El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar informó que está “articulando acciones con diferentes entidades, corresponsables de la garantía de derechos, para atender a la comunidad del pueblo Yukpa, asentada en las localidades Suroccidente y Norte - Centro Histórico de Barranquilla”.El pronunciamiento surgió tras la advertencia que lanzó esta semana el concejal de Barranquilla Estefanel Gutiérrez, quien puso los reflectores sobre barrios como Miramar, Villa Santos, La Loma y algunos puntos de la Circunvalar que están siendo rodeados por niños y jóvenes de la etnia Yukpa, provenientes de la Serranía del Perijá para dedicarse a la mendicidad.El concejal pidió la intervención del Gobierno nacional porque muchos de estos menores de edad están siendo instrumentalizados para actividades ilícitas e incluso estarían siendo víctimas de explotación sexual.Al respecto, Janeth Alemán, directora regional encargada del ICBF en el Atlántico, aseguró que el instituto está haciendo búsquedas activas en diferentes sectores de la ciudad para prevenir situaciones como la mendicidad y el trabajo infantil.Indicó que el ICBF en el departamento del Atlántico tiene abiertos 12 procesos de restablecimiento de derechos a niños, niñas y adolescentes de comunidades indígenas por diferentes motivos."Así mismo, en diálogo con los líderes de la comunidad y respetando sus costumbres, se han realizado ferias para llevar servicios de salud, tamizajes nutricionales, entrega de alimentos de alto valor nutricional, entre otros", manifestó Alemán.La funcionaria agregó que “es necesario que todas las entidades nacionales, regionales y locales se unan para brindar una respuesta integral que abarque los diferentes frentes como salud, nutrición, educación y relaciones familiares, con enfoque diferencial”.
Luego de la muerte, en extrañas circustancias, de cinco niños indígenas yukpa en Codazzi, Cesar, esta comunidad continúa reclamando justicia, frente a la posibilidad de un envenenamiento provocado y, además, acciones contundentes del Estado para evitar el “exterminio físico y territorial” al que estaría sometido dicho pueblo étnico.El pasado miércoles, en el asentamiento Kchusweye, en la vereda el Limón, se llevó a cabo el sepelio de los cuerpos de los cinco niños. En medio de las honras funébres, representantes de la población indígena pidieron al Gobierno nacional que escuche el clamor de la comunidad indígena y despliegue acciones contra el hacinamiento, la pobreza y la segregación cultural. Uno de los que se pronunció fue Eduard Álvarez, defensor de derechos humanos y asesor del pueblo indígena yukpa en el Cesar, quien llamó al presidente Gustavo Petro para que se siente con la comunidad indígena y a no darle la espalda a la Serranía del Perijá."Le suplico presidente ponga los ojos sobre nosotros, sobre la Serranía del Perijá, sobre los indígenas, venga a reunirse con el pueblo Yukpa. Venga y hablemos, señor presidente, de esta tragedia, que según la Corte Constitucional el pueblo indígena tiene mayor riesgo de exterminio físico y territorial", aseguró Álvarez.Entre tanto, la familia de los cinco niños, aún están a la espera de que Medicina Legal entregue los análisis de la necropsia que le fue practicada a los menores de edad, en aras de confirmar y/o descartar el abuso del que habrían sido víctimas antes de la intoxicación colectiva, hipótesis que ha tomado fuerza.Así mismo, frente a las investigaciones que fueron asumidas por la Fiscalía desde ésta misma semana, el pueblo indígena piden al ente investigador que se agilice la llegada de la fiscal Luz Adriana Camargo para exponerle la crisis cultural que viven y buscar salidas frente a la misma.
