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Defensoría alertó sobre escuelas de reclutamiento del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño

El Ministerio Público aseguró que hay riesgos para seis municipios del Oriente del departamento, ante la expansión y disputa territorial entre ese grupo y El Mesa.

Defensoría del Pueblo
Defensoría del Pueblo

La instalación de campamentos y escuelas de formación militar e ideológica del Clan del Golfo, en zona rural de Argelia y de El Carmen de Viboral, encendió las alertas de la Defensoría del Pueblo por los riesgos que enfrentan las comunidades del Oriente antioqueño ante la expansión y disputa territorial de grupos armados ilegales.

En la Alerta Temprana 028 de 2026, con fecha del 26 de octubre, la entidad identificó la vereda Guadualito como uno de los puntos estratégicos para esta estructura, donde estaría instalando espacios de entrenamiento y permanencia. La Defensoría advierte que estas actividades hacen parte de una estrategia de control territorial que va más allá de la presencia armada y busca incidir en la vida social y comunitaria.

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El documento señala que el Frente Géner Morales del EGC mantiene presencia permanente en corredores rurales de La Unión, Abejorral, El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y Nariño. A su vez, el grupo criminal El Mesa, vinculado a la Oficina, avanza desde las cabeceras municipales hacia zonas rurales, en medio de una disputa por rentas ilegales y rutas de movilidad.

La alerta advierte que esta confrontación ha derivado en homicidios, amenazas, desplazamientos forzados, restricciones a la movilidad y presiones sobre la población civil. También identifica riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes por parte de estas organizaciones.

Entre enero de 2020 y mayo de 2026, en Argelia se registraron 60 personas desplazadas, pertenecientes a 21 hogares, mientras que en Sonsón fueron reportadas 83 personas de 32 hogares. En ambos municipios se documentaron hechos asociados a la violencia armada, incluidas situaciones que afectan a menores de edad.

La Defensoría calificó el riesgo como extremo y formuló 31 recomendaciones a las autoridades para prevenir nuevas vulneraciones, fortalecer la protección de las comunidades y mejorar la respuesta institucional en los seis municipios advertidos.

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