Hoy la Corte Interamericana de Derechos Humanos le pedirá cuentas al Estado colombiano sobre el cumplimiento de la condena impuesta por la desaparición forzada de varias personas durante la toma y posterior retoma del Palacio de Justicia, en noviembre de 1985.
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Hay gran expectativa por conocer el informe de la Fiscalía, que hace dos semanas sorprendió al país con la peregrina teoría de que en el Palacio no hubo desaparecidos, sino que se trató de mal manejo de la escena del crimen, un caótico procedimiento para el levantamiento de los cadáveres y también lo atribuyó a la ausencia en la época de los hechos, de tecnologías como las pruebas de ADN para identificar incluso restos calcinados, como los que quedaron tras el Holocausto.
Aunque luego del revuelo que causaron las declaraciones de los fiscales auxiliares Sarmiento y Oróstegui, la Fiscalía intentó rectificar lo que habían dicho, sí es crucial escuchar, en caso de que asista hoy a la audiencia en Bogotá, al fiscal delegado ante la Corte Suprema Jorge Hernán Díaz, titular del caso y quien ha guardado un llamativo silencio tras el escándalo nacional que se originó en su despacho.
Cinco años después de la condena de la Corte Interamericana, los familiares de los desaparecidos de Palacio se quejan porque afirman que nada ha pasado con las investigaciones a militares, policías y otros agentes del Estado presuntamente involucrados en homicidios, desapariciones y torturas.
Además, afirman que no han investigado versiones de testigos que señalan que ese cruce de restos no fue accidental sino que se trató de una acción deliberada para ocultar la verdad, así como tampoco se han detenido a esclarecer quién inició el incendio que devoró el Palacio de Justicia, ni quién ordenó mover los restos de los fallecidos en el cuarto piso para luego lavar sus cadáveres con mangueras con chorros de agua de alta presión.
La teoría de los fiscales auxiliares es que la justicia ordinaria ya no puede investigar el caso del Palacio de Justicia porque es facultad de la JEP, lo curioso es que desde la justicia transicional explicaron que no han abierto caso alguno relacionado con esos hechos.
Un primer paso para cerrar las heridas que ha dejado el conflicto en Colombia, sin desconocer que la toma de Palacio la cometió el M-19, pero admitiendo que hubo evidentes excesos de la Fuerza Pública en su recuperación, sería conocer la verdad sobre lo que pasó con: Carlos Augusto Rodríguez, Irma Franco, Gloria Anzola, Gloria Lizarazo y David Suspes Celis.
Escuche aquí la columna de opinión de Ricardo Ospina, en Mañanas BLU: