¿Cuáles son los casos de presunta corrupción del acusado Daniel Quintero en Alcaldía de Medellín?

¿Qué se le cuestiona a Daniel Quintero? Al ex alcalde le imputaron tres delitos por presunta corrupción en el lote de Aguas Vivas y ya ajustó 55 exfuncionarios y excontratistas investigados por presuntos hechos de corrupción en los más de 600 hallazgos que ha denunciado la administración de Federico Gutiérrez.

Todo comenzó en marzo del año 2024, cuando Federico Gutiérrez llegó a la Alcaldía de Medellín y denunció inicialmente más de 500 hallazgos de presunta corrupción en la administración de Daniel Quintero, por presuntas irregularidades en diferentes secretarías, entidades descentralizadas.

Desde el primer en compañía de la Veeduría Todos X Medellin, momento se habló de un entramado de corrupción en EPM con el nombramiento de varios de los funcionarios y la supuesta venta de la gerencia de la filial Afinia en la Costa Caribe en la que llegó Javier Lastra Fuscaldo, por un valor de US 8.000 millones de dólares, según la información que ha revelado Federico Gutierrez.

El mandatario local hizo énfasis en sobrecostos e irregularidades en la adjudicación de uno de los programas bandera de la administración de Daniel Quintero que se trato de los Computadores Futuro, donde se había adjudicado un contrato en el año 2021 por siete meses por un valor de $80.000 millones y al final se terminó pagando más de $118.000 millones, donde se involucra a la Alcaldía General.

En materia de salud se puso la lupa sobre las adecuaciones en la Clínica de la 80 que le pertenecía a Saludcoop, y que fue adecuada para la atención de pacientes en medio de la pandemia del Covid-19, que involucró a Andree Uribe, Natalia Andrea Jiménez Pérez y Karen Bibiana Delgado, quienes ocupaban los cargos de secretarías de Salud, General y de Suministros y Servicios respectivamente, sobre quienes la Procuraduría General emitió pliego de cargos por un contrato de transacción entre el Distrito y la Fundación Colombiana de Cancerología "Clínica Vida" en mayo de 2022.

Con dicho contrato por valor de 12.000 millones de pesos, la Alcaldía entregaba al particular adecuaciones que ya había realizado en 2020 durante la pandemia en la Clínica de la 80 y que habrían costado 23.700 millones de pesos, dejando de lado en la transacción casi la mitad de los recursos públicos invertidos. Además, en materia de investigaciones hubo cuestionamientos a la base de datos que se recolectó a través de la plataforma Medellín Me Cuida.

Otro de los problemas que involucró a Daniel Quintero fueron las denuncias por el manejo de la Caja Menor, donde hubo un manejo irregular de estos fondos públicos para cubrir cuentas en restaurantes de lujo ubicados en sectores exclusivos de Medellín, con facturas que incluían cortes de carne costosos, pulpo y vinos, gastos que no cumplirían con los criterios legales de necesidad y urgencia.

La Contraloría alertó en su momento sobre gastos por cerca de $117 millones relacionados con viajes oficiales del exmandatario. La entidad sospechó que hubo un doble reporte de gastos, donde algunos cobros por viáticos y viajes habrían sido cargados simultáneamente a la caja menor sin cumplir los trámites exigidos por la ley, por eso existe un proceso en contra de Daniel Quintero Calle y su exsecretaria privada, María Camila Villamizar, además de otros funcionarios administrativos del período.

Por este caso, por primera vez fue destituido un secretario por el concejo de Medellín, fue el privado Juan David Duque, que fue sacado por la votación de los concejales.

Por el lote Aguas Vivas está acusado y en etapa de juicio Daniel Quintero y 10 personas más

Según las denuncias y el proceso que avanza rápidamente es por el lote aguas Vivas, en el sector de Las Palmas, que se entregó por un valor de 2.711 millones de pesos y pasó a costar $48.234 millones, por lo que se valorizó en un 1.000%.

Según el alcalde Federico Gutiérrez, este lote servía como banco de tierras de la alcaldía para compensar la reforma urbanística de la ciudad, pero llama la atención que en el año 2020 habría iniciado unas presuntas irregularidades, donde se ordenó un nuevo avalúo del lote de hectárea y media y pasó a costar 45.000 millones más en 2019. Tres meses después, el particular hizo una demanda de reconocimiento y pago de esos recursos

La investigación del ente acusador señaló que Daniel Quintero y algunos exfuncionarios habrían hecho cambios en el uso del suelo y firmó decretos que lo reafirmaron e intentaron restituir ilegalmente este predio de 146 mil metros cuadrados, en el sector exclusivo de El Poblado, alterando su avalúo.

“El concepto de un abogado de carrera es negativo, pero en el mes de noviembre de 2021 la Secretaria General, la Secretaría de Defensa y Patrimonio, la dependencia de Gestión Humana y la titular legal de movilidad, deciden aprobar pagar esos recursos, sin embargo, un Tribunal de Antioquia niega y lo llamativo es que la Alcaldía apela”, relató en su momento el alcalde Gutiérrez.

Además, aseguró que “el 26 octubre de 2022, en una ejecución contractual, un funcionario devuelve el lote al particular y luego es nombrado secretario general del municipio. El particular fue contratista de la alcaldía de Quintero".

En específico a Daniel Quintero y tres particulares entre estos Juan Diego Moreno y Juan Manuel Villegas, la Fiscalía en abril del año pasado les imputó los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros, prevaricato por acción e interés indebido en la celebración de contratos a tres particulares.

Igualmente, la Fiscalía imputó por interés indebido en la celebración de contratos a 6 exfuncionarios de la administración de Medellín: Carlos Mario Montoya, Karen Bibiana Delgado, Sergio Andrés López, Natalia Jiménez, Alethia Arango y Leidy Jiménez.

Según el ente acusador, estos funcionarios estuvieron involucrados en los procesos que no sólo elevaron de manera irregular la valorización del predio, sino que, en medio de negociaciones con los privados para devolverlo, no habrían actuado conforme en defensa a los intereses del distrito.

Por estos delitos, la Fiscalía asegura que, de ser hallados culpables los procesados, podrían recibir una condena entre los 64 y 216 meses de prisión con posibilidad de rebaja si se allanan a los cargos en esta instancia.

Otro escándalo es el del programa representativo Buen Comienzo, que ha generado mayor preocupación, donde ya la La Fiscalía General de la Nación señaló a la exsecretaria de Educación, Alexandra Agudelo, y a la exdirectora del programa, Lina Gil, como las principales responsables de direccionar ilegalmente contratos hacia la Corporación Colombia Avanza

Según se ha conocido en las audiencias, dicha entidad privada recibió millonarios recursos públicos sin cumplir con los criterios de transparencia necesarios, donde habría un detrimento patrimonial estimado en $2.333 millones.

La Fiscalía les ha imputado los delitos de peculado por apropiación, contrato sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. Ya el ente acusador radicó el escrito de acusación formal y se encuentra en etapa de juicio.

Es uno de los casos que se ha tenido mayor avance debido a que la Procuraduría General de la Nación ya dictó una sanción contra Alexandra Agudelo, quien le impuso una inhabilidad de ocho años para contratar con entidades públicas o ejercer cargos del Estado.

Aquí en esta dependencia también habría irregularidades con un lote para un jardín de Buen Comienzo, cerca de una zona de funerarias que, por disposición del POT, no podría operar. Es un predio de la funeraria Juan Del Corral que no es apto para jardín infantil y el contrato tiene una destinación específica. Adicional a ello, se solicitó una adición de 7.315 millones para su terminación, donde, según el alcalde Federico Gutiérrez, habrían violado la norma.

El entramado de presunta corrupción en Metroparques, una de las entidades más cuestionadas en la administración Quintero Calle

La veeduría ciudadana Todos x Medellín presentó el macrocaso de corrupción, una investigación que devela cómo la administración pública de la capital antioqueña se ha alió con particulares para direccionar la contratación y extraer recursos públicos.

La directora de la veeduría Piedad Patricia Restrepo afirmó que la investigación de su equipo “destapó un cartel de la contratación” que creció entre los años 2020 y 2023, durante la administración de Daniel Quintero.

Según la denuncia hubo la entrega de miles de millones de pesos a un conglomerado público del Distrito de Medellín que se llama Metroparques, empresa industrial y comercial uso del Estado que por la naturaleza de su manual de contratación no tiene que entregar los recursos públicos vía licitación sino que lo puede hacer a través de invitaciones privadas donde lo único que se le pide es hacer tres invitaciones, justo las que viene invitando. Lo que hemos visto es que Metroparque ha recibido cerca de medio billón de pesos a través de convenios interadministrativos.

