Al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, le dieron permiso para irse a ver los partidos del mundial. El inusual permiso inició este 2 de junio y va hasta el 1 de julio “como parte de un intercambio de experiencias en materia deportiva de cara al Mundial de Fútbol de 2026”. De acuerdo con lo manifestado por el mandatario, se trata de una respuesta a una invitación que le realizaron de la Liga de Fúbtol, con la intención de que aprenda de cerca los detalles detrás de la organización de un evento de este tipo, para que dichos conocimientos puedan ser aplicados en la capital de Sucre. Hay cuestionamientosSin embargo, la decisión ha sido cuestionada, pues el alcalde recibió el voto a favor de 16 de los 17 concejales, a lo que él responde que la invitación obedece al reconocimiento que ha recibido la ciudad por la organización de eventos deportivos internacionales, entre ellos el Mundial de Sóftbol, y sostiene que la experiencia permitirá conocer modelos de gestión que podrían ser aplicados en Sincelejo. "No nos vamos a gastar ni un peso público en lo que tiene que ver con viáticos, hospedaje, ni alimentación, ni transporte aéreo, ni terrestre. Vamos a conocer la experiencia de cómo se prepara el antes y el durante de esta proceso que es una cita mundialista para tenerlo como referente. En este caso somos invitados de la liga de fútbol", indicó el alcalde durante la audiencia en el concejo. Mientras tanto, el secretario de Movilidad, Jhan Carlos Troaquero Pérez, asumirá las funciones como alcalde encargado durante la ausencia del mandatario, luego de que 16 concejales aprobaron el viaje.
La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el alcalde de Sincelejo, Yair Acuña, luego de la publicación de un video en redes sociales en el que el mandatario aparecería presuntamente explicando, con detalle, un supuesto esquema de corrupción alrededor del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en la capital de Sucre.En el auto de apertura de indagación conocido por este medio se expone la totalidad del video. Una de las frases del controversial video que motivó a la Procuraduría a iniciar con las pesquisas disciplinarias fue: "Mira cómo se roba. Dos mil millones son de ellos, de utilidad desde el día cero, dos mil barras. Más los intereses, 2.500 millones. Mil millones que me deja a mí para el pago de nómina y no sé qué".La Procuraduría Tercera Delegada para la Contratación Estatal indicó que está justificada la apertura de una indagación para determinar si el alcalde incurrió en exigencias de coimas, incremento patrimonial injustificado y posibles maniobras irregulares en la contratación del programa durante la vigencia 2025.Por ello, la Procuraduría ordenó una serie de pruebas, entre esas, requerir a la Alcaldía de Sincelejo toda la información contractual del PAE en 2025, incluidos contratistas, valores, pagos y soportes precontractuales y contractuales.Con la apertura de la indagación previa, la Procuraduría comenzará la recolección de pruebas para determinar si existe mérito para formular cargos disciplinarios contra Acuña.
El alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, confirmó en las últimas horas que la ciudad se acogerá al día cívico declarado por el presidente Gustavo Petro este martes 18 de marzo, con el propósito de respaldar las reformas discutidas en el Gobierno Nacional.El anuncio fue realizado a través de la plataforma X (antes Twitter), donde el mandatario también enfatizó la importancia de “garantizar el derecho a la protesta”.“Según la Constitución Política de Colombia, el presidente de la República, Gustavo Petro, es el jefe de Estado. Por lo tanto, nos permitimos anunciar que, una vez seamos notificados del decreto presidencial, Sincelejo acogerá el martes 18 de marzo de 2025 como día cívico en el sector público, en concordancia con la orientación presidencial, que es de público conocimiento”, escribió el alcalde.“Como ciudad, es nuestro deber garantizar el derecho a la protesta como un medio legítimo de participación en la agenda pública”, agregó.Sin embargo, debido a los recientes hechos de violencia ocurridos en la ciudad durante la última semana, Acuña también confirmó la realización de un consejo de seguridad para avanzar en las investigaciones y velar por la integridad de los ciudadanos que participen en las manifestaciones.“De igual manera, realizaremos nuestro habitual consejo de seguridad de los martes a partir de las 9:00 a. m., con el objetivo de fortalecer la seguridad en la ciudad y garantizar el ejercicio pleno de los derechos tanto de quienes se movilicen como de la ciudadanía en general”, señaló.Hasta el momento, son pocos los alcaldes y gobernadores que se han pronunciado sobre la jornada cívica convocada por el presidente Petro. El único que ha manifestado su negativa a unirse es Dumek Turbay, alcalde de Cartagena.
