El primero es 'Jesús Santrich', que tendrá que responder por múltiples delitos ante la Justicia Especial de Paz, pero además fue citado anoche a indagatoria por la Corte Suprema, para que responda por concierto para delinquir y narcotráfico, relacionado con el mismo caso de Marlon Marín, sobrino de 'Iván Márquez' y el Cartel de Sinaloa.
Es muy importante señalar que en este caso, la Corte recibió hace exactamente una semana el expediente de la Fiscalía, luego del confuso episodio en el que una vez la JEP ordenó la libertad de 'Santrich', los fiscales lo recapturaron en la puerta de la cárcel La Picota.
Con base en un fallo del Consejo de Estado que mantuvo la investidura de 'Santrich', la Corte Suprema consideró que Santrich tiene fuero de congresista y por eso pidió el proceso, asignado la semana pasada al magistrado Francisco Farfán.
Llegaron videos, audios, testimonios, que fueron evaluados cuidadosamente antes de la decisión tomada anoche por la Sala de Instrucción, de citar a indagatoria a 'Santrich', pero sin ordenar su captura, entre otras cosas argumentando que pretenden darle todas las garantías procesales.
La gran duda es si una persona llamada a indagatoria por narcotráfico puede o no posesionarse como congresista.
El otro nombre es Jesús Alberto Vargas Rodríguez alias 'Pipón', segundo cabecilla del Clan del Golfo, también requerido por narcotráfico por Estados Unidos, a quien la Corte Suprema había conceptuado favorablemente su extradición pero le había pedido al presidente Iván Duque que eventualmente aplazara ese trámite debido a las cuentas pendientes que tiene hoy con la justicia colombiana.
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Finalmente anoche, el presidente Iván Duque, dando un mensaje claro de respaldo político a la figura de la extradición con Estados Unidos, no aceptó la recomendación de la Corte y avaló el envío ante cortes norteamericanas de alias 'Pipón'.
Al final, estamos ante una disyuntiva jurídica y política muy interesante. En el caso 'Santrich', si la JEP revocara la orden de libertad a su favor, la Corte Suprema podría avalar o no su extradición. En casos similares ha negado el envío a Estados Unidos de los detenidos, argumentando que prevalecen los derechos de las víctimas de sus delitos en Colombia.
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