Revisar de manera integral el proceso de contratación del proyecto Escudo Nacional Antidrones antes de avanzar con la adjudicación de su primera fase, que contempla una inversión de 800.000 millones de pesos en recursos públicos y una proyección de hasta 6,3 billones en etapas posteriores, es la petición del representante a la Cámara José Jaime Uscátegui pidió al Gobierno entrante.La solicitud está dirigida al presidente electo, Abelardo De La Espriella, y al nuevo vicepresidente, José Manuel Restrepo, para que ordenen una revisión técnica, jurídica y financiera del proceso antes de asumir cualquier compromiso contractual.El Escudo Nacional Antidrones hace parte de un paquete de adquisiciones estratégicas anunciado por el Gobierno saliente, con una inversión superior a 40 billones.El proceso presenta un retraso frente al cronograma divulgado por el Ministerio de Defensa el 19 de marzo de 2026, que establecía la firma del contrato para el 7 de mayo. Más de dos meses después de esa fecha, la contratación aún no ha concluido, lo que, a juicio del congresista, plantea interrogantes sobre las razones de la demora y los posibles cambios realizados durante el proceso.El representante aclaró que su petición no busca frenar la modernización de las capacidades de la Fuerza Pública, sino garantizar que la contratación cumpla con criterios de transparencia, competencia y conveniencia para el país.El proyecto Escudo Nacional Antidrones fue presentado como un proceso de selección internacional para adquirir sistemas de defensa contra aeronaves no tripuladas, con la participación de empresas de varios países y un cronograma público para la evaluación tecnológica y la posterior contratación. Antes de continuar con la adjudicación, Uscátegui considera necesario que el nuevo Gobierno revise las causas del incumplimiento del cronograma oficial, las condiciones en las que se realizó la evaluación de las empresas participantes y las garantías de igualdad para todos los oferentes.También pidió verificar que las especificaciones técnicas respondan a las necesidades actuales de la Fuerza Pública frente a la evolución de las amenazas con drones, así como evaluar la conveniencia financiera del proyecto, cuya inversión inicial de 800.000 millones podría ascender a cerca de 6,4 billones, de acuerdo con declaraciones del Ministerio de Defensa.Ese plan incluye la compra de aeronaves de combate Gripen, más de un centenar de aeronaves adicionales, vehículos blindados, embarcaciones militares y otros programas de modernización de la Fuerza Pública.
Tras una inspección bajo estrictos protocolos de seguridad nacional, la Contraloría concluyó que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen, firmado con la empresa sueca Saab, se ajustó a la ley y respondió a las necesidades estratégicas del país. Aunque el proceso y sus documentos están clasificados como información secreta y ultrasecreta, el ente de control tuvo acceso total al expediente y verificó cada una de las etapas de la negociación.De acuerdo con las conclusiones preliminares, la compra se realizó mediante contratación directa, una modalidad permitida para el sector Defensa, y estuvo precedida por un análisis de aeronaves ofrecidas por fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. Sin embargo, solo las propuestas de Saab y Dassault contaban con información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En esa evaluación, la oferta sueca resultó la mejor, al ser más económica, con un valor contractual de 3.135 millones de euros, precio fijo y respaldo de vigencias futuras, además de iniciar entregas en un plazo más corto, clave para el reemplazo de los Kfir.La Contraloría también destacó que el contrato incluye la adquisición de 17 aeronaves nuevas, acompañadas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación. En la evaluación técnica realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que analizó nueve variables y 157 subvariables, el Gripen obtuvo el mayor puntaje, especialmente por su menor costo por hora de vuelo, su facilidad para operar en pistas cortas —incluso carreteras— y sus menores costos de sostenimiento al ser una aeronave monomotor.Otro punto clave fue el esquema de compensaciones (offset), que no incrementa el valor del contrato. El 85 % de estos beneficios tendrá un componente social liderado por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15 % estará destinado a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial. En materia financiera, el acuerdo contempla un anticipo del 40 %, pagadero entre 2026 y 2031, y el restante 60 % contra entrega entre 2028 y 2032, con garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales bajo ley colombiana.Con base en esta revisión, la Contraloría informó que no encontró inconsistencias en la estructuración del contrato ni en el proceso de selección y anunció que, debido a la magnitud económica del negocio, mantendrá un seguimiento permanente a su ejecución durante el primer semestre de 2026.
