La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz afirmó que el Gobierno que asumirá funciones el próximo 7 de agosto está obligado a cumplir los compromisos del Acuerdo Final de Paz de 2016, al señalar que este cuenta con un blindaje constitucional y que cualquier intento de revertir sus aspectos estructurales exigiría una reforma a la Constitución.
El pronunciamiento se produjo luego del debate generado por diferentes declaraciones del presidente electo Abelardo De La Espriella, en las que arremetía contra diferentes instituciones que trabajan por el cumplimiento del Acuerdo Final de Paz. Específicamente la declaración responde a una pregunta formulada en un programa radial sobre si el Acuerdo hace parte del bloque de constitucionalidad.
En respuesta, la entidad explicó que el marco jurídico de la implementación se sustenta en tres actos legislativos. El Acto Legislativo 01 de 2016 habilitó el procedimiento legislativo especial o Fast Track y otorgó facultades extraordinarias para expedir las normas necesarias para implementar el Acuerdo.
El Acto Legislativo 01 de 2017 elevó a rango constitucional los compromisos de justicia transicional, creó el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y dio origen a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Finalmente, el Acto Legislativo 02 de 2017 incorporó un artículo transitorio a la Constitución que establece que los contenidos del Acuerdo relacionados con normas de Derecho Internacional Humanitario y derechos fundamentales son parámetros obligatorios para interpretar, desarrollar y validar las normas de implementación, otorgando estabilidad jurídica a lo pactado.
La Unidad sostuvo que, de acuerdo con la Sentencia C-630 de 2017, el Acuerdo constituye una política de Estado y recordó que los contenidos relacionados con derechos fundamentales, Derecho Internacional Humanitario y derechos de las víctimas son parámetros obligatorios para la interpretación y aplicación de las normas de implementación.
También advirtió que desconocer los compromisos adquiridos podría afectar la seguridad jurídica y ampliar las brechas de desigualdad en los territorios más golpeados por el conflicto.
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En ese sentido, la entidad le está pidiendo al Gobierno del presidente electo Abelardo De La Espriella priorizar la Reforma Rural Integral, la reparación de las víctimas y las garantías de participación para comunidades étnicas, mujeres y liderazgos sociales.
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