Revisar de manera integral el proceso de contratación del proyecto Escudo Nacional Antidrones antes de avanzar con la adjudicación de su primera fase, que contempla una inversión de 800.000 millones de pesos en recursos públicos y una proyección de hasta 6,3 billones en etapas posteriores, es la petición del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui pidió al Gobierno entrante.
La solicitud está dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, para que ordenen una revisión técnica, jurídica y financiera del proceso antes de asumir cualquier compromiso contractual.
El Escudo Nacional Antidrones hace parte de un paquete de adquisiciones estratégicas anunciado por el Gobierno saliente, con una inversión superior a 40 billones.
Presidente @ABDELAESPRIELLA y Vicepresidente @jrestrp : el contrato del Escudo Nacional Antidrones debe ser revisado antes de comprometer $800.000 millones de recursos públicos.
— Jose Jaime Uscátegui (@jjUscategui) June 30, 2026
La seguridad nacional exige transparencia. Abro hilo. 🧵👇 pic.twitter.com/t2ZHKi6wcG
El proceso presenta un retraso frente al cronograma divulgado por el Ministerio de Defensa el 19 de marzo de 2026, que establecía la firma del contrato para el 7 de mayo. Más de dos meses después de esa fecha, la contratación aún no ha concluido, lo que, a juicio del congresista, plantea interrogantes sobre las razones de la demora y los posibles cambios realizados durante el proceso.
El representante aclaró que su petición no busca frenar la modernización de las capacidades de la Fuerza Pública, sino garantizar que la contratación cumpla con criterios de transparencia, competencia y conveniencia para el país.
El proyecto Escudo Nacional Antidrones fue presentado como un proceso de selección internacional para adquirir sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas, con la participación de empresas de varios países y un cronograma público para la evaluación tecnológica y la posterior contratación.
Antes de continuar con la adjudicación, Uscátegui considera necesario que el nuevo Gobierno revise las causas del incumplimiento del cronograma oficial, las condiciones en las que se realizó la evaluación de las empresas participantes y las garantías de igualdad para todos los oferentes.
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También pidió verificar que las especificaciones técnicas respondan a las necesidades actuales de la Fuerza Pública frente a la evolución de las amenazas con drones, así como evaluar la conveniencia financiera del proyecto, cuya inversión inicial de 800.000 millones podría ascender a cerca de 6,4 billones, de acuerdo con declaraciones del Ministerio de Defensa.
Ese plan incluye la compra de aeronaves de combate Gripen, más de un centenar de aeronaves adicionales, vehículos blindados, embarcaciones militares y otros programas de modernización de la Fuerza Pública.
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