¿Cómo interpretar la modesta participación en el paro convocado por el presidente Petro?

La modesta participación en el paro convocado por el presidente Gustavo Petro para presionar la convocatoria de una consulta popular, demuestra que la estrategia de calle y confrontación que pretende usar el Gobierno, tiene un techo y se desgastó rápidamente y que los ciudadanos tienen como prioridad la solución de los problemas del día a día y no están interesados en enfrascarse en disputas políticas o ideológicas.

Luego de la jornada de este miércoles, el gobierno nacional debe evaluar el momento político, así como el magro respaldo que tuvo su convocatoria a una huelga general, aunque lo niegue el presidente Petro, en clave de convertirse en un “campanazo” de alerta de cara a su intención de embarcarse en aventuras autoritarias o de rupturas institucionales.

En el eje del debate político que está a punto de tener importantes desarrollos, están la reforma laboral y la consulta popular, que se convirtieron en los factores que han exacerbado la polarización entre el Gobierno y el Congreso de la República.

Por eso es importante leer entre líneas los mensajes que han enviado en las últimas horas el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, quienes comienzan a abrir la puerta a la posibilidad de retirar la convocatoria a la consulta popular, si el Senado aprueba la reforma laboral que revivió en medio de la refriega política entre el Ejecutivo y el Legislativo.

Las próximas semanas serán fundamentales en el “ajedrez político” del país, de cara a las elecciones de 2026: el Senado tendrá en sus manos debatir y votar la reforma laboral y luego definirá dos asuntos igualmente trascendentales: la nueva consulta popular presentada por el Gobierno y la elección de nueva magistrada de la Corte Constitucional.

Por su parte el Gobierno tendrá que decidir si sigue adelante o no, con su peligrosa idea de convocar por decreto la consulta popular, desconociendo la negativa del Senado y sin acudir a las autoridades judiciales que son las responsables de definir si tiene o no razón en las denuncias sobre posibles irregularidades en la votación realizada el pasado 14 de mayo.