La consternación por las circunstancias que rodearon la extraña muerte de cinco niños de la comunidad indígena yukpa en el municipio de Codazzi, Cesar, mantiene a los miembros de dicha etnia esperando por los resultados que deben entregar en los próximos días tanto Medicina Legal como el Instituto Nacional de Salud (INS), con los que se busca determinar si hubo algún tipo de responsabilidad por parte de terceros.Así las cosas, la misma comunidad étnica delegó ante la justicia ordinaria una investigación que permita esclarecer lo sucedido con los niños, entre los 3 y 15 años de edad, en medio de la hipótesis que apuntaría a un posible envenenamiento premeditado.Eduard Álvarez, sociólogo y asesor del pueblo indígena yukpa, confirmó en diálogo con BLU Radio que "estos niños indígenas no murieron por algún tipo de accidente como se ha manifestado, pues insisto en que algo les hicieron a estos niños/as, teniendo en cuenta que la joven de 15 años presentaba una herida en el cráneo".Y es que, según el sociólogo, una tercera persona —de quien no se conoce la identidad— habría ingresado durante el fin de semana a la zona donde se encuentran asentadas las comunidades del pueblo indígena, por lo que no descartan que este guarde relación con los hechos.Como se recordará, la Secretaría de Salud del Cesar informó este martes que, mientras Medicina Legal practica la necropsia a los cuerpos de los cinco hermanos yukpa que fallecieron el pasado domingo en Cesar, el Instituto Nacional de Salud (INS) estudiará las muestras de fluidos que fueron obtenidas de dos de los menores para establecer las causas reales de estas muertes.A los cinco menores los encontraron, aparentemente, desmayados dentro de su vivienda en el Resguardo Indígena Iroka pero, al revisar sus signos vitales, descubrieron que tres estaban muertos y dos se encontraban bajo graves condiciones, por lo que tuvieron que ser trasladados de urgencia a dos centros médicos, sin embargo, los esfuerzos resultaron en vano y también perdieron la vida a las tres horas de haber ingresado a cuidados intensivos.Fue precisamente a estos dos niños de 3 y 13 años a los que les tomaron muestras mientras eran atendidos y, aunque apenas el caso es materia de investigación, todo apunta a un posible envenenamiento, pues los menores presentaban somnolencia, vómito, diarrea, adinamia (debilidad muscular) y bradicardia.
La Secretaría de Salud del Cesar informó que, mientras Medicina Legal practica la necropsia a los cuerpos de los cinco hermanos yukpa que fallecieron el pasado domingo en Cesar, el Instituto Nacional de Salud estudiará las muestras de fluidos que fueron obtenidas de dos de los menores víctimas para establecer las causas reales de estos fallecimientos.Como se recordará, a los cinco menores los encontraron, aparentemente, desmayados dentro de su vivienda en el Resguardo Indígena Iroka, pero al revisar sus signos vitales descubrieron que tres estaban muertos y dos estaban en graves condiciones, por lo que estos últimos fueron trasladados de urgencia a dos centros médicos, pero los esfuerzos fueron en vano y también perdieron la vida a las tres horas de haber ingresado a cuidados intensivos.Fue precisamente a estos dos niños de 3 y 13 años a los que les tomaron muestras mientras eran atendidos y, aunque apenas el caso es materia de investigación, todo apunta a un envenenamiento, pues los menores presentaban somnolencia, vómito, diarrea, adinamia (debilidad muscular) y bradicardia, informó el secretario de salud del Cesar, Juan Carlos Mindiola."Son los cuadros clínicos más comunes de un envenenamiento, el cual produce una intoxicación al organismo. Fuimos muy cuidadosos en dar las indicaciones para que se tomaran las muestras de sangre, materia fecal y vómito, y esas muestras están en custodia para que sean analizadas", dijo el funcionario.Las muestras están en custodia del Laboratorio de Salud Pública Departamental y esperan ser trasladadas a Bogotá para su análisis, toda vez que en Cesar no cuentan con servicio de toxicología. El objetivo es que esta misma semana se conozcan los resultados.A Codazzi, donde se produjeron estas muertes, también fueron enviadas dos epidemiólogas, quienes trabajan de la mano con la Secretaría de Salud del municipio y la EPS que cobija a la zona.Vale anotar que Medicina Legal dará los resultados de la necropsia directamente a la comunidad yukpa, pues así lo solicitaron los cabildos de esta etnia, quienes además pidieron que la Fiscalía asuma las investigaciones del caso.
