la norma y las cargas democráticas de deliberación que le eran inherentes”.La Sala Plena concluyó que “no era evidente si, en ausencia de dicha modificación, no podían ejecutarse los proyectos de infraestructura vial planteados por el Gobierno, o si los recursos que obtenía el Estado, a partir del cobro del tributo, en la forma prevista por el artículo 249 de la Ley 1819 de 2016, eran insuficientes para ese propósito”.En consecuencia, la Corte decidió que, al desaparecer del ordenamiento jurídico la modificación realizada, procedía revivir el inciso segundo del artículo 249 de la Ley 1819 de 2016 –en su versión original–, en aras de proteger el principio de seguridad jurídica.Como se recordará, el Tribunal Administrativo del Atlántico había ordenado, como medida cautelar, la suspensión del cobro de valorización a predios ubicados sobre la Vía al Mar, luego de que este gravamen fue demandado por congresistas de la región, en respaldo con autoridades locales, que califican dicho impuesto como injusto e ilegal.
A través de un concepto que envió la Procuraduría General al Tribunal Administrativo del Atlántico, esta solicitó que se suspenda cobro del impuesto de valorización a predios ubicados en el proyecto vial entre Barranquilla- Cartagena y la Circunvalar de la Prosperidad, hasta que el Tribunal Administrativo del Atlántico no resuelva si se adopta o no medidas cautelares para suspender cualquier recaudo antes de una sentencia final sobre la procedencia constitucional del mismo. Esto se da a partir de una acción popular que fue interpuesta por el senador Carlos Meisel, quien alegó que este cobro debía ser derogado por el "impacto negativo" que tendría para la ciudadanía a nivel económico. Además, indicó que habría "múltiples inconsistencias" en el estudio con lo que justificó la medida. "Igualmente se recomienda verificar e informar al despacho respecto de la existencia de comunidades étnicas en el área de aplicación de contribución nacional de valorización del sector transporte en el proyecto de Infraestructura Vial Cartagena – Barranquilla – Circunvalar de la Prosperidad y, en caso de existir, se adelanten las actuaciones tendientes a determinar la necesidad de efectuar consultas con aquellos, adelantando las actuaciones pertinentes en caso de ser así", cita el documento. La solicitud fue presentada por el procurador 118 Judicial II Administrativo, Juan Antonio Spirko Payares, quien insistió al Tribunal en que disponga adoptar las medidas cautelares deprecadas. "La medida solicitada pretende proteger y garantizar provisionalmente el objeto del proceso como es la protección al derecho colectivo a la moralidad administrativa, así como cualquier otro derecho de igual categoría que aparezca demostrado en el proceso y se desprenda del contenido de la demanda", explicó. Propietarios piensan declararse en desobediencia civilMientras tanto, ante la posibilidad de que el cobro de valorización arranque a partir del mes de junio, ya empezaron a escucharse las voces de protesta por parte de los propietarios, quienes dicen estar decididos a declararse en desobediencia civil, e incluso ya se están organizando para ello, pues consideran que este impuesto "es inviable"."Si no es viable jurídica ni administrativamente la imposición de la valorización, declarémonos todos en desobediencia civil, que es una alternativa constitucional para controvertir estos abusos", dijo Silvio Charris, líder empresarial y comunal del corredor turístico de la Vía al Mar.Vale decir que de acuerdo con la resolución expedida por el Invías, una vez sean entregadas las facturas con el valor a pagar por cada predio, los propietarios tienen máximo cuatro años para efectuar el pago y podrían hacerlo por cuotas. También fueron establecidos unos descuentos a quienes lo hagan dentro de las fechas establecidas.
Las cuentas no cuadran en las explicaciones entregadas por Invías a los congresistas del Caribe, luego de que le cuestionaron por la pertinencia de realizar una consulta previa entre las comunidades indígenas y afrodescendientes que se verán impactadas por el cobro del impuesto de valorización en la vía al mar.Por ejemplo, en el municipio de Tubará, el DANE estableció que un 64% de la población es descendiente Mokaná, sin embargo, no más de un 10% de los predios de esta zona fueron excluidos del cobro.Lo anterior resulta cuestionable para el representante a la Cámara Gersel Pérez, quien este viernes presentará ante el Tribunal del Atlántico una acción de tutela para que se suspenda cualquier cobro hasta que no se defina la realización de este mecanismo de consulta."Tomamos la decisión de que el día viernes estaremos radicando la acción de tutelas para impedir que se haga ese cobro de valorización y pediremos como medida cautelar que hasta que no se haga la consulta previa, no se puede, no se puede adelantar el cobro", expresó Pérez.El objetivo, según explicó, está puesto en que a través de dichas medidas cautelares para que se atiendan los requerimientos de la comunidad más vulnerable y se establezca si habrá afectaciones a los mismos.
