Ordenan a Petro y mindefensa responder cuestionario con datos clave sobre compra de Gripen

Un juzgado administrativo de Bogotá ordenó a la Presidencia de la República y al Ministerio de Defensa responder el derecho de petición enviado por el precandidato David Luna que contiene preguntas sobre la compra de aeronaves de combate Gripen de la empresa Saab, tras determinar que ambas entidades vulneraron derechos fundamentales por no entregar información solicitada oportunamente.Justamente la instrucción se da luego de resolver una tutela presentada por Luna, quien reclamó la falta de acceso a documentos clave del contrato suscrito con la empresa sueca Saab pese a que desde noviembre pasado pidió la copia del contrato, estudios previos, análisis técnicos y económicos, soportes de vigencias futuras y la justificación del precio final de la adquisición de 17 aeronaves, operación estimada en cerca de $16,5 billones de pesos.Como no se dio la respuesta dentro del plazo establecido, el juzgado concluyó que esta omisión vulneró el derecho fundamental de petición, así como el acceso a la información pública, al impedir que Luna en calidad de ciudadano contara con insumos mínimos para evaluar la legalidad del negocio y, eventualmente, acudir a mecanismos judiciales de control.“Acorde con lo expuesto, el Despacho ordenará a la Presidencia de la República de Colombia y al Ministerio de Defensa Nacional, para que, en el término de 5 días contados a partir de la notificación de esta providencia, resuelva de fondo de manera clara y precisa el derecho de Petición radicado el 21 de noviembre de 2025 solicitud relacionada con 24 preguntas sobre los costos y el contenido del contrato”, dice el fallo.Por su parte, el despacho declaró que el Ministerio de Hacienda Público, mencionado en el derecho de petición, no tiene responsabilidad en la presunta vulneración de derechos al no ser la entidad competente para ejecutar el contrato ni para responder las solicitudes formuladas.En su decisión, el juez negó otras pretensiones de Luna, como ordenar la publicación del contrato o su remisión a los entes de control, al señalar que debe ser él quien acuda directamente a esas dependencias si considera necesario activar controles fiscales, disciplinarios o penales.“Un juez de la República me acaba de dar la razón (...) señalando además que esa información debe ser pública, porque de esa manera se puede luchar frontalmente contra la posible corrupción en ese negocio. Le pido al presidente de la República que de manera inmediata cumpla el fallo judicial y que no busque vericuetos para evitar la publicidad del negocio más grande que puede terminar siendo un negociado”, insistió Luna.Sobre este tipo de información, ya el Ministerio de Defensa ha asegurado que se trata de información clasificada y está siendo entregada a los entes de control de manera presencial, insistiendo en que la firma del contrato se hizo dentro de los marcos legales y siguiendo las mejores recomendaciones para el manejo del recurso público.