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, señaló de ser un asesinato lo sucedido con los cinco menores de la comunidad Yukpa en Cesar. Asimismo, Edward Álvarez, representante del pueblo Yukpa, dio detalles de cómo fueron hallados los cuerpos.En su cuenta de X, la directora del ICBF, además de rechazar lo sucedido, lo calificó como un “asesinato en extrañas circunstancias” y pidió a la Fiscalía esclarecer el caso.“Repudiamos el asesinato en extrañas circunstancias de cinco niños Yupka entre 3 y 15 años en el resguardo de Iroka. Acompañamos la tristeza de la comunidad y esperamos esclarecimiento de los hechos”, publicó Cáceres.La afirmación de la directora del ICBF toma fuerza con lo dicho por Edward Álvarez, representante del pueblo Yukpa, quien aseguró que la niña mayor fue hallada con heridas y signos de violencia.Hipótesis sobre muerte de menores YukpaLas primeras versiones sobre la muerte de estos menores mencionaron una posible intoxicación por el consumo de una fruta conocida como ‘corozito’. Según el alcalde de Codazzi, Cesar, esto se dio en la vereda El Limón, y pese a que tres fueron trasladados a un centro asistencial, no pudieron salvarlos. Los otros dos niños habrían fallecido en su vivienda."Lamentamos los hechos que hoy enlutan a nuestra comunidad. Por eso, para esclarecer lo sucedido, hemos dispuesto de toda nuestra capacidad para determinar las causas de los fallecimientos de estos jóvenes, quienes, dice su padre, presentaron síntomas gastrointestinales minutos después de consumir el 'corozito', una especie de fruta venenosa que se da en la zona boscosa de nuestra región", manifestó el mandatario.Los cinco menores se encontraban al cuidado de su padre, quien salió a realizar labores del campo y, al regresar, se encontró con la triste imagen de ver a sus dos hijas sin vida y a sus otros tres hijos en estado crítico.
Una joven de 18 años murió luego de sufrir un grave accidente mientras se encontraba a bordo de una atracción mecánica. El hecho quedó registrado en un video grabado por uno de los pasajeros que también participaba en el juego, cuyas imágenes muestran el momento en que la víctima cae desde varios metros de altura mientras la estructura continúa en movimiento.La tragedia ocurrió la noche del martes 20 de octubre durante las Fiestas Tradicionales de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, México. La víctima fue identificada como Gabriela Rodríguez Tezoco, quien sufrió el accidente en una atracción conocida como ‘El Péndulo’. Aunque fue auxiliada por los equipos de emergencia y trasladada a un centro hospitalario de la zona, falleció debido a la gravedad de las lesiones.El registro audiovisual captado por uno de los ocupantes del juego muestra la caída de la joven y la reacción de quienes presenciaron lo sucedido. Las circunstancias del accidente son materia de investigación y, por ahora, las autoridades trabajan para establecer qué provocó que la pasajera saliera expulsada de su asiento.¿Qué se sabe del accidente en ‘El Péndulo’?Las primeras versiones apuntan a una posible falla en el sistema de sujeción de la atracción. Al parecer, el dispositivo que mantenía asegurada a Gabriela por los hombros y el torso se habría levantado mientras el mecanismo estaba funcionando, lo que le habría hecho perder estabilidad.Durante la caída, la joven presuntamente golpeó una estructura metálica antes de impactar contra el suelo. Otro de los aspectos que deberá esclarecer la investigación es que el juego habría continuado en movimiento durante algunos segundos después del accidente, hasta que uno de los operadores consiguió detenerlo.Tras lo ocurrido, el personal de emergencia llegó al lugar para brindarle los primeros auxilios a la víctima. Posteriormente, fue trasladada a un establecimiento médico cercano, donde falleció pese a la atención recibida.Hasta el momento, no se han establecido oficialmente las causas del siniestro. Por ello, será necesario determinar si el accidente estuvo relacionado con un desperfecto mecánico, una falla en los elementos de protección o un posible incumplimiento de los protocolos de seguridad.La Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur abrió una investigación para esclarecer lo sucedido y establecer si existen responsabilidades por la muerte de la joven.Como parte del procedimiento, ‘El Péndulo’ quedó asegurado mientras especialistas examinan sus componentes, los mecanismos de sujeción y las condiciones técnicas en las que funcionaba al momento del accidente.Paralelamente, el Ayuntamiento de Los Cabos anunció cambios en la dirección municipal de Protección Civil. Francisco Cota Márquez fue separado de su cargo como responsable de esa dependencia y Diego Camacho Hale fue designado en su reemplazo.Las autoridades también ordenaron inspecciones a los demás juegos mecánicos instalados en el recinto ferial, con el propósito de revisar su documentación y comprobar que cumplan los requisitos necesarios para operar.