Este viernes, el senador Mauricio Gómez compartió en un evento público la notificación que le llegó por la Corte Constitucional sobre la admisión de la demanda que interpuso en contra del polémico cobro de valorización a la Vía al Mar y la Circunvalar de la Prosperidad, en Atlántico y Bolívar.El congresista, una vez fue notificado, pidió a Camacol, a los gremios y a sus compañeros del Congreso, en especial de la bancada caribe, que se unan a esta demanda para sacarla adelante a favor de la región Caribe.De inmediato, el abogado Felipe Aroca respondió que va “a coadyuvar esta demanda”, y en el mismo sentido se pronunció el presidente de Intergremial, Atlántico, Efraín Cepeda, quien en nombre de los gremios de Atlántico y Bolívar expresó su respaldo a esta iniciativa judicial.Justamente esta semana en Cartagena, el director de Invías, Juan Montenegro, presentó el censo predial, a corte de este 30 de octubre, que se aplicará a los propietarios de la Vía al Mar, dejando claro que de los 248.656 predios ubicados en el área de influencia del proyecto, el 40% quedaron exentos de este cobro.La exención se da por aspectos como falta de capacidad de pago, tener Sisben A y B, hacer parte del estrato 1, 2 y 3, y estar excluidos por ley como iglesias, bienes patrimoniales, entre otros.En esa misma presentación, Montenegro aseguró que hasta ese momento el Invías no había sido notificado sobre las acciones judiciales que cursan en contra de este cobro de valorización, entre ellas la del Consejo de Estado.
El polémico cobro de valorización a los predios ubicados en la zona de influencia de la vía que conecta a Barranquilla- Cartagena sigue generando "rechazo rotundo" entre los gremios económicos de los departamentos del Atlántico y Bolívar, quienes han advertido que este podría convertirse en una amenaza de "confiscación".Al menos así lo ha planteado el presidente del Comité Intergremial del Atlántico, Efraín Cépeda Tarud, quien explicó que este cobro podría generar que los propietarios de los predios gravados incumplan con los pagos, precisamente por no contar con la capacidad económica para asumirlos, convirtiéndose en sujetos de instrumentos de cobros coactivos que podrían llegar, inclusive, al remate de sus inmuebles.En este sentido, expresó que seguirán la batalla jurídica ante los vicios de nulidad que tendrían las resoluciones expedidas por el Instituto Nacional de Vías (Invías), para adelantar este proceso a partir de marzo del 2025, teniendo en cuenta que las notificaciones llegarían a partir del próximo mes. "Seguiremos por esta vía, por la vía jurídica, para evitar este cobro que consideramos inequitativo e injustificado por una vía que de 210 kilómetros aún tiene 60 en calzada sencilla. Seguramente seguirá así, aunque el Gobierno nacional empiece con esta contribución", dijo Cepeda. Así las cosas, lo que sugieren los gremios económicos es que el Invías derogue las resoluciones que permiten el cobro de valorización y que, de esta manera, sea el Consejo de Estado el que se pronuncie sobre la legalidad del mismo.Cabe recordar que el cobro de valorización estaría dirigido para un total de 248.000 unidades prediales ubicadas entre Cartagena y Santa Catalina (Bolívar); Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad y Malambo (Atlántico). Por medio de la contribución, entre otras cosas, se espera un recaudo de 2,3 billones de pesos.
