En uno de los golpes más contundentes contra las finanzas criminales de los últimos años en Medellín, las autoridades impusieron medidas de extinción de dominio sobre 42 bienes vinculados a una red dedicada al fraude de servicios públicos en la capital antioqueña.
El operativo, que se desarrolló tras 16 meses de investigación, permitió afectar 14 establecimientos comerciales del sector hotelero y 28 inmuebles ubicados en las comunas Laureles, Belén y el Centro de Medellín, mismo que hasta ahora involucran a 35 personas y seis sociedades que estarían detrás del delito. El gerente de EPM, Jhon Maya.
"Unas especies de grupos especializados en en esa defraudación. Y así se fueron proliferando, se fueron proliferando y fueron cogiendo ventaja y se encuentran que son familias, gente de una misma familia, del mismo clan, que van teniendo como toda esa experticia, entre comillas, no buena", expresó Maya.
Según las autoridades, los bienes están avaluados en cerca de 96.000 millones de pesos y estarían defraudando a EPM desde el 2013, dejando enormes pérdidas económicas que al alcanzarían más de 1.2 billones de pesos solo entre el 2020 y 2025.
Las investigaciones adelantadas por la Alcaldía de Medellín, EPM, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación evidenciaron que los inmuebles habrían manipulado medidores y realizado conexiones ilegales de energía, agua y gas. El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa.
"Literalmente le están dejando de pagar mucha plata a las Empresas Públicas de Medellín. Mucha plata es que, más o menos, aquí en Medellín, EPM deje de recibir más de 1.2 billones de pesos. No estamos hablando de unos cuantos 10 millones de pesos, no estamos hablando de una simple factura", manifestó el funcionario.
Por su parte, EPM mencionó que además del impacto económico, las conexiones fraudulentas representaban un riesgo permanente para las comunidades debido a la posibilidad de incendios, inundaciones y daños estructurales derivados de instalaciones irregulares.
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Los bienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales, entidad encargada de administrarlos mientras avanza el proceso judicial. Las autoridades anunciaron que continuarán las investigaciones para identificar otras redes dedicadas a actividades similares.
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