La polémica por la compra de los aviones de combate Gripen volvió a escalar al marco judicial. Un juez ordenó, por segunda vez, que el presidente Gustavo Petro haga pública toda la información relacionada con este contrato, una operación financiada con recursos del Estado y que ha permanecido bajo reserva.La orden judicial responde a una tutela interpuesta por el candidato presidencial David Luna, quien desde diciembre pasado ha insistido en que la ciudadanía tiene derecho a conocer los términos de una de las adquisiciones más costosas en la historia del sector defensa.Aunque el Juzgado 29 Administrativo de Bogotá ya había ordenado la divulgación del contrato, el Gobierno no acató el fallo, lo que llevó a Luna a solicitar un incidente de desacato para forzar su cumplimiento.En su nuevo pronunciamiento, la justicia fue enfática en señalar que no existe justificación para mantener en secreto un contrato que compromete millonarios recursos públicos. El juez reiteró que el acceso a la información es un principio constitucional y que la reserva no puede utilizarse para limitar el control ciudadano ni el escrutinio democrático sobre decisiones de alto impacto fiscal.Más allá del debate político, el fallo deja un mensaje contundente al Gobierno: las decisiones judiciales deben cumplirse. Ahora, el Gobierno enfrenta la presión de revelar el contrato o asumir las consecuencias legales por desacatar nuevamente una orden de la justicia.
Un juzgado administrativo de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa responder el derecho de petición enviado por el precandidato David Luna que contiene preguntas sobre la compra de aeronaves de combate Gripen de la empresa Saab, tras determinar que ambas entidades vulneraron derechos fundamentales por no entregar información solicitada oportunamente.Justamente la instrucción se da luego de resolver una tutela presentada por Luna, quien reclamó la falta de acceso a documentos clave del contrato suscrito con la empresa sueca Saab pese a que desde noviembre pasado pidió la copia del contrato, estudios previos, análisis técnicos y económicos, soportes de vigencias futuras y la justificación del precio final de la adquisición de 17 aeronaves, operación estimada en cerca de $16,5 billones de pesos.Como no se dio la respuesta dentro del plazo establecido, el juzgado concluyó que esta omisión vulneró el derecho fundamental de petición, así como el acceso a la información pública, al impedir que Luna en calidad de ciudadano contara con insumos mínimos para evaluar la legalidad del negocio y, eventualmente, acudir a mecanismos judiciales de control.“Acorde con lo expuesto, el Despacho ordenará a la Presidencia de la República de Colombia y al Ministerio de Defensa Nacional, para que, en el término de 5 días contados a partir de la notificación de esta providencia, resuelva de fondo de manera clara y precisa el derecho de Petición radicado el 21 de noviembre de 2025 solicitud relacionada con 24 preguntas sobre los costos y el contenido del contrato”, dice el fallo.Por su parte, el despacho declaró que el Ministerio de Hacienda Público, mencionado en el derecho de petición, no tiene responsabilidad en la presunta vulneración de derechos al no ser la entidad competente para ejecutar el contrato ni para responder las solicitudes formuladas.En su decisión, el juez negó otras pretensiones de Luna, como ordenar la publicación del contrato o su remisión a los entes de control, al señalar que debe ser él quien acuda directamente a esas dependencias si considera necesario activar controles fiscales, disciplinarios o penales.“Un juez de la República me acaba de dar la razón (...) señalando además que esa información debe ser pública, porque de esa manera se puede luchar frontalmente contra la posible corrupción en ese negocio. Le pido al presidente de la República que de manera inmediata cumpla el fallo judicial y que no busque vericuetos para evitar la publicidad del negocio más grande que puede terminar siendo un negociado”, insistió Luna.Sobre este tipo de información, ya el Ministerio de Defensa ha asegurado que se trata de información clasificada y está siendo entregada a los entes de control de manera presencial, insistiendo en que la firma del contrato se hizo dentro de los marcos legales y siguiendo las mejores recomendaciones para el manejo del recurso público.