En un extenso documento de 364 páginas, el equipo jurídico del Distrito de Barranquilla interpuso una demanda ante el Consejo de Estado para que “se declare la nulidad” de la resolución que emitió el Invías en mayo de 2023 y por medio de la cual se aplica el cobro de valorización en la Vía al Mar y Circunvalar de la Prosperidad, entre Atlántico y Bolívar.Puntualmente, la demanda pide la nulidad, tanto de la Resolución No. 1729 del 26 de mayo de 2023 del Invías, como de la Resolución No. 2615 del 27 de junio de 2024, también emitida por el Invías y la cual hace modificaciones y adiciones a la primera decisión.La demanda basa sus pretensiones en 21 hechos concretos, como por ejemplo que en 2013, cuando la ANI presentó las obras que conforman el corredor vial Cartagena – Barranquilla, “el Invías no socializó, ni informó ni notificó a la comunidad de los departamentos de Atlántico y Bolívar que esa obra les sería posteriormente cobrada mediante una contribución de valorización”.Agrega que la resolución que aplica el cobro “no cumplió el trámite establecido” y esto “impidió que la comunidad afectada con este acto administrativo presentara observaciones, sugerencias o propuestas alternativas”, lo cual sería una “expedición irregular” de dicho acto.El Distrito sostiene que “lo que está haciendo el Invías con la valorización es vulnerar de forma flagrante y grosera el debido proceso”, y además “viola el derecho a la Igualdad de las comunidades de Atlántico y Bolívar, si se tiene en cuenta que en el país se han ejecutado otros proyectos que son de la misma época y a los que no se les ha aplicado la contribución de valorización”.A su vez, el Distrito llama la atención sobre la afirmación que hizo la ministra de Transporte, María García, el pasado 6 de agosto, cuando aseguró que “el 100% del recaudo de la valorización se quedaría en los departamentos de Atlántico y Bolívar”, siendo que “ese tema tampoco se incluye en las resoluciones del Invías y, por el contrario, se ha escuchado en versiones de prensa que sólo se quedaría el 50% en estos departamentos y el otro 50% en otras regiones del país”.Critica que con este cobro “se puede observar cómo a esta parte de la región Caribe se le quiere aplicar un tributo retroactivo cuando la inversión del Gobierno Nacional ha sido prácticamente nula en los últimos dos años y existe una deuda pendiente de inversiones hacia la región”.Vale anotar que a esta demanda se suman dos interpuestas este año por el gremio de Camacol Atlántico y el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay.
Pese a todas las críticas que han surgido desde el Congreso, los mandatarios locales y la misma ciudadanía; la ministra de Transporte María Constanza García dejó claro en su visita de hoy a Barranquilla que será un hecho el cobro de valorización en la Vía al Mar y que los primeros pagos deberían empezar en marzo de 2025."La valorización es un instrumento válido, pero, además, necesario. Nosotros arrancamos esta valorización en el corredor Barranquilla- Cartagena, pero al momento de la llegada de nosotros al Gobierno ya se habían iniciado los estudios y durante estos dos años lo que hemos estado haciendo es perfeccionar esos estudios", explicó.Sin embargo, García precisó que serán 108.000 predios los que estarán exentos del cobro, los cuales, como se ha dicho, corresponden a los estratos 1, 2 y 3 a lo largo de los 10 municipios que se localizan en el área de influencia de la vía, así como los predios que se identifican como Sisbén en las categorías A y B, y las unidades agrícolas familiares.A su turno, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, también respaldó a la ministra García dejando claro que esta valorización "es un modelo que se va a replicar en las distintas concesiones del país"."Es decir, no es una decisión exclusiva para la vía Barranquilla- Cartagena. Como lo dijo la ministra, en las vías de 4G en los distintos departamentos del país, se va a hacer un esfuerzo para que, obvio, los predios que adquieren valor como consecuencia de esas obras y que no pertenecen a personas de estratos populares, pues puedan contribuir al mejoramiento de la infraestructura en todo el país", dijo Cristo.No obstante, aseguró que deberá cumplirse un proceso arduo de socialización y que, incluso después, la gente estará en todo su "derecho de reclamar por el pago, si no está en capacidad o si considera que se le está cobrando mal".Tarifas diferenciales en peajesLa ministra de Transporte también se refirió al peaje Papiros de Puerto Colombia, asegurando que en este municipio 800 personas ya se han inscrito para ser cobijadas con una tarifa diferencial de 1.500 pesos, recursos que servirán, entre otras, para apoyar a las Fuerzas Armadas que brindan seguridad en las carreteras.
