No duró ni seis meses la “luna de miel” entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Gustavo Petro, relación que pareciera haberse fracturado con la amenaza del ministro de Transporte Guillermo Reyes, de suspender la financiación de la Nación a los proyectos de infraestructura y de movilidad estratégicos para Bogotá, en caso de que la administración Distrital no acepte cambiar el contrato para construir la primera línea del metro, con el fin de que cerca de 14 kilómetros de su trazado, sean subterráneos.
Se trata de una amenaza sin antecedentes desde la Nación, que al final, en caso de concretarse, perjudicaría a millones de bogotanos, sobre todo a los más humildes, que serían los usuarios de muchas de las obras que se paralizarían y que son consideradas estratégicas para el desarrollo de la ciudad: estamos hablando no solamente de la segunda línea del metro, sino también de la ampliación de la calle 13, hoy una de las vías de entrada a la ciudad y que se ha convertido en un camino de herradura con trancones kilométricos durante todo el día, debido a su mal estado.
También se vería frustrado el sueño de los bogotanos de tener una entrada digna a la ciudad por la autopista Norte y por la Carrera Séptima, pues estos dos proyectos quedarían paralizados si se cumple la amenaza del ministro Reyes, sobre todo en lo relacionado a las ampliaciones desde la calle 192 hasta la calle 245.
Si seguimos recorriendo las obras que no verían la luz en el corto plazo por la decisión del presidente Petro de no ceder en torno al futuro de la primera línea del metro, encontramos la famosa ALO Sur, vía alterna a la lamentable autopista sur, que busca beneficiar a más de dos millones de personas, sobre todo habitantes de Bosa, Ciudad Bolívar, Puente Aranda y Fontibón.
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Continuamos con el frenazo que sufriría el Regiotram del Norte, entre Bogotá y Zipaquirá, que beneficiaría a más de 1.200.000 personas y la parte final es clave: se paralizarían tres cables aéreos que benefician sobre todo a las personas de escasos recursos que viven en los cerros orientales y surorientales de Bogotá: se trata de dos líneas de cable en el centro de la ciudad, que beneficiarían a los habitantes de las localidades de La Candelaria y Santa Fe y en el sur, Cable Potosí, que beneficiaría a los habitantes de Soacha y Ciudad Bolívar.
Los bogotanos que viven cansados de la deplorable condición de movilidad en la ciudad, serían los perjudicados directos por la pelea política que emprendió el presidente Petro, quien anhela cumplir como jefe de Estado lo que no logró como alcalde de la ciudad.
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Este escenario tiene un elemento colateral y es el inicio de la disputa política de cara a saber quien va a ser el alcalde de Bogotá en octubre de este año.
El presidente lleva muchos años viviendo en Bogotá, debería ponerse en los zapatos de la gente que tarda hasta 3 horas en un bus para ir a trabajar o a estudiar y si quiere, seguir el debate sobre el metro, pero sin afectar la vida de millones de personas.
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