Cargos de cerca de cien defensores públicos en Antioquia están en riesgo por falta de presupuesto

Sumado a retrasos en la repartición de procesos judiciales por la implementación de un nuevo sistema, otra problemática podría avecinarse en la administración de justicia en Medellín y Antioquia por cuenta de garantías laborales para los defensores públicos.

Según indicó uno de ellos, Juan Arango, la Defensoría del Pueblo actualmente afronta un déficit cercano a los 9.000 millones de pesos para su funcionamiento lo que se podría traducir, entre otras cosas, en despidos masivos en los próximos meses.

A la mayor parte de ellos se les vencen sus contratos el próximo 31 de julio y temen que solo en el departamento una tercera parte de los 400 defensores que hay actualmente, es decir, cerca de 120, puedan salir de la institución.

"Tienen que empezar a recortar de las partes donde, por ejemplo, hay menos problemas de orden público. Entonces, por ejemplo, en Envigado hay cuatro defensores, hay que sacar dos", sostuvo.

Según Arango, la problemática se traduce principalmente en la sobrecarga laboral para quienes mantienen sus cargos, pero sobre todo en dificultades para la administración de justicia, ya que se consideran parte fundamental para el desarrollo de las diferentes audiencias.

"Nosotros somos parte fundamental de la defensoría pública y somos parte fundamental de la administración de justicia. O sea, sin un defensor no hay audiencia. Eso sería que, por ejemplo, yo, que tengo cuatro, tres y cuatro audiencias diarias, se empieza a represar", explicó.

Desde la Asociación Nacional de Empleados de la Defensoría del Pueblo se declararon en cese de actividades este 29 y 30 de abril. En el caso de Medellín realizan un plantón a las afueras del Palacio de Justicia José Félix de Restrepo y aseguran que en caso de que las condiciones laborales y salariales no mejoren en los próximos meses las medidas de presión podrían aumentar incluso con un paro indefinido.