Una famosa creadora de contenido murió a los 24 años después de haber ganado reconocimiento en redes sociales por realizar transmisiones en vivo en las que consumía cantidades extremas de comida. Su fallecimiento generó preocupación entre sus seguidores, quienes durante las últimas semanas habían notado su ausencia de las plataformas digitales.Se trata de Chen Ziyi, conocida en internet como Ganfan Yingying, una influencer china que había reunido más de un millón de seguidores gracias a sus contenidos de mukbang, una tendencia que consiste en transmitir o grabar videos mientras se comen grandes cantidades de alimentos.La joven falleció el pasado 17 de agosto luego de sufrir un paro cardíaco, aunque la noticia se conoció públicamente hasta el 4 de septiembre. Antes de su muerte, había dejado de publicar con la frecuencia habitual, situación que llevó a varios de sus seguidores a preguntarse por su estado de salud.En su última publicación, realizada el 14 de agosto, Yingying reveló que había permanecido hospitalizada debido a diferentes complicaciones médicas. Durante ese mensaje, explicó que sus hábitos alimenticios habían provocado una disminución considerable del potasio en su organismo.La creadora de contenido aseguró que sus niveles habían llegado a 2,3 mmol/L, cuando los valores habituales se encuentran aproximadamente entre 3,5 y 5,5 mmol/L. La alteración representaba un riesgo importante para su salud.Además, reconoció que después de ingerir grandes cantidades de comida se provocaba el vómito para evitar aumentar de peso. Según sus propias declaraciones, esta conducta ya había ocasionado que tuviera que recibir atención hospitalaria anteriormente.La influencer también contó que sentía una creciente presión para consumir cada vez más alimentos con el objetivo de mantener su popularidad en internet. En su último mensaje dejó una advertencia para sus seguidores y aseguró que, aunque obtener ingresos es importante, la salud debía estar por encima de cualquier beneficio económico.Según informó Global Times, poco antes de su fallecimiento Yingying realizó una transmisión en la que habría consumido entre 60 y 70 huevos en conserva, una muestra de las grandes cantidades de comida que formaban parte de sus contenidos.El doctor Chai Qichen, del Hospital de Zhejiang, explicó que el paro cardíaco no habría sido provocado directamente por los atracones. De acuerdo con el especialista, entre los factores que habrían contribuido al desenlace estuvieron los vómitos autoinducidos y el consumo de laxantes utilizados para evitar el aumento de peso, además de problemas cardíacos previos.El caso ha vuelto a generar preocupación por los riesgos de algunas prácticas asociadas con el contenido de alimentación extrema en redes sociales. El mukbang, término de origen coreano relacionado con “comer” y “retransmisión”, se ha extendido internacionalmente y se caracteriza por videos o transmisiones en las que una persona consume grandes cantidades de comida frente a una audiencia.
Expertos internacionales, académicos y representantes del sector público y privado se darán cita en Medellín para responder la pregunta de cómo mejorar la movilidad en la capital antioqueña, en la segunda edición de Movilia, el Congreso Internacional de Movilidad.El evento, organizado por la Universidad Pontificia Bolivariana y el Metro de Medellín, se llevará a cabo del 16 al 18 de septiembre de 2026 en el Centro de Eventos Fórum de la UPB.Durante tres días de programación, el congreso reunirá a mandatarios, investigadores, agencias de cooperación y operadores de transporte para explorar los avances y retos de los sistemas masivos nacionales e internacionales.La agenda académica se centrará en tres ejes temáticos clave: movilidad para la equidad, la inclusión y el acceso a oportunidades; digitalización y experiencia del usuario; e infraestructura innovadora para conectar territorios.De acuerdo con Tomás Elejalde, gerente del Metro, la jornada concluirá con una visita técnica por la red de Medellín para conocer de primera mano el impacto del sistema en la transformación urbana y social de la región."Para resumir el objetivo central de esta versión 2.0 del Congreso de Movilidad en una sola palabra, esa palabra es alianzas. Se trata de unir esfuerzos para lograr mayor eficiencia en la movilidad sostenible y generar un impacto social mucho más abarcador en los territorios. La iniciativa busca recordar que la movilidad sostenible tiene como fin último el bienestar del ser humano, ubicando a la ciudadanía en el centro de las decisiones y proyectos", afirmó Elejalde.Tras una primera edición que reunió a más de 700 asistentes y consolidó una veintena de paneles especializados, este encuentro busca promover alianzas estratégicas y proyectos orientados a lograr sistemas de transporte más eficientes, inclusivos y sostenibles.
