Los magistrados de la Corte Constitucional están a la espera de que el gobierno publique oficialmente el decreto con el que declara la emergencia económica, para convocar a una sala plena extraordinaria, en plena semana de navidad, para comenzar a discutir la polémica decisión.
La convocatoria a una sala extraordinaria de la Corte en esta época sería algo inédito, porque desde el viernes pasado toda la rama judicial entró en periodo de vacaciones colectivas, la conocida vacancia judicial, hasta el 10 de enero de 2026, y se haría ante la urgencia de discutir y definir con prontitud el futuro de esta medida.
Según pudo conocer Blu Radio, al menos seis magistrados están listos para reunirse virtualmente de forma extraordinaria para comenzar la discusión, sobre la que tienen dos posibilidades: una, la menos probable, que utilizando una nueva jurisprudencia, la Corte decida de manera inmediata la suspensión provisional de la emergencia económica, teniendo en cuenta los graves efectos que puede causar.
La opción más probable es que la Corte, en la sala extraordinaria, defina quién va a ser el magistrado ponente, es decir quién será el encargado de estudiar si la emergencia económica es constitucional o inconstitucional. Esa definición antes de la vacancia judicial es clave, porque podría adelantar los plazos para decidir el futuro de la emergencia al volver del receso judicial.
Quién quede a cargo del estudio de la emergencia económica, tendrá que decretar pruebas y en un plazo corto debe llevar a la Sala Plena la discusión frente a las solicitudes de varios gremios como la Andi, Fenalco y Amcham para que sea suspendida provisionalmente la medida, hasta tanto se defina de fondo si es o no inconstitucional, para evitar un perjuicio mediante el cobro de nuevos impuestos.
La discusión de fondo gira en torno a si hay o no hechos sobrevinientes que justifiquen la declaratoria por parte del gobierno de un estado de excepción como la emergencia económica, que faculta al presidente para expedir durante un periodo determinado, decretos con fuerza de ley, incluso para crear o modificar impuestos.
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