La Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia tienen la responsabilidad de esclarecer los verdaderos alcances de varios escándalos de corrupción que han salpicado un número importante de congresistas y de altos funcionarios del Gobierno del presidente Gustavo Petro.
El caso más reciente tiene que ver con la presunta infiltración en diferentes sectores políticos y de la Fuerza Pública, del poder corruptor del zar del contrabando, Diego Marín, alias 'Papá Pitufo'.
En este caso, la Fiscalía confirmó que se encuentra investigando los señalamientos contra altos oficiales de la Policía que podrían haber sido sobornados por 'Papá Pitufo', mientras que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema confirmó que abrió indagación preliminar para determinar si el expresidente del Senado de la República, Juan Diego Gómez, tuvo relación con el 'zar del contrabando'.
En el caso del desfalco a los dineros para atender emergencias del presupuesto de la Unidad de Gestión de Riesgo, entre ellos los carrotanques de La Guajira, la Fiscalía se alista para tomar decisiones sobre el exministro de Hacienda Ricardo Bonilla y el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, quienes han sido mencionados por testigos como presuntos responsables de dar órdenes para entregar contratos y dinero en efectivo a congresistas, respectivamente.
La Corte Suprema también se prepara para definir la situación jurídica de seis congresistas y excongresistas que habrían aceptado seis contratos de la UNGRD a cambio de emitir un concepto en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.
De este caso se deriva una indagación previa que inició la sala de instrucción de la Corte Suprema contra 28 congresistas que aparecieron en una tabla de Excel con contratos gestionados ante Invías, información que fue entregada a la Fiscalía por la exasesora de Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides.
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La Fiscalía compulsa copias a la Corte Suprema para que determine si hay alguna actuación ilegal en ese caso, teniendo en cuenta que no tiene competencia para investigar parlamentarios. Benavides aseguró en un comunicado que ella no será testigo de cargo de hechos de corrupción en el caso Invías.
Sobre otros episodios de presunta corrupción del pasado, la Fiscalía y la Corte Suprema deben definir casos que están pendientes: la segunda parte del escándalo Odebrecht, las posibles irregularidades en la financiación de la campaña Petro Presidente y el juicio contra Armando Benedetti, hoy ministro del Interior, quien está acusado de presunta corrupción en Fonade durante el gobierno Santos.
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