En su plan para defender la compra de los aviones Gripen para reemplazar la flota de aviones Kfir, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lideró este miércoles una mesa de trabajo con la Procuraduría para socializar la estructuración del proceso de contratación con el fabricante sueco, Saab.Si bien el Ministerio Público no tiene ninguna actuación vigente sobre este contrato, que rodea los $16,5 billones, el ministerio pidió su acompañamiento para mantener los estándares de transparencia en la adquisición de las 17 aeronaves y los servicios complementarios.Durante la sesión, el ministro y su equipo reiteraron que cada fase del proyecto ha sido abordada con rigurosidad técnica y siguiendo protocolos de planeación previamente establecidos. Asimismo, subrayaron que toda la información relacionada con la compra ha sido puesta a disposición de los organismos competentes, atendiendo a los principios de transparencia y la responsabilidad en el uso de los recursos públicos, considerados por la entidad como sagrados.El encuentro se da previo al que tendrá este jueves el ministro Sánchez con la Contraloría, que sí ha emitido varias alertas por la falta de información sobre el proceso previo y la firma del contrato, del que no se tienen mayores detalles.Y es que el contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que su dependencia no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa.La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2:00 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad, pues en una primera solicitud la respuesta fue que los datos tienen “carácter de reserva”.El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos y por eso ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de liquidez.Esta misma semana la multinacional sueca Saab defendió la transparencia del contrato firmado con el Gobierno colombiano, afirmando que no hubo intermediarios ni personas externas en el proceso y pide no comparar la oferta hecha a Colombia con la realizada a otros países, aunque no reveló los números fijos detrás de este.
El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, reveló que la Contraloría no ha recibido ningún tipo de información oficial sobre el proceso de adquisición de los aviones Gripen, pese a tratarse de la que sería la contratación más costosa en la historia del sector defensa. La falta de datos encendió las alarmas del organismo de control, que convocó para mañana jueves, a las 2 de la tarde, una mesa técnica de carácter urgente en la sede de la entidad.Esto se da luego de que el contralor enviara una carta al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, obteniendo una respuesta firmada por un funcionario que solicitó una reunión bajo “carácter de reserva”, y no por el ministro. El contralor advirtió que esa figura de “reserva” no aplica frente al uso de recursos públicos, por lo que la información debe ser entregada sin restricciones. “Para la Contraloría General de la República no existe ese tema de reserva frente a los recursos de carácter reservado”, anunció el contralor general de la República.El organismo de control ya preparó un cuestionario con las inquietudes que se presentarán en la reunión, entre ellas el estado de las vigencias futuras, el alcance de los compromisos financieros y el impacto que una contratación de este tamaño podría tener sobre el Estado en los próximos años. Además, que decisiones sin claridad fiscal podrían dejar a futuras administraciones problemas de iliquidez.Frente a todo el escenario, el contralor, Hernán Rodríguez, envió un mensaje directo a los candidatos presidenciales, pidiendo que consulten los insumos oficiales de la entidad para conocer con precisión el país que recibirán en caso de ganar las elecciones, y evitar así que los millonarios compromisos heredados se conviertan luego en excusas o en sorpresas presupuestales.“Llamarle la atención a las personas que están ahora en campaña presidencial y frente a los cuales vamos a tener un nuevo presidente en el próximo año, que utilicen los insumos de la Contraloría. Ahí están los insumos y que sepan que van a recibir un país que tiene dificultades frente al tema. Lo primero que yo voy a tener que ver cuando me estoy comprometiendo algo es saber qué tan comprometido tengo el recurso, qué tantas vigencias futuras están”, afirmó el contralor.La Contraloría espera recibir por fin todos los documentos relacionados con la negociación de los Gripen, analizarlos y fijar una posición clara frente al que podría convertirse en el contrato militar más billonario del país.