El polémico contrato celebrado por la Alcaldía de Sincelejo por 24.000 millones de pesos para blindar con seguridad privada varios inmuebles de la entidad, incluye también un servicio “vigilancia móvil”, lo que incluirá recorridos con vigilantes armados. Es por esto que siguen generándose muchas preguntas en torno a este contrato que estará vigente hasta diciembre de 2027 y que permitirá la contratación de 100 hombres que estarán custodiando 16 muebles e inmuebles a cargo de la Alcaldía, entre los que se encuentran dos sede de la alcalde, una oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, un cementerio, dos colegios, entre otros, los cuales corresponden a establecimientos cerrados y ninguno a un parque o a un espacio a cielo abierto. Es por esto que llama la atención por qué el alcalde autorizó implementar en este mismo contrato los mencionados recorridos móviles las 24 horas a través de motocicletas que transitarían por diferentes sectores de la ciudad de Sincelejo. Dicho servicio móvil es autorizado con un conductor y un acompañante, ambos con permiso para ir armados, con el objetivo "recorran zonas determinadas" y #realicen una inspección visual de las instalaciones o áreas que se han identificado como prioritarias". Además, entre estos 16 sitios que estarían vigilados, está el Centro de Reparación de Víctimas, lo queha generado desconfianza entre muchos sobrevivientes del conflicto, quienes no descartan demandadar este contrato por posiblemente promover una actividad ilegal.Adil Meléndez, de Movice, pidió la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría, pues sostiene que “no puede existir un silencio institucional ante esta grosera violación de la Constitución”.
En Sucre, el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) alzó la voz en contra del servicio de vigilancia y seguridad privada que contrató el alcalde sincelejano Yahir Acuña para proteger los bienes a cargo de su municipio, pues consideran que esta es una función de la Policía que ahora quedó en manos de una “bandola de hombres armados, de corte paramilitar, que incluso estaría haciendo requisa en las calles”.Entre los 16 sitios que son vigilados por este equipo de seguridad privada está el Centro de Reparación de Víctimas, pero aún así los sobrevivientes del conflicto desconfían de tal estrategia al recordar que “en ese mismo sentido operaron las Autodefensas Unidas de Colombia en la década de los 90”.Polémica en Sincelejo por designación de vigilancia privada para reforzar la seguridad de la ciudadLuego, Adil Meléndez, integrante de Movice, anunció que interpondrá un derecho de petición para exigir una copia idéntica del contrato, porque no descarta que este deba ser demandado por posiblemente promover una actividad ilegal."Es un despropósito del alcalde, es un exceso de poder. No quiero pensar que el alcalde Yahír Acuña se siente perseguido por sus enemigos y está creando su propio ejército de autodefensas para protegerse", dijo."Creemos que el doctor Acuña todavía está a tiempo de corregir sus errores y creemos que puede sentirse acorralado, porque no tiene ningún sentido contratar 100 hombres armados para patrullar, cuando eso es obligación de la Policía", agregó.Meléndez pidió la intervención de la Fiscalía y la Procuraduría, pues sostiene que “no puede existir un silencio institucional ante esta grosera violación de la Constitución”.
Los nombramientos en el Ministerio de las TIC siguen sacando dolores de cabeza. Y es que la polémica ahora es por cuenta de la comunicadora social Alexandra Falla, quien ya había sido sugerida en las primeras listas que el Partido de la U había transmitido al presidente de la República, Gustavo Petro, para que eligiera al jefe de la cartera, cargo que terminó en manos de Sandra Urrutia.Ahora esta colectividad decidió proponer a Falla como viceministra de Transformación Digital. Esto lo hizo a través de un comunicado interno a la militancia y los dirigentes del partido y al que tuvo acceso Blu Radio, en donde exaltan su experiencia."Falla Zerrate cumple con todos los requisitos de formación académica y experiencia, exigidos en el manual de funciones y requisitos de la cartera para poder ocupar este cargo. Asimismo, posee la idoneidad, inteligencia y preparación suficiente para contribuir al cierre de brechas en materia de digital que enfrenta el país", dice la comunicación interna del Partido.Según fuentes del Partido de la U, consultadas por Blu Radio, esta recomendación se hizo en una reunión ocurrida el martes pasado en el Club de Banqueros en el norte de Bogotá. En este encuentro estuvieron los integrantes de la bancada, la presidenta del Partido, Dilian Francisca Toro, y el cuestionado excongresista y hoy diputado del Sucre, Yahir Acuña.Las fuentes incluso hablan que hay una especie de trueque cuando se discutía quien iba a ocupar el cargo de ministra. Dicen que fue Falla Zárate quien propuso el nombre de Urrutia y que el acuerdo era que de las dos la que quedara de ministra, nombraba a la otra viceministra.Este posible nombramiento fue cuestionado por la representante a Cámara de la Alianza Verde Catherine Juvinao, en su cuenta de Twitter:El otro nombre polémico y que ha causado malestar en algunos líderes del partido, es el de Sergio Valdez, quien está propuesto para ser el viceministro de Conectividad, quien dicen es ficha del senador Alfredo Deluque. Lo curioso es que Valdez, en sus redes sociales abiertamente defendía a la exministra Karen Abudinen, criticaba al hoy presidente Gustavo Petro y le hizo campaña en contra. Al interior del Partido dicen que todas estas maniobras buscan consolidar el poder de Dilian Francisca Toro en el Ministerio y que incluso estaría detrás de entidades adscritas, como los Servicios Postales de Colombia, conocido como 4-72.
