En las últimas horas, el Inpec adelantó dos operativos de traslado de cárcel de peligrosos delincuentes, todos ellos estaban en la cárcel La Picota de Bogotá y ahora están distribuidos en diferentes centros carcelarios en diferentes regiones del país.
En el primer operativo fueron trasladados y separados el exgobernador de La Guajira, Kiko Gómez, condenado por homicidio, uno de sus socios criminales, alias Marquitos Figueroa y su sobrino Paul Corrales Figuero, tras la orden del presidente Gustavo Petro en el consejo de ministros, en donde criticó al Inpec y sugirió un supuesto complot en su contra desde La Picota.
En otro operativo fueron trasladados ocho peligrosos delincuentes que permanecían detenidos en la cárcel La Picota luego de que se descubriera que hicieron una fiesta en la que consumieron licor el pasado 17 de abril.
Esta parranda carcelaria no es la única que se ha realizado este año: a comienzos de abril hubo una famosa fiesta con concierto vallenato incluido que hicieron los capos de los combos delincuenciales de Medellín en la cárcel de Itagüí.
La parranda se hizo a comienzos de abril y fue a todo dar: hubo licor, trabajadoras sexuales y todo tipo de excesos y habría sido organizada por varios de los delincuentes que acompañaron al presidente Gustavo Petro en el famoso “tarimazo” en La Alpujarra en junio de 2025, en el marco de los llamados “diálogos sociojurídicos”.
Aunque luego del escándalo por la parranda con Nelson Velásquez en la cárcel de Itagüí provocó la suspensión de los diálogos del gobierno con los 23 peligrosos jefes de los combos delincuenciales del Valle de Aburrá, de manera insólita, pese a la orden del presidente Gustavo Petro, no se ha trasladado a ninguno de los delincuentes involucrados en el tema.
Lo que ha podido establecer Blu Radio, la última palabra la tiene la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y hasta ahora no se ha enviado ningún oficio al Inpec dando vía libre para el traslado de los capos de los combos delincuenciales.
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No es un secreto que uno de los problemas crónicos del sistema judicial colombiano y cuya solución debería ser una prioridad para el próximo presidente de la República, es la crisis carcelaria que ha quedado retratada en estos episodios. Adicionalmente, a futuro, tanto las autoridades judiciales como las penitenciarias deben tener plena libertad de actuar, sin tener que esperar el aval del Comisionado de Paz o del Presidente de la República, como quedó perversamente estipulado en la ley de Paz Total.
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