El mayor Bruno Nocente Regato Pereira, oficial de la Fuerza Aérea Brasileña y uno de los instructores del programa Gripen, explica que el simulador que tendrá Colombia para entrenamiento será una pieza fundamental para preparar a los pilotos que operarán estos aviones de última generación. Según asegura, su principal fortaleza es que permite entrenar tanto las maniobras básicas de vuelo como los escenarios tácticos más complejos, todo en un entorno seguro y controlado.De acuerdo con el oficial, el sistema está diseñado para replicar dos grandes áreas de entrenamiento. La primera corresponde a la operación básica de la aeronave: control general del avión, manejo de instrumentos, procedimientos de despegue y aterrizaje, y simulación de emergencias que pueden surgir en pleno vuelo. La segunda área está dedicada a la parte táctica, donde los pilotos practican misiones contra enemigos virtuales y ponen a prueba las capacidades de los sensores y sistemas avanzados del Gripen.Con la adquisición de 17 aeronaves nuevas Gripen E/F, el país adquirió un centro de entrenamiento avanzado con cuatro cabinas para formación de pilotos y simulación de realidad aumentada en combates aire-aire y aire-tierra, junto con sistemas de entrenamiento para ingenieros, técnicos y personal de apoyo. Lo anterior reduce costos y dependencia.El mayor Regato Pereira también destacó la importancia del modelo biplaza que Colombia adquirirá, una versión del Gripen con dos asientos. Explica que esta configuración permitirá una transición más segura para los pilotos inexpertos, pues podrán volar acompañados de un instructor dentro de la misma aeronave. Esto facilita el aprendizaje inicial, reduce riesgos y acelera la curva de entrenamiento en una plataforma tan avanzada.Pero uno de los puntos más relevantes del simulador es su impacto en la seguridad y en la economía operacional. El oficial asegura que, al recrear misiones completas sin necesidad de volar, los pilotos pueden entrenar situaciones críticas, algunas difíciles de reproducir en misiones reales, sin exponer sus vidas ni las aeronaves a peligros innecesarios. “El mayor beneficio es la economía de recursos”, explica. “Podemos practicar todo lo que se hace en vuelo, sin gastar combustible y sin someter a la aeronave a riesgos”.
El comandante de la FAC, general Luis Carlos Córdoba, reveló que el elemento determinante fue el ahorro logrado durante la negociación y la claridad de la oferta formal presentada por Saab, en contraste con otras propuestas que, según dijo, no ofrecían precios definitivos ni aeronaves nuevas bajo condiciones estables.Según Córdoba, la primera gran diferencia apareció cuando se recibió el documento preliminar de precio y disponibilidad de Estados Unidos. Allí, afirmó, quedó claro que no era una oferta formal. “Los datos de precio y disponibilidad proporcionados no son válidos para preparar una carta de aceptación y oferta. Este documento no representa una oferta del Gobierno de los Estados Unidos”, citó, subrayando que no podía utilizarse para presupuestación ni como base contractual.Tras solicitar una propuesta formal en marzo de 2024, la FAC recibió en junio de ese año una comunicación sobre la posibilidad de adquirir aeronaves usadas provenientes de Estados Unidos y, posteriormente, de otros países. Córdoba insistió en que esa opción no cumplía los requisitos de la Fuerza Aeroespacial. “Reiteramos formalmente que se requieren aeronaves nuevas y que aviones usados no son una opción”. Esa respuesta fue enviada en octubre de 2024, pero, aun así, según relató, en febrero de 2025 la misión aérea estadounidense volvió a presentar alternativas usadas.El proceso continuó con la actualización del estudio de mercado, el análisis del proyecto en el Comité Intersectorial de Proyectos Estratégicos en junio de 2025 y la aprobación del aval fiscal por parte del Ministerio de Hacienda en agosto. “Aquí se determina que debe ser en precios corrientes y montos fijos. Esa es la condición”, recalcó. Más adelante, en octubre de 2025, se autorizaron vigencias futuras hasta 2032, lo que permitió iniciar el proceso contractual.El punto clave llegó durante la negociación final con Saab. El comandante de la FAC confirmó que la propuesta sueca logró un ahorro significativo: “Se logró un ahorro del nueve por ciento respecto a la propuesta inicial, pero además se logró tener una aeronave adicional con full capacidades”. En total, el contrato incluye 17 aviones: 15 monoplaza y 2 biplaza, con sensores, radares y sistemas de autoprotección integrados de última generación.El general Córdoba describió que la compra incluye el armamento ya totalmente integrado al software y los sistemas del avión, lo que evita costos y retrasos adicionales: “Llegan listos para usar”. También se incorporó un paquete robusto de soporte logístico para tres mil horas de operación, repuestos, herramientas de tierra, información técnica, soporte de ingeniería y equipos de planeamiento operacional.El contrato, por 3.135 millones de euros, está respaldado por un techo presupuestal de hasta 16,5 billones de pesos, calculado en precios fijos y con la tasa de cambio proyectada por el Ministerio de Hacienda. Incluye además entrenamiento para pilotos operacionales e instructores, técnicos de mantenimiento y simuladores de vuelo y de soporte, diseñados para replicar escenarios reales. “Esto va a permitir que, cuando esos pilotos se suban a esa máquina, puedan iniciar la operación de manera muy segura”, afirmó.
El director ejecutivo de Saab Colombia, Pierre Farkas, aclaró los alcances de la participación del presidente Gustavo Petro y de la primera dama, Verónica Alcocer, en el proceso de negociación para la compra de los aviones de combate Gripen. Según explicó, el jefe de Estado tuvo una única intervención protocolaria y Alcocer no participó en ningún momento del proceso.Farkas confirmó que el 2 de abril de este año se realizó una reunión en la Casa de Nariño, con presencia del entonces cuerpo diplomático sueco y varios ministros del Gobierno. “Como se reveló en medios, el día 2 de abril de este año se llevó a cabo una reunión en Presidencia a la que asistió la antigua embajadora de Suecia y correspondientes ministros”, explicó. Sin embargo, subrayó que esa participación no significó un rol activo del presidente en las negociaciones.El directivo insistió en que todas las sesiones formales se desarrollaron con los equipos técnicos y financieros designados por Colombia. “Estas sesiones de negociación se han hecho con el equipo de evaluación y el equipo técnico, también con equipos financieros y con miras en la cooperación industrial”.Uno de los señalamientos más reiterados por Farkas fue la exclusión total de la primera dama en cualquier instancia del proceso. “La primera dama jamás ha sido parte del proceso, como tampoco las previas primeras damas”, afirmó. Para reforzar su declaración, añadió: “Y para ser empáticamente aún más claro, la primera dama no ha sido parte del proceso, ni antes ni durante ni después”.El representante de Saab recalcó que, en los más de diez años en los que ha participado personalmente en estas discusiones, nunca ha habido intervención de personas ajenas a las delegaciones oficiales. “Este proceso nunca ha tenido intermediarios; el proceso se ha conducido por las autoridades del gobierno colombiano y las del gobierno sueco”, aseguró.Farkas también destacó que ningún gobierno, ni el actual ni los anteriores, ha ejercido presión indebida. “Este gobierno ni los anteriores han ejercido presiones ni tampoco han generado intermediaciones; me refiero específicamente de parte del alto gobierno”, dijo al cerrar su intervención.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó los alcances del proceso de adquisición de los aviones Gripen de Saab y detalló las comunicaciones recientes con los organismos de control. Según dijo, desde el 18 de noviembre el Ministerio había solicitado formalmente a la Procuraduría y la Contraloría revisar el procedimiento dentro de sus competencias. “Ayer tuve la oportunidad de hablar con el señor contralor general de la República; también había hablado hace ya ocho días con el procurador general”, señaló.El ministro contó que, casi de manera simultánea, llegó un requerimiento de la Contraloría solicitando la misma información. “Nosotros respondimos e informamos que había toda la disposición, en esta era de la desinformación es necesario repetirlo cuantas veces sea necesario para aclarar que estábamos disponibles”, afirmó. Indicó que el Ministerio propuso una mesa de trabajo para compartir documentos clasificados como secretos y ultrasecretos, siempre bajo los procedimientos establecidos. “No hacerlo es simplemente violar los procedimientos”, advirtió.Sánchez confirmó que el contralor convocó al Ministerio a una reunión el próximo 4 de diciembre para presentar de manera detallada la información, con actas de confidencialidad firmadas por todas las partes. Adicionalmente, informó que ya sostuvo conversaciones con los presidentes de las comisiones segundas del Senado y de la Cámara, a quienes se les explicará en sesión privada las decisiones tomadas. “Qué fue lo que adquirió Colombia y cuál fue la decisión que tomó el país”, resumió.El jefe de la cartera se refirió también a los análisis públicos hechos con datos, según él, incompletos. “Aquí no se adquirieron unas aeronaves o 17 aeronaves; aquí se adquirió una capacidad de superioridad aérea”, dijo, precisando que esa capacidad integra funciones de ataque aire-tierra, reconocimiento y otros sistemas complementarios.Finalmente, Sánchez indicó que los estudios comparativos hechos por el equipo multidisciplinar llevaron a la elección del avión de superioridad aérea Saab, que, según dijo, resultó “mucho más costo-eficiente” que otras alternativas evaluadas.
La noche del sábado 18 de julio de 2026 dejó miles de ganadores en toda Colombia con los resultados de las loterías de Boyacá, Cauca y el acumulado multimillonario de Baloto y Revancha. Los apostadores ya pueden verificar sus billetes físicos y virtuales.A continuación, se consolidan los resultados oficiales de los cuatro sorteos más importantes del fin de semana.Resultado de la Lotería de Boyacá: Sorteo 4633El premio principal de la Lotería de Boyacá asciende a la billonaria cifra de $15.000 millones de pesos. A continuación, los datos del boleto ganador de la noche:Premio Mayor ($15.000 Millones): 6405Serie: 296Resultado de la Lotería del Cauca: Sorteo 2620La Lotería del Cauca juega hoy sábado 18 de julio de 2026 su sorteo número 2620. El número y la serie ganadora del premio mayor de $8.000 millones de pesos de la Lotería del Cauca fueron: 7643, serie: 296.Resultados de Baloto y Revancha: Sorteo 2684Resultados del sorteo de BalotoEn el juego principal de Baloto, que contaba con un acumulado inicial de $48.000 millones de pesos, la combinación ganadora estuvo conformada por las balotas amarillas: 17, 08, 26, 24, 19 y la súper balota roja con el número 09.Resultados del sorteo de RevanchaPor su parte, el sorteo de Revancha del 18 de julio de 2026, que jugaba con un acumulado de $8.000 millones de pesos, arrojó la combinación ganadora de las balotas 05, 31, 32, 34, 06 y la súper balota con el número 08.
Bajo un robusto operativo de seguridad se llevó a cabo este sábado, en el norte de Barranquilla, la segunda reunión de ministros designados, convocada por el presidente electo, Abelardo De La Espriella. Las autoridades cerraron las vías aledañas a la sede política del jefe de Estado entrante para que el encuentro se desarrollara con tranquilidad.La novedad con respecto a la primera cita que ocurrió en este mismo lugar, fue la presencia de las recién escogidas María Nohemí Arboleda, Alexandra Falla Zerrate y Paola Holguín para las carteras de Minas y Energía, TIC y Cultura.De igual manera, aunque el nombramiento de Indalecio Dangond en el ministerio de Agricultura fue confirmado hace poco, recordemos que él sí logró estar el pasado 10 de julio.Cómo ellos, también cumplieron con su asistencia los ministros designados, Rodrigo Lara Restrepo, de interior; Miguel Gómez Martínez, de Hacienda; Elsa Noguera, de Transporte; Jaime Andrés Beltrán, de Vivienda; entre varios otros.Al parecer durante la reunión se hablaron temas claves como el balance de la gira por Estados Unidos que realizó el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, la expectativa con miras a la selección de nuevo presidente del Congreso y la eventual inversión de US$63 millones que realizará el Banco Interamericano de Desarrollo.“Durante estos encuentros se ha revisado la hoja de ruta de la administración entrante, la articulación entre los diferentes sectores y las acciones necesarias para garantizar un comienzo ordenado, responsable y enfocado en las principales necesidades de los colombianos. El presidente electo ha impartido instrucciones para que todo el equipo de Gobierno trabaje de manera coordinada, con objetivos claros, sentido de urgencia y plena responsabilidad frente al mandato recibido en las urnas”, escribió el equipo de comunicación en una misiva.Luego de casi tres horas de reunión, los asistentes se marcharon del lugar sin entregar declaraciones a los medios de comunicación.Otra polémicaMientras se adelantaba la reunión de ministros designados por el presidente electo Abelardo De La Espriella en Barranquilla, el ministro de Agricultura entrante, Indalecio Dangond, se fue de frente contra el Decreto 765 de 2026 impulsado por el gobierno del Presidente Petro, al que criticó por presuntamente “acelerar la transferencia de predios rurales administrados por la SAE a la Agencia Nacional de Tierras”Según Dangond, esto estaría ocurriendo “incluso cuando existen procesos de extinción de dominio en curso”. “La reforma agraria no puede construirse sobre atajos jurídicos ni mediante la entrega anticipada de predios que podrían no cumplir los requisitos legales para su adjudicación”. Agregó en un comunicado que muchos de estos inmuebles no han sido objeto del saneamiento jurídico correspondiente, por lo que su situación legal aún puede dar lugar a controversias.“El Gobierno entrante revisará el alcance de este decreto para garantizar que la política de tierras avance con legalidad, seguridad jurídica y pleno respeto al Estado de Derecho”, finalizaron.
El proceso de selección para contratar nuevos escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, quedó suspendido temporalmente por orden judicial. La contratación tiene un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos.La decisión se produjo luego de la presentación de seis acciones de tutela contra el proceso, en las que se solicitó como medida provisional suspender la contratación. El caso que dio lugar a la decisión judicial fue promovido por un escolta que cuestionó una modificación en el alcance del proceso. Según el accionante, la contratación habría quedado limitada a las zonas 1 y 2, mientras se excluyeron las zonas 3 a 10, pese a que, según su argumento, todas tendrían condiciones técnicas y jurídicas equivalentes. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira consideró que esta modificación podría generar un riesgo para la estabilidad laboral de los escoltas de las zonas incluidas en el proceso de contratación.De acuerdo con la decisión, mientras los trabajadores de otras zonas mantendrían su continuidad mediante mecanismos diferentes, los escoltas de las zonas 1 y 2 quedarían expuestos a la posibilidad de perder sus empleos ante la llegada de un nuevo operador.El juzgado señaló que esta situación podría afectar la confianza legítima, el sustento familiar y el mínimo vital de los trabajadores involucrados. Por esta razón, se ordenó suspender temporalmente el proceso de selección y se pidió a la UNP remitir los correos de notificación de las uniones temporales vinculadas a la contratación. También se ordenó publicar el auto judicial que establece la suspensión.La contratación ya estaba bajo la lupa del equipo del presidente electo, Abelardo De La Espriella, que había solicitado la intervención preventiva de la Procuraduría. La preocupación del Gobierno entrante estaba relacionada con la posibilidad de que la adjudicación se produjera antes del cambio de administración. También se había solicitado revisar la provisión de más de 5.000 cargos antes de que terminara el Gobierno saliente.En un comunicado divulgado este sábado, el equipo de De La Espriella consideró pertinente la suspensión provisional del proceso y aseguró que el mandatario electo había advertido sobre los posibles riesgos de adjudicar el contrato antes del cambio de Gobierno.El Gobierno entrante afirmó que respeta la independencia judicial y que no anticipa conclusiones sobre el fondo de las acciones de tutela. Sin embargo, pidió a la UNP cumplir integralmente la decisión del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira y garantizar el acceso a la información relacionada con la contratación.
La Superintendencia Nacional de Salud detectó nueve hallazgos durante una auditoría realizada a la Secretaría de Salud del Magdalena, entre ellos uno de carácter penal y otro disciplinario.El caso más grave está relacionado con la presunta habilitación irregular de una institución prestadora de servicios de salud, IPS, que, según los hallazgos de la entidad, no existiría físicamente pese a haber sido autorizada para prestar servicios con cargo al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT.De acuerdo con la Supersalud, la presunta IPS fue habilitada en 2023, durante la administración departamental de Carlos Caicedo. Sin embargo, durante las actuaciones de inspección, vigilancia y control realizadas posteriormente, la entidad no habría sido encontrada físicamente.La situación es considerada especialmente grave porque, según la auditoría, esa institución habría presentado más de 20 reclamaciones de recursos ante la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES.La propia ADRES ya habría advertido sobre la situación. Ahora, la información fue puesta en conocimiento de los organismos competentes para que determinen si se presentaron responsabilidades y un eventual detrimento de recursos públicos destinados al sector salud.Además del caso de la presunta IPS fantasma, la auditoría cuestionó las acciones de inspección, vigilancia y control adelantadas por la Secretaría de Salud del Magdalena.Según la Supersalud, esas acciones no habrían sido suficientes para identificar y cerrar establecimientos que prestan servicios de salud sin cumplir con los requisitos legales. Entre los casos mencionados se encuentran algunos centros dedicados a procedimientos estéticos y de belleza.La entidad compulsó copias a los organismos de control para que adelanten las investigaciones correspondientes y determinen las posibles responsabilidades.Ante los hallazgos, la Superintendencia de Salud también hizo un llamado a la Gobernación del Magdalena para que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para identificar a los prestadores clandestinos.
En Colombia, cada 16 de julio se vive una de las tradiciones más arraigadas entre conductores y transportadores, se trata de la celebración de la Virgen del Carmen.Reconocida como la protectora de los conductores, la Virgen del Carmen es venerada por quienes recorren las vías, entre ellos camioneros, taxistas y motociclistas. Como muestra de fe y agradecimiento, muchos decoran sus vehículos con imágenes, banderas y flores, encomendándose a su protección durante sus recorridos.La fecha y el mes suelen estar marcados por caravanas, bendiciones y recorridos en los que los conductores buscan encomendarse para evitar accidentes y continuar su labor con fe.Sin embargo, en medio de esta conmemoración, no todo siempre transcurre en calma, pues un hecho de intolerancia en una vía del país terminó en golpes.De la celebración a la riñaLo que comenzó como una jornada festiva terminó en un altercado que rápidamente se hizo viral en redes sociales. En un video que circula en internet se observa a un tractocamión decorado con alusiones a la Virgen del Carmen, participando aparentemente en la celebración.En las imágenes, el vehículo se desplaza en zigzag por la vía, generando una situación de riesgo para otros conductores.De acuerdo con la información, en ese momento, otro camión intentó adelantarlo, lo que por poco provoca un choque entre ambos automotores.Tras la maniobra la tensión escala, pues varias personas descienden de los vehículos y se enfrentan a golpes en plena carretera, dejando de lado el sentido religioso y festivo de la fecha.En las imágenes se aprecia a varias personas en medio de una discusión. Instantes después, uno de los involucrados empuja a otro, quien termina cayendo fuera de la vía. El hecho provocó la reacción de los demás presentes y desencadena una riña generalizada.Usuarios en redes cuestionaron el actuar de los involucrados ante una celebración asociada a la fe y la protección en las vías termine convirtiéndose un escenarios de imprudencia y violencia.
