La construcción de la cárcel metropolitana para personas sindicadas, que se levanta en zona rural de Medellín alcanza un avance del 47 %. El proyecto busca ampliar la capacidad de reclusión de Medellín y reducir la presión que actualmente soportan las estaciones de Policía, donde permanecen personas privadas de la libertad a la espera de que se resuelva su situación judicial.
La infraestructura representa una inversión superior a los 675.000 millones de pesos y tendrá capacidad para albergar a 1.339 internos. En el frente de obra, las celdas de los cinco primeros pabellones ya llegaron al cuarto nivel de construcción.
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De manera paralela, avanzan los trabajos relacionados con las cubiertas, las redes internas y las edificaciones complementarias destinadas a servicios de salud, formación, educación y visitas. También se ejecutan las áreas administrativas y los espacios de servicio necesarios para el funcionamiento del complejo.
El diseño contempla seis pabellones. Cinco tendrán capacidad para 240 personas cada uno, mientras que el sexto dispondrá de 139 cupos y contará con una Unidad de Tratamiento Especial, además de instalaciones adaptadas para personas con discapacidad. Esto dijo el alcalde Federico Gutiérrez.
"Acá lo cierto esque los criminales no van a estar de vacaciones, van a estar pagando por el daño que le han hecho a la sociedad. Que sea una cárcel que tenga todas las medidas de seguridad, pero sobre todo también proteger a la gente de afuera, pues vemos cómo las cárceles se han convertido en paraísos y universidades del crimen", dijo el alcalde Federico Gutiérrez.
La obra también tiene efectos sobre el empleo local. Durante su ejecución ha generado 563 puestos de trabajo directos, una cifra que representa oportunidades laborales para habitantes de Medellín y sectores cercanos al lugar de construcción, entre ellos San Cristóbal.
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El proyecto se desarrolla bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), una modalidad que contempla la participación de actores privados en la construcción y operación de infraestructura pública. El esquema establecido para esta cárcel prevé una concesión de 15 años: tres destinados a la etapa constructiva y los 12 restantes a su operación.