El Grupo Nutresa no fusionará Presto con Hamburguesas El Corral tras la adquisición de la cadena, que atravesaba una crisis financiera y estaba en proceso de liquidación. Así lo afirmó Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de la compañía, en entrevista con Mañanas Blu. Según explicó, ambas marcas mantendrán su identidad y operarán de forma simultánea, y la operación asegura los 700 empleos y los 84 puntos de venta que Presto tiene actualmente en funcionamiento.La compra se concretó en las últimas horas, tras el anuncio de la Superintendencia de Sociedades sobre la liquidación de la cadena. Baquero señaló que la transacción aún se encuentra en trámite, por lo que no reveló el valor de la operación ni la inversión que se destinará a la marca.Presto y El Corral seguirán operando como marcas independientesBaquero rechazó que la convivencia de las dos cadenas dentro del mismo grupo genere una competencia interna. Consultado sobre los centros comerciales donde ambas comparten plazoleta, afirmó que la compañía las concibe como opciones complementarias: “Nosotros no las vemos como competencia, las vemos como complemento”.El directivo explicó que cada marca tiene su propio público y responde a un momento de consumo distinto: algunos clientes acuden en familia, otros con niños y otros solos. Ese enfoque, dijo, se aplica también al resto del portafolio de la compañía.Sobre el mercado de las hamburguesas, en el que también participan cadenas internacionales como McDonald’s y Burger King, Baquero sostuvo que la categoría ha crecido de forma importante en Colombia. En su opinión, hay oferta “para todos los bolsillos y para todos los gustos”, y Nutresa aspira a ser un jugador relevante dentro de ese mercado.Los 700 empleos y los 84 puntos de venta se mantienenEl ejecutivo confirmó que la totalidad de los trabajadores hacen parte de la operación. “Nosotros estamos asumiendo el 100 % de los empleados”, afirmó, y agregó que la compañía trabaja en los detalles de la transacción para preservar todos los puestos, tal como se indicó en el comunicado.Baquero destacó el papel del personal en este tipo de negocios. Aseguró que se trata de marcas de hospitalidad en las que el cliente busca una buena atención, y por eso los colaboradores son “las personas más importantes” de la organización.Consultado sobre las deudas de Presto con proveedores y empleados, que habían sido señaladas en documentos de la Superintendencia de Sociedades, el directivo no precisó cómo serán tratadas. Indicó que la compañía trabaja en los detalles de la operación y reiteró el compromiso con el empleo.Proveedores, productos y la salsa PrestoEn cuanto a la operación diaria, Baquero explicó que, por ahora, la marca se tomará tal como está funcionando. Esto incluye a los proveedores actuales, con los que se seguirá trabajando. Una de las consultas se refirió a las bebidas, dado que El Corral cuenta con un acuerdo de exclusividad con una marca de gaseosas. El directivo confirmó que Presto también trabaja actualmente con Postobón.Sobre el menú, afirmó que el objetivo en todas las marcas es conservar los productos que gustan a los consumidores y fortalecerlos. Dijo que la compañía escuchará a los clientes, a quienes calificó como “los dueños de la marca”, para identificar qué debe mejorar. Preguntado por la posibilidad de cambiar las papas fritas, respondió: “Vamos a hacer las mejores papas que tenga el mercado para acompañar esa deliciosa salsa Presto”.Respecto a la salsa, uno de los productos más reconocidos de la cadena, Baquero aseguró que se preservará su sabor “por muchos años más”. Por su parte, la receta está protegida como secreto industrial, y él mismo reconoció que aún no la conoce.Una operación gestada en las últimas semanasEl presidente de Alimentos al Consumidor explicó que Presto siempre había estado en el radar de la compañía, pero que la operación se definió en las últimas semanas. Según indicó, el presidente del Grupo Nutresa, Jaime Gilinski, activó de inmediato el proceso para salvar lo que describió como un patrimonio colombiano y preservar empleos. “Fue algo rápido, reciente”, dijo.Añadió que los planes para la marca, como su remodelación, su crecimiento y su fortalecimiento, están en construcción. Sobre el monto que se destinará a la cadena, indicó que dependerá de esos planes, pero aseguró que la compañía hará “todo lo que está en nuestro alcance” para que la marca siga creciendo.Una marca de memoria colectivaBaquero atribuyó parte del peso de la decisión al valor afectivo de la marca. Contó que, como colombiano de 53 años, creció con Presto y la considera “una marca icónica”. Recordó el local de la Avenida El Poblado, en Medellín, que, según dijo, fue el primer servicio de autoservicio en carro del país, y mencionó la salsa, las papas, el sándwich de jamón y queso y el pay de manzana entre sus recuerdos. Presto cuenta con más de cuatro décadas de historia y, según se mencionó durante la conversación, adquirió en 2008 la cadena Wimpy, que ya no opera.
