La Contraloría Distrital de Medellín estableció un hallazgo administrativo con presunta incidencia fiscal por $739.562 millones en la adquisición de CaribeMar, empresa que opera bajo la marca Afinia, por parte de Empresas Públicas de Medellín (EPM).
El organismo de control cuestiona la decisión de concretar la compra en septiembre de 2020, pese a que existían condiciones contractuales que permitían desistir del negocio.
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Según el informe, el análisis se concentra en la aprobación del Acta de Junta Directiva 1695 y la firma del Otrosí número 5, instrumentos mediante los cuales EPM renunció expresamente a su derecho de abstenerse de cerrar la transacción por el incumplimiento de un indicador operativo.
El contrato de compraventa, firmado el 30 de marzo de 2020, establecía como referencia un indicador de recaudo del 81,33 %. Si este no se cumplía, podía configurarse un efecto material adverso que facultaba a EPM para no continuar con la adquisición sin asumir costos o penalizaciones.
Sin embargo, la junta directiva autorizó al gerente general a suscribir el otrosí que obligaba a culminar la operación, cerrada el 30 de septiembre de ese año.
La Contraloría señaló que la decisión se tomó en un contexto de incertidumbre financiera, marcado por la pandemia del COVID-19, las contingencias de Hidroituango, los riesgos identificados en los estados financieros de la empresa adquirida y las dificultades estructurales del mercado energético de la región Caribe.
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El presunto detrimento patrimonial corresponde a $739.562 millones que EPM habría dejado de percibir en dividendos comprometidos en el caso de negocio: $509.238 millones de la vigencia 2024 y $230.324 millones de 2025.
Con la confirmación del hallazgo, el caso será trasladado a la Oficina de Responsabilidad Fiscal de la Contraloría Distrital para que adelante los trámites correspondientes. El hallazgo no constituye por sí mismo una declaración definitiva de responsabilidad fiscal.