En el Caribe no hay más que voces de vítores y júbilo por la decisión de la Corte Constitucional, que anuló el artículo del Plan Nacional de Desarrollo que permitía al Gobierno recaudar valorización en obras con más de cinco años de ejecución. La región Caribe, según gremios y congresistas, era el blanco inicial de este controvertido cobro, con un billonario recaudo que involucraba a más de 140 mil predios ubicados en la zona de confluencia de la llamada Vía al Mar.
El fallo se dio a partir de una demanda presentada por el senador liberal Mauricio Gómez Amín, quien sostuvo que esta no solo era ilegal, sino injusta y regresiva, especialmente para los habitantes de la región Caribe.
Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, es uno de quienes celebra la decisión. Dice que, si bien es un paso importante, aún están a la espera del fallo del Consejo de Estado, donde tienen una demanda de nulidad que esperan sea resuelta pronto, para conocer una decisión de fondo y alejar de forma definitiva este cobro. Afirma que no están en contra del cobro de valorización como tal, pero consideran que debe hacerse para la construcción de proyectos futuros, y no sobre los que ya están construidos.
“Es una primera victoria en la lucha que hemos tenido para que no se haga este injusto e inconveniente cobro de valorización en nuestra región. Aquí hemos buscado que se haga una segunda calzada que mejore la operación y la seguridad en esta vía, y por el contrario, lo que han querido es hacernos un cobro para llevarse los recursos", dijo Oliveros.
El artículo anulado permitía al Estado exigir pagos de valorización sobre proyectos viales, incluso si estos llevaban años en operación, como es el caso de la Vía al Mar, en funcionamiento desde hace más de 20 años.
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