La Alcaldía de Suratá, Santander, adoptó nuevas medidas para preservar el orden público, mejorar la convivencia y fortalecer la seguridad vial en la cabecera municipal por el aumento de riñas y hechos de intolerancia.Las disposiciones quedaron establecidas en el Decreto 064 de 2026 y contemplan restricciones para la conducción de motocicletas por menores de edad, nuevos horarios para los establecimientos comerciales y la prohibición de consumir bebidas alcohólicas en calles, parques y otros espacios públicos.Una de las principales medidas establece que los menores de 16 años no podrán conducir motocicletas, motociclos o mototriciclos sin la licencia correspondiente. La restricción aplica a cualquier hora del día y también prohíbe que los padres, cuidadores o propietarios de estos vehículos permitan que los menores los conduzcan sin cumplir los requisitos legales.Quienes sean sorprendidos incumpliendo esta disposición podrán tener el vehículo inmovilizado. Además, los propietarios o responsables que faciliten la conducción irregular se exponen a multas de hasta dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las sanciones de tránsito que correspondan.Nuevos horarios para establecimientos comercialesEl decreto también fija el horario para los negocios que expenden bebidas embriagantes, entre ellos bares, cantinas, discotecas, billares, licoreras, tiendas, minimercados y restaurantes que comercialicen este tipo de productos.Estos establecimientos podrán vender bebidas alcohólicas desde las 10:00 de la mañana hasta las 10:30 de la noche, todos los días, incluidos domingos y festivos. A la hora del cierre deberán dejar de vender licor, suspender su consumo y no mantener clientes dentro de sus instalaciones.Por su parte, los comercios que no vendan bebidas alcohólicas, como panaderías, cafeterías, misceláneas y restaurantes, podrán abrir a cualquier hora, pero deberán cerrar a las 11:00 de la noche. La medida no aplica a droguerías, servicios de salud, hospedajes ni estaciones de servicio, siempre que no expendan bebidas embriagantes.Otra de las disposiciones prohíbe de manera permanente el consumo de bebidas alcohólicas en vías y espacios públicos de la cabecera municipal, incluidos andenes, calles, parques, plazas, zonas verdes, escenarios deportivos y zonas de parqueo de uso público.La Estación de Policía, la Inspección de Policía, la Comisaría de Familia y la Secretaría General y de Gobierno estarán a cargo de vigilar el cumplimiento de las disposiciones.
