En un informe de 127 páginas, la Contraloría Distrital de Medellín concluyó que hay 23 hallazgos, tras indagar las presuntas irregularidades en los contratos interadministrativos celebrados entre la Secretaría de Participación Ciudadana y Plaza Mayor, en 2022 y 2023, dos de los años de gobierno del exalcalde Daniel Quintero.
De acuerdo con este ente de control, 20 de los hallazgos representan una posible incidencia disciplinaria, 17 fiscal y ninguno de carácter penal, por valor de más de 623 millones de pesos (623.651.378).
Algunos de los hallazgos son anomalías en la contratación, irregularidades en la selección de los operadores logísticos, entrega de dinero en efectivo a particulares para transporte, debilidades en el seguimiento por parte de la supervisión de contratos, reconocimiento de eventos sin soportes, requerimientos sin especificaciones técnicas, bienes que superaron el valor tarifario, no devolución de sobrantes de ítems cobrados y pagados; y utilización de los mismos registros fotográficos y/o soportes en varios requerimientos, este último con un valor de más de 51 millones de pesos, entre otros.
El hallazgo, que representa una cifra más alta es el de los ítems sin el debido soporte pagados en los diferentes eventos, por más de 343 millones de pesos.
Uno de los hallazgos que más llaman la atención es el de las chaquetas que fueron cobradas por un valor de 300.000 pesos la unidad, en total 15 millones de pesos y que al parecer excede tres veces su valor comercial.
Otro de los casos es sobre 42 bolsos que, aunque debían tener el logo del Consejo Corregimental o comunal de planeación local, no lo tuvieron, por lo que, según la Contraloría, la finalidad del requerimiento no se cumplió pues en las evidencias fotográficas no se evidencia esa imagen institucional que se buscaba reforzar. Se estima que se configura un hallazgo administrativo con presuntas incidencias disciplinarias y fiscales por cerca de 4.500.000 pesos.
Por ejemplo, el hallazgo más alto evidencia que se pagaron bienes o servicios sin el soporte en los respectivos informes, a operadores como Fundarte, TDN y BIS- SION, generando un presunto detrimento de 343 millones de pesos.
Según otro de los casos, no hay evidencia de la adquisición de la póliza de seguro por más de 4 millones de pesos para una salida donde se cubre EPS y ARL para 90 personas, pero fue pagada por Plaza Mayor.
"En consecuencia, no hay soportes que justifiquen el pago de la póliza y los profesionales indicados, conceptos que se pagaron por valor de $5.732.825" dice la Contraloría en el citado informe. Se trata de un contrato cuyo objetivo fue apoyar el fortalecimiento de la Organización Social Corporación Sembrando Semillas de Amor- Corsesa en la comuna 7 Robledo.
Pero ahí no paran las evidencias de la Contraloría, pues en otro de los citados contratos, se pagó 677.000 pesos para el arriendo de un espacio donde se desarrollaría una actividad en la comuna 1 (Popular), pero este se hizo al frente de una vivienda de la zona.
Aquí el resumen de los hallazgos:
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