Yo Me Llamo rindió un sentido homenaje al fallecido artista de música popular Yeison Jiménez durante su reciente emisión del 21 de julio. El tributo, realizado en el marco del regreso del formato televisivo, buscó honrar la memoria del cantante, quien fue una de las figuras más influyentes del género y dejó una huella imborrable en el concurso tras su paso como jurado en la temporada 2021-2022.El momento cumbre de la gala fue la aparición de una recreación del artista mediante el uso de inteligencia artificial. Esta representación virtual dirigió unas palabras al público y a los colegas presentes: "En este lugar fui feliz, aquí hice amigos y conocí gente maravillosa. Le mostré al país una cara que no conocía, yo siempre lo dije: 'Los sueños sí se cumplen'". El segmento, cargado de nostalgia, culminó con la interpretación en vivo del éxito "Aventurero", a cargo del cantante Elder Dayán, quien estuvo acompañado por su banda para despedir al intérprete.La partida de Yeison Jiménez continúa siendo un tema de profunda conmoción para el gremio artístico colombiano. El artista perdió la vida hace más de seis meses a raíz de un trágico accidente ocurrido en el municipio de Paipa, Boyacá. Este suceso, que sacudió al ámbito musical nacional, privó al país de uno de los máximos exponentes de la música popular, cuya trayectoria logró consolidar el género tanto en el territorio nacional como en escenarios internacionales.El homenaje no solo buscó recordar su calidad interpretativa, sino también su faceta humana mostrada durante su participación en la octava temporada del programa. Para los televidentes y la industria, este gesto simboliza el vacío que dejó su ausencia física, pero también refuerza el legado de un cantante que utilizó su plataforma para inspirar a nuevos talentos. La producción del formato de imitación destacó que, a pesar del tiempo transcurrido desde aquel fatal accidente, la figura de Jiménez sigue vigente como un referente indispensable para quienes aspiran a triunfar en la música popular, manteniendo viva la promesa de que los sueños, bajo esfuerzo, pueden hacerse realidad.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York propuso este martes que el juicio contra el expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, acusados de cargos de narcotráfico, comience en junio de 2027, según un documento presentado ante un tribunal federal de Nueva York.La propuesta de la Fiscalía se conoce antes de una audiencia prevista para este miércoles en la que se discutirá el calendario del proceso contra Maduro, mientras que la defensa tiene previsto presentar sus primeros argumentos en septiembre y el Gobierno espera entregar la mayor parte de las pruebas clasificadas en noviembre.De acuerdo con el documento judicial, revisado por EFE, la Fiscalía prevé que las partes puedan completar la fase de intercambio de pruebas antes del inicio del juicio, aunque el proceso incluye todavía varias etapas previas, entre ellas la presentación de mociones por parte de la defensa y la revisión de material clasificado relacionado con el caso.El documento señala además que el Gobierno de EE.UU. espera avanzar en la entrega de información clasificada durante los próximos meses, mientras que la defensa tendrá hasta comienzos de 2027 para presentar nuevos recursos antes de que el tribunal determine el calendario definitivo del juicio.El depuesto líder de Venezuela y su esposa asistirán este miércoles a una nueva audiencia de revisión del proceso penal abierto en su contra con cargos por conspiración para cometer narcoterrorismo e importación de cocaína.Esta será la tercera audiencia que se celebre en Nueva York tras la captura de la pareja en su residencia de Caracas el pasado 3 de enero.El político suramericano se declaró no culpable ante la Justicia neoyorquina en enero y lleva encarcelado más de medio año en una prisión federal en Brooklyn.Según un reciente análisis del diario The New York Times, las cortes estadounidenses podrían "no tener la autoridad para manejar su caso" debido a una ley ratificada por los propios Estados Unidos.Es posible que mañana los equipos legales de los acusados, liderados por Barry Pollack y Mark Donnelly, intenten anular el proceso basándose, precisamente, en las circunstancias y el procedimiento de su captura en Caracas.El pasado abril, Estados Unidos accedió a modificar las sanciones a Venezuela para permitir que su Ejecutivo pague los honorarios de los abogados que defienden a los acusados, lo que ha sido uno de los puntos más tratados en las audiencias anteriores.