Sin transporte y ahora sin bomberos: por falta de contrato con la administración municipal el Cuerpo de Bomberos de Angelópolis reporta dificultades para atender emergencias. Aseguran que durante los 10 meses que van del año, apenas han contado con recursos durante cuatro y medio.La situación de orden público no es el único asunto que, por estas horas, preocupa al municipio de Angelópolis. Recursos para el funcionamiento del Cuerpo de Bomberos también tiene en serias dificultades la atención de emergencias en esta localidad del Suroeste de Antioquia.La imposibilidad para atender algunos de los eventos reportados por la comunidad en los últimos días llevó a la entidad a emitir en las últimas horas un comunicado en el que manifestó que desde el 27 de agosto no cuentan con un contrato vigente con la administración municipal.Ángela Vélez, comandante del Cuerpo de Bomberos, indicó a Blu Radio que si bien hay voluntad por parte de las autoridades locales para suministrar los recursos financieros necesarios para su operación, estos son escasos y solo han contado con ellos durante cuatro meses y medio durante 2026.Por lo pronto, persiste el riesgo para atender cualquier emergencia, especialmente durante un periodo marcado por las altas temperaturas, que pueden derivar en incendios forestales o también cambios climáticos abruptos ocasionando otros eventos producto de las lluvias.“Tuvimos un accidente de tránsito, no había personal, el carro, en el momento, estaba sin combustible, entonces le tocó a la misma comunidad solucionar porque la verdad yo no tenía con quién atender ni nada, entonces pues es tanto el recurso económico como el recurso en personal”, dijo.A la espera de los recursos que requieren en el corto plazo para su funcionamiento, Vélez detalló que el alcalde José Luis Montoya avanza en las gestiones para radicar ante el Concejo Municipal la aprobación de una partida presupuestal para 2027 que evite la situación que actualmente se registra. Se estima que al año el Cuerpo de Bomberos de esta localidad necesita cerca de 200 millones de pesos para su operación.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia encendió las alarmas frente al proyecto de Estatuto Antiterrorista impulsado por el Gobierno Nacional, advirtiendo sobre posibles vicios de inconstitucionalidad y riesgos significativos para las garantías fundamentales. En diálogo con Mañanas Blu, el presidente de la Sala Penal, el magistrado Carlos Roberto Solórzano, detalló las reparos presentados formalmente en el Consejo Superior de Política Criminal. Riesgos de inconstitucionalidad y el control de listas administrativasEl centro de la preocupación de los magistrados radica en la creación de un Registro Nacional de organizaciones y actores terroristas de carácter administrativo. Aunque la iniciativa busca prevenir acciones ilícitas, la Corte considera riesgoso que la simple inclusión en un listado permita imponer restricciones judiciales sin el debido soporte probatorio.Sobre este punto, el magistrado Solórzano manifestó: “Lo que nos preocupa y así lo planteamos es que es desde lo personal, es decir, la persona, se pueden tomar medidas individuales de control judicial antiterrorista”. Asimismo, explicó que con el marco procesal actual, la Fiscalía debe demostrar la autoría o participación con elementos probatorios e inferencia razonable, mientras que bajo este proyecto se podrían decretar medidas afectando derechos personales y jurídicos sin cumplir dichos estándares: “Pasamos de la suerte de un estatuto de pertenencia a una estructura terrorista a un estándar diferente”, advirtió el presidente de la Sala Penal. Separación de poderes y cautelas sobre bienesOtro aspecto crítico expuesto por el alto tribunal es la creación de la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, a quien originalmente se le asignaban facultades de supervisión sobre el régimen penitenciario y sobre las medidas judiciales impuestas por los jueces. Para la Corte Suprema, esta disposición quiebra el principio de separación de poderes. “Una autoridad administrativa no podría estar ejerciendo funciones de supervisión de medidas de control judicial que imponen los jueces”, enfatizó Solórzano. En materia patrimonial, la Sala Penal cuestionó que se puedan adoptar medidas cautelares sobre propiedades o empresas al margen de la Ley de Extinción de Dominio (Ley 1708 de 2014) y de un proceso probatorio riguroso. “Tomar decisiones a punta de medidas de naturaleza administrativa que pueden ser planteadas por los fiscales a los jueces, pero sin un estándar probatorio razonable nos preocupa”, sostuvo el magistrado, señalando los peligros de suspender la personería jurídica o cuentas bancarias de un ciudadano o empresa a partir de una simple denuncia o inclusión en listados. Tipificación de delitos, protesta social y diálogo con el EjecutivoFrente al tratamiento de la protesta social y la tipificación de conductas, la Corte coincidió con las observaciones de la defensora del Pueblo, Iris Marín, insistiendo en que el derecho constitucional a la protesta no puede resultar vulnerado por definiciones ambiguas de terrorismo. Por otro lado, al evaluar la propuesta de sancionar el desarme de la Fuerza Pública dentro de la figura del secuestro, el magistrado fue tajante: “Incluir el desarme como un secuestro, pues no tiene nada que ver. No es un acto de privación de la libertad”. Solórzano aclaró que, si bien la agresión a la Fuerza Pública debe tener una sanción penal específica y proporcional, no debe forzarse la estructura típica de los delitos ni incurrir en inflación punitiva. Escuche aquí la entrevista:
