Tras una inspección bajo estrictos protocolos de seguridad nacional, la Contraloría concluyó que el contrato para la adquisición de los aviones Gripen, firmado con la empresa sueca Saab, se ajustó a la ley y respondió a las necesidades estratégicas del país. Aunque el proceso y sus documentos están clasificados como información secreta y ultrasecreta, el ente de control tuvo acceso total al expediente y verificó cada una de las etapas de la negociación.
De acuerdo con las conclusiones preliminares, la compra se realizó mediante contratación directa, una modalidad permitida para el sector Defensa, y estuvo precedida por un análisis de aeronaves ofrecidas por fabricantes de Estados Unidos, Francia, España y Suecia. Sin embargo, solo las propuestas de Saab y Dassault contaban con información técnica y financiera suficiente para una comparación real. En esa evaluación, la oferta sueca resultó la mejor, al ser más económica, con un valor contractual de 3.135 millones de euros, precio fijo y respaldo de vigencias futuras, además de iniciar entregas en un plazo más corto, clave para el reemplazo de los Kfir.
La Contraloría también destacó que el contrato incluye la adquisición de 17 aeronaves nuevas, acompañadas de entrenamiento técnico-operacional, soporte logístico y armamento estratégico de última generación. En la evaluación técnica realizada por la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), que analizó nueve variables y 157 subvariables, el Gripen obtuvo el mayor puntaje, especialmente por su menor costo por hora de vuelo, su facilidad para operar en pistas cortas —incluso carreteras— y sus menores costos de sostenimiento al ser una aeronave monomotor.
Otro punto clave fue el esquema de compensaciones (offset), que no incrementa el valor del contrato. El 85 % de estos beneficios tendrá un componente social liderado por el Ministerio de Comercio, mientras que el 15 % estará destinado a fortalecer la industria aeronáutica nacional y las capacidades de la Fuerza Aeroespacial. En materia financiera, el acuerdo contempla un anticipo del 40 %, pagadero entre 2026 y 2031, y el restante 60 % contra entrega entre 2028 y 2032, con garantías de cumplimiento, calidad y cláusulas penales bajo ley colombiana.
Con base en esta revisión, la Contraloría informó que no encontró inconsistencias en la estructuración del contrato ni en el proceso de selección y anunció que, debido a la magnitud económica del negocio, mantendrá un seguimiento permanente a su ejecución durante el primer semestre de 2026.