Pocas horas después de conocerse la solicitud de la Fiscalía para realizar audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, ya la judicatura fijó fecha para la diligencia.
Así lo dio a conocer el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien reveló que la citación está para el próximo lunes 3 de agosto a las 2:10 p.m. ante el Juzgado 21 Penal del Circuito con Función de Conocimiento.
Junto a Miguel Quintero fueron vinculados el exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Álvaro Alonso Villada García; la contratista de la misma entidad, Vanesa Álvarez Restrepo; y el ciudadano Sebastián de Jesús Ortega Durán, a quienes un fiscal de la Seccional Medellín les formulará los cargos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
Elementos probatorios recaudados por el ente acusador indicarían que estas personas participaron en la desviación de recursos públicos y cobrado comisiones en seis contratos investigados entre 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana y el Cuerpo de Bomberos de Itagüí, los cuales suman 17.654 millones de pesos y se presume una apropiación irregular de 2.481 millones.
“En este proceso del Área y los Bomberos ya hay capturados, principios de oportunidad y preacuerdos. La verdad siempre se termina sabiendo”, recordó en su cuenta de X el alcalde Gutiérrez quien además señaló que Vanesa Álvarez Restrepo hace parte del saliente Gobierno nacional en el Fondo de Adaptación.
Les llegó la hora.
— Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 10, 2026
La justicia fijó para el 3 de agosto a las 2:00 p. m. la audiencia de imputación y cárcel contra Miguel Quintero Calle, Sebastián Ortega Urán, Álvaro Villada García y Vanessa Álvarez Restrepo, por la estructura que crearon de corrupción entre el Área… pic.twitter.com/wJyFTNdRp3
En el proceso judicial en el que ya se conocen cuatro principios de oportunidad investigan sobrecostos, pagos por servicios no ejecutados, cuentas de cobro falsas, contratos simulados, desvío de recursos públicos y posible financiación irregular de actividades políticas.