La Corte Suprema de Justicia decidió no abrir una investigación formal contra el senador Carlos Andrés Trujillo González por su presunta relación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.En un auto expedido por la magistrada Cristina Lombana Velásquez, el alto tribunal concluyó que las pruebas recaudadas durante la investigación previa no demostraron la existencia de una conducta penalmente relevante atribuible al congresista.En esa línea, ordenó archivar las diligencias precisando que los hechos denunciados pueden y la decisión hoy puede ser revisada de nuevo si en el futuro aparecen nuevas pruebas que desvirtúen los fundamentos del auto.La investigación se originó por una denuncia presentada por Enrique Gómez Martínez, quien sustentó sus señalamientos en publicaciones de medios de comunicación y en información difundida en redes sociales sobre el escándalo de los carrotanques adquiridos por la UNGRD para abastecer de agua a comunidades de La Guajira.En la denuncia se planteaba una posible relación entre Trujillo y el entramado de corrupción debido a su antigua cercanía política con Olmedo López, exdirector de la entidad, así como por la influencia política que el senador tendría en el municipio de Uribia y por las visitas que un familiar suyo realizó a las oficinas de la UNGRD antes de las elecciones regionales de 2023.Sin embargo, al revisar por ejemplo las declaraciones de los exdirectordes de la UNGRD, Carlos Carrillo y Olmedo López (hoy preso y en proceso de concretar un preacuerdo) así como del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago; de la exsubdirectora de la entidad Alethia Arango, y de Andrés Camilo González Giraldo, primo del senador, no encontraron evidencias relacionadas.También fueron revisados los informes de Policía Judicial y la matriz de colaboración entregada por Olmedo López dentro del principio de oportunidad que le fue concedido por la justicia.La Corte concluyó que no existía evidencia que vinculara a Trujillo con el caso de los carrotanques. Uno de los elementos que más peso tuvo en la decisión fue la declaración de Carlos Carrillo, quien aseguró que no tenía pruebas sobre una eventual participación del senador en hechos de corrupción."Si tuviese una prueba documental de la participación del senador Carlos Andrés Trujillo en esquemas de corrupción, ya la habría hecho llegar a la justicia", afirmó durante su testimonio. A ello se sumó que Olmedo López, pese a colaborar con la Fiscalía y mencionar a otros funcionarios y congresistas en su matriz de colaboración, nunca señaló a Trujillo como participante de las irregularidades investigadas. Para la Sala, este hecho reforzó la inexistencia de elementos que permitieran avanzar hacia una investigación formal.El alto tribunal también descartó que la relación política que existió entre Trujillo y Olmedo López cuando este hizo parte de su gabinete en la Alcaldía de Itagüí fuera suficiente para inferir la comisión de un delito. De igual manera, consideró que las visitas del primo del senador a la UNGRD, la afinidad política con el alcalde de Uribia o que una empresa que trabajó para un político cercano al congresista también hubiera contratado con la entidad estatal no constituían, por sí solos, indicios de responsabilidad penal.En sus conclusiones, la Sala sostuvo que la denuncia "no supera el nivel de sospechas o 'pálpitos' del denunciante" y reiteró que en el expediente "no existe evidencia, indicio o prueba alguna" de una acción u omisión del senador que pudiera configurar un delito.Para el senador Trujillo, esta decisión “deja en evidencia una orquestada campaña de desprestigio y difamación por parte de opositores políticos que, al no poder derrotarlo en las urnas, intentaron engañar a la justicia y a los medios de comunicación para dañar su buen nombre”.