De acuerdo con la veeduría Todos x Medellín, este cartel habría usado recursos públicos del Inder, del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de la Alcaldía de Medellín que fueron entregados a Metroparques para que esta institución los direccionara para contratación, invitando a empresas con vínculos entre ellas. La investigación señala un monto de $268.000.000.000 representados en cuarenta contratos interadministrativos, cuyos recursos fueron ejecutados mediante 84 invitaciones privadas o solicitudes de contratación, de los cuales $120.000.000.000 fueron entregados a 22 empresas a través de procesos direccionados y que, en algunos casos, en los más graves, se puede evidenciar la existencia de sobrecostos mediante diversas modalidades.

Según esta investigación. El modus operandi de este cartel muestra que cinco empresas recibieron el 60 % de esos 120.000.000.000. De la misma manera, del análisis de la información se desprende que muchas de las empresas a las que Metroparques invitaba no contaban con la capacidad suficiente para ejecutar directamente las actividades, participaban para fingir que competían y luego eran subcontratadas por la ganadora, además de que falsificaban documentos para cumplir con los criterios de evaluación exigidos”.

Este macrocaso, que continuará con una denuncia en la Fiscalía General de la Nación, evidencia según la Veeduría Todos x Medellín que “en los 84 contratos posiblemente se incurrió en alguno de estos delitos: 1) peculado, 2) celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, 3) violación del régimen de inhabilidades, 4) falsedad en documento tanto público como privado y, en general, aquellas conductas que caben dentro de la categoría común que conocemos como corrupción; además, de posibles infracciones al régimen de la competencia o las llamadas colusiones, las cuales también deberán ser investigadas por la Superintendencia de Industria y Comercio”.

Otro de los temas que ha llamado la atención es el mantenimiento de jardines y zonas verdes, pues la Procuraduría puso la lupa en el retiro de contratos al Jardín Botánico para entregarlos a Metroparques, que luego los subcontrató con empresas vinculadas entre sí.

Para las autoridades, luego de que Metroparques recibiera el contrato interadministrativo, subcontrató las labores de mantenimiento con la empresa Reforestadora El Líbano, haciendo que se generara un plan para direccionar los contratos hacia un grupo de empresas pertenecientes a una misma familia, las cuales estaban relacionadas entre sí.

La Procuraduría ya impuso inhabilidades por este direccionamiento ilegal de recursos. Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura, y Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, fueron sancionados con nueve años sin poder ejercer cargos públicos.

Otro caso con avances y testigos que han señalado al hermano del ex alcalde, Miguel Quintero Calle

Las presuntas irregularidades en la autoridad ambiental en donde en las audiencias se ha nombrado por parte de la Fiscalía sobre el poder e injerencia que tenía en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

Los casos que el ente de control departamental hace referencia son contratos firmados por el Área Metropolitana entre 2020 y 2023. En este caso hubo una presunta corrupción entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí que involucra al ex director Juan David Palacio. A la fecha se conocen cinco personas vinculadas en este proceso se acogieron a un principio de oportunidad.

El proceso judicial por el escándalo de presunta corrupción en contratos que suman cerca de 18.000 millones de pesos, retomará su curso luego de un mes de que las autoridades estuvieran paradas.

Allí está involucrado Misael Cadavid, exgerente del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, María Yaneth Rúa, encargada de la supervisión de contratos en la entidad ambiental y señalada de intervenir en el direccionamiento de contratos y en maniobras que generaron sobrecostos y desvío de recursos públicos.

Elkin De Jesús González, exjefe del Cuerpo de Bomberos de Itagüí, además Juan Alberto Cardona Henao, contador del Cuerpo de Bomberos y Laura Mejía, exjefe del área logística del Área Metropolitana, esta última fue una de las primeras en suministrar información que involucra en esta y otras investigaciones como articulador de presuntas conductas ilegales a Miguel Quintero, hermano del entonces alcalde de la capital antioqueña.

Asimismo, otras presuntas irregularidades que ya suman 650 hizo referencia a irregularidades en jardines infantiles, en la contratación ilegal del software para formación inglés y un capítulo que se ha contado es sobre los recursos de públicos de chatarrización.

Este último según se denunció existían unos 50.000 vehículos inmovilizados, con un despropósito contractual querían vender a 2.038 millones, sabiendo que debía ser vendido por $33.000 millones por precio de mercado, es decir, pagar kilo en 98 pesos y era 1.600 pesos, que fue precio de referencia del mercado. La Contraloría intervino y el contrato no se ejecutó, ahora hay una demanda del contratista que pagó 35.000 millones de pesos. Tenemos dos problemas: la chatarra sigue en los patios y la demanda por ese valor del contratista, ahí nos declaramos como víctimas ante entes de control”.