Concejales de Medellín denunciaron ante la Fiscalía a ministros que firmaron el 'decretazo'

Ante la Fiscalía General de la Nación quedó radicada una denuncia penal interpuesta por los concejales de Medellín, Alejandro de Bedout y Andrés Tobón, quienes denunciaron a todos los ministros del Gobierno nacional que firmaron el decreto 0639 de 2025 en donde el presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó a la consulta popular.Lo que señalaron desde el Concejo de Medellín es que el artículo 104 de la Constitución establece que la convocatoria a la consulta popular solo es posible cuando la firman todos los ministros y previo concepto favorable del Senado. Además, expresaron que las dos posibilidades que tenía la Nación eran o presentar otra solicitud o demandar la nulidad.Sin embargo, y a pesar de que la demanda fue interpuesta el 28 de mayo, hasta ahora el proceso no se ha resuelto por lo que la decisión del Senado está vigente según los concejales de Medellín. El corporativo Alejandro de Bedout habló en Blu Radio sobre la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación."No estamos de acuerdo con que pasen por encima de las instituciones, que se viole esa separación de poderes, pues instauramos una denuncia penal contra los ministros que firmaron el decretazo sabiendo que el Senado ya les había negado esa posibilidad. A sabiendas que ese decreto es ilegal e inconstitucional, él quiere seguir adelante", mencionó el corporado.Se expresa ante la Fiscalía General de la Nación que la decisión está, “desatendiendo de forma abierta, deliberada y consciente el requisito constitucional de contar previamente con el concepto favorable del Senado. Esto constituye el núcleo de la conducta punible denunciada”.Además, de Bedout y Tobón aseguran que el 'decretazo' desconoce el principio de legalidad, el principio de separación de poderes y la jerarquía normativa, ya que, “ningún servidor público está facultado para asumir funciones jurisdiccionales ni declarar por sí mismo la nulidad o invalidez de un acto”.Por esta situación es que los concejales afirman que los ministros firmantes se adecua a un prevaricato por acción y por ello piden que se evalúe la responsabilidad de los funcionarios en la posible comisión del delito.