El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros, descartó la posibilidad de instalar una mesa de diálogo con los sindicatos que mantienen bloqueado el acceso a las instalaciones de la entidad en Bogotá desde la noche del 20 de julio. El funcionario afirmó que la UNP está ejecutando decretos presidenciales ya expedidos y que, por esa razón, no se encuentra en una etapa de negociación.El director de la UNP respondió así a uno de los principales reclamos de los sindicatos, que denuncian el supuesto nombramiento "a dedo" de cerca de 6.000 cargos operativos. En enero fueron creados 6.876 cargos mediante decreto, decisión que el presidente electo, Abelardo De La Espriella, pidió a la Procuraduría investigar, al señalar que sólo alrededor de 900 vacantes serían provistas mediante concurso de méritos.En medio de la protesta, el presidente Gustavo Petro ordenó a la Policía Nacional desalojar las instalaciones y, en la tarde de este martes, uniformados rodearon el edificio para cumplir la instrucción. Sobre esta medida, Rodríguez aseguró que "la Policía permanecerá un tiempo en la entidad para garantizar que no haya un nuevo intento de toma de las instalaciones". Entretanto, los líderes sindicales afirmaron que permanecerán en el lugar y que no responderán de manera violenta ante una eventual intervención.“Nosotros no vamos a arriesgar la vida de ninguna persona. Aquí nos toca acudir a los jueces para que, así sea por medio de una tutela, se suspendan estos procesos. No entendemos cuál es el afán si en cuatro años no hicieron esa normalización de cargos y ahora la quieren hacer en quince días”, afirmó Gilberto Escalante, integrante de la junta directiva del sindicato Sinproseg.Los sindicatos también cuestionan un proceso de licitación relacionado con los esquemas de protección. Se trata de un contrato por más de 78.000 millones de pesos para la prestación del servicio de escoltas a personas protegidas por la entidad. Según los manifestantes, mientras el esquema anterior cubría diez zonas del país, el proceso actual solo contempla dos, que incluyen Bogotá y algunos municipios de Cundinamarca, Cauca, Amazonas y Norte de Santander.Sobre esta decisión, el subdirector de Asuntos Institucionales de la UNP, Juan Camilo Chavarro, explicó que la medida responde a las restricciones presupuestales de la entidad. Según indicó, para 2026 la UNP solicitó un presupuesto de cuatro billones de pesos, pero recibió 2,7 billones, lo que dejó un déficit de 1,3 billones. Agregó que, tras una adición de 260.000 millones de pesos, el faltante quedó en 1,1 billones, por lo que se priorizaron las zonas 1 y 2 para garantizar la operación hasta septiembre y evitar que la próxima administración tenga que declarar una urgencia manifiesta.Las organizaciones sindicales insisten en que la dirección de la UNP revise los procesos de provisión de cargos y abra un espacio de concertación. Sin embargo, Augusto Rodríguez reiteró que la entidad no suspenderá las decisiones administrativas cuestionadas por los trabajadores.
Aunque el hambre en el mundo disminuyó por tercer año consecutivo, Naciones Unidas advierte que el progreso sigue siendo insuficiente y muy desigual entre las regiones, así lo revela el informe “El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2026” (SOFI), publicado por cinco agencias de la ONU.El documento plantea que en 2025 el 7,8 % de la población mundial, es decir, 645 millones de personas, padeció hambre. La cifra representa una reducción de 43 millones frente a 2022, pero aún está lejos de la meta de erradicar el hambre para 2030.El informe destaca que Asia, América Latina y el Caribe registraron avances en la reducción del hambre. Sin embargo, África concentra actualmente el mayor número de personas afectadas, con cerca de 309 millones, y más de la mitad de su población enfrenta algún grado de inseguridad alimentaria.Le puede interesar: Más de 200 organizaciones piden a la ONU reforzar su respaldo al Acuerdo de PazLa ONU también advierte que los conflictos armados, especialmente en Oriente Medio, los fenómenos climáticos extremos y la disminución de la ayuda internacional podrían frenar los avances alcanzados. Incluso, proyecta que entre 510 y 520 millones de personas podrían seguir padeciendo hambre en 2030.Uno de los principales hallazgos, aumento en costo de una alimentación saludable En 2025, una dieta balanceada costó en promedio 4.28 dólares diarios, cerca de 14.000 pesos colombianos por persona al día. Aunque el número de personas que no puede costear este tipo de alimentación disminuyó, todavía 2.690 millones de personas (una de cada tres en el mundo) no tienen acceso económico a una dieta saludable.El informe concluye que acelerar la lucha contra el hambre requerirá inversiones en infraestructura, sistemas agroalimentarios más eficientes y políticas que reduzcan el costo de los alimentos nutritivos, especialmente para las poblaciones más vulnerables.
