El Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró fallida la audiencia de pacto de cumplimiento dentro de la acción popular promovida por el abogado Ramiro Bejarano y la Fundación DILO Colombia contra el presidente Gustavo Petro, en la que se cuestionan las reiteradas afirmaciones del mandatario sobre un supuesto fraude en las elecciones presidenciales de 2026.
Sin embargo, al no lograrse una fórmula de arreglo, el Tribunal dio por terminado el intento de conciliación y dispuso que el expediente continúe su trámite ordinario.Con esta decisión, el proceso continuará con la etapa de práctica de pruebas.
Durante la audiencia, el apoderado del presidente Petro, Alejandro Carranza, descartó cualquier posibilidad de retractación por parte del jefe de Estado.
“Desde el principio, cuando arribé aquí, les dije que no habría ninguna clase de retractación por parte del presidente. Y lo decíamos porque teníamos la sospecha de que habría una censura previa y, en efecto, no nos equivocamos, la hubo. Nos dictó una medida cautelar en la que nos pide retractar”, afirmó.
El abogado agregó que, a juicio de la defensa, las manifestaciones del presidente no afectaron el proceso electoral sino que promovieron mayores controles sobre el sistema.
“Las advertencias del señor presidente sobre las vulnerabilidades del sistema informático electoral, lejos de generar daño, activaron auditorías sin precedentes en la historia electoral colombiana. Realmente, eso afectó la prestación del servicio, yo no vi eso, y esa votación impresionante que tuvo estas elecciones, pues, no pueden traducir que, efectivamente, hubo un daño. Se activaron esas auditorías”, sostuvo Carranza durante la diligencia.
La acción popular cuestiona las declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro relacionadas con un supuesto fraude electoral, la manipulación del software electoral, presuntas irregularidades en los formularios electorales y riesgos asociados al kit de votación.
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Los demandantes consideran que estos pronunciamientos, realizados desde la investidura presidencial y sin soportes públicos verificables, pudieron afectar intereses colectivos como la confianza ciudadana en las instituciones y la transparencia del proceso electoral.
Con el fracaso del pacto de cumplimiento, el Tribunal entrará ahora a la fase probatoria del proceso. En esta etapa se decretarán y practicarán las pruebas solicitadas por las partes, con el fin de establecer, entre otros aspectos, cuáles son las evidencias de fraude a las que ha hecho referencia el presidente Petro, si dichas pruebas fueron puestas en conocimiento de las autoridades competentes y cuál es su sustento técnico.
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