El más reciente balance de EPM revela un panorama desigual en los embalses. En el sistema Piedras Blancas, el ahorro promedio por hogar fue de 78 litros, quedando cerca de la meta establecida de 92 litros.Sin embargo, la situación es crítica en el embalse La Fe, que abastece a municipios del sur como Envigado, Itagüí, Sabaneta, La Estrella, Caldas y el sur de Medellín, donde apenas se ahorraron dos litros por vivienda, muy lejos de los 70 litros esperados.El mayor motivo de alarma se registra en el embalse de Río Grande, que surte a Bello, Copacabana, Girardota y a los sectores occidental y noroccidental de Medellín: lejos de disminuir el gasto, los hogares aumentaron el consumo en 11 litros adicionales por vivienda en plena temporada de sequía y alertas por el Fenómeno de El Niño.Ante el incumplimiento de las metas globales, John Maya, gerente de EPM confirmó que los cortes de agua nocturnos se mantienen de manera indefinida. Las suspensiones operan dia por medio, entre las 8:00 de la noche y las 4:00 de la mañana, con la advertencia de que, si no se refuerza el ahorro, los racionamientos podrían ampliarse a más horas y extenderse a otros sectores de la ciudad."Vea comunidad, estamos esperando que usted tome conciencia y que efectivamente se presente ese ahorro. Cada semana vamos haciendo el balance. Si la respuesta que da la comunidad no es buena pues ya tomaríamos unas decisiones más drásticas", afirmó Maya.Para este viernes, las interrupciones del esquema 1 impactan a barrios como Manrique Oriental y Santa Inés (Comuna 3); Villa Hermosa, Batallón Girardot, San Miguel, La Mansión y Llanaditas (Comuna 8); Alejandro Echavarría y Caicedo (Comuna 9); y Los Ángeles y Boston (Comuna 10, centro de Medellín).
Para avanzar en la fase de reconstrucción en Cali, un mes después del terremoto, en el Concejo Distrital actualmente se están discutiendo varios proyectos de acuerdo para otorgar beneficios económicos a aquellas familias y comerciantes que lo perdieron todo el pasado 10 de agosto.Uno de estos proyectos ya fue aprobado en primer debate, el que consiste en la exoneración del 100% del impuesto predial a los caleños cuyos inmuebles quedaron en pérdida total, mientras que a los predios que tuvieron daños parciales graves pero que no necesitan demolición se les otorgará el 50% de descuento en el impuesto predial.Para los negocios afectados en Cali, este proyecto en el Concejo busca otorgar el 20% de descuento en el impuesto de Industria y Comercio, así como frenar las sanciones económicas a quienes presenten alguna mora. "Que consiste básicamente en dar exoneraciones en materia tributaria así como otros beneficios a todas las personas que resultaron afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El siguiente paso es segundo debate con toda la plenaria del Consejo de Santiago de Cali. Allí esperamos que sea aprobada esta iniciativa", señaló John Quinchua, director del departamento de Hacienda Distrital de Cali.Este proyecto también plantea alternativas para que los contribuyentes afectados puedan ponerse al día y facilitar así la reconstrucción de la ciudad. Condonando los intereses moratorios hasta en cinco vigencias fiscales.
Literatura, deporte y diseño, hacen parte de la agenda cultural para este fin de semana en Antioquia, que tendrá su centro con eventos durante los tres días en Medellín.El evento central en la capital antioqueña será el inicio de la Fiesta del Libro y la Cultura, que arranca desde hoy en el Jardín Botánico y la zona norte de Medellín, con cerca de 800 actividades gratuitas, como detalló el subsecretario de Bibliotecas, Lectura y Patrimonio, Róbinson Meneses Hoyos."Alrededor de 800 actividades de promoción de lectura, actividades culturales. Vamos a tener también el cuentico amarillo con 40,000 ejemplares distribuidos durante los diferentes días de fiesta del libro", señaló Meneses.En el Oriente, Llanogrande recibirá el 'Nico Open' de golf, un torneo que en su cuarta edición reunirá a jugadores de 19 países, entre ellos Estados Unidos, Chile, Puerto Rico y Nicaragua, de entre 12 y 19 años.Andrés Eschavarría, uno de los organizadores del evento deportivo, resaltó la evolución que ha tenido esta competencia: "Tuvimos 13 países en la versión inaugural y ahora vamos a tener más de 20 países este año. Es un orgullo que las federaciones y las academias manden a sus mejores jugadores a participar. Esto ha llamado la atención de los coaches que este año van a estar muy pendientes del torneo", detallóFinalmente, Medellín tendrá hasta mañana, en Plaza Mayor, la edición 13 de la Feria De Diseño Medellín, donde se reunirán casi 300 marcas con propuestas de arquitectura, iluminación, entre otros.
