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Piden pérdida de investidura a representante liberal por presunto contrato irregular en UTL

En la solicitud presentada al alto tribunal también se señala que la representante Bocanegra conocía bien las normas sobre el manejo de recursos públicos.

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Representante liberal a la Cámara por el departamento del Amazonas, Mónica Karina Bocanegra Pantoja
Foto: Cámara de Representantes

Una solicitud de pérdida de investidura fue presentada ante el Consejo de Estado contra la representante liberal a la Cámara por el departamento del Amazonas, Mónica Karina Bocanegra Pantoja, por presunta indebida destinación de recursos públicos.

Según la demanda, la congresista nombró como asistente en su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a Luis Arturo Hayden, quien, de acuerdo con un certificado oficial de Migración Colombia, no se encontraba en el país en el periodo en que debió cumplir sus funciones para las cuales fue contratado.

Pese a ello, recibió salario sin haber prestado servicios efectivos durante ocho meses entre agosto de 2022 y marzo de 2023. El supuesto detrimento al erario público superaría los 24 millones de pesos.

La Ley 2029 de 2020 permite el trabajo remoto en las UTL únicamente si se realiza dentro del territorio nacional. Sin justificación, permiso ni comisión oficial, el pago de sueldos a un funcionario radicado en el extranjero sería ilegal, de acuerdo con la denuncia.

Ese mismo documento indica que Luis Arturo Hayden ya había sido implicado en un caso similar de corrupción legislativa. En el pasado, fue vinculado por la Corte Suprema de Justicia a un esquema de contrataciones ficticias en la UTL del exrepresentante Manuel Antonio Carebilla Cuéllar, donde también habría recibido pagos sin desempeñar funciones reales.

En la solicitud presentada al alto tribunal también se señala que la representante Bocanegra conocía bien las normas sobre el manejo de recursos públicos, ya que en 2017 fue detenida por la Fiscalía, junto a otros diputados del Amazonas, por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad en documento público y prevaricato por acción.

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En ese entonces, según el documento recibido por el Consejo de Estado, se les acusó de recibir pagos indebidos por primas y vacaciones durante su paso por la Asamblea Departamental. Por estos mismos hechos, en 2018 la Procuraduría la sancionó e inhabilitó para ejercer cargos públicos, aunque Bocanegra apeló y logró revertir esa sanción.