La Comisión Reguladora de Comunicaciones está en el “ojo del huracán” por cuenta de una carta que la semana pasada envió a varios medios de comunicación en la que pidió información en un plazo máximo de diez días, que según varios expertos, directores de medios y agremiaciones periodísticas, puede abrir la puerta de la censura.
En la carta, entre otras cosas, la CRC les pide a los medios de comunicación “cuáles son las políticas internas, directrices o prácticas que aplica el medio para garantizar que la información difundida cumpla con los criterios” de imparcialidad, objetividad y veracidad.
Además, la CRC pide a los medios que “describan cómo se eligen los contenidos informativos y noticiosos que se emiten, incluyendo los criterios de valoración en la selección de temas, fuentes y enfoques”, pide además soportes de las reuniones, comités o consejos editoriales que den cuenta de esas decisiones.
El documento, firmado por Zoila Vargas Mesa, coordinadora ejecutiva de la CRC, dice claramente que “el incumplimiento de esta solicitud podrá dar lugar a la adopción de las medidas administrativas correspondientes, conforme a lo previsto en la ley”.
Aunque posteriormente la Comisión Reguladora de Comunicaciones intentó rectificar lo dicho en la carta, asegurando que se trataba de un requerimiento voluntario, otra cosa dice el documento enviado a varios medios de comunicación, que al parecer forma parte de un estudio que está adelantando la misma comisión.
Este fin de semana el procurador Gregorio Eljach rechazó la carta, advirtiendo que “persisten elementos susceptibles de comprometer la libertad de prensa y la autonomía editorial de los medios de comunicación”, tras informar que abrió una actuación preventiva para evaluar “la legalidad y el alcance constitucional del requerimiento de información a medios de comunicación por parte de la CRC”.
Hay unanimidad en el rechazo frente al requerimiento de información que hizo la CRC, a la que le debe quedar claro que la libertad de prensa es uno de los pilares de la democracia y debe ser preservada por mandato constitucional.
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