Anoche se dio un primer pulso político en las calles de las principales ciudades del país, una semana después de que el presidente Iván Duque anunciara sus objeciones a seis de los 159 artículos de la ley estatutaria que le entrega un reglamento estable a la Jurisdicción Especial de Paz.
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La mayor concentración de personas se dio en Bogotá, llegaron entre 12 y 15 mil personas, que estuvieron cerca de llenar tres cuartas partes de la Plaza de Bolívar, con presencia principalmente de universitarios, jóvenes, gente de la academia y líderes y militantes de los partidos políticos opositores a la decisión del presidente Duque frente a la JEP.
En la fría noche bogotana coincidieron negociadores de paz del gobierno como Humberto De La Calle, negociadores de paz de las Farc como Pablo Catatumbo y políticos de diferentes partidos como Antanas Mockus y Gustavo Petro.
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El mensaje fue claro: apoyo a la JEP, rechazo a las objeciones presidenciales, respeto por la separación de poderes y una iluminación simbólica con velas y linternas de los teléfonos celulares a la fachada del Capitolio, para que, según los manifestantes, los congresistas no apoyen los cambios que plantea el gobierno a la justicia transicional.
En otras ciudades fue menor la cantidad de gente en las calles: en Medellín se reunieron unas 600 personas, en Cali 300, en Bucaramanga 200, en Neiva 150 personas, en Barranquilla cerca de 600 personas.
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No se puede hablar de ganadores y perdedores, pero seguramente sí se esperaba una mayor presencia de gente en las calles, teniendo en cuenta que los sectores políticos y sociales que han expresado su preocupación por la nueva coyuntura de la JEP, hacían prever que fuera una movilización más robusta.
Desde el gobierno, antes de la marcha, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez había defendido las objeciones a la JEP, había dicho que este asunto no podía convertirse en un pulso político y denunció que el objetivo secreto de los manifestantes era “poner contra la pared” al presidente Iván Duque.
Mientras esto sucede en el plano político, en lo judicial, cada vez está más cercana la expulsión del sanguinario Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa” de la Jurisdicción Especial de Paz, luego de que ayer de nuevo dejara “con los crespos hechos” a los magistrados que lo han citado dos veces para que aparezca y hable sobre los centenares de secuestros en los que está involucrado.
“El Paisa”, el mismo del secuestro de los diputados del Valle, el de la masacre a la familia Turbay Cote, el del secuestro en Torres de Miraflores en Neiva, el de tantos horrores en la guerra desde que fue lugarteniente de Pablo Escobar, hoy mira con desdén a la JEP, está a un paso de ser prófugo de la justicia y si bien todo es un asunto meramente formal, en cuestión de pocas semanas podría ser el primer expulsado de la jurisdicción.
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Merecido, porque no ha asistido a las diligencias, no ha aportado verdad y no ha reparado a sus víctimas ni pareciera tener intenciones de hacerlo, pero queda en manos de las fuerzas militares y de la Fiscalía evitar que ese hombre, símbolo de la violencia en Colombia, termine reciclando la maquinaria de horror y muerte que